El 5 de octubre de 2015 comienza un nuevo “año judicial” para la Corte Suprema de los Estados Unidos y entre los temas que está provisto que sean estudiados y decididos se encuentran al menos 4 casos referidos a la pena de muerte y la eventual violación de la 8va. Enmienda que prohíbe los castigos crueles. Los casos serán considerados en audiencias durante las primeras semanas del año judicial (entre octubre y noviembre) y ya existe una gran expectativa por estos debates.
El 29 de junio de 2015, la Corte Suprema dictó sentencia en el expediente “Glossip v. Gross” (Docket 14-7955) y rechazó revisar un reclamo contra la forma en que se ejecuta la pena de muerte en Oklahoma. Los condenados a muerte alegaban que el método de ejecución viola la 8va. Enmienda pues la primera de las tres drogas que se administran y que se supone que tiene efectos sedativos, no asegura que la persona quede completamente insensible al dolor. La Corte rechazó su reclamo por una estrecha mayoría de 5 a 4. Sin embargo, el juez Stephen Breyer en su voto en disidencia, que fue acompañado por Ruth BaderGinsburg, sostuvo que ellos creen que es altamente probable que la pena de muerte viole la 8va. Enmienda. Por su parte, Sonia Sotomayor y Elena Kagansostuvieron que se estaba solicitando a la Corte que apruebe un método de ejecución que equivalía a “ser enterrado vivo”.
Para el período 2015-2016 que ahora comienza, en dos casos (Kansas v. Gleasony Kansas v. Carr) se discute un aspecto vinculado con las garantías que merecen los condenados y la posibilidad de que su condena resulte mitigada por circunstancias atenuantes. La discusión se centra en las exigencias probatorias para esas circunstancias atenuantes. En este sentido, la Corte Suprema de Kansas sostuvo que la 8va. Enmienda exige que se informe a los jurados que tienen que resolver aplicar una pena de muerte que las circunstancias atenuantes no requieren una prueba tan rigurosa. Ello no ocurrió en los casos mencionados y en la Corte se discutirá el alcance de tal forma de instrucción afirmativa de los jurados.
En Kansas v. Carr and Carrtambién se discuten las garantías procesales para casos de condenas de dos personas en un mismo juicio y la exigencia de condenas separadas e individualizadas para cada uno de ellos.
En Hurst v. Floridase discute la ley sobre pena de muerte de Florida y aspectos vinculados a la actuación de los jurados y el carácter “consultivo” o “vinculante” de su dictamen.
Finalmente, en Foster v. Chatman se discute el caso de un joven afroamericano de 18 años, Foster, quien fue condenado por matar a una anciana durante un robo en Georgia. En el proceso de selección del juzgado, el fiscal excluyó a 4 potenciales integrantes que eran de raza negra. Foster fue condenado y sentenciado por un jurado compuesto totalmente por miembros de raza blanca. Se cuestionó esta decisión por racista, pero el fiscal alegó que la exclusión de los potenciales integrantes de raza negra obedeció a causas “neutras”. Diecinueve años después, en 2006, se dieron a conocer los apuntes del fiscal para la selección del jurado por pedido formulado en el marco de un proceso de acceso a la información y esos apuntes revelaron hechos perturbadores. Se descubrió en los apuntes que a los candidatos negros al jurado se los marcaba con la letra “B” (black), se remarcaba la raza negra en los cuestionarios y también se identificaba con las letras “B#1”, “B#2”, etc. a los candidatos negros. Estos hallazgos reabrieron el debate por la eventual persecución racista contra Foster. En este caso, la causa se vincula no sólo con la 8va. Enmienda sino con la cláusula de igualdad.
Esperemos que la Corte Suprema ponga fin a la aplicación de la pena de muerte, que es una de las expresiones más dramáticas de una extendida cultura de la muerte.
Informe de Jorge Nicolás Lafferriere