Es notable cómo, cuando se trata de considerar medidas políticas y legislativas a favor de la vida humana desde la concepción, y de la igual dignidad de todas las personas, la mayor parte de los organismos internacionales -y nacionales también-, dejan de lado los requisitos y condiciones jurídicos y democráticos mínimos para hacer lugar a decisiones guiadas estruendosa y desembozadamente por la ideología personal de los funcionarios. Era sabido que las leyes e instituciones se manipulaban en ese sentido, para hacerlas decir cosas diferentes de las que en realidad afirman, pero lo realmente desconcertante es que, cuando ni siquiera una manipulación a conciencia de la normativa jurídica alcanza para frenar el masivo reclamo pro vida de la población, entonces, sin ningún prurito, se la deja de lado y se redactan sentencias, declaraciones y decisiones al margen de la claridad legal.

Esto precisamente es lo que ocurrió el 28 de mayo pasado, cuando la Comisión Europea, con su mandato casi finalizado, vetó la Iniciativa Ciudadana Europea “One of Us”, respaldada por dos millones de ciudadanos de todos los países de la Unión Europea y la más popular de toda la historia europea.

La Comisión Europea es una de las principales instituciones de la UE, y tiene como misión defender los intereses de conjunto de este organismo político. La Comisión elabora propuestas de nueva legislación europea y gestiona la puesta en práctica de las políticas y el uso de los fondos europeos. Se compone de 28 miembros, uno por cada país de la Unión Europea.

La Iniciativa “One of Us” solicitaba el cese, por razones éticas, de la financiación europea de proyectos de investigación con destrucción de embriones y del aborto en países en desarrollo. Se había presentado acogiéndose a las posibilidades de democracia participativa creadas por el Tratado de Lisboa, que permite que un millón de ciudadanos introduzcan propuestas legislativas para ser tratadas por la Asamblea Legislativa de Europa.

La Comisión, entonces, se atribuyó el derecho de descartar un pedido popular, presentado cumpliendo todos los requisitos legales ante la autoridad legislativa que los representa. Los argumentos esgrimidos, además, no conforman: se afirma que la legislación y los organismos europeos ya protegen, en general, los embriones humanos, y allí donde no los protegen, nada más se puede hacer. Ni siquiera se permitió que fuera el organismo legislativo que representa al pueblo europeo quien se pronuncie sobre un pedido expreso y masivo de ese mismo pueblo.

Somos conscientes de que la protección de la vida humana vulnerable contra el descarte y el desprecio que contra ella promueven intereses primariamente económicos y corporativos es una ardua tarea. Quienes estamos comprometidos en esta misión estamos dispuestos a trabajar duro. Pero lo que no podemos permitir es que ni siquiera se respete el marco jurídico e institucional común de la convivencia democrática, el cual ya es bastante contrario a la dignidad de la persona. Si nos colocamos bajo el paraguas de la democracia, pedimos que el tratamiento sea objetivo, imparcial e igualitario. ¿O estas garantías sólo se esgrimen para proteger a una ideología determinada?

Informe de María Inés Franck.