A raíz de la controversia suscitada en Entre Ríos por los ataques de organizaciones contra el Senador Melchiori, las mujeres de la organización Frente Joven manifestaron el 23 de mayo de 2012 su apoyo al senador por su defensa de los derechos de la mujer

En un comunicado firmado por Sofía Rodríguez (Estudiante Derecho – UBA, Buenos Aires), Belén Gerstner (Músicoterapeuta, Buenos Aires), Ana Marchetti (Comunicadora Social, Tucumán), Eliana Acosta (Nutricionista, Mendoza) y Ana Andino (Docente, San Juan), las mujeres del FJ sostienen que en los casos en los que no se promueve la denuncia del violador, “la damnificada queda herida por la violación, el aborto, la injusticia, y por el angustiante temor ante la posibilidad a ser nuevamente sometida en este perverso sistema de violencia sexual. También instan a que se trate en el Congreso Nacional una ley de protección de la mujer embarazada en riesgo, para proteger a las madres vulnerables de todo el país”

Antecedentes: Explica el comunicado que en los días pasados el senador Melchiori ha introducido en la discusión pública un tema muy importante para la defensa de los derechos de las mujeres, especialmente, de las menores de edad: la necesidad de denunciar los casos de abuso y violación, para poder combatir este flagelo de violencia en los ámbitos familiares. Curiosamente, ante estas declaraciones ha sufrido una serie de descalificaciones por parte de organizaciones que se dejan llevan por prejuicios ideológicos y no abordan la realidad de los problemas concretos de las mujeres vulnerables.

Apoyo: Las mujeres del Frente Joven manifestaron su apoyo al senador Melchiori por su defensa de la mujer y repudiaron la reacción poco constructiva de sus agresores, ya que dificulta la solución efectiva de profundos problemas sociales y no favorece el diálogo democrático.

Estadísticas: El comunicado cita estadísticas de la ONG AVIVI (Ayuda a las Víctimas de Violación), en Argentina, cerca del 80% de las violaciones ocurren en el entorno familiar.

Impunidad: Para las mujeres de FJ, “en el marco del fallo de la Corte Suprema que insta a regular el llamado aborto no punible, con la aplicación de protocolos provinciales que no instan a denunciar las violaciones para acudir a un aborto no punible se cometen cuatro dolorosas injusticias: inexplicablemente, se tiende a dejar impune al abusador que, según los especialistas, tiende a su vez a reincidir en su delito y continuar al acecho de su víctima; se condena a la mujer o niña ultrajada a sufrir los daños psicológicos y físicos que los profesionales identifican como síndrome post-aborto, además del trauma del abuso; se la condena, además, a volver al entorno en el cual ha sufrido el abuso, quedando al acecho del agresor; finalmente, el Estado niega discriminatoriamente el derecho a vivir a una segunda víctima inocente, que es el bebé por nacer, protegida por la Constitución Nacional y por la de Entre Ríos desde la concepción”.

La damnificada queda herida por la violación, el aborto, la injusticia, y por el angustiante temor ante la posibilidad a ser nuevamente sometida en este perverso sistema de violencia sexual.

Citando nuevamente a AVIVI, se refiere el comunicado a las afirmaciones de esta ONG en el sentido que de los 4300 casos de violación de los cuales realizan seguimiento, ninguno ha terminado en embarazo, y que “como los delitos sexuales son de índole privada, si la víctima no insta a la acción no hay investigación”. Esto descubre las intenciones de quienes quieren impedir la acción de la justicia en los casos de embarazo por violación: en su afán de instalar el aborto, resultan más perjudicadas las mujeres abusadas y más favorecidos los delincuentes sexuales. Necesitamos respuestas efectivas a la violencia contra la mujer: hacer justicia con los violadores y evitar que reincidan en nuevos abusos. Brindar, además, una protección efectiva a las víctimas de abuso y el apoyo profesional necesario.

Solucionar los reales problemas de las mujeres: para las mujeres de FJ, en algunos grupos, se entrevé quizá una postura ideológica en lugar de una vocación por solucionarlos problemas reales de las mujeres violadas. Por eso, enfatizan: “No necesitamos ideologías, necesitamos que el Congreso Nacional encuentre una tercera vía de solución al aborto, ni religiosa ni ideológica, sí científica y eficiente, una Ley de protección de las embarazadas en riesgo, que brinde contención sanitaria, psicológica, económica y social, a la madres en situación de vulnerabilidad y a sus bebés en gestación”.

Igualmente sostienen que los profesionales que atienden casos de embarazo por violación saben que una solución violenta como el aborto profundiza aún más el dolor de la mujer. La oportuna asistencia médica y psicológica permite proteger su vida y su salud evitando el dolor traumático del aborto. Fue el caso de la pequeña Tatiana, hija de una adolescente abusada en Corrientes. Ambas contaron con la protección de la familia y de la sociedad.

También se puede optar por la adopción ayudando a una de tantas familias que ansían un hijo. Los psicólogos observan que no eliminar al niño o la niña por nacer permite a la víctima superar el dolor, al poner fin a la espiral de violencia y valorizarse como mujer.

El comunicado concluye afirmando que necesitamos que nuestros representantes defiendan la vida, la salud y los derechos de todos, en especial de las mujeres, niñas y niños más vulnerables, respetando la dignidad humana y la ley. Es la función que las mujeres esperamos que cumplan.