La polémica desatada por una inyección letal que provocó una agonía de una hora a un condenado en Estados Unidos ha dado lugar a una discusión en torno a la participación de médicos en la ejecución de los condenados.
En abril de este año, en Oklahoma, Clayton Lockett, de 38 años, condenado a pena de muerte, fue ejecutado a través de un cóctel que, aplicado en forma “incorrecta”, provocó que comenzara a sacudirse de forma incontrolable y falleciera de un ataque cardíaco luego de 43 minutos de agonía.
Así, un grupo de profesionales del Comité de Pena de Muerte del Proyecto La Constitución (Death Penalty Committee of The Constitution Project) ha publicado un documento con 39 recomendaciones sobre la pena de muerte, entre las que incluye la siguiente: “Las jurisdicciones deben asegurar que personal médico calificado esté presente en las ejecuciones y sean responsables de todos los elementos médicos relacionados con la ejecución”.
Robert Truog, I. Glenn Cohen y Mark A. Rockoff comentaron este informe en un artículo titulado “Physicians, Medical Ethics, and Execution by Lethal Injection” publicado online el 19 de mayo de 2014 en “The Journal of the American Medical Association (JAMA)” (doi:10.1001/jama.2014.6425). Allí recuerdan que dicha recomendación contradice el Código de Ética de la Asociación Médica Americana (American Medical Association – AMA), que por décadas ha prohibido específicamente la participación de médicos en las ejecuciones. Ello también ocurre en otras asociaciones profesionales.
Para los autores del artículo, “la razón fundamental para considerar a la participación de profesionales médicos como contraria a la ética se basa en la adecuada relación entre el Estado y la profesión médica. La historia está repleta de ejemplos de esfuerzos de los gobiernos de cooptar el poder y el status de la profesión médica para propósitos estatales que no están alineados con los objetivos de la medicina”. Y señalan luego que el Consejo Americano de Anestesiología tomó la decisión de revocar las licencias a los diplomados que participan de la inyección letal por pena de muerte. Y señalan que si no se toman este tipo de medidas, la profesión médica perderá su autoridad para denominarse a sí misma una “profesión”.
Mientras tanto, la Corte Suprema de Estados Unidos el 21 de mayo de 2014 suspendió una ejecución en Missouri de un condenado que señaló que una condición médica particular de la persona podía complicar el plan del Estado de ejecutarlo por inyección letal y significar un serio sufrimiento durante la ejecución. La causa remite el tema a Corte de Apelaciones del 8vo. Circuito, que debe analizar si la ejecución supone una violación de la 8va. Enmienda que prohíbe castigos crueles. El condenado alega que por una enfermedad, si le aplican la inyección letal sufrirá hemorragias, asfixia y obstrucción de las vías respiratorias.
La pena de muerte es una de las expresiones de una cultura de la muerte que pretende utilizar a la misma profesión médica, alterando radicalmente sus fines. Esperamos que los médicos resistan estas presiones para ser instrumentalizados para la muerte, tanto en este campo de la pena de muerte, como en el aborto y la eutanasia.