El 28 de mayo de 2019 la Suprema Corte de los Estados Unidos resolvió un recurso planteado en la causa “Kristina Box, Commissioner, Indiana Department of Health, et Al. v. Planned Parenthood of Indiana and Kentucky Inc., et Al.” (Docket No. 18–483) en torno a dos leyes del Estado de Indiana, dictadas durante el mandato del gobernador Mike Pence, que regulaban leyes sobre el aborto. Por su trascendencia en relación a la conexión entre aborto y eugenesia, nos interesa analizar el voto del juez Clarence Thomas.

Las leyes en debate

La primera ley se refiere a la dignidad humana que poseen los restos de los niños abortados. Para ser consecuentes con ello, el Estado de Indiana ordena que sus restos sean cremados o enterrados. Esta provisión prohíbe que se trate a los restos de niños por nacer como desechos patológicos; asimismo dispone que tampoco pueden ser cremados junto con animales de laboratorio, agujas usadas o sub-productos quirúrgicos.

La segunda ley prohíbe el aborto cuando sea discriminatorio en base a discapacidad, sexo o raza.

La controversia en sede judicial

Estas regulaciones estaduales fueron cuestionadas por Planned Parenthood ante los tribunales federales de Indiana, buscando de esa forma obtener la declaración de inconstitucionalidad de esas provisiones.

La Corte del distrito hizo lugar al pedido de Planned Parenthood, bloqueando las regulaciones emitidas por el Estado de Indiana. El argumento central fue que el Estado de Indiana carecía de interés razonable en reconocer la calidad de trato humano a los niños abortados. Por otra parte, también se pronunció en favor de desestimar la legalidad de la segunda ley, sosteniendo que el Estado no puede intervenir en la decisión de una mujer de terminar con su embarazo previo a que el feto sea viable.

En una segunda instancia la Corte de Apelación para el Séptimo Circuito confirmó la decisión de la Corte distrital. Ante este escenario, el Estado de Indiana apeló a la Corte Suprema. Los argumentos que fueron sostenidos en esta instancia por parte del Estado fueron: 1) que la dignidad de los niños por nacer era una tradición legal y cultural en el Estado y 2) que al momento de la resolución del fallo Roe v. Wade no existían las nuevas tecnologías para poder realizar un aborto selectivo con fundamento eugenésico.

Finalmente, la Corte decidió revocar la decisión de la Corte del Séptimo Circuito en cuanto a la confirmación sobre la primera ley. Es decir, admite la constitucionalidad de una ley que regula la forma de dar sepultura o destino final a los niños abortados. El fundamento de la Corte se basó en que la petición que realizó la multinacional de abortos no explicaba en qué sentido dicha ley podía crear nuevos límites al aborto. Por el contrario, para la Corte existen argumentos racionales para esa normativa. En este sentido el Superior Tribunal entendió que efectivamente había un interés por parte del Estado en la disposición correcta de los restos de los niños abortados.

El dilema surge en torno a la segunda ley, por la cual la Corte denegó la revisión de aquella bajo fundamentos procesales y legales. Sin embargo, el juez Clarence Thomas emitió un voto separado, aclarando que si bien la cuestión de la decisión sobre aborto eugenésico permanece abierta, hace un claro llamado de atención sobre la eugenesia proyectada en el aborto.

El voto del Juez Clarence Thomas

El Juez Thomas comienza con un recorrido histórico sobre la eugenesia. En el desarrollo de la eugenesia del siglo XX se refiere a Margaret Sanger, fundadora y precursora de la multinacional de abortos Planned Parenthood, quien -explica Thomas- empatizaba y abrazaba el control de nacimientos, abriendo la puerta a la eugenesia (Cfr. Sanger, Birth Control and Racial Betterment, Birth Control Rev., Feb. 1919, p. 12 (Racial Betterment).

El término eugenesia es forjado en 1883 por el británico Francis Galton quien era pariente de Charles Darwin. La eugenesia tiene sus raíces en el darwinismo social. Galton sostenía que promoviendo la reproducción entre personas deseables e inhibiéndola entre o con personas con discapacidad, el hombre iba a poder mejorar la sociedad. En consecuencia, se haría de una forma más agradable y rápida lo que la naturaleza hace de forma ciega y lenta (F. Galton, Eugenics: Its Definition, Scope and Aims, in Essays in Eugenics 42 (1909)).

El juez cita la opinión de Lothrop Stoddard, quien consideraba que si no se colocaban “barreras artificiales” una raza superior como la blanca terminaría siendo absorbida por las más bajas. Este tipo de argumentos fue lo que promovió reglamentaciones migratorias como la de 1924 donde se redujo significativamente la inmigración de Europa Oeste y Norte.

En su desarrollo el Juez Thomas menciona los grupos eugenésicos del siglo XX, los cuales no sólo discriminan entre negros y blancos sino entre quienes tienen y no tienen discapacidad. Por ello, es que retoma un caso que trató la misma Corte y en donde la respuesta judicial se basó en un argumento eugenésico. Así cita al Juez Oliver Wendell Holmes, secundado por los otros siete jueces de la Corte, quienes en el fallo Buck v. Bell (274 U. S. 200) defendieron la esterilización forzada diciendo:

“…Es mejor para todo el mundo, si en lugar de esperar para ejecutar a la los hijos degenerados por sus delitos, o dejar que se mueran de hambre por su imbecilidad, la sociedad puede prevenir que aquellos que son manifiestamente no aptos continúen en su descendencia. El principio que sustenta la vacunación obligatoria es lo suficientemente amplio como para cubrir el corte de las trompas de Falopio. Tres generaciones de imbéciles son suficientes.”

Para Thomas se puede trazar una relación entre la eugenesia americana y el movimiento Nazi. En este sentido, el juez afirma con dureza que la Corte sigue dando atribuciones a este tipo de eugenesia.

El juez, en su voto, es claro en afirmar que debe desaparecer la postura que sostiene que las personas “no deseadas” no pueden reproducirse. Considera que el caso que está decidiendo la Corte es la prueba evidente de que el aborto es una herramienta para ejecutar estos actos de eugenesia.

Para el juez, existe una continuación del planteo eugenésico, incluso con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, cuando Alan Guttmacher, presidente de la Planned Parenthood juntos a otros proabortistas, dirigen el aborto hacia fines eugenésicos, promoviéndolo como un método de control de la población, mejorando así la “calidad” poblacional.

Cita el caso de Islandia, donde el 100% de los niños en el vientre diagnosticados con Síndrome Down son abortados. En Asia el aborto por motivo del sexo ha dejado a 160 millones de mujeres perdidas. Peor aún, reciente evidencia ha demostrado que en determinados sectores de la población de Estado Unidos existe una preferencia por el aborto en razón del sexo. (Ver Almond & Sun, Son-Biased Sex Ratios in 2010 U. S. Census and 2011–2013 U. S. Natality Data, 176 Soc. Sci. & Med. 21 (2017) (quienes sostienen que las familias chinas y asiáticas en Estados Unidos muestran una tendencia hacia elegir el sexo masculino para sus hijos); Almond & Edlund, Son-Biased Sex Ratios in the 2000 United States Census, 105 Proc. Nat. Acad. of Sci. 5681 (2008) (similar).

Ocho décadas luego del proyecto de Margaret Sanger conocido como “Negro Project” existe una disparidad racial en la aplicación del aborto, siendo mayor en mujeres de color que en mujeres caucásicas.

Como conclusión el juez Thomas dijo:

“La decisión del Tribunal de permitir una mayor discusión del tema no debe interpretarse como un acuerdo con las decisiones que se tomaron. La consagración de un derecho constitucional al aborto basado únicamente en la raza, el sexo o la discapacidad de un niño no nacido, como defiende Planned Parenthood, constitucionalizaría las opiniones del movimiento eugenésico del siglo XX. En otros contextos, el Tribunal ha sido celoso al reivindicar los derechos de las personas, incluso potencialmente sujetas a discriminación por raza, sexo y discapacidad.”

Informe de Ludmila A. Viar

Datos del fallo: Supreme Court of the Unites States; Kristina Box, Commissioner, Indiana Department of Health, Et Al. V. Planned Parenthood of Indiana and Kentucky, Inc., ET AL; Cite as: 587 U.S. ____ (2019).