Argentina se endeuda para financiar políticas de género

El 9 de noviembre de 2018 se publicó en el Boletín Oficial de la República Argentina el Decreto 1037/2018 por el que se aprueba un modelo de contrato de préstamo a través del cual el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se compromete a prestar a la República Argentina la suma de doscientos millones de dólares (u$s 200.000.000) para ejecutar el “Programa de apoyo a políticas de igualdad de género”.

El Decreto, firmado por el Presidente, el Jefe de Gabinete y el Ministro de Economía, está acompañado de tres anexos en que se detallan las condiciones jurídicas, económicas y financieras del préstamo. En el anexo 1, que transcribe las cláusulas del contrato, se explicitan las “condiciones especiales previas a la iniciación del primer y único tramo de desembolso” (cláusula 2.03).

Esas condiciones se refieren a tres componentes, a saber: “(I) Promoción de la autonomía física de las mujeres; (II) Promoción de la autonomía económica de las mujeres; y (III) Fortalecimiento de la capacidad de gestión de políticas de género”.

El siguiente es el detalle de todas las condiciones especiales a las que está sujeto el préstamo:

“1. Componente: Promoción de la autonomía física de las mujeres

(a) Que el Gobierno Nacional haya promovido y concretado la adhesión de al menos quince (15) jurisdicciones (Provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires) al Plan Nacional de Acción para la Prevención, Atención y Erradicación de Violencia contra las Mujeres (PNAVCM).

(b) Que hayan sido publicados los resultados del Registro Único de Casos de Violencia contra las Mujeres (RUCVM), estandarizando y sistematizando la información registrada por los organismos públicos que atendieron denuncias o casos de violencia contra las mujeres entre 2013 y 2017.

(c) Que se haya aprobado la Modificación de la Guía de Actuación de las Fuerzas Policiales y de Seguridad para la Investigación de Femicidios en el Lugar del Hecho, para incluir el enfoque de género en la investigación de las muertes violentas de mujeres.

(d) Que se haya aprobado el Plan Nacional para la Prevención y Reducción del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (PENIA), sus lineamientos generales y afectación de partida presupuestaria, integrando las acciones de salud sexual y salud reproductiva, educación sexual integral y apoyo socio-comunitario a niñas, niños y adolescentes en los departamentos priorizados de las provincias con mayor prevalencia de embarazo no intencional en la adolescencia.

(e) Que el Ministerio de Salud de la Nación haya promovido la presentación al Congreso de la Nación de un Proyecto de Ley que regule el Ejercicio Profesional de la Obstetricia, facultando, entre otros, que estos profesionales apliquen los métodos anticonceptivos previstos en el PENIA y que realicen la asistencia y control del embarazo, parto y puerperio de bajo y mediano riesgo.

(f) Que el Ministerio de Educación de la Nación haya promovido y concretado la aprobación por parte del Consejo Federal de Educación de una resolución que incluya, por lo menos, dos de los siguientes compromisos: (i) aprobar los saberes priorizados en Educación Sexual Integral (ESI) para cada nivel educativo (Núcleos de Aprendizaje Prioritario, NAP); (ii) incluir en los Planes Educativos Institucionales (PEI) el enfoque de ESI; y (iii) identificar un referente que actúe como nexo con los equipos jurisdiccionales y de enlace con el PEI para la implementación de los NAP.

  1. Componente: Promoción de la autonomía económica de las mujeres.

(a) Que se haya presentado al Congreso de la Nación el Proyecto de Ley de Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades en el Trabajo que, entre otras, contemple: (i) la extensión de licencias parentales por nacimiento o adopción; (ii) la modalidad de jornada reducida transitoria para personas a cargo de niños de 0 a 4 años; y (iii) la modalidad de licencias por violencia de género.

(b) Que el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) haya desarrollado los perfiles profesionales de la formación profesional inicial de atención a la primera infancia y de la tecnicatura superior de niñez, adolescencia y familia, con el fin de profesionalizar a personas a cargo del cuidado y la estimulación en espacios de primera infancia, mediante trayectos formativos de educación técnico-profesional.

(c) Que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social haya desarrollado, con asistencia técnica del Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM), una norma voluntaria certificable de la calidad ocupacional (Referencial) que, entre otras dimensiones, aborde la igualdad de trato y oportunidades y la no discriminación entre varones y mujeres.

(d) Que se haya creado la Secretaría de Promoción, Protección y Cambio Tecnológico en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, para incorporar la perspectiva de género en la oferta de capacitación laboral de las mujeres, permitiendo mayores y mejores oportunidades de acceso al empleo de calidad.

  1. Componente: Fortalecimiento de la capacidad de gestión de políticas de género

(a) Que se haya creado el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), con nivel de Secretaría de Estado, como entidad responsable de coordinar las acciones de prevención y atención de violencia contra las mujeres a nivel federal, transversalizar la visión de género en la política pública y promover políticas de empoderamiento de las mujeres.

(b) Que se proponga a las instituciones de la Administración Pública Nacional la identificación de políticas de género en sus presupuestos y que se haya elaborado un Informe Técnico por parte de la Dirección Nacional de Coordinación del Presupuesto Nacional de la Jefatura de Gabinete de Ministros, en coordinación con la Oficina Nacional de Presupuesto del Ministerio de Hacienda de la Nación, sobre identificación de políticas de género en el Presupuesto de la Administración Pública Nacional”.

Este préstamo deberá ser devuelto por la Argentina en un plazo de 20 años con intereses que toman como base la tasa LIBOR .

En el decreto se afirma que el objetivo del Programa es “contribuir a reducir la desigualdad de género en la República Argentina, a través del fortalecimiento del marco normativo e institucional dirigido a promover la autonomía física y económica de las mujeres y de la capacidad de gestión pública de las políticas de género”.

Algunas apreciaciones

No es la primera vez que en tiempos de fuerte crisis económica, se imponen al país las políticas de salud reproductiva. Así sucedió en 2002, cuando se creó el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable que fue inicialmente financiado con créditos del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. En aquél momento, recibimos un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo por un monto total de u$s 7.500.000 para incorporar el enfoque de género. En los años siguientes también puede mencionarse  que la salud reproductiva estuvo incluida entre las prestaciones del “Proyecto de funciones esenciales y programas de salud pública” (préstamo BIRF 7412 – AR) aprobado por el Banco Mundial el 21 de noviembre de 2006 y nos endeudamos por un monto total de u$s 220.000.000 en 5 años.

La lectura de los objetivos y componentes del programa permite ver la ambivalencia del término género. Mientras que hay finalidades justas, como prevenir la violencia contra las mujeres, el compromiso que asume el país pone en amenaza el derecho a la vida al usar la expresión “salud reproductiva” que puede englobar el aborto en algunas visiones internacionales, vulnera derechos de los padres al promover la ideología de género en la educación sexual y afecta el federalismo avanzando sobre las competencias provinciales en esa misma materia.

La grave crisis económica que atraviesa el país requiere acciones de gobierno prudenciales, guiadas por una visión de justicia y equidad y despojadas de toda ideología, que no comprometan el futuro del país tanto económicamente como en los valores fundamentales. Esperamos que las autoridades destinen los fondos recibidos en acciones efectivamente conducentes al bien común y respetuosas de los derechos y dignidad de todos.

Informe de Jorge Nicolás Lafferriere