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Corte Suprema de los Estados Unidos: Casos DOMA y Proposición 8

Diego Romero
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Corte Suprema de los Estados Unidos: Casos DOMA y Proposición 8

El pasado miércoles 26 de junio, la Corte Suprema de los Estados Unidos, por 5 votos contra 4 en cada caso, emitió dos sentencias controvertidas. Las mismas fueron dictadas a partir de los casos United States v. Windsor y  Perry v. Hollingsworth. Debido a la existencia de dudas sobre lo que la Corte explícitamente dijo, además de una gran preocupación por las consecuencias que se han de dar, dentro o fuera de los Estados Unidos de Norteamérica, a continuación Juan Tello Mendoza, del Programa Blackstone de Alliance Defending Freedom, aporta unas reflexiones breves sobre  lo ocurrido.

 

Caso United States v. Windsor

En la sentencia en torno al caso United States v. Windsor, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de la sección 3 de la Ley de Defensa del Matrimonio (DOMA  por sus siglas en inglés), la cual definía el matrimonio a escala federal como la “unión entre un hombre y una mujer”. La razón, según la opinión mayoritaria encabezada por el juez Kennedy, es que tal disposición viola la “igual libertad” (equal liberty) en el debido proceso resguardado por la Quinta Enmienda.

Dicha ley, aprobada por el Congreso en 1996, reafirmaba el resguardo de los beneficios federales únicamente para los matrimonios heterosexuales, los mismos que no se concederían, consecuentemente, para aquellas uniones civiles homosexuales equiparadas al matrimonio, hoy una realidad en 12 de los 50 estados y en la capital Washington DC. En respuesta a ello, en el año 2010 un grupo de activistas inició el Proyecto DOMA en aras de demostrar el supuesto carácter discriminatorio de la ley, pues la misma no permitía que, por ejemplo, la unión civil homosexual de parejas binacionales fuese causa para otorgar la residencia a la parte extranjera.

Tras años de presión y habiendo ganado fallos de inconstitucionalidad por parte de algunas cortes federales, se remitió a la Corte Suprema el análisis del caso de Edith Windsor, una mujer de 83 años que culpó a la Ley de Defensa del Matrimonio de no permitirle acceder a los beneficios tributarios por la herencia que recibía de su recientemente fallecida pareja sentimental lesbiana, Thea Spyer, con quien había contraído “matrimonio” en Nueva York. Al no poder acceder a las exenciones de pago de impuestos federales, decidió pagarlas interponiendo a su vez una demanda en orden a recuperar el dinero. Mientras su caso se encontraba pendiente de resolución, el presidente Obama manifestó que no defendería más la Ley de Defensa del Matrimonio, acto seguido del cual la Corte Distrital que veía su caso concedió la devolución del monto pagado por considerar tal ley como inconstitucional. La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito confirmó la decisión y hoy la opinión mayoritaria de la Corte Suprema ha reconfirmado dicha inconstitucionalidad.

Como dato a considerar, es importante recordar aquí que dado que la administración del presidente Obama se rehusó a defender la Ley de Defensa del Matrimonio, la tarea fue asumida por el congressional Bipartisan Legal Advisory Group (BLAG).

Representando a los cinco magistrados que fallaron en mayoría, el juez Anthony Kennedy aseguró que la Ley de Defensa del Matrimonio, promulgada en 1996, “viola principios básicos al debido proceso y protección equitativa, aplicables al Gobierno Federal“. Asimismo, señaló que el “propósito declarado y el efecto práctico de la ley aquí en cuestión es imponer una desventaja, un estatus separado, y así (poner) un estigma sobre todos los que entren en matrimonios del mismo sexo, hechos lícitos por la incuestionable autoridad de los Estados“.

Así las cosas, la Corte declaró que el gobierno federal no puede definir el matrimonio para sus propósitos, sino que debe aceptar la definición que cada estado otorgue al respecto. Entendemos que el error de la Corte consiste en desconocer la autoridad constitucional que tiene el Congreso para definir las palabras establecidas en una ley emitida por el mismo. Así como las leyes del Congreso no pueden ser impuestas a los estados en estas materias, ¿no debería evitarse también que las leyes estatales se impongan sobre el Congreso en estas materias?

Lo más controvertido, sin embargo, es que de acuerdo a la opinión de tres de los jueces disidentes, la Corte Suprema ni siquiera tenía competencia para conocer el litigio de apelación, pues si el Gobierno y los demandantes ya coincidían en cuál debía ser el resultado final de la demanda y ambos consideraban que los tribunales predecesores hicieron bien en declarar la inconstitucionalidad de la sección 3 de la Ley de Defensa del Matrimonio, ¿dónde estaba la real controversia a resolver?, es más, si Edith Windsor ya había recibido la devolución del pago realizado, ¿cuál era la disputa concreta a analizar?, siendo que la Corte Suprema de los Estados Unidos ha recibido el poder para resolver casos o controversias concretas, más no abstractas.

La votación quedó configurada de la siguiente manera: los 5 votos mayoritarios fueron de Kennedy, Kagan, Sotomayor, Breyer y Ginsburg. Los 4 jueces disidentes, que emitieron tres votos en total, fueron Roberts, Scalia, Alito y Thomas.

 

Perry v. Hollingsworth

En el fallo dictado a raíz del caso Perry v. Hollingsworth, la Corte Suprema rechazó considerar la decisión de un tribunal inferior que invalidó la Proposición 8, la misma que define el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer para el estado de California.

La historia se inicia cuando en el año 2008 la Corte Suprema de California declara inconstitucional la Proposición 22, que establecía al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Los defensores de la familia iniciaron una campaña para enmendar la constitución estatal, de modo tal que se recuperase la definición. Esta enmienda, la Proposición 8, fue aplaudida y aprobada por más siete millones de californianos.

Sin embargo, no contentos con los resultados, activistas por el “matrimonio de personas del msmo sexo” desde Hollywood hasta New York contrataron a Ted Olsen y a David Boies, dos abogados famosos que demandaron la inconstitucionalidad de la Proposición 8. Vaughn Walker, juez homosexual y con vida activa de pareja al que le fue asignado el caso, se negó a revelar su relación antes de declarar la inconstitucionalidad de la iniciativa. Seguidamente se apeló ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, la cual confirmó la decisión, invalidando la Proposición 8 por considerarla inconstitucional. Increíblemente, el Juez Senior de esta última corte,  Stephen Reinhardt, se negó a inhibirse del proceso a pesar de saberse que su esposa aconsejó a los abogados antes mencionados cuestionar la Proposición 8. Quizás lo peor de todo fue que los funcionarios electos encargados de defender el voto de la gente y que juraron hacerlo – Schwarzenegger, Brown y Harris-, abandonaron su deber y dejaron al matrimonio sin defensa.

Ante tal situación, un grupo de ciudadanos californianos asumió la defensa de la Proposición 8 y elevó el caso ante la Corte Suprema de los EEUU, la misma que mediante el reciente falló se rehusó a considerar la sentencia de la corte federal aduciendo que dicho colectivo ciudadano no tiene legitimación para defender una enmienda constitucional. No obstante, el voto mayoritario de la Corte en este caso ordenó a la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito anular (“vacatio”) su sentencia contra la Proposición 8.

Esto último, inevitablemente ha generado confusión en torno al estado de la decisión del juez de la Corte Distrital, Vaughn Walker. Algunos estudiosos consideran que la decisión de Vaughn Walker debe ser anulada también y que cada pareja del mismo sexo que busque casarse en California ha de tener que demandar por la obtención de una especie de tutela aplicable solo para ella. Otros piensan que la decisión del juez Walker va a perdurar, pero se debate si se aplicaría a todos los funcionarios del Estado o sólo los empleados del condado nombrados en la demanda.  Por su parte, el gobernador Jerry Brown ha dirigido a los funcionarios del condado para iniciar la emisión de licencias de matrimonio para parejas del mismo sexo. Esta medida, seguramente, ha de ser impugnada en un tribunal estatal por los proponentes de la Proposición 8.

La votación quedó configurada de la siguiente manera: los 5 votos mayoritarios fueron de Roberts, Sclaia, Ginsburg, Breyer and Kagan. Los 4 jueces disidentes fueron Kennedy, Alito, Thomas y Sotomayor.

 

Conclusiones:

  1. La Corte no ha redefinido el matrimonio para toda la nación.
  2. La Corte no ha establecido el derecho constitucional al matrimonio entre personas del mismo sexo (a pesar de que fue una de las pretensiones de la contraparte). De haberlo hecho, habría impuesto una redefinición del matrimonio para todo el país.
  3. La Corte no ha declarado inconstitucional más que la sección N° 3 de la Ley de Defensa del Matrimonio, lo cual deja intacta la sección N° 2, que evita que los estados puedan ser forzados a reconocer matrimonios homosexuales realizados en otros estados.
  4. La Corte no ha dicho nada contra la validez de las políticas sobre el matrimonio adoptadas por cada uno de los estados. Por el contrario el voto mayoritario en el caso Perry optó por ordenar a la Corte del Noveno Circuito anular su sentencia en contra de la Proposición 8.  De esta manera, los ciudadanos y sus representantes electos aún tienen el derecho de definir el matrimonio en el derecho civil como la unión de un hombre y una mujer. Por ejemplo, a raíz de la decisión del 26 de junio, el gobernador Mike Pence de Indiana pidió a su estado aprobar una enmienda constitucional que define el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer.
  5. En coherencia con lo anterior, algunos estudiosos señalan que la Proposición 8 sigue vigente en California, pues ya no existe decisión judicial de alcance estatal que la haya invalidado.
  6. Cada uno de los estados al interior de EEUU tiene autoridad para definir el matrimonio en orden a propósitos y leyes estatales. Asimismo, el gobierno federal tiene autoridad para definir el matrimonio para propósitos y leyes federales. De esta manera:
  • La invalidación de la sección 3 de la Ley de Defensa del Matrimonio tiene efectos a nivel federal, más no a nivel estatal.
  • No se comprende como el gobierno federal renuncia a definir el matrimonio y opta por aceptar lo que cada estado diga que es. La definición de matrimonio que aplique para propósitos y leyes federales, será ahora dada por las autoridades estatales. Si un estado definiese una relación polígama como matrimonio, ¿el gobierno federal tendrá que aceptarlo también?
  • Resulta una vulneración a los principios democráticos que una Corte usurpe el espacio deliberativo por excelencia y representativo de la población, el Congreso de la República, desconociendo e invalidando una definición de matrimonio dada por amplia mayoría en el año 1996.

7. Existe el peligro inminente de que la retórica sobre la igualdad y libertad utilizada en la opinión mayoritaria del caso Windsor sea replicada por los abogados de la agenda LGTB para reclamar la legalización del “matrimonio homosexual” en el resto de los estados o, al menos por ahora, para buscar la invalidación de la sección 2 de la Ley de Defensa del Matrimonio: Si el no reconocimiento del “matrimonio entre personas del mismo sexo” realizado en New York viola los principios constitucionales de igualdad de los Estados Unidos, ¿no se violarían esos mismos principios constitucionales si un estado no permite el reconocimiento de un “matrimonio homosexual” realizado en otro estado?.

 

Informe elaborado el 5 de julio de 2013 por Juan Alonso Tello Mendoza (Perú) para el Centro de Bioética, Persona y Familia en el marco de su participación en el Programa Blackstone de Alliance Defending Freedom.

 

Fuentes:

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