El 8 de mayo de 2025 Trudo Lemmens publicó en “The Conversation” una nota en la que da cuenta de los dos informes publicados por el Jefe de la Oficina Forense de Ontario, Canadá, referidos a la eutanasia (ayuda al suicidio, en inglés, MAID -medical assistance in dying-).
Los informes surgen de las actuaciones del Comité Interdisciplinario de Revisión de Muertes por eutanasia, que funcionan en Ontario. Lemmens es miembro del Comité, que tiene por función revisar los casos de MAID que selecciona el equipo forense que realiza eutanasias y que se considera que revelan situaciones problemáticas. La revisión está orientada a generar recomendaciones en la política sobre eutanasia.
El primer informe se titula “Renuncia al consentimiento final” (MAiD Death Review Committee Report 2024 – 1 “Waivers of Final Consent”) y refiere a los casos en que la persona que solicitó la eutanasia se encuentra en un estado donde razonablemente la muerte se producirá en un corto plazo. En tales supuestos, según las normas canadienses, luego del pedido inicial de MAID, el paciente debe dar un consentimiento final antes de que le causen la muerte. Sin embargo, la ley permite que el propio paciente firme por adelantado la renuncia a ese consentimiento final (“waiver of final consent”). El informe analiza los problemas que presenta esta renuncia anticipada, a saber: la distinción entre la renuncia al consentimiento final y las directivas anticipadas orientadas a pedir la eutanasia; las cuestiones que rodean la determinación de la situación de hecho en que la persona ha perdido la capacidad antes de que se invoque la renuncia; y consideraciones sobre cómo se puede completar por escrito el acuerdo para renunciar al consentimiento final.
El otro informe se titula “Navegando las complejas cuestiones con las disposiciones sobre MAID en el mismo día o al día siguiente” (“MDRC Report 2024 – 4: Complex Same Day / Next Day Provisions “Navigating Complex Issues within Same Day and Next Day MAiD Provisions”). Hasta marzo de 2021, la ley sobre eutanasia (MAID) incluía una disposición que exigía un período de 10 días de reflexión entre la solicitud inicial de eutanasia y su ratificación por escrito. Sin embargo, con la ley C-7 en marzo de 2021, si la persona se encuentra en situación terminal (razonablemente se producirá su muerte en un plazo corto), se eliminó ese período de reflexión. De esta forma, el Comité revisó algunos casos (4,8% del total de muertes en 2023 por eutanasia en caso de muerte predecible en lo inmediato), en los que la eutanasia se realizó el mismo día o al día siguiente de la solicitud de MAID. Este informe revela los problemas que encierra esta prontitud por provocar la muerte al paciente.
Lemmens entiende que los informes dejan en claro que la legislación, política y práctica de MAID en Canadá se enfocan excesivamente en promover el acceso a la muerte, y no en la protección. Lemmens considera que algunos casos sugieren que en la práctica se prioriza terminar con la vida de los pacientes en lugar de adoptar un enfoque de precaución.
Un caso testigo
Uno de los casos incluidos en el informe referido a la eutanasia en el mismo día de la solicitud o al día siguiente es el de una mujer (Sra. B), de más de 80 años, que atravesó un complejo proceso médico tras una cirugía de revascularización coronaria (bypass coronario) (ver el caso en p. 21 del informe “MDRC Report 2024 – 4: Complex Same Day / Next Day Provisions Navigating Complex Issues within Same Day and Next Day MAiD Provisions”). La Sra. B sufrió varias secuelas postoperatorias. Por propia opción, optó por un equipo de cuidados paliativos en su hogar.
En el informe se indica que inicialmente la Sra. B expresó a su familia su deseo de acceder a la asistencia médica para morir (MAiD) y su esposo contactó a un servicio de derivación en su nombre. Cuando el profesional evaluador de MAiD la valoró para determinar su elegibilidad, constató que la Sra. B manifestó su intención de retirar la solicitud, alegando valores y creencias personales y religiosas. Para ella, la atención paliativa hospitalaria y la sedación paliativa eran más coherentes con sus objetivos para el final de la vida.
Sin embargo, a la mañana siguiente, ella concurre con su esposo a la guardia de emergencias del hospital local. Allí se le da el alta para continuidad de los cuidados paliativos y el médica paliativista realizó una derivación para atención paliativa hospitalaria u hospicio. Se tuvo en cuenta que su esposo había manifestado “agotamiento” y esta circunstancia llevó a que se revise la situación y se la considera para derivación a un hospicio. Pero la solicitud no cumplía con los requisitos para ingresar a un hospicio y la solicitud fue rechazada.
Ese mismo día, a pedido del esposo de la Sra. B, un segundo profesional, distinto del del día anterior, realizó una nueva evaluación inicial y determinó que la Sra. B era elegible para la eutanasia. El informe da cuenta que se contactó al profesional que la había evaluado el día anterior, quien expresó su preocupación por la supuesta urgencia del caso, la necesidad de una evaluación más exhaustiva, el aparente cambio drástico en los objetivos de la paciente para el final de la vida, y la posibilidad de coacción o influencia indebida (es decir, por el agotamiento del cuidador). Incluso, solicitó ver nuevamente a la Sra. Be, pero esa solicitó fue rechazada por el proveedor de la eutanasia, quien consideró desde el punto de vista clínico que la situación requería en forma urgente practica la eutanasia. Se pidió una evaluación por un tercer profesional, que la hizo en forma virtual. Y esa misma noche mataron a la Sra. B.
Reflexión final
La experiencia de los países que han legalizado la eutanasia demuestra que se produce una “pendiente resbaladiza”. Inicialmente, se afirma que se autorizará la muerte del paciente sólo en casos excepcionales, por su pedido, cuando se encuentre en situación terminal y con todas las salvaguardas para evitar presiones o errores. Sin embargo, en esos países prontamente aumenta el número de casos, se expanden las causales que habilitan la muerte provocada y se relajan los controles burocráticos.
El caso refleja una dimensión particularmente inquietante de la pendiente resbaladiza. Se trata de la aplicación de eutanasia a personas que no lo pidieron o que se arrepintieron del pedido, pero que se encuentran ante un sistema de salud apurado por matar antes que por cuidar. Así, es de esperar que, en lugar de seguir aprobando leyes de eutanasia, se adopten las medidas para garantizar a todo paciente el acceso a los cuidados paliativos.
Informe de Jorge Nicolás Lafferriere