En medio de una pandemia que generó en nuestro país más de 40.000 muertos y 1.5 millones de contagiados, una economía en condiciones críticas y el 45% de la población sumida en la pobreza, el Poder Ejecutivo Nacional y el Poder Legislativo Nacional abordaron como prioridad la legalización del aborto. Lo más urgente para parte de la dirigencia es facilitar los abortos. Ni resolver la crisis alimentaria y habitacional, ni la reactivación de la economía, ni mejorar las condiciones de vida de los jubilados, sino facilitar la realización de abortos.

El tratamiento del proyecto de liberalización del aborto expresa, además de falta de criterio o la preeminencia del cálculo político por encima de los intereses de la población, una peligrosa cultura que se afianza en nuestra sociedad. 

Si se explora la línea argumental planteada por los promotores de la norma se advertirá que primero se suele citar el problema de la mortalidad materna. Luego, cuando se demuestra que según las estadísticas oficiales el 99,7% de las causas de mortalidad materna no están vinculadas al aborto (que representa tan sólo un 0,3%) y que la gran mayoría son prevenibles, el argumento es dejado de lado. Entonces aparece la alusión a los casos más terribles, como el de la violación de niñas, por ejemplo. Frente a ello, se demuestra que el texto del proyecto bajo análisis favorece la ocultación de los delitos contra la integridad sexual de las mujeres y el retorno de las víctimas al ámbito en el que continuarán sufriendo el yugo de la violencia machista. Cuando además de lo dicho se explica que el aborto no soluciona la causa de la vulneración de los derechos de la mujer, este argumento es también dejado de lado. En este punto aparece el argumento de “legalidad vs. clandestinidad”, combinado con el que podríamos citar como la “inevitabilidad del aborto”. Sería algo así: El aborto es inevitable, no existe fuerza capaz de frenarlo. Ni la educación sexual ni la ausencia de presiones externas podría motivar que las mujeres deseen tener a sus hijos. Tampoco sería posible evitar embarazos no deseados y por lo tanto, el aborto se impondrá de todos modos. Entonces, como el Estado no puede hacer nada para educar y cuidar a las mujeres, encuentra redención ofreciéndole abortos a demanda.

Si la causa del embarazo no deseado fue la violencia, el violento seguirá allí. Pero la mujer podrá abortar. Si la causa era la falta de educación sexual, seguirá sin ella, pero podrá abortar.

“¿Y si falla la anticoncepción?” Éste es el argumento que aparece en último lugar y que supone la propuesta del aborto como método de contracepción. Ahora, evalúese rápidamente la proporcionalidad del planteo. Se trata del supuesto de una relación sexual consentida en la que hubo acceso a métodos anticonceptivos. Aún así, la salida ofrecida es terminar con la vida del concebido. Además de antijurídico, lo dicho no resiste el menor análisis de razonabilidad.

La eliminación de la persona por nacer y la asimilación del aborto a un método anticonceptivo destinado a garantizar “el goce sin consecuencias” no sería obligatorio, afirman sus promotores, sino sólo una opción. “Nadie está obligado a abortar”. ¡Menos mal! La que quiera podrá abortar y la que no, podrá seguir adelante con el proceso de gestación. Es decir, los niños nacerán o no en función de lo que sus madres decidan. Algunos nacerán y otros serán eliminados.

Allí radica el centro de la cuestión: La eliminación de algunos seres humanos es tolerada y promovida por el Estado como una opción válida.

El proyecto con media sanción pretende legalizar el aborto sin invocación de causales hasta la semana 14 inclusive y luego, desde la semana 15 hasta el fin del embarazo durante todo el proceso de gestación en caso de embarazo proveniente de una violación o si estuviere en peligro la vida o la salud integral de la madre. El último supuesto implica que luego de la semana 15 podría procederse al aborto aludiendo a cualquier afectación a la salud física, psíquica o social.

Los argumentos presentados mediáticamente y en el ámbito legislativo resultan poco representativos del contenido de la norma proyectada, pues no se están discutiendo opciones para proteger a las mujeres vulnerables, tampoco formas para resolver la brecha entre los que más tienen y los que no pueden siquiera gozar de los más elementales bienes. Tampoco se están analizando medidas de prevención de los delitos contra la integridad sexual o alternativas para evitar el aborto clandestino. Lamentablemente, no se está discutiendo ninguna de esas cuestiones.

En el Congreso no se está tratando un planteo en abstracto, sino un proyecto de ley concreto que expresa posiciones preocupantes en torno al papel que se asigna al Derecho en su faz legislativa y al rol que se espera del Estado.

El proyecto expresa un derecho que se limita a describir situaciones no deseadas pero que hace poco por cambiarlas. El legislador debe ciertamente partir de una descripción sincera y fundada de la realidad pero luego debe trascenderla, consignar cuál es el resultado esperado y procurar alcanzarlo. La ley no debe limitarse a describir, sino que debe prescribir eficazmente el deber ser. De lo contrario, ¿Debería legalizarse la corrupción o cualquiera de los hechos de inseguridad que tampoco parecen poder resolverse?

En línea con ello, el proyecto de ley también expresa lo que se pretende de la función del Estado: Que aunque es una situación no deseada, los poderes del Estado no pueden hacer nada para evitar el aborto.

Es decir, se afirma que como no se pueden atacar las causas que motivan el acceso al aborto el Estado lo quiere garantizar. Repito, se esgrime que el aborto no es deseado, pero como dicen no poder evitarlo se propone que de ser considerado un delito pase a constituir un derecho. ¿Dicen que lo quieren evitar pero lo promueven como derecho? Algo no cierra.

En definitiva, como no podría lograrse que en Argentina todos gocen de sus DDHH, se propone la eliminación de los argentinos que no son deseados. ¡Ese es, precisamente, el problema! El aborto es un drama que se debe evitar a toda costa, por lo que implica para las mujeres gestantes y para las hijas e hijos en camino. Si pretende librarse a las mujeres de situaciones de vulnerabilidad sería bueno que en vez de ofrecérselo como única alternativa se les ofrezcan soluciones reales para sus problemas ¿O acaso creen que con aborto legal desaparecerá el hambre, el desempleo, la violencia o la falta de educación y de oportunidades? 

Los legisladores no están para describir problemas que no pueden resolver, están para solucionarlos. Los desprotegidos no necesitan que le recuerden su fragilidad, necesitan que los protejan. La función del poder ejecutivo y de los ministerios dependientes tampoco es describir problemas y no es aceptable que afirmen su incapacidad para resolverlos. Mucho menos aceptable es que por no poder resolver los problemas estructurales de la sociedad argentina promuevan como opción la muerte de las personas no deseadas.

Dos modelos enfrentados

En definitiva, parece haber dos modelos claramente diferenciables en pugna. Uno que reconoce el valor de todo ser humano desde el momento de la fecundación con independencia de sexo, edad, estado de salud u origen y que supone el carácter absoluto del derecho a la vida, de modo consistente con los principios de igualdad y no discriminación y el sistema internacional de DDHH.

El otro modelo implica que algunos seres humanos no merecen protección y que pueden ser eliminados a discreción. En este contexto, el Estado y algunos individuos tienen la atribución de asignar o no valor a otros seres humanos, tolerándose su eliminación cuando “no son deseados”. En este modelo el derecho a la vida es evidentemente relativo. Todos los derechos quedan supeditados a que quienes poseen más poder permitan su goce. Se trata, lisa y llanamente, de la ley del más fuerte y de la consolidación de categorías diferenciadas de seres humanos.

Esto es lo que está en juego, la consolidación de un modelo de protección amplia de DDHH u otro de protección selectiva y restrictiva.  

La cultura del descarte

Cuando aludimos a una “cultura” no nos referimos a hechos aislados o a ideas de unos pocos individuos, sino a actitudes y pensamientos compartidos por una pluralidad de personas en una época determinada. ¿Podemos hablar de una cultura de la inclusión en Argentina? ¿Cuáles son las actitudes o pensamientos comunes respecto del modo en que debe protegerse a los sujetos más frágiles de nuestro país?

Lo cierto es que parece que nos estamos acostumbrando a la pobreza, a ver a niños revolviendo tachos de basura en búsqueda de restos de comida; todos los días nos informamos sobre hechos de inseguridad y de violencia, especialmente con mujeres, niños y adultos mayores como víctimas. ¿Y la educación? Todo el mundo dice que “la solución es la educación”, sin embargo, también nos hemos ido acostumbrado a que sea cada vez peor. ¿Y los jubilados? No hay una sola campaña que no proponga mejorar sus condiciones, sin embargo, desde que tenemos uso de razón escuchamos que están cada vez más desprotegidos.

De todo lo dicho somos todos testigos ¿O alguien sinceramente cree que en algún momento de las últimas décadas hemos dejado de empeorar en cualquiera de esos aspectos? ¡En Argentina hay gente que muere de hambre! No es un problema exclusivo de esta gestión, desde ya, la pobreza crece de forma sostenida desde hace décadas y con ella, empeoran todos los indicadores.

Todo lo dicho permite evidenciar que no estamos ante hechos aislados, sino ante realidades generales que ciertamente definen un modo de organización social particular. Se trata del modelo de la exclusión, un esquema donde algunos seres humanos son invisibles, tanto que no motivan el tratamiento de legislación para su protección (ni en sesiones ordinarias ni extraordinarias).

¿Reflejan esas situaciones las convicciones de nuestra Nación? Aunque muchos creemos que no, las tendencias señaladas se agudizan y propuestas como la de favorcer el aborto no hacen más que acrecentar nuestra preocupación.

De la mano de la degradación del ambiente, el carácter disponible de la vida humana es cada vez más claro, evidenciado en la exclusión social, el crecimiento de la brecha económica, el debilitamiento de la protección de la vida humana y la apertura a la eugenesia. El perfil utilitarista, materialista y tecnocrático de nuestra sociedad asoma y habilita el crecimiento de la mayor pobreza, de la conflictividad social, el descarte y abandono de los más frágiles, el resentimiento y la desesperación, así como el resurgimiento de categorías tales como “aptos” y “no aptos” y la promoción de otras como “deseados” o “no deseados”. Todo ello se da en el marco de una especie de adormecimiento colectivo en el que el tratamiento de seres humanos como residuos parece para muchos una alternativa válida.

Lo más grave no es sólo una posible ley de aborto, sino que parte de la dirigencia entienda que el descarte de algunos es aceptable. La denominada “marea verde” (típicamente capitalina y antipopular) no expresa sólo una posición respecto del aborto, sino la explicitación de la cultura contemporánea. Quiere instalarse la idea de que matar al niño por nacer es una opción exigible, una prerrogativa, una suerte de liberación revolucionaria.

En Argentina la cultura del descarte se afianza día a día y ello resulta dificil de contradecir. La máxima expresión de esta cultura es la legitimación legislativa de “opciones” de descarte. Tolerar y promover el aborto es manifestación de una cultura que desprotege al que necesita mayor cuidado.

Muchos trabajan para que, en vez de aceptar el aborto como alternativa, el Estado intente evitar las causas que lo motivan y que, en línea con ello, de tratamiento a las decenas de proyectos de ley que atienden a las causas que generan maternidades vulnerables e implementen políticas públicas consistentes con los derechos fundamentales de todos los seres humanos.

No legalizar el aborto no significa aceptar la clandestinidad, al contrario, implica que el Estado se comprometa a perseguir a quienes se benefician con estas prácticas que ponen en peligro la salud y la vida de las mujeres y terminan con la vida de los niños y que se dispongan todos los medios disponibles para evitar que se lleven a cabo.

¿Alguien cree realmente que de aprobarse desaparecerán las crecientes inequidades estructurales del país? El discurso único televisivo alude al acceso al aborto como una conquista en términos de derechos humanos. ¿De verdad creen que favoreciendo el aborto Argentina será un país más justo y equitativo?

¿Qué sucederá si se aprueba la ley del aborto en el Senado? Nada parece indicar que los índices de pobreza, indigencia y desempleo no seguirán creciendo, al igual que la inseguridad y el empeoramiento de la calidad educativa. Ahora, eso si, se podrá abortar libremente.

Tenemos una evidente dificultad para establecer prioridades. Imagine toda la energía y recursos mediáticos y políticos (nacionales e internacionales) invertidos en instalar el aborto a toda costa, utilizados para garantizar agua potable y acceso a la educación y salud de calidad. Cuánto mejor sería que nos convoque la discusión de algunos de los proyectos con estado parlamentario que realmente asumen los problemas de fondo de la población y que pudiéramos poner toda nuestra energía para mejorar la vida de todas las personas, en vez de eliminar a los que no son deseados.

Debemos recapacitar rápidamente y comprometernos para evitar el avance de la cultura del descarte y optar siempre por la inclusión de todos, sin excepción. Es falso que debamos eliminar a algunos para resolver los problemas de los demás. No podemos tolerar más inequidad y muerte.

El trabajo de la dirigencia es incluir, no agudizar la exclusión. En Argentina no sobra nadie. OJALÁ QUE LA ELIMINACIÓN DE LAS PERSONAS POR NACER NO SEA LEY Y, DE FONDO, QUE NO SEA CULTURA.

Informe de Leonardo L. Pucheta