El 13 de mayo pasado el diario The New York Times replicó la decisión del gigante farmacéutico Pfizer, que dejará de proveer las drogas necesarias para aplicar inyecciones letales en los Estados Unidos. De este modo, los Estados que aun admiten la pena capital no podrán acceder a este tipo de fármacos, dado que dicha compañía era la última en ofrecerlos.
La empresa sostuvo en un comunicado oficial que la fabricación de sus productos está destinada a mejorar y salvar la vida de los pacientes, y que se opone firmemente a la utilización de los mismos como inyecciones letales. También adelantó que llevarán a cabo estrictos controles para evitar que los distribuidores vendan las drogas a los organismos estatales penales.
En los últimos tiempos, más de 20 compañías farmacéuticas americanas y europeas han tomado decisiones en el mismo sentido. A la vez, en 2011 la Unión Europea prohibió la exportación de drogas con estos fines. Como consecuencia, algunos gobiernos estatales han recurrido a diversas alternativas: adquirir las drogas a pequeños laboratorios; probar con sustancias alternativas; aplicar otros métodos de ejecución; etc. En los últimos meses los medios de comunicación dieron a conocer que algunos Estados han recurrido incluso al mercado ilegal de medicamentos.
Más allá de este panorama, lo cierto es que se trata de un hecho que revela el retroceso global en torno a la pena de muerte, que constituye una práctica notoriamente contraria a los derechos humanos fundamentales. Valoramos que el mundo avance en el reconocimiento de las respuestas de justicia que reclama la dignidad de la persona humana.
Informe de Leonardo Geri