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Algunas consideraciones sobre los proyectos de ley sobre aborto en trámite en el Congreso Nacional

Nota: El presente boletín corresponde al resumen de la exposición de la Lic. María Inés Franck en la reunión informativa de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de la Nación el día 17 de noviembre de 2016 en representación del Centro de Bioética, Persona y Familia.

Después de haber leído los tres proyectos de ley que está comenzando a tratar la Comisión de Acción Social y de la Cámara de Diputados de la Nación (Expedientes 0151-D-2016, 4161-D-2016 y 4763-D-2016), podrían explicitarse las siguientes consideraciones:

1) Los tres proyectos presentan una invisibilización de la , tal como está ya reconocida en los términos del art. 19 del Código Civil y Comercial y del art. 2 de la ley argentina de aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño. En efecto, ninguno lo menciona en absoluto, siendo que en nuestra legislación la protección jurídica de las personas por nacer está presente en múltiples normas de todas las jerarquías, desde constitucionales hasta reglamentarias de todo tipo.

2) La consideración de la vida humana enferma y débil que se explicita en los tres proyectos analizados plantea un serio interrogante sobre el tipo de sociedad que quisiéramos construir. En efecto, los proyectos expresan un descarte de la persona con nacer que presenta malformaciones, y esto constituye, además de una injusta de por sí, una peligrosa señal para el futuro. Además, esta práctica resulta contraria a la Convención sobre los Derechos de Personas con , adoptada por Naciones Unidas en 2006, la cual reclama a los Estados el respeto al “derecho inherente a la vida de todos los seres humanos” y la adopción de “todas las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo de ese derecho por las personas con en igualdad de condiciones con las demás” (art. 10). También condena “toda por motivos de discapacidad” y garantiza “a todas las personas con discapacidad protección legal igual y efectiva contra la por cualquier motivo” (art. 5, inc. 2). Debemos ser inclusivos con toda vida humana, especialmente con aquella que se presenta como más vulnerable y necesitada.

3) La redacción de los proyectos encubre una apertura total al en cualquier caso, en cualquier momento y sin ningún requisito. Desde ya que esta apertura es explícita hasta los 12 o 14 semanas según el proyecto de que se trate. Y es implícita en cualquier etapa del embarazo, dada la ambigua redacción de algunas causales que lo permitirían hasta el último momento de la gestación.

4) Los proyectos asumen una visión ideologizada de las problemáticas de salud de la . Dan por descontado que el aborto reducirá la y se cierran a cualquier otra posibilidad al respecto. Las experiencias de numerosos países demuestran, tanto en uno como en otro sentido, que la legalización del aborto no es para nada una premisa de la disminución de las tasas de . Los casos de Chile, Polonia e Irlanda, por mencionar sólo algunos, constituyen prueba contundente de que la disminuye gracias a políticas de protección integral a la mujer embarazada. En el otro lado, las tasas de de Estados como Turquía, Sudáfrica y otros evidencian que la legalización del aborto es incapaz de reducir las tasas de . La conclusión es palpable: la legalización del aborto no es un remedio para la . Habrá que buscar las verdaderas políticas que logren reducirla, pero eso se logra sólo desideologizando el tema y sin asumir presupuestos a priori que nada tienen que ver con la realidad y las comprobaciones científicas. No encarar este desafío es seguir postergando la salud de las mujeres en aras de consideraciones ideológicas.

5) Vinculado con el cuarto punto, hay que decir que los proyectos atacan con fuerza cualquier visión del tema que tenga visos de “consideraciones personales, religiosas o axiológicas por parte de los agentes de salud”. Pero ellos mismos están llenos de consideraciones de este tipo, al imponerse como una visión hegemónica única y cerrada, impidiendo e incluso podríamos decir que persiguiendo las consideraciones no sólo contrarias, sino tan sólo levemente diferentes.

6) El punto anterior se ve claramente ejemplificado en el tratamiento que realizan los proyectos sobre las convicciones de los médicos y de las autoridades de los establecimientos de salud. De hecho, las ignoran olímpicamente, siendo que la libertad de conciencia constituye un derecho humano básico reconocido al más alto nivel constitucional e internacional. Ni siquiera mencionan el derecho a la e incluso los fuerzan a hacerse cargo de situaciones que los violentan interiormente, como cuando se dice que “el profesional actuante sólo podrá eximirse (…) cuando se hubiere hecho cargo efectivamente de la/del paciente otro/a profesional competente”. Y es ésta la única referencia a una hipotética y difícil situación en la que el médico, si se dan todas estas circunstancias, podría evitar llevar a cabo él mismo un aborto: su conciencia, convicciones, juramento hipocrático, principios y valores son invisibilizados junto con la persona por nacer. Algunas expresiones de los proyectos, como “sin menoscabo y distinción alguna”, “sin obstáculos ni dilaciones” de ningún tipo y en ningún caso, “que las/os pacientes no tengan que compartir el lugar con pacientes embarazadas o puérperas”, la amenaza incluso penal a “todo acto que conlleve a la reticencia para llevar a cabo (…) un aborto”, constituyen amenazas ciertas para los profesionales de la salud.

7) Por último, y a pesar de que se podrían decir muchas otras cosas, quisiera concluir recordando que una propuesta legislativa consciente de los verdaderos problemas actuales en este terreno (que los hay) debería hacer hincapié en la posibilidad de evitar toda discriminación, intentando salvar y promover tanto la vida de la mujer como la de la persona por nacer, evitando lo más posible la disyuntiva exclusiva entre una y otra vida, disyuntiva que se presenta realmente en muy pocas situaciones. No está presente este espíritu en los proyectos que se analizan.

 

 

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