El 14 de agosto de 2026 el Consejo Constitucional de Francia emitió una decisión en la que declara que todas las disposiciones impugnadas de la ley sobre el derecho a la muerte asistida se ajustan a la Constitución, formulando tres reservas interpretativas: la primera aclara una salvaguarda respecto a la decisión tomada a petición de un adulto protegido; la segunda extiende a los farmacéuticos el derecho a la objeción de conciencia de la que gozaban únicamente los médicos y enfermeros; y la tercera estipula que el responsable de un establecimiento privado puede, bajo ciertas condiciones y dentro de ciertos límites, negarse a permitir que el procedimiento de eutanasia se lleve a cabo en sus instalaciones (Decisión n. 2026-910).
Según informa el Consejo en su comunicado de prensa, “al adoptar estas disposiciones, el legislador pretendía garantizar la libertad personal y consideró, en el ejercicio de su competencia, que la institución del derecho a la asistencia para morir, bajo ciertas condiciones, contribuye a implementar el derecho de toda persona a tener un final de vida digno”. Así, “en consonancia con su jurisprudencia consistente en materia social, recuerda que no corresponde al Consejo Constitucional, que no tiene una potestad general de valoración y decisión de la misma naturaleza que la del Parlamento, sustituir su valoración por la del legislador sobre las condiciones en que una persona que solicita asistencia para morir puede tener derecho a utilizar una sustancia letal estando acompañada, siempre que el ejercicio de este derecho se base en su voluntad libre e informada y vaya acompañado de las garantías adecuadas”.
Comentando esta decisión del Consejo Constitucional, Grégor Puppinck, del Centro Europeo para el Derecho y la Justicia, sostuvo: “En Francia, la eutanasia seguirá prohibida en todas las instituciones privadas que así lo decidan, en particular las católicas. Estas instituciones solo necesitan declarar su respeto por la vida en sus estatutos o mediante una carta ética. Este es su derecho, finalmente reconocido y garantizado por el Consejo Constitucional el 14 de agosto de 2026. Asimismo, todos los farmacéuticos ahora cuentan con una cláusula de objeción de conciencia, que les había sido negada por la mayoría de Macron. Esta es una gran victoria, dado el sombrío contexto que rodeó la aprobación de esta ley injusta”. Para Puppinck, “por lo demás, la decisión del Consejo Constitucional es deplorable”, de allí que sostuvo que “nos preparamos para impugnar los decretos de aplicación que el gobierno adoptará en los próximos meses. Lamentablemente, también nos preparamos para asesorar a las familias que se enfrentarán a la decisión de practicar la eutanasia a un ser querido”.
De esta forma, el 19 de agosto de 2026 se publicó la ley nro. 2026-794 relativa al derecho de ayuda a morir que entra en vigencia el 22 de agosto de 2026. En un boletín anterior analizamos el texto, que merece diversas objeciones de fondo: https://centrodebioetica.org/analisis-critico-de-la-ley-de-eutanasia-y-suicidio-asistido-de-francia/
El dr. Puppinck concedió una entrevista (en francés) en la que analiza la decisión del Consejo Constitucional:
Informe de Jorge Nicolás Lafferriere.
Fuentes:
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2026/2026910DC.htm