Una ley de Indiana que prohíbe el aborto basado en el sexo, la raza o la discapacidad de la persona por nacer entró en vigencia luego de que el juez de Distrito Tonya Walton Pratt levantara el bloqueo que había sido dispuesto en 2016.
La ley había sido aprobada en 2016 pero la Asociación Americana de Libertades Civiles de Indiana había iniciado un juicio contra esa norma y había obtenido una medida cautelar que bloqueó la entrada en vigencia de la ley. Luego del fallo “Dobbs” de la Suprema Corte de los Estados Unidos, que revocó los precedentes “Roe” y “Casey”, se generaron las condiciones jurídicas que quitaron sustento jurídico a la medida cautelar que había bloqueado la ley en 2016 y por ello ahora el juez ha revocado esa medida.
La norma aprobada en 2016 se incorporó al Código de Indiana (IC 16-34-4) en el Título 16 (Salud), el artículo 34 (Aborto), el capítulo 4 (Prohibición de aborto selectivo por sexo o discapacidad).
La norma establece que una persona no puede realizar intencionalmente un aborto si ella sabe que la mujer embarazada está buscando el aborto solamente porque el feto ha sido diagnosticado, o tiene un diagnóstico potencial, de Síndrome Down u otra discapacidad, o por su raza, color, nacionalidad de origen, o ancestros, o sexo del feto. En la lista de condiciones incluidas en la ley se encuentran las discapacidades físicas, mentales o intelectuales, las malformaciones físicas, la escoliosis, el enanismo, síndrome Down, albinismo, amelia, enfermedad mental o psíquica, o cualquier enfermedad, defecto o desorden que se transmite genéticamente (IC16-34-4 Sec. 1(a)). El término no incluye las anomalías fetales letales (b).
El diagnóstico tiene que ser actual o potencial, lo que significa la presencia de algunos factores de riesgo que indican la posibilidad de que un problema de salud puede producirse (Sec. 3).
La sección 9(a) de la norma establece que si una persona realiza un aborto en violación a las disposiciones de este capítulo será pasible de sanciones disciplinarias bajo lo dispuesto en el Código de Indiana (IC 25-1-9) y una acción de responsabilidad civil por provocación de una muerte ilícita (wrongful death). Por su parte, no se sancionará a la mujer a la que le realizan el aborto (sec. 9(b)).