Al momento de analizar los proyectos que buscan legalizar la eutanasia y el suicidio asistido no puede soslayarse que se trata de iniciativas que encubran una finalidad de reducción de costos en salud, a costa de las personas más vulnerables, con una profunda afectación del derecho a la vida y a la salud.
En efecto, aunque ningún proyecto de ley se refiere al tema, es innegable que detrás de la legalización de la eutanasia y el suicidio asistido, que además son claramente privilegiados por el legislador, se esconde una cuestión vinculada con los gastos en salud. Es decir, según sean las opciones que adopte el legislador, en un contexto de bajos recursos, se estará enviando una señal de política pública: o se privilegian los tratamientos y cuidados vinculados con el fin de la vida, o se privilegia la decisión del paciente de quitarse la vida.
En la experiencia internacional, aunque sea algo inconfesable, la motivación económica es parte de las razones que subyacen a la decisión de legalizar la eutanasia. En este punto, se suele tomar como referencia un trabajo de 1998 de Emanuel y Battin, quienes estimaron los ahorros potenciales que significaría legalizar el suicidio médicamente asistido a partir de un método que combinó tres factores: el número de pacientes que elige la eutanasia y el suicidio asistido si es legalizado, la proporción de costos médicos que se ahorran por esta práctica, que se vincula con el tiempo que se acorta la vida del paciente, y el costo total de los cuidados de salud para pacientes que fallecen[1]. En sus conclusiones, sostienen que la estimación más razonable sería que la legalización de esa práctica supondría un ahorro de 627 millones de dólares, lo que representaría el 0,07% de los costos totales de salud. Ese estudio se basó en la cantidad de personas que tomaban la decisión de quitarse la vida en Holanda en el período 1990-1995, que representaban 2,7% de las muertes totales. Vale señalar que en 2019 las muertes por eutanasia y suicidios asistido en los Países Bajos representaron el 4,21% de las muertes totales.
En 2017, Trachtenberg y Manns replicaron para Canadá, con las actualizaciones correspondientes, el estudio de Emanuel y Battin[2]. En sus conclusiones estimaron que la reducción del gasto anual en salud se reduciría entre 34,7 y 138,8 millones, excedentes del costo estimado de implementación de la ayuda médica al suicidio que estimaron entre 1,5 y 14,8 millones.
El costo se calculó sobre la base de las muertes que se produjeron en Ontario entre abril de 2010 y marzo de 2013, a partir de datos administrativos asociados a la atención individual del paciente: gastos vinculados con las unidades de cuidados agudos (visitas de servicios de urgencias médicas y admisiones hospitalarias), cuidados ambulatorios (facturación de los médicos, diálisis y cuidados del cáncer, servicios de laboratorio y gastos en medicamentos y dispositivos) y cuidados continuos (cuidados de largo plazo, cuidados complejos, rehabilitación y cuidados domiciliarios)[3]. En su análisis, incluyeron dos escenarios en que entran en juego los cuidados paliativos, que afirman reducen entre un 40 y 70% de los costos en el final de la vida, según un estudio de revisión al que remiten Trachtenberg y Manns[4].
Un aspecto a tener en cuenta del trabajo de Trachtenberg y Manns es que su estudio se refiere a pacientes cuya muerte era inminente. En efecto, con base en una encuesta realizada en los Países Bajos en 2010, estimaron que el 40% de los casos estaría asociado a personas cuya vida se acortaría 1 semana y 60% de pacientes cuya vida se acortaría un mes[5]. Además, en su estimación, calcularon que 55% de los pacientes serían varones, 50% tendrían entre 60 y 79 años, 30% entre 18 y 59 años y 20% serían mayores de 80 años, y 80% tendrían cáncer. Pues bien, sabemos que para 2019 en los Países Bajos el cáncer era invocado en el 64,2% de los casos y, además, se habían ampliado los casos habilitados a otras circunstancias no vinculadas con una situación terminal, como las enfermedades mentales, o afecciones vinculadas a la vejez, entre otras[6].
Por cierto, Trachtenberg y Manns aclaran distintas limitaciones de su estudio: los ahorros potenciales pueden estar sobreestimados y, en tal caso, la implementación del suicidio asistido sería neutral en materia de costos; se requiere recolectar datos sobre los pacientes que eligen el suicidio asistido en Canadá para hacer estimaciones más precisas; se basaron en una única encuesta a médicos; tomaron como referencia los costos de salud de Ontario y podría haber otros costos como los referidos a la coordinación de los servicios o los que se derivan de la creación de una comisión de supervisión; no han considerado los efectos clínicos de la eutanasia sobre los pacientes en el final de su vida[7].
En todo caso, pensando en el caso de la eventual legalización de la eutanasia y el suicidio asistido, más allá del hecho de que los proyectos de ley no mencionen como fundamento la reducción de costos en salud, el aspecto económico no puede ser soslayado. En tal sentido, una legalización de la eutanasia podría significar para el gobierno y el sistema de salud en general, un ahorro en algunos de los gastos que debería hacer para implementar la ley de cuidados paliativos. En otro orden, resulta contrario a principios básicos de la dignidad y los derechos humanos fundamentales promover una ley de eutanasia y suicidio asistido para garantizar gratis a las personas ayuda a morir, ahorrando costos en salud que ni siquiera se están garantizando. El Estado demostraría una premura para matar en comparación con la indolente demora en garantizar la atención de todos, especialmente de los que necesitan más cuidados por estar en el fin de su vida. En todo caso, esta ley marcaría un punto de inflexión hacia la instalación de una cultura del descarte.
Es evidente que en Argentina desde hace años estamos atravesando una profunda crisis que también se expresa en el sistema de salud en bajos sueldos profesionales, falta de insumos y camas, problemas de infraestructura y, sobre todo, desigual acceso a la atención de salud en el país. Alegar que se quieren tomar medidas para evitar que se medicalice “el fin de la vida” es desconocer esa cruda realidad y legislar para problemas del primer mundo. Sin que podamos juzgar las intenciones, en un sistema de salud que no puede garantizar a todos la atención, la decisión de legalizar la eutanasia y el suicidio asistido, garantizada con especiales mecanismos para que su realización sea rápida y gratuita, sería un paso grave hacia el descarte de los más vulnerables. Como dice Masferrer en el contexto español, “con la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia se deja al enfermo y a la persona discapacitada más solo e indefenso porque, a la falta de los cuidados que necesita y el Estado no proporciona, se le muestra la alternativa: solicitar que un profesional sanitario acabe con su vida, decisión que comprensiblemente puede tomarse cuando el sistema sanitario no es capaz de remitir el dolor que padece la persona”[8].
Esta consecuencia de reducción de costos en salud no es mencionada por los proyectos de eutanasia y suicidio asistido y queda encubierto detrás de la declamación de una libertad absoluta, que termina siendo una mera ficción legal. Una persona con una enfermedad grave no necesita que le digan que tiene derecho a morir, sino que se le debe garantizar el acceso a las prestaciones requeridas. Una ley que sale a proclamar un derecho a “pedir ayudar para morir” trasciende el caso individual y tiene un indudable impacto social. Si el legislador avanza con la creación de esta pretendida “prestación” dentro del sistema de salud, envía una señal inequívoca: priorizamos la muerte por sobre la salud y la atención terapéutica o paliativa. Sería signo de una profunda transformación y de su voluntad de avanzar hacia una cultura del descarte.
Informe de Jorge Nicolás Lafferriere
Nota: esta nota fue inicialmente parte del informe “Análisis de los proyectos de legalización de la eutanasia y el suicidio asistido” publicado el 22 de agosto de 2022, disponible en: https://centrodebioetica.org/analisis-de-los-proyectos-de-legalizacion-de-la-eutanasia-y-el-suicidio-asistido-en-argentina/ y ha sido actualizada en junio de 2026.
[1] Emanuel, E. J., & Battin, M. P. (1998). What are the potential cost savings from legalizing physician-assisted suicide? The New England Journal of Medicine, 339(3), 167–172. https://doi.org/10.1056/NEJM199807163390306
[2] Trachtenberg, A. J., & Manns, B. (2017). Cost analysis of medical assistance in dying in Canada. Cmaj, 189(3), E101–E105. https://doi.org/10.1503/cmaj.160650
[3] Trachtenberg y Manns, loc. cit., p. E102.
[4] El estudio citado por Trachtenberg y Manns es The Way Forward Integration Initiative (2012). Cost-effectiveness of palliative care: a review of the literature. Ottawa: Canadian Hospice Palliative Care Association. Disponible en: http://hpcintegration.ca/resources/discussion-papers/economic-review.aspx
[5] Trachtenberg y Manns, loc. cit., p. E102.
[6] Lafferriere, J.N. (2022). “La pendiente resbaladiza de la eutanasia: la experiencia de los Países Bajos”, 8 de agosto de 2022, disponible en: https://centrodebioetica.org/la-pendiente-resbaladiza-de-la-eutanasia-la-experiencia-de-los-paises-bajos/
[7] Trachtenberg y Manns, loc. cit.
[8] Masferrer, A. (2021). “Introducción. La eutanasia en perspectiva: autonomía de la voluntad y vulnerabilidad”, en Masferrer, A., La eutanasia en España. Perspectivas desde la vulnerabilidad, Madrid, Ediciones Rialp, p. 30.