La dramática y delicada situación por la que atraviesa el mundo y nuestro país con motivo de la pandemia Covid-19 ha puesto en el centro de la preocupación social el cuidado prioritario de cada vida humana. Se trata de un principio fundamental que encuentra eco en el corazón de cada persona y forma parte de los cimientos que dan cohesión a la vida social y política.

La protección de cada vida humana es una exigencia de justicia que nos interpela en muchos sentidos. El primero y fundamental consiste en reconocer a cada persona, desde su concepción hasta su muerte natural, el derecho a vivir y se plasma en la legislación penal correspondiente.

Cumplir con estas exigencias de justicia requiere una respuesta coherente e integral, que no admite contradicciones. Por eso, es particularmente grave que se propongan medidas que impulsen el aborto. La eventual sanción de una ley para su despenalización y legalización significaría un quiebre en el respeto debido a los derechos humanos fundamentales. Además, dividiría aún más nuestra sociedad que necesita la unidad para salir de una profunda crisis económica y social, con niveles intolerables de pobreza.

Por eso, no cabe más que rechazar enfáticamente todo intento de legitimar la destrucción de la vida del ser humano, por la vía que fuere, más allá de propuestas alternativas.

La Constitución Nacional y los Tratados sobre Derechos Humanos con jerarquía constitucional y hasta el propio Código Civil y Comercial en línea con ellos, reconoce formalmente que se es “niño” desde la concepción hasta los 18 años, asimilando los conceptos de “niño”, “persona humana” y “ser humano”. Por eso, la tutela jurídica del derecho a la vida comienza desde la concepción.

Reconocemos la existencia de dolorosas situaciones en que la maternidad se presenta particularmente vulnerable en sus dimensiones sociales, económicas, culturales, educativas y familiares. Justamente para responder a esa vulnerabilidad de una manera plenamente respetuosa de la dignidad humana y el bien común se requiere coherencia en las políticas públicas y la legislación. Es así que el mandato constitucional al Congreso de la Nación consiste en dictar un régimen de seguridad social especial para la madre y el niño desde el embarazo (art. 75 inc. 23 Constitución Nacional). Existe una imperiosa necesidad de cumplir con este deber y responder a los problemas de fondo que afectan a la maternidad vulnerable.

Esperamos que las autoridades nacionales estén a la altura del crítico momento histórico que estamos viviendo y solamente promuevan y aprueben leyes que siempre defiendan la vida y apoyen integralmente tanto a la madre como a los seres humanos por nacer, en la convicción de que toda vida vale.

Firman:

Pontificia Universidad Católica Argentina

Universidad Católica de las Misiones

Universidad Católica de Salta

Universidad Católica de La Plata

Universidad Católica de Córdoba

Universidad Católica de Cuyo

Universidad Católica de Santiago del Estero

Universidad Católica de Santa Fe

Universidad FASTA

Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino

Universidad del Salvador

Universidad de San Isidro

Escuela Universitaria de Teología