Desde hace unos años asistimos a una profunda transformación cultural caracterizada por el creciente poder del hombre sobre la vida humana, poder que se expresa en inéditas posibilidades de diagnóstico y curación de enfermedades y de dominio sobre todos los aspectos de ese misterio que llamamos “vida”. No todos los desarrollos científicos vinculados con la vida humana son “adelantos” que respondan al bien de la persona y ello ha abierto un intenso debate en el campo de la bioética.

Para dar respuesta desde el derecho a estas nuevas cuestiones algunos sugieren que la legislación debe limitarse a regular “intereses análogos”, en función de la ecuación costo-beneficio. Otros proponen una legislación que sea “éticamente neutral” y sólo regule procedimientos. Creemos que estos criterios traicionan el auténtico espíritu de los derechos humanos y dejan al ser humano a merced de los más poderosos. En efecto, si en el centro de las cuestiones bioéticas no se coloca a la persona, con una dignidad y derechos inalienables, la investigación científica no reconocerá ningún límite y la vida humana se convertirá en un recurso más, disponible en función de parámetros de utilidad. De esta manera no sólo se vulneran derechos humanos fundamentales sino que se minan las mismas bases de la convivencia social.

Los temas de la bioética comprenden a la sociedad toda, a su concepción y a su funcionamiento y plantean el problema del “otro” como prójimo o como extraño. Según sean las decisiones que adopta un Estado en relación a la vida humana, estaremos ante una sociedad que coloca en el centro a la persona o cede a una visión utilitarista de la misma, promueve la comunión y la solidaridad o genera una convivencia humana individualista e indiferente, reconoce la igualdad o deja a los más débiles a merced de los poderosos, se funda en la justicia o en una mera conciliación de intereses.

Cuando la sociedad acepta pasivamente la violación del derecho a la vida, como ocurre con las leyes que legalizan el aborto o la eutanasia, en lugar de la primacía de la persona, irrumpe la primacía de la “eficiencia”. Subyace una perspectiva materialista de la persona que niega el valor intrínseco y ontológico de toda vida humana.

Este debate se verifica también en los enfoques bioéticos. Cuando se legitima tales violaciones al derecho a la vida, se vulnera el criterio fundamental de la dignidad personal, que queda sustituido por el de la eficiencia, la funcionalidad y la utilidad. La persona ya no es valorada por el sólo hecho de ser, con independencia de sus cualidades o accidentes (cf. artículo 51 Cód. Civil), sino que impera una visión que impone “valor” a cada vida humana por lo que hace o produce.

En este caso, la sociedad deja de ser comunidad de personas con un destino común y se convierte en un conjunto de individuos colocados unos junto a otros sin vínculos recíprocos. Los mismos derechos humanos quedan expuestos en los hechos a la desaparición, pues bajo apariencia de legalidad, se vulnera la dignidad inviolable de toda persona. Se introducen así dinamismos que promueven la exclusión, la marginación, el rechazo y la eliminación de los que son más débiles.

Por eso, trabajar por la vida es trabajar en favor de una sociedad más justa y fraterna, en que la persona humana, con su dignidad y derechos fundamentales, sea “el principio, el sujeto y el fin de todas las instituciones sociales” (Gaudium et Spes, 25).