Con motivo de la participación en el proceso de examen que realizará el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres en su 61ª sesión, 25 destacadas Asociaciones Civiles de España emitieron el pasado mes de septiembre un completo INFORME por el cual se denuncia discriminación que sufre la mujer a causa de la legislación y realidad social vivida en ese país.

El estudio, coordinado por la Asociación Civil Profesionales por la Ética y suscripto junto a otras Asociaciones -entre las que se encuentran entre otras, Derecho a Vivir, Hazte Oír, CitizenGo, Vida Digna-, señala cómo el estado español a través de diversas legislaciones, ha incumplido los deberes asumidos en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer.

Las principales causas de discriminación denunciadas, son las siguientes:

1) El tratamiento que se le otorga en su embarazo, parto y postparto

Las Asociaciones denuncian la vulneración de los derechos consagrados en la mencionada Convención, ocasionada con motivo de la sanción de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo (Ley Orgánica 2/2010), la cual, al legalizar el homicidio prenatal, desprecia los derechos fundamentales de las personas concebidas y de la mujer embarazada.

El informe señala que la vulneración de los derechos de la mujer se produce, toda vez que, aún a sabiendas de los irreparables daños que el aborto conduce -por la pérdida de la vida del bebé y las graves secuelas físicas y psicológicas que marcan la vida de la madre-, la normativa omite brindarle servicios apropiados en relación al embarazo, parto y puerperio, y decide desproteger a la mujer a través de la promoción y facilitación del aborto.

Entre las causales por las cuales el informe requiere la derogación de esa ley se encuentran: i) La ausencia de medidas de apoyo a la mujer embarazada. La realidad indica vastos casos de mujeres que no desean abortar, pero se encuentran frente a ello por la existencia de fuertes presiones culturales, sociales, de pareja, y hasta institucionales, ii) La situación injusta y discriminatoria a la que es sometida la mujer, debido a la falta de información suministrada de los posibles riesgos y consecuencias del aborto; iii) La situación de indefensión y soledad en que se coloca a la madre menor de edad, al permitirle someterse al aborto con desconocimiento de sus padres, iv) El agravio a la vida y dignidad de las personas con discapacidad y sus familias, al legalizar el aborto por causa de esta patología.

2) La maternidad y dedicación a su familia 

Los resultados del informe afirman cómo en la sociedad occidental y con legislaciones igualitarias, la única causa de discriminación efectiva son las derivadas del rol biológico de la mujer: la maternidad.

Esta realidad implica una diversidad de problemas que sufren las mujeres que desean ser madres, sea que se encuentren insertas en el ámbito laboral o hayan decidido estar fuera de él. En el primer caso, porque la maternidad real o potencial es percibida como un perjuicio económico por el empresario, quien prefiere contratar a hombres o a mujeres que no tienen hijos  o que renuncian a tenerlos (implicando una significativa reducción de las tasas de natalidad). La mujer gestante sufre mobbing y acoso. En el segundo, porque se evidencia un desprecio social al rol de la mujer madre que voluntariamente se dedica al cuidado de sus hijos.

En este sentido se expresa la insuficiencia que presenta la Ley Orgánica 3/2007 de Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres a fin de erradicar y paliar las consecuencias que tal discriminación importa, y solicitan su modificación a través de propuestas legislativas tendientes a flexibilizar horarios, incentivar la contratación de mujeres madre, hacer campañas de sensibilización a favor de la mujer que trabaja en el hogar por libre elección.

3) Persistencia de las tasas de violencia contra la mujer

El comunicado afirma que la actual legislación contra la violencia de género (Ley Orgánica 1/ 2004 de Medidas de Protección Integral Contra la Violencia de Género) no ha supuesto una verdadera disminución de la violencia ni de las muertes. El informe denuncia, que en desmedro de los verdaderos casos en los que las mujeres efectivamente son víctimas, funciona -con complicidad de sectores administrativos y de agrupaciones de abogados- una industria en la cual se asigna una cantidad de dinero por cada denuncia a colectivos feministas quienes ofrecen litigiosidad a las mujeres que quieren separarse. Reñido con la ética profesional y en menoscabo de los derechos de los niños, recomiendan a las mujeres que denuncien falsamente casos de violencia con la promesa de acortar trámites, mejorar las condiciones del divorcio, asegurar la custodia de los hijos y la permanencia en el hogar familiar.

La mencionada ley importa una discriminación positiva hacia la mujer que excede la temporalidad propia que le corresponde según la citada Convención, y vulnera de ese modo derechos fundamentales debido a que, entre otros importantes aspectos,  castiga con distintas penas el mismo delito en función del sexo de quien lo comete, elimina la presunción de inocencia y la carga de la prueba recae sobre el acusado, no persigue las denuncias falsas.

En virtud de ello solicitan la retirada de la ley sexista y discriminatoria porque, entre las graves consecuencias que la práctica de la legislación produjo se encuentran: i) la producción de una situación de injusticia estructural en los hombres y sumisión en la indefensión, que puede empujarlos a una venganza individual de imprevisibles consecuencias contra la mujer; ii) el riesgo de desatención de las verdaderas denuncias de violencia, debido al alto índice de denuncias falsas y consecuentemente la insuficiencia de fondos y estructuras judiciales a los verdaderos casos, iii) en los casos de falsa denuncia, la pérdida de la custodia ha llevado a la disminución de las custodias compartidas recayendo la carga familiar en las mujeres en un 85% impidiendo el cambio en los roles familiares.

Otras importantes cuestiones destacadas, se refieren a la necesidad de efectivizar los derechos consagrados por la Convención, en particular, los que versan sobre la real participación de las mujeres en la vida pública a través de diversas asociaciones -sin hacer distinciones basadas en los valores sostenidos- y la obtención de financiamiento para el cumplimiento de finalidades solidarias.

Destacamos el aporte efectuado por este informe, por ser la observación, estudio y sana crítica de las políticas legislativas, una herramienta necesaria para el resguardo de la dignidad del hombre y bien de la sociedad.

Informe de Bernardita Berti García.