El aborto legal, la disponibilidad de estudios prenatales cada vez más precisos, seguros y no invasivos, y su cobertura económica por el sistema de salud, son condiciones que conducen a impulsar la eliminación sistemática de personas con discapacidad. En este boletín nos proponemos comentar (a modo de caso testigo) últimas noticias sobre el tema en Flandes (Bélgica), analizar las disposiciones del proyecto de ley de aborto que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y ver las implicaciones que tiene en materia de costos para el sistema de salud.

Datos de aborto y discapacidad en Flandes

La región belga de Flandes se presenta como un ejemplo claro de esta situación, según lo explica un boletín de la organización belga “Instituto Europeo de Bioética”[i]. En 2013, en la zona de Flandes, nacieron 58 niños con el Síndrome de Down, mientras que en 2017 fueron menos de 10. En Limbourg, el año pasado, solo nació uno. Según explica el boletín mencionado, desde el 1 de julio de 2017 la seguridad social en Flandes ha asumido el costo de los análisis de sangre que permiten detectar personas con la Trisomía 21 o Síndrome de Down. Se trata de los llamados “Diagnósticos Prenatales No Invasivos (DPNI)”. Como consecuencia de esa disponibilidad de los estudios financiados por el sistema de salud el 97% de las mujeres toman el diagnóstico mencionado.

La ginecóloga Caroline Van Holsbeke señala que “a veces, este análisis de sangre diseñado para detectar una minusvalía en el niño, revela una posibilidad de que un tumor comience en la madre. Esto crea mucha tensión e incertidumbre”. Asimismo, la doctora afirma: “Algunos pacientes hacen la DPNI solo para conocer el sexo del niño a partir de la semana 14, mientras que, normalmente, uno solo ve el sexo después de la semana 20”. Resulta lógico preguntarse, entonces, si las mujeres abortarían si el sexo no coincidiera con el deseado. Parece un riesgo innegable.

La médica se sorprende al saber que algunos colegas preguntan a las pacientes si van a abortar en caso de que el niño tenga la Trisomía 21, en vez de consultar si van a realizarse el DPNI.

La cuestión en el proyecto de aborto con media sanción

El proyecto de ley de aborto libre aprobado en la Cámara de Diputados de la Nación y que está en tratamiento ante el Senado de la Nación, crea las condiciones jurídicas para que esta situación comience a producirse en nuestro país. En efecto, según el artículo 16 de la “media sanción” todo el sistema de salud a través del Programa Médico Obligatorio (PMO) debe “incorporar la cobertura integral de la interrupción voluntaria del embarazo prevista en la presente en todas las formas que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda. Estas prestaciones quedan incluidas en el Programa Médico Obligatorio (PMO), como así también las prestaciones de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo”.

Es decir, no sólo se cubre el “aborto” sino también las “prestaciones de diagnóstico”, algo que figuraba únicamente en la redacción del proyecto 1082-D-2018. Vale aclarar que actualmente el PMO sólo cubre las ecografías.

El proyecto no explica a cuáles prestaciones de diagnóstico se refiere. Ante la duda, ¿se considerarán incluidos los DPNI? Desde ya, como veremos más adelante, son estudios muy caros. Pero el texto dice que la cobertura debe ser “integral” por parte de los agentes obligados, sin que se establezcan límites claros de aquellas prestaciones que deberían ser brindadas y cuáles excluidas, toda vez que la práctica debería conllevar atención y acompañamiento interdisciplinario para lograr el cuidado de la salud que, en palabras de la OMS, es el “completo bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.

Los estudios genéticos prenatales, ya sean invasivos o no invasivos, no están incluidos en el PMO en nuestro país. Los estudios no invasivos se pueden hacer a partir de la semana 10 de embarazo. Esta coincidencia temporal con el aborto libre hasta la semana 14 conducirá al ofrecimiento sistemático de estos estudios a las madres.

En caso de aprobarse la norma y de seguirse esta mentalidad eugenésica, asistiríamos a una presión para imponer los programas de tamizaje de anomalías congénitas y el uso rutinario de los estudios genéticos con la finalidad de lograr detectar a tiempo discapacidades para el aborto. Tal como está redactada la norma, no se busca financiar los estudios de diagnóstico para curar a los concebidos, sino que los estudios diagnósticos estarán financiados en la medida que se hagan en el marco de un plan de aborto. Es decir, no se busca conocer para curar, sino conocer para eliminar.

El problema de los costos

Indudablemente, incluir en el PMO las prestaciones de diagnóstico asociadas al aborto (art. 16 de la media sanción) conlleva un incremento de costos para todo el sistema de salud. En primer lugar, nos podemos preguntar si se han estimado cuáles serán esos costos. Los países implementan programas de detección temprana de anomalías congénitas, a través de las distintas estrategias (integradas, secuenciales, contingentes)[ii]. En algunos casos, las estrategias se contentan con los marcadores en sangre materna. En otros, se combinan con punciones. En el último tiempo, los estudios no invasivos han estado en el centro de las discusiones.[iii] Vale señalar que estos estudios hoy rondan los u$s 1000. En cualquier caso, hay un impacto sobre el sistema de salud en sus distintos subsectores que no ha sido estimado.

No se nos escapa que, en el mundo, el debate también comprende la relación costo-beneficio de las distintas estrategias de tamizaje prenatal. No faltará quien afirme que esos mayores costos que deberá soportar el sistema tendrán como consecuencia una baja en los costos que le genera al mismo sistema el nacimiento de personas con discapacidad. El programa de “tamizaje” -afirman- no aumenta costos, sino que los reduce. No podemos menos que rechazar enfáticamente esa forma de pensar. Es un análisis costo-beneficio que se realiza tomando como “beneficio” deseado lograr el aborto de las personas con discapacidad detectadas. Es decir, lograr la baja de nacimientos de personas con discapacidad. No se trata de una estrategia terapéutica, sino de descarte. Es la forma más radical de “ajuste”: diseñar programas para detectar prenatalmente a las personas con discapacidad para eliminarlas antes que nazcan y nos causen gastos a todos.

Igualmente, los estudios de diagnóstico sólo se pueden realizar si hay inversiones en equipamiento y personal calificado. Nuevamente en este punto nos preguntamos: ¿para que se buscará invertir? ¿Para salvar vidas de los hijos con discapacidad que hoy no tienen la atención necesaria por su pobreza? ¿O para que las madres pobres puedan abortar a los hijos con discapacidad y evitar así los costos de su atención? ¿Se invierte para diagnósticos en favor del aborto pero no se invierte en diagnósticos para la medicina fetal?

De aprobarse el aborto legal, lamentablemente no faltarán quienes impulsen estos programas sistemáticos de tamizaje, que tan graves consecuencias tienen para el colectivo de personas con discapacidad.

Sería deseable que esas inversiones en diagnósticos para aborto se orienten a tantas prestaciones debidas a las personas con discapacidad, nacidas o por nacer, y que no siempre están siendo debidamente atendidas, como se comprueba trágicamente con los amparos en salud.

Reflexión final

La experiencia internacional es contundente en señalar que, cuando la ley legaliza el aborto sin causales y facilita los estudios prenatales, se generan las condiciones que impulsan la eliminación sistemática de personas con discapacidad. Como hemos dicho, ello no surge por una obligación legal, sino por la presión generalizada que ejerce el sistema a través de formas más sutiles y penetrantes, que terminan afectando la libertad de los padres.

En virtud de lo expuesto, reiteramos enfáticamente la necesidad de que el Congreso Nacional rechace el proyecto de ley de legalización del aborto y, en cambio, establezca políticas públicas que puedan atender las necesidades de todos los embarazos, principalmente los que se encuentran en situación de vulnerabilidad. De tal manera que en toda ocasión se legisle en favor de la vida de la madre y su hijo por nacer.

Informe de Jorge Nicolás Lafferriere y Juan Bautista Eleta

[i] “”Eradication” presque complète des enfants porteurs de la Trisomie 21 en Flandre”, 20/6/2018, https://www.ieb-eib.org/fr/voir_nl_bulletin.php?id=491#sujet1446 (a su vez, la fuente de esta publicación es Het Belang van Limburg).

[ii] Gekas, J. et al., “Comparison of different strategies in prenatal screening for Down’s syndrome: cost effectiveness analysys of computer simulation”, BMJ 2009; 338:b138 doi:10.1136/bmj.b138

[iii] Non-invasive Prenatal Testing: A Review of the Cost Effectiveness and Guidelines [Internet]. (PDF), Source Ottawa (ON): Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health; 2014 Feb.  CADTH Rapid Response Reports.; Ayres AC, Whitty JA, Ellwood DA. A cost-effectiveness analysis comparing different strategies to implement noninvasive prenatal testing into a Down syndrome screening program. Aust N Z J Obstet Gynaecol. 2014 Oct;54(5):412-7. doi: 10.1111/ajo.12223. Epub 2014 Sep 8; Beulen L, Grutters JP, Faas BH, Feenstra I, van Vugt JM, Bekker MN. The consequences of implementing non-invasive prenatal testing in Dutch national health care: a cost-effectiveness analysis. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2014 Nov;182:53-61. doi: 10.1016/j.ejogrb.2014.08.028. Epub 2014 Aug 30; Evans MI, Sonek JD, Hallahan TW, Krantz DA Cell-free fetal DNA screening in the USA: a cost analysis of screening strategies. Ultrasound Obstet Gynecol. 2015 Jan;45(1):74-83. doi: 10.1002/uog.14693. Epub 2014 Dec 9.