El Programa ESI del Ministerio no es el único ni el mejor posible

Los argentinos nos enfrentamos a un escenario donde se busca imponer un determinado programa de Educación Sexual Integral (ESI), presentado como la única alternativa posible para el cumplimiento de la ley 26.150 y de los compromisos asumidos en materia de derechos humanos. Ello a partir de una sostenida acción de lobby, cuyo producto “compró” en aquellos tiempos -y lo sigue haciendo en el presente- el Ministerio de Educación de la Nación, y que hoy se replica al pie de la letra en todas las provincias, a partir del dictado de la Res. 340/18 del Consejo Federal de Educación.

En realidad, la referida ley crea un marco jurídico de notable amplitud, con objetivos generales razonables (art. 3°), estableciendo en el artículo 5° el derecho a la “adaptación de las propuestas” a la realidad sociocultural y al ideario institucional lo cual suele entenderse, respectivamente, como una atribución propia de las provincias y de los establecimientos de gestión privada. De allí el intento de suprimir este derecho mediante el publicitado -y aparentemente cajoneado- proyecto de modificación de la ley vigente. Pero el texto legal que se pretende modificar es mucho más sustancioso de lo que aparenta. Es que el “derecho de adaptar las propuestas” está expresamente conferido a la “comunidad educativa (…) en el marco del respeto (…) a las convicciones de sus miembros”. Por ello todos los establecimientos de gestión estatal pueden ejercer dicho derecho de adaptar aquello que tan sólo son “propuestas”. La comunidad educativa está compuesta por docentes, padres, madres y/o tutores, personal administrativo y auxiliar, etc. (Art. 122 de la ley 26.206 de Educación Nacional).

En otras palabras, la ley instituyó un modelo abierto, susceptible de adaptaciones por la vía de la democracia participativa, empoderando a tal fin a los padres como agentes naturales y primarios de la educación. Pero la burocracia educativa prefirió ignorarlo, imponiendo un modelo rígido, de aplicación uniforme, que es el que se está implementando. A lo sumo, las familias son invitadas a oír explicaciones en una jerga propia de expertos, acerca de decisiones ya tomadas y en ejecución.

Existen en el mundo diversas clases de programas de educación sexual escolar. Los cuales se identifican por sus rasgos distintivos, como ser: programas de “reducción del riesgo”, “integrales”, de “sólo abstinencia”, “de conductas de riesgo cero”, “holísticos”, etc.[1] Pero en nuestro país se logró instalar en la opinión pública que el programa concreto que se “baja” desde el Ministerio de Educación es el único científicamente fundado; luego, el único posible y finalmente; el que debe impartirse sin discusión y bajo amenaza de ser difamado por crímenes contra los derechos humanos.

¿Cómo se caracteriza el modelo de ESI que se está imponiendo? Este se encuentra dentro de los llamados “programas de reducción de riesgo” mal llamados de “sexo seguro”. Parten de la premisa de la fatalidad de que los jóvenes tengan relaciones sexuales y por ende los exhortan a practicar sexo seguro en base al uso del preservativo. Pero, contra la ilusión de la infalibilidad del condón, se ha demostrado que este disminuye pero no evita el riesgo de enfermedades y embarazos[2], creando en personas inmaduras una falsa sensación de seguridad que los induce a adoptar conductas de riesgo que, sin la ilusoria idea del “sexo seguro”, no adoptarían. Ahora bien, “nuestro” programa de ESI tiene una inspiración ideológica que aumenta las conductas de riesgo. Tal es la ideología de género, que consiste en la creencia cuasi religiosa en una autonomía absoluta de la voluntad del individuo, considerando irrelevante tanto los datos de la biología como las enseñanzas de la moral y, en consecuencia, sosteniendo un derecho también absoluto “al pleno goce sexual”. El Estado tendría así la prometeica función de “liberar” a los jóvenes, mediante la enseñanza de todo detalle sobre el goce sexual y de todas las posibilidades de su ejercicio y; fundamentalmente, de su derecho a practicarlo cuando y según le parezca a cada cual.

Consideremos este “derecho al goce” en la franja etaria de niños y adolescentes que, por definición, está conformada por un universo de personas en situación de vulnerabilidad. Este “derecho” derivará –de acuerdo a los diseños curriculares de ESI- en la forzada introducción de temas y situaciones ajenos a la infancia,  en el prematuro despertar de la genitalidad y, finalmente, en la precocidad en el inicio de las relaciones sexuales. Por el contrario, desde el punto de vista epidemiológico y del sentido común, lo más razonable es considerar que la conducta a promover entre los adolescentes y, con mayor razón, entre los niños, es la de “riesgo cero”, consistente en la postergación del inicio de las relaciones sexuales para una etapa de mayor madurez psico física. De este modo, al menos para un porcentaje mayoritario de la población en análisis, la posibilidad de enfermedades de transmisión sexual, de embarazos y de conflictos psicológicos derivados de la iniciación precoz ¡es igual a cero! Si se tiene presente que la edad promedio de inicio de las relaciones sexuales en la Argentina es de 16 años en los varones y de 17 en las mujeres (1ª Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. MSN-INDEC 2014), la razonabilidad y factibilidad de este objetivo es de toda evidencia.

Ello requiere la transmisión de un mensaje no condescendiente hacia los menores, susceptible de ser valorado y aceptado a la edad correspondiente y además, proporcionarles habilidades sociales para realizarlo. Este tipo de propuesta se complementa con la implementación de la “estrategia ABC” que contempla como la mejor opción la abstinencia (A); en caso de no darse, la fidelidad a una pareja (B: del inglés “be faithfull”); y en caso de la desaconsejada opción por múltiples parejas, el uso del condón (C). Esto último, con la información científica y veraz -a la que todos tienen derecho- de los riegos en el uso del preservativo.

Si bien en la bibliografía que sustenta e implementa el programa ESI “argentino” se suele utilizar un discurso ambiguo, afortunadamente este fue abandonado en la cartilla oficial de educación sexual para la discapacidad titulada “Es Parte de la Vida” donde leemos como acción educativa para los más pequeños (2 a 9 años) “Comprender la masturbación y los juegos autoeróticos como una forma saludable de ejercer y explorar su sexualidad.” (pág. 33). Luego, como actividad para los mayorcitos (10 a 14 años), bajo la pregunta ¿de qué podemos hablar con ellos? Se responde entre otros ítems ambiguos: “De los sentimientos y emociones relacionadas con el deseo. De la orientación sexual. De los juegos presexuales y sexuales” (pág. 41). Si esto vale para los niños con discapacidad, por cierto que forma parte de las actividades de los niños sin ella, ya que el pleno goce sexual es para ellos un súper derecho. En definitiva, la masturbación y esta modalidad de “juegos” implican el ejercicio más que temprano de la genitalidad y alientan al inicio precoz de las relaciones sexuales en forma sistemática, sin que pueda alegarse fundamento científico alguno y al mismo tiempo, transgrediendo el concepto de integralidad que trae la ley.

La esperable reacción de la sociedad y la escandalosa actitud del Estado. Lo cierto es que en el presente año lectivo se comenzó a impartir en todos lados el programa en cuestión, ocasionando denuncias de muchos padres que consideraron que los contenidos recibidos dañan a sus hijos. Las denuncias se sucedieron y tomaron estado público en muy diversos ámbitos geográficos, las redes sociales las replicaron y se profundizaron las impugnaciones, lo que finalmente decantó en la primera manifestación de alcance nacional bajo el lema de “con mis hijos no te metas”. ACIERA manifestó su firme rechazo ante “(…) El intento de introducir, dentro de la educación sexual, contenidos sin base científica que responden a una construcción ideológica, sin contar con la participación de los padres y actores sociales en su elaboración.” (15/09/18) en tanto que la CEA publicó dos documentos con análogo lineamiento durante el mes de octubre pasado.

Ante el grave problema planteado, la reacción del Estado no fue la consideración responsable de los hechos y el diálogo franco, sino la descalificación. Y tomo como ejemplo paradigmático, entre muchos, el comunicado de la Secretaría de Derechos Humanos y “Diversidad Cultural” de la Presidencia de la Nación, que en directa referencia a los planteos de entidades religiosas y otras organizaciones sociales dijo: “la libertad de expresión tiene su límite en aquello que fuera discriminatorio, genere odio o violencia, por lo que bajo el argumento de la libertad de opinión no se puede manifestar, negar y/o impedir el ejercicio de los derechos humanos de las personas, y en particular ante estos mensajes de intolerancia, los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.” Es cierto que ante el volumen cuasi stalinista del comunicado, el mismo fue rectificado por el Ejecutivo mediante declaraciones del ministro del ramo, pero subsisten fundadas dudas de que se quiera recorrer el camino de un auténtico debate.

“Lo separado es aparte” dice la sabiduría popular. Nadie niega los derechos que surgen de la ley 26.150 y leyes conexas, ni del plexo de Derechos Humanos incorporados a la Constitución Nacional, entendidos armónicamente y sin que un derecho en particular deje sin efecto a otros. Nadie quiere retornar a la sociedad patriarcal ni defiende las injusticias basadas en la identidad sexual o en la orientación sexual. Simple e imperiosamente, la sociedad quiere un programa de educación integral de la sexualidad sin “agenda oculta ideológica”; en definitiva, un programa mejor para la niñez y la adolescencia. Como en tantos aspectos de la vida son las familias las que van acompañando a sus hijos, en el contexto del amor, en los procesos de maduración para adoptar decisiones libres y responsables. No podemos aceptar que sean reemplazadas por profesores devenidos agentes de una moral sexual estatal quienes, siguiendo directivas que emanan de factores ideológicos foráneos, promoverán una falsa “autonomía” en los adolescentes, enfrentándolos a las enseñanzas de las familias.

El pueblo argentino merece algo mejor que un producto enlatado cuya fórmula viene del extranjero, que el Ministerio nacional se limita a envasar y las “jurisdicciones provinciales” distribuyen directamente a los alumnos. ¿No surgirá en la emergencia algún gobernante que “pare la pelota” para buscar un verdadero consenso y privilegiar así la salud de los menores, por sobre lo políticamente correcto? El debate político y los movimientos sociales van a continuar hasta que las cosas se aclaren y vuelvan a su quicio. Los progenitores como agentes naturales y primarios de todo el sistema educativo deben ser verdaderamente tenidos en cuenta. El Estado debe “empoderar” a las familias posibilitándoles el ejercicio de sus derechos, mediante los espacios de participación y el asesoramiento legal y pedagógico independiente. Es lo que hubiera querido Martín Fierro, que añoraba que también los criollos tuvieran un cónsul que los defienda.

 

Columna de José Durand Mendioroz (abogado, profesor universitario y exlegislador)

 

[1] https://www.unav.edu/documents/2832169/8e744102-720d-42e5-b82c-80fc99022f0a

[2] https://www.plannedparenthood.org/es/temas-de-salud/anticonceptivos/el-condon/que-tan-eficaces-son-los-condones, entre la posibles fallas del material y en su utilización según esta organización “en la vida real los condones son 85% efectivos, lo cual significa que alrededor de 15 de cada 100 personas que usan los condones como su único método anticonceptivo quedarán embarazadas anualmente.”