Avanza en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires un proyecto de ley para crear el Banco de Datos Genéticos de la provincia de Buenos Aires cuya principal misión es “facilitar la identificación y filiación de los habitantes de la Provincia”.

Según el artículo 2, “el Banco de Datos Genéticos Provincial se integrará con la información genética de todos los habitantes de la Provincia, la cual se recabará obligatoriamente en algunos de los siguientes supuestos: a) al momento del nacimiento y/o defunción de las personas; b) en la expedición y/o renovación del Documento Nacional de Identidad; c) en la expedición y/o renovación del registro habilitante para conducir; d) en cualquier otra oportunidad que la Autoridad de Aplicación de la presente ley estime corresponder”.

El proyecto delega en la autoridad de aplicación “la conformación de la base de datos y la confidencialidad de sus informes, todo en el marco del artículo 20 inciso 3° de la Constitución de la Provincia” (art. 3). En el artículo 4 se establece: “la información de la base de datos del Banco de Datos Genéticos Provincial es secreta y solamente se encontrará disponible para el Ministerio Público  y los magistrados intervinientes en las causas en que se encuentre interviniendo”.

La Provincia ya tiene un Banco de Datos Genéticos, creado por ley 13.869 y que funciona en el ámbito de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia y está dedicado a las víctimas de delitos contra la integridad sexual.

La iniciativa ha despertado justificadas críticas, por el carácter extremadamente sensible de la información genética personal, que puede otorgar a los que manipulen la información genética personal un desmesurado poder sobre la vida y salud de las personas. En efecto, la información genética tiene la potencialidad de predecir posibles eventos vinculados con la salud y puede dar lugar a nuevas y drásticas formas de discriminación y estigmatización. El carácter obligatorio establecido en la iniciativa suscita mucha preocupación por el surgimiento de nuevas formas de vigilancia y control social, avanzando sobre la confidencialidad y privacidad de las personas.

El proyecto de ley lleva el número 14-15/D/373 y fue aprobado por las comisiones de Reforma Política y del Estado (10/06/2014), Legislación General (19/08/2014) y Presupuesto e Impuestos (14/07/2015).

Informe de Jorge Nicolás Lafferriere