La inconstitucionalidad de la Ley 26618 de matrimonio

En las XXIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil, realizadas en Tucumán, Argentina, en octubre de 2011, la Dra. Catalina E. Arias de Ronchietto presentó un ponencia bajo el título: “LA LEY 26.618 ES Y DEBE SER DECLARADA INCONSTITUCIONAL. EN TANTO, SUS EFECTOS DEBEN SER SUSPENDIDOS.”

A continuación, publicamos el resumen de esa ponencia:

En cuanto al contenido: a) se fundamenta la inconstitucionalidad de la ley en coincidencia con importantes tribunales europeos de reciente pronunciamiento: la Corte Constitucional Italiana, la Corte Europea de Derechos Humanos y el Consejo Constitucional Francés, en el sentido de afirmar que NO constituye arbitrariedad, excluir a las personas de práctica homosexual del matrimonio y de la filiación en común.

Además, se subraya i) la antijurídica irregularidad del debate y votación legislativos debido a desbordadas presiones ideológicas e intereses partidarios, públicamente conocidos y difundidos socialmente en Argentina; ii) se resalta la premura de su sanción que llevó a suprimir “imprevistamente” el tratamiento de los proyectos de uniones civiles registradas y de uniones convivenciales, así como a recurrir a la sanción “multifuncional” de su “claúsula complementaria”, artículo 42. iii) se adhiere a otras ponencias afines para realzarlas y evitar superposición de textos; se fundan las razones de solicitar la derogación por inconstitucionalidad de la ley 26.618 y se reseñan los ponentes y argumentos centrales de quienes, al contrario,  defienden su validez.

Recordamos la evidencia de que sólo se logró una exigua mayoría de tres votos, y no obstante, se sancionó la reforma integral de una institución fundamental para nuestro derecho, cultura y sociedad: el régimen del matrimonio civil; implicando y alterando todo el régimen legal del derecho de familia nacional; en particular la regulación de la filiación y de los parentescos y arriesgando el “bienestar integral” del niño y también de la sociedad que reprocha al derecho de familia no haber evitado la sanción de esta ley 26.618, que contraría todos sus principios ético-jurídicos.