En el caso Mahmoud et al. v. Taylor et al. la Corte Suprema de los Estados Unidos determinó que los padres tienen derecho a una medida cautelar que les permita excluir a sus hijos de las clases escolares que consideren que socava sus creencias religiosas fundamentales. El fallo emitido el 27 de junio de 2025 se centra en la controversia surgida en el Condado de Montgomery, Maryland, a raíz de la introducción de textos “LGBTQ+ inclusivos” en la currícula de primaria de escuelas públicas y la eliminación de la opción de exclusión voluntaria (“opt-out”) para los padres.

La opinión mayoritaria articula una robusta defensa del derecho de los padres a dirigir la educación religiosa de sus hijos, aplicando y revitalizando el precedente establecido en Wisconsin v. Yoder. La Corte concluyó que la política del distrito escolar imponía una carga inconstitucional sobre el libre ejercicio de la religión de los padres al obligarlos a someter a sus hijos a una enseñanza que presenta una amenaza real de socavar las creencias que desean inculcar.

I. Contexto fáctico

El Condado de Montgomery en Maryland es reconocido por ser uno de los condados más poblados y religiosamente diversos del país. En este entorno multicultural, la Junta de Educación del Condado de Montgomery (la Junta) decidió introducir en el año escolar 2022-2023 una serie de textos “inclusivos” en el plan de estudios de lengua para todos los grados escolares, desde preescolar hasta el último año. La selección de estos materiales se basó en un “Repertorio de Selección Crítica” que incluía preguntas como: “¿Se refuerza o se desestabiliza la heteronormatividad?” y “¿Se refuerzan o se desestabilizan las jerarquías de poder que sostienen la cultura dominante?”.

En el centro del litigio, entre los cinco libros para primaria (chicos que generalmente tienen entre 5 y 11 años) se encontraban títulos como:

• Intersection Allies, que incluye a un personaje transgénero y una guía de discusión que afirma que “en cualquier momento de nuestras vidas, podemos elegir identificarnos con un género, múltiples géneros o ningún género” y pregunta a los niños: “¿Qué pronombres te quedan mejor?”.
• Prince & Knight, que narra la historia de un príncipe que se enamora y se casa con un caballero.
• Born Ready: The True Story of a Boy Named Penelope, que cuenta la historia de un niño transgénero y presenta la afirmación de la identidad de género como una cuestión de autoafirmación (“No siento que soy un niño, soy un niño”) y amor familiar, calificando la idea de que se debe nacer con un sexo determinado para ser de ese género como algo que no necesita “tener sentido”.
• Uncle Bobby’s Wedding, donde una niña acepta el matrimonio de su tío con su novio y se le explica que el matrimonio ocurre cuando las personas adultas se aman mucho.

Inicialmente, la Junta permitió que los padres que objetaban por motivos religiosos pudieran excluir a sus hijos de las lecciones que involucraban estos libros, una práctica consistente con sus propias “Directrices para Respetar la Diversidad Religiosa”. Sin embargo, en marzo de 2023 la Junta revocó abruptamente esta política. La justificación oficial fue que no se podía acomodar el creciente número de solicitudes de exclusión sin causar interrupciones significativas en el ambiente del aula y que permitir las exclusiones podría estigmatizar a otros estudiantes.

Ante la imposibilidad de excluir a sus hijos, un grupo de padres de diversas confesiones (musulmana, católica y ortodoxa ucraniana) presentó una demanda. Argumentaron que la política de no exclusión voluntaria de la Junta los obligaba a elegir entre la educación pública gratuita y su deber religioso de criar a sus hijos de acuerdo con su fe, lo que constituía una violación de sus derechos bajo la Cláusula de Libre Ejercicio. Tras la denegación de una medida cautelar por parte de los tribunales inferiores, la Corte Suprema concedió la revisión.

II. El análisis de la mayoría: Una carga sustancial sobre la libertad religiosa

El núcleo del voto de la mayoría —redactado por el Juez Alito— reside en la conclusión de que la política de la Junta impone una carga inconstitucional sobre la práctica religiosa de los padres. Para llegar a esta conclusión, la Corte no se basó en una coerción directa y explícita, sino en una interferencia más sutil pero igualmente significativa con el desarrollo religioso de los niños.

A. Wisconsin v. Yoder como piedra angular del fallo

La Corte se apoyó firmemente en su decisión de 1972 en Wisconsin v. Yoder, un caso en el que se eximió a los padres Amish de cumplir con la ley de escolarización obligatoria más allá del octavo grado. La mayoría rechazó la visión de los tribunales inferiores de que Yoder era un caso sui generis, limitado únicamente a la comunidad Amish. En cambio, la Corte sostuvo que Yoder encarna un principio robusto de aplicabilidad general: el gobierno no puede imponer requisitos educativos que representen una amenaza real de socavar las creencias y prácticas religiosas que los padres desean inculcar en sus hijos.

La Corte distinguió este tipo de carga de una simple exposición a ideas. No se trataba de que los niños aprendieran sobre la existencia de diferentes puntos de vista, sino de que la currícula estaba diseñada para imponer sobre los niños un conjunto de valores y creencias que son hostiles a las creencias religiosas de sus padres.

B. El carácter normativo de la currícula y el entorno coercitivo del aula

La mayoría analizó dos elementos clave: el contenido de los libros y el contexto de su presentación.

Primero, la Corte determinó que los libros eran “inequívocamente normativos”. No se limitaban a describir, sino que prescribían una visión del mundo. Por ejemplo, la Corte señaló que los libros presentan el matrimonio entre personas del mismo sexo como un evento que debe ser universalmente celebrado, lo que para niños pequeños es probable que se procese con connotaciones morales de que es algo bueno en todos los aspectos. Del mismo modo, libros como Born Ready sugieren que es “hiriente, y quizás incluso odioso, sostener la opinión de que el género está inextricablemente ligado al sexo biológico”. Para la mayoría, este contenido no era neutral, sino que promovía activamente una visión del mundo en conflicto directo con las enseñanzas religiosas de los padres demandantes.

Segundo, la Corte consideró que esta carga se veía exacerbada por el entorno del aula de primaria. Citando precedentes como Lee v. Weisman, la opinión mayoritaria enfatizó las preocupaciones agudizadas con la protección de la libertad de conciencia frente a la sutil presión coercitiva en las escuelas primarias y secundarias. Los niños pequeños son impresionables y confían implícitamente en sus maestros. Esta dinámica de poder, combinada con las guías de la Junta que instruían a los maestros a corregir a los estudiantes que expresaran puntos de vista religiosos, creaba una presión psicológica para conformarse.

En conjunto, este contenido normativo y el contexto coercitivo del aula constituían, para la Corte, precisamente el tipo de peligro objetivo para el libre ejercicio de la religión que la Primera Enmienda fue diseñada para prevenir.

III. Refutación de los Contraargumentos y Aplicación del Escrutinio Estricto

La opinión mayoritaria abordó y desestimó sistemáticamente varios de los argumentos presentados por la Junta y los tribunales inferiores.

• Mera Exposición: La Corte rechazó la caracterización de la Junta de que la instrucción era una simple exposición a ideas objetables. La naturaleza normativa y el refuerzo activo por parte de los maestros iban mucho más allá de la mera exposición.
• Inaplicabilidad de Bowen y Lyng: La Junta se había basado en casos como Bowen v. Roy y Lyng v. Northwest Indian Cemetery Protective Assn., que sostienen que el gobierno no está obligado a conducir sus asuntos internos de acuerdo con las creencias religiosas de los ciudadanos. La Corte consideró que estos casos no aplicaban aquí, ya que la operación de las escuelas públicas no es un asunto interno como la administración de la Seguridad Social, sino que implica interacciones directas y coercitivas entre el Estado y sus jóvenes residentes.
• La opción de la educación privada: La Corte calificó de insultante y legalmente infundado el argumento de que los padres podían simplemente optar por la escuela privada o la educación en el hogar. Sostuvo que la educación pública es un beneficio público y el gobierno no puede condicionar su disponibilidad a la voluntad de los padres de aceptar una carga sobre su libertad religiosa. Además, dado que la educación es obligatoria en Maryland, los padres no solo renuncian a un beneficio, sino que enfrentan sanciones si no proporcionan una alternativa asequible.

El salto al escrutinio estricto

Una de las maniobras legales más significativas del fallo es cómo llega a la aplicación del escrutinio estricto. En lugar de seguir el análisis estándar del caso Smith, que generalmente permite cargas incidentales sobre la religión por leyes neutrales y de aplicabilidad general, la Corte trazó una excepción.

La mayoría argumentó que cuando una ley impone una carga del mismo carácter que la identificada en Yoder, el escrutinio estricto es apropiado independientemente de si la ley es neutral o de aplicabilidad general. Dado que la Corte encontró que la política de la Junta creaba una carga análoga a la de Yoder, procedió directamente a este nivel de escrutinio más exigente.

Bajo este estándar, la Junta no logró demostrar que su política estaba estrechamente adaptada para servir a un interés “del más alto orden”. Aunque la Corte reconoció el interés de las escuelas en una sesión escolar sin interrupciones, la política de “no-opt-out” no era necesaria para lograrlo. La prueba, según la Corte, era la propia práctica de la Junta de permitir exclusiones en otros contextos. Si la Junta puede administrar exclusiones para otros programas, también podría hacerlo para estos libros. La Corte concluyó que la Junta no puede escapar a su obligación de honrar los derechos de libre ejercicio de los padres diseñando deliberadamente su currícula para hacer más engorrosas las exclusiones voluntarias de los padres.

IV. Conclusión

El fallo en Mahmoud v. Taylor concluye que los padres demostraron una probabilidad de éxito en el fondo de su reclamo y que sufrirían un daño irreparable sin una orden judicial. En consecuencia, la Corte ordenó a la Junta de Educación de Montgomery County que notifique a los padres demandantes con antelación sobre el uso de los libros en cuestión o de otros similares y que les permita excusar a sus hijos de esa instrucción específica hasta que el litigio concluya definitivamente.

Esta decisión representa una reafirmación contundente del derecho de los padres en la educación. Al extender los principios de Yoder más allá de su contexto original y aplicarlos a un conflicto curricular actual, la Corte Suprema ha señalado que la Cláusula de Libre Ejercicio impone límites sustantivos a la capacidad de las escuelas públicas para dar material “LGBTQ+ inclusivo”, especialmente cuando entra en conflicto directo con la fe de las familias. El fallo establece un precedente que probablemente será invocado en futuros desafíos a políticas educativas en todo el país, exigiendo a los distritos escolares que justifiquen bajo el más estricto escrutinio cualquier política que impida a los padres proteger a sus hijos de una educación que consideren una amenaza para su desarrollo religioso.

Informe de Juan Bautista Eleta