En Canadá, un informe emitido por el gobierno de Quebec aseguró que luego de transcurridos los primeros siete meses de vigencia de la ley que legalizó la eutanasia y el suicidio asistido, hubo una cantidad de 262 pérdidas de vidas humanas. Esta cifra, que comprende el período entre el 10 de diciembre de 2015 y el 30 de junio de 2016 y es el resultado del primer informe de la Comisión para el seguimiento de la ley (End-of-life Care Commission), ha sido tres veces superior a la esperada por las autoridades oficiales[1].

Sin embargo, el director ejecutivo de la Coalición de Prevención de la Eutanasia, Alex Schadenberg, cree que la cifra es superior. Dado que existen ciertas posibilidades de que los casos de eutanasia y suicidio asistido no estén siendo debidamente reportados, aun en Quebec donde los requisitos de información y supervisión son unos de los más rigurosos del país. Este hecho, junto a la falta de transparencia en el sistema de recolección de información que existe en otras provincias[2], y la falta de reporte  en que incurrirían algunas clínicas pequeñas por razones de privacidad, torna muy difícil la elaboración de estadísticas precisas, expresó.

El informe también reveló la existencia de casos de eutanasia producidas sin cumplimentar los requisitos establecidos por la norma que la legaliza. La gravedad de este hecho, fue advertida entre otras personas por Aubert Martin, director ejecutivo de la organización Vivre dans la Dignité de Quebec, quien además señaló el inconveniente de que el informe haya omitido brindar datos que precisen que va a suceder frente a tales casos criminales.

En la entrevista concedida para Catholic Herald Martin también indicó la probabilidad de que el gobierno esté pensando en flexibilizar los requisitos para peticionar la eutanasia, como por ejemplo: la necesidad de obtener un segundo criterio médico afirmativo para aceptar y realizar los pedidos de eutanasia. Todas las medidas de precaución existentes en la norma, se están interpretando como obstáculos… si seguimos esa lógica, es fácil de predecir en los próximos años, el agravamiento de la pendiente resbaladiza, expresó.

Reflexiones bioéticas:

La aceptación social de la eutanasia como acto voluntario destinado a poner fin a la vida de las personas que tienen ciertos padecimientos, constituye un acto moralmente inaceptable que vulnera los derechos de las personas enfermas -en especial los referidos al respeto de su dignidad personal, a recibir atención en el cuidado de su salud, a ser acompañados y asistidos en los momentos de dolor, entre otros más- y las excluye del sistema sanitario y social-comunitario.

La eutanasia ha sido legalizada por escasos países. Originariamente, como una manera de acelerar por motivos “piadosos” la muerte de aquellas personas que padecen una enfermedad terminal[3]. Recientemente, como modo de poner fin a la vida de personas que presentan padecimientos no terminales -como por ejemplo: sufrimientos psíquicos y dolores-. Representa la exteriorización de una cultura de desprecio y descarte de la vida de las personas en situaciones de vulnerabilidad.

La legalización de la eutanasia y el suicidio asistido, conlleva graves problemas de carácter moral, jurídico y social. En el aspecto moral, vulnera el deber de cada persona de conservar su propia vida[4]; jurídicamente, desconoce derechos innatos del hombre, como por ejemplo el derecho natural a la inviolabilidad de cada vida humana; y en el aspecto social, promueve y exacerba una cultura de desprecio y abandono de la vida de las personas en situaciones de vulnerabilidad.

Por nuestra parte rechazamos la legalización de la eutanasia y el suicidio asistido que llevan a la “cultura del descarte” y señalamos la conveniencia de promover una cultura centrada en el reconocimiento de la dignidad inherente de cada ser humano y en el fomento de la vida, aún en las situaciones de dolor.

La muerte es un hecho natural que merece ser respetada. El momento de su llegada, no debe acelerarse ni retrasarse artificialmente. En los casos de enfermedad terminal, el profesional sanitario debe brindar al paciente tratamientos paliativos al dolor y acompañarlo en la esfera moral y espiritual. Tampoco debe promoverse su acaecimiento ante padecimientos físicos, psíquicos o mentales.  Las personas que atraviesan dolores o sufrimientos merecen ser acompañadas y asistidas por sus familias, por la comunidad y el Estado.

Velar por la vida y por la salud de los habitantes es un deber de todo estado, que no puede incumplirse a través de la promoción de una cultura exacerbada de la “autonomía de la voluntad” que consiente en poner fin a la vida de la persona de modo artificial. La legalización de la eutanasia y el suicidio asistido contribuyen a consolidar una sociedad individualista que, en definitiva, genera soledad, desinterés y abandono de las personas más débiles. No constituyen actos médicos ni “piadosos”, ni deben ser realizados por los profesionales de la salud bajo ninguna circunstancia.

Informe de María Bernardita Berti García

[1] Así lo reconoció a la prensa el ministro de Salud, Gaetan Barrette (http://montrealgazette.com/news/quebec/more-seeking-medical-aid-to-die-than-expected-barrette).

[2] La ley federal aprobada en junio que legalizó el suicidio asistido requiere que el gobierno establezca directrices para registrar las solicitudes y aprobaciones para el suicidio asistido, pero esas directrices siguen siendo no escritas.

[3] Se encuentra en tal estado el paciente que a causa del padecimiento de una enfermedad o de lesiones graves, se le diagnostica clínicamente la muerte como suceso irreversible e inminente a producirse en un periodo de tres a seis meses.

[4] Sin embargo, este deber ético de conservar la propia vida no implica que la persona esté obligada a conservarla a cualquier precio, cueste lo que cueste y bajo cualquier condición. Si así fuera, se caería en el “ensañamiento terapéutico”, que implica seguir un tratamiento en el cual los medios empleados resultan claramente desproporcionados para los objetivos que plantea la situación específica del paciente (Questioni bioetiche relative alla fine della vita umana, Comitato Nazionale per la Bioetica (Italia) 14 de julio de 1.995, p.29)