Por 330 votos a 118, el 11 de septiembre de 2015 la Cámara de los Comunes del Parlamento Británico rechazó el proyecto de ley de muerte asistida (Assisted Dying No. 2 – Bill 2015-16).
El proyecto se estructura en 13 secciones y su núcleo puede verse resumido en la sección 1 que sostenía:
“Sección 1. Subsección 1: Sujeto a la autorización del Tribunal Superior (High Court Family Division) y en base a las condiciones de la
Subsección 2, una persona que está enferma terminal puede requerir y que se le provea legalmente asistencia para terminar su propia vida”.
Subsección 2: La subsección 1 se aplica sólo si el Tribunal High Court Family Division), por sentencia, confirma que se ha cumplido que la persona:
(a) tiene un deseo voluntario, claro, firme e informado de terminar con su propia vida;
(b) hizo una declaración a tal efecto de acuerdo con la Sección 3; y
(c) en el día en que realizó su declaración (i) tiene más de 18 años de edad; (ii) tiene capacidad para tomar la decisión de terminar su propia vida y (iii) ha sido residente habitual en Inglaterra y Gales por no menos de un año”.
En la sección 2 se define qué se entiende por “enfermo terminal”: “una persona que ha sido diagnosticada por un médico matriculado como sufriendo una condición inevitablemente progresiva que no puede ser revertida por un tratamiento (enfermedad terminal) y que como consecuencia de esa enfermedad terminal se espera razonablemente que muera dentro de los 6 meses. Los tratamientos que sólo alivian los síntomas no se consideran como tratamientos que pueden revertir la enfermedad.
En la sección 3 se abordan los requisitos de la declaración que debe completar quien solicita el suicidio asistido, mientras que en la sección 4 se contempla en qué forma se concreta la asistencia para la muerte. Aquí se detalla lo relativo a las medicinas que el médico prescribirá al enfermo para provocar su muerte.
La sección 5 regulaba la objeción de conciencia y la 6ta. eximía de sanciones penales al que colaboraba con la asistencia el suicidio en los términos de la ley. La sección 7 se refiere a temas vinculados con el Registro de fallecimientos. En la sección 8 se delega en el Secretario de Estado la posibilidad de dictar códigos de práctica para actuar de forma de reglamentar la ley. La sección 9 contempla mecanismos de monitoreo de la ley y la sección 10 las sanciones por violación a la ley. La sección 11 se refiere a las reglamentaciones de la ley, la 12 a su interpretación y la 13 a la forma de citación y otros aspectos de forma.
El suicidio asistido recibió numerosas críticas, entre otros motivos, por ser un mecanismo sutil de presión para los más vulnerables para que decidan terminar con su vida. Además, se constata la experiencia de distintos países que inicialmente permitieron el suicidio asistido por motivos de enfermedad terminal y progresivamente lo fueron ampliando a otras causales en lo que se conoce como pendiente resbaladiza. Además, es una expresión radical de una visión que exalta la autonomía de la voluntad y convierte al derecho a la vida en un derecho disponible, a merced de una expansiva cultura biotecnológica del descarte.
Comentando la decisión, una de las integrantes del Parlamento (MP), Fiona Bruce, afirmó: “El Parlamento ha hecho escuchar claramente su voz hoy, en tanto MP de distintos partidos votaron en contra del proyecto de muerte asistida. Los más vulnerables, así como los Tribunales, ahora tienen absoluta certeza de que el suicidio asistido no es el camino que este país seguirá. Esta es una victoria para los vulnerables, incluyendo muchas personas con discapacidad que han hecho campaña tan apasionadamente contra este peligroso proyecto… El voto de los Comunes representó una afirmación auténticamente compasiva por parte de los MP sobre las salvaguardas que existen en la ley para proteger exitosamente a los pacientes en una posición vulnerable de la presión indebida para terminar con sus vidas. Defiende la verdad esencial de que hay mejores respuestas al sufrimiento de los enfermos terminales que ayudarlos a matarse. Médicos de lugares como Oregon y los Países Bajos, donde la eutanasia es legal, advirtieron a Gran Bretaña para que no cometa el mismo error. Y el Parlamento ha escuchado sus advertencias. Nuestro foco debe ser mejorar la calidad y accesibilidad de los cuidados paliativos para todos los pacientes que los necesiten“.
Informe de Jorge Nicolás Lafferriere