El 15 de septiembre de 2024 se presentó en el Congreso de la Nación Argentina el Presupuesto para el ejercicio 2025 (Mensaje 51/24). En este boletín presentamos una breve descripción sobre la forma en que son abordados algunos temas críticos.

1. Salud sexual y Procreación Responsable

El proyecto en el anexo correspondiente al Ministerio de Salud (Jurisdicción 80) afirma que se continuará con los programas “protegidos y creados por ley”, a saber: “Salud sexual y procreación responsable (Leyes N° 25.673 y N° 27.610)”. A diferencia de 2023, estas leyes ya no están mencionadas entre las líneas prioritarias.

Según el proyecto “se buscará asegurar el acceso a la información, atención y cobertura de la salud sexual y reproductiva de la población en base a la mejor evidencia científica y al marco normativo vigente; a través de la promoción de la atención de calidad y el aseguramiento y distribución de insumos orientados a la prevención de los embarazos no intencionales y la disminución de la morbimortalidad materna. Asimismo, se continuará con la respuesta integrada al virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), infecciones de transmisión sexual, hepatitis virales y tuberculosis, y la provisión de tratamientos antirretrovirales a personas sin cobertura de la seguridad social o privada. De igual modo, se prevé continuar en el abordaje integral para el control de las enfermedades transmitidas por vectores, que contempla múltiples dimensiones como la sanitaria, la epidemiológica, la social y la ambiental, entre otras. Por este motivo, las estrategias definidas por el Estado Nacional en estrecha coordinación con las jurisdicciones se basan en la toma de decisiones para la óptima utilización de los recursos, que apunta a mejorar la eficacia, rentabilidad y responsabilidad ecológica, así como la sostenibilidad del control de vectores transmisores de enfermedades”.

Al igual que en 2023 y 2024, en el ámbito de la Secretaría de Acceso y Equidad de la Salud se incluye el presupuesto y plan para el programa 25 para el “Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable”. Las acciones prioritarias del programa son:

“-El diseño e implementación de instrumentos y estrategias de rectoría en materia de políticas en salud sexual y reproductiva basadas en evidencia y en los derechos reconocidos en el plexo jurídico vigente.

– La gestión y distribución de insumos para la prevención y atención de la salud sexual y reproductiva en general y de estrategias para la prevención del embarazo no intencional en la adolescencia en particular.

– La articulación de acciones y estrategias con otras áreas del Ministerio de Salud para fortalecer el acceso a la anticoncepción; y a todas las prestaciones contempladas en el marco normativo vigente.

– La asistencia técnica a las autoridades jurisdiccionales, equipos técnicos y gestores de servicios para la implementación de programas y servicios, el desarrollo de competencias para la gestión y el monitoreo, y el mejoramiento del modelo de atención en salud sexual y reproductiva.

– La articulación con el Programa SUMAR, para la incorporación de prestaciones de salud sexual y reproductiva, y gestionar la línea 0800-222-3444 de Salud Sexual.

– La gestión, desarrollo, implementación y monitoreo de planes, programas y proyectos referidos a la salud sexual y reproductiva”.

Veamos algunas cifras:

a) Población alcanzada

En lo que hace a la anticoncepción, el Presupuesto refiere a un objetivo de población alcanzable en porcentaje de la población elegible con tratamientos anticonceptivos (mujeres no embarazadas de 15 a 49 años con cobertura del subsistema de salud pública y varones de 15 a 64 años con la misma cobertura). Aquí la variación de este porcentaje en los años:

Para 2022 el objetivo era 90%.

Para 2023 el objetivo era 58%

Para 2024 el objetivo es 53%.

Para 2025 el objetivo es 53%.

b) Distribución de anticonceptivos:

En lo que hace a distribución de preservativos, la variación en los años es la siguiente:

En 2021, se proyectaban 25.300.000 preservativos y entregar 10.800.000 tratamientos en Salud Sexual y Reproductiva.

En 2022, 21.505.000 preservativos y 9.095.000 tratamientos

En 2023, 25.300.000 preservativos y 10.800.000 tratamientos.

En 2024, el objetivo es 25.300.000 preservativos y 9.555.000 tratamientos.

En 2025, el objetivo es 17.000.000 de preservativos y 6.000.000 tratamientos. En el marco del Programa 22 de Respuesta al VIH, se proyecta distribuir 4.000.000 preservativos.

c) Plan ENIA

Según el presupuesto, “la prevención del embarazo no intencional en la adolescencia, se organiza alrededor de cuatro objetivos estratégicos:

– Sensibilizar a la población en general y a los adolescentes en particular sobre la importancia de prevenir el embarazo no intencional en la adolescencia;

– Fortalecer la disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad de las prestaciones de salud sexual y reproductiva en relación a los servicios de salud ofrecidos;

– Promover las decisiones informadas de los adolescentes para el ejercicio de sus derechos sexuales y derechos reproductivos;

– Fortalecer la prevención del abuso, la violencia sexual y los embarazos forzados”.

Al igual que en 2023, el presupuesto explicita las metas en relación al plan ENIA:

En 2023, se había proyectado distribuir 65.000 tratamientos como “métodos anticonceptivos de larga duración para adolescentes (Plan Enia)”.

En 2024, 59.800 tratamientos.

En 2025, 43.000 tratamientos.

d) Distribución de medicamentos abortivos

En lo que hace al aborto, al igual que en 2023 y 2024, en cuanto a la proyección de “medicamentos para la interrupción voluntaria del embarazo (ley 27610)” a distribuir, la variación de cifras del presupuesto es:

En 2023, se habían proyectado 100.000 tratamientos distribuidos.

En 2024, 100.000 tratamientos.

En 2025 se proyecta distribuir 70.000 tratamientos.

e) Financiamiento:

En lo que hace a los fondos asignados al Programa de Prevención del Embarazo adolescente, la variación interanual es la siguiente:

En 2021, se habían asignado $ 800.534.000.

En 2022, $ 954.262.000 (19% más).

En 2023, $ 2.215.782.000 (132% más).

En 2024, $ 3.750.678.000 (69% más).

En 2025, se presupuestan $ 1.829.000.000 (52% menos).

En lo que hace al “Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable”, la variación del gasto es:

En 2021, $ 1.824.052.000.

En 2022, $ 2.577.117.000 (41% más).

En 2023, $ 5.675.727.000 (120% más).

En 2024, $ 10.826.305.000 (91% más).

En 2025 se presupuestan $ 8.279.000.000 (24% menos nominalmente).

2. El Programa de los 1000 días

a) Total de gastos del Plan 1000 días

A diferencia de 2023 y 2024, en el mensaje que acompaña el articulado del proyecto de ley de Presupuesto no se realiza la tarea de catalogación de los gastos vinculados al Plan 1000 días. Sin embargo, encontramos referencias al plan en la Jurisdicción 80 (Ministerio de Salud), en la Jurisdicción 88 (Ministerio de Capital Humano), en la Administración de Seguridad Social (ANSES – Entidad 850). Ya no hay proyecciones desagregadas sobre acciones en el Registro Nacional de las Personas (RENAPER – Entidad 200) sobre DNI de personas menores de 3 años. Sin embargo, la comparación con años anteriores se ve dificultada por los cambios operados tanto en la forma de presentar el presupuesto como en la estructura misma de los Ministerios.

b) En el Ministerio de Capital Humano:

En 2025, en el ámbito del Ministerio de Capital Humano, encontramos la mención al Plan 1000 días. Se afirma: “El “Plan 1000 días” es una política estratégica del Estado Nacional que tiene como objetivo la atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia. Reconoce la gestación, el nacimiento, la crianza y el cuidado de niños como una responsabilidad pública, comprometiendo a las distintas áreas y niveles de gobierno en una acción conjunta, bajo una mirada integral de cursos de vida y con perspectiva de derechos”. El Programa 47 (Promoción y asistencia de espacios de Primera Infancia) tiene como metas la atención de 350 niños en Centros de Desarrollo Infantil, la capacitación de 22000 personas en torno a los Espacios de Primera Infancia y la asistencia a 800 espacios de primera infancia. El monto total asignado al programa es de $ 7.150.000.000.

Dentro del Programa 64 (Infraestructura Social) bajo el Subprograma 01 (Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia), se presupuestan $ 3.675.000.000 para el fortalecimiento de Espacios de Primera Infancia e Intervenciones Domiciliarias (BID Nº 5585/OC-AR – FASE II). Además, se presupuestan otros 7 proyectos. En total, el subprograma tiene una asignación de $ 12.139.000.000.

En 2023, para promoción y Asistencia a Espacios de Primera Infancia se habían asignado $ 803 millones. En 2024, $ 3.801 millones.

c) En el ANSES:

En 2023, Asignación Universal por Hijo y Embarazo, $102.654 millones; Asignaciones Familiares (parte proporcional correspondiente a menores de 3 años y niños por nacer), $83.180 millones; Complemento Nutricional 1000 días $15.416 millones (total 201.250 millones de pesos).

En 2024 no se hace el desagregado por programa y el total arroja $ 358.400 millones (variación del 78% nominal).

En 2025, se indica que las acciones de nutrición del Programa 1000 días alcanzarán a 660.840 beneficiarios y el monto asignado es $ 327.792.000.000. La Asignación Universal por Hijo alcanzará a 3.594.134 beneficiarios y la Asignación por Embarazo a 89.323. El subprograma 03 sobre Asignación Universal para Protección Social, que engloba la Asignación Universal por Hijo para Protección Social y la Asignación por Embarazo para Protección Social tiene una asignación total de $ 4.610.585.000.000.

d) En el Ministerio de Salud:

En 2023, por acciones varias se habían presupuestado $52.162 millones.

En 2024, $ 11.295 millones.

En 2025, el Ministerio de Salud informa que entre las acciones que se continúan se encuentra: “Salud perinatal y niñez, Ley N° 27.611 “Ley Nacional de atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia – Plan 1000 días”.

Según el proyecto, “se busca promover durante los primeros mil días de vida condiciones para una vida saludable, alimentación y nutrición adecuadas; proveyendo gratuitamente insumos esenciales para el embarazo y la primera infancia y un sistema de alerta temprana de nacimientos con el objeto de garantizar el derecho a la identidad de los niños recién nacidos, haciendo especial hincapié en el marco normativo vigente; propiciando el desarrollo integral de las infancias en ambientes libres de violencia. Asimismo, y dentro de esta etapa del proceso vital se jerarquizarán los programas específicos de cuidado y atención de niños con necesidad de cuidados especiales, desde donde se realizan los lineamientos rectores, asistencia técnica y dispensa de insumos en caso de corresponder”.

Se informa una asignación de $ 5.342.000.000 para atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia (1000 días).

Algunas acciones se insertan en el Programa 17 (Abordaje de Curso de Vida): “En el marco de este Programa se centran las actividades de la Dirección Nacional de Abordaje por Curso de Vida (DNACV) que tiene bajo su responsabilidad definir y coordinar las acciones necesarias para la planificación, programación, ejecución y evaluación de políticas de implementación del Enfoque por Curso de Vida (ECV) como paradigma de la gestión pública en salud, además de integrar y fortalecer las políticas de salud perinatal y niñez, adolescencia y juventudes y de personas adultas y mayores en articulación con otras áreas de gestión del Ministerio de Salud”.

f) Centros de Cuidado Infantil:

Para 2024 en el Ministerio de Obras Públicas se habían proyectado $ 1.704.000.000 para construcción de centros de cuidado infantil.

En 2025, en el Ministerio de Economía, se proyecta la ejecución de 60 obras de infraestructura para el cuidado de niños y adolescentes. Son $ 6.340.000.000 para la construcción de Centros de Desarrollo Infantil.

3. Técnicas de Reproducción Humana Asistida

A diferencia de los presupuestos 2023 y 2024, en 2025 no encontramos referencias a las acciones vinculadas con las técnicas de reproducción médicamente asistida, que en los años anteriores figuraban dentro del Programa 17 de “Abordaje según curso de vida” del Ministerio de Salud y que habían tenido las siguientes partidas asignadas:

En 2021, el presupuesto fue $ 6.622.932.

En 2022, se habían presupuestado $ 39.004.772.

En 2023, el presupuesto era de $ 177.395.126.

En 2024, el presupuesto era $ 452.970.000.

4. Algunas reflexiones finales

El Presupuesto 2025 continúa con la implementación del aborto legalizado como prestación, aunque se proyecta un menor número de medicamentos distribuidos. Se redujeron las asignaciones al Plan ENIA y al Programa de Salud Sexual. Se mantienen las partidas para el Plan 1000 días. Se eliminaron las referencias en el presupuesto a las técnicas de reproducción humana asistida.

Informe de Jorge Nicolás Lafferriere.

Fuente: https://www.economia.gob.ar/onp/presupuestos/2025

https://www.economia.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2025/mensaje/mensaje2025.pdf

https://www.economia.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2025/jurent/pdf/P25J80.pdf

https://www.economia.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2025/jurent/pdf/P25J88.pdf

https://www.economia.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2025/jurent/pdf/P25E850.pdf

https://www.economia.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2025/jurent/pdf/P25E200.pdf

                La sentencia 92/24 del 18 de junio de 2024 del Pleno del Tribunal Constitucional de España desestima el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Grupo Parlamentario Vox en el Congreso de Diputados contra la Ley Orgánica 1/2023, del 28 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010 del 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

                La sentencia, que tuvo a la Doctora Díez Bueso como ponente, sostiene la constitucionalidad de la Ley Orgánica 1/2023 que modifica el artículo 13 bis inc. 2)  para que accedan al aborto las menores de 16 años; el nuevo artículo 14 elimina la información que debía darse a toda mujer que pretenda abortar y elimina también el plazo de reflexión de 3 días antes de hacer el aborto; en su artículo 19 regula la objeción de conciencia como un derecho individual de cada profesional sanitario y ese mismo artículo incorpora que el aborto debe ser considerado como un procedimiento sanitario de urgencia. [1]

Razones por las que el Pleno del TC desestima el recurso

• El Pleno declara la constitucionalidad de la integración de la perspectiva de género en las políticas públicas;
• No considera discriminatorio excluir a las entidades contrarias a esta ley de las medidas de apoyo previstas en la misma;
• La sentencia manifiesta que la ley no pretende vulnerar el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones religiosas y morales, sino que pretende que la educación sexual sea objetiva, plural y crítica;
• La sentencia avala la posibilidad de que las mujeres interrumpan su embarazo a partir de los 16 años sin necesidad del consentimiento de sus representantes legales. Rechazan el fundamento esgrimido por el Grupo Vox, en donde afirman que se vulnera el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones. El Pleno considera que es una cuestión que no está vinculada con la enseñanza y que es una decisión que afecta a la dignidad de la mujer y al libre desarrollo de su personalidad.
•  El Tribunal no considera errónea la supresión del período de reflexión de tres días y valora como suficiente la información ofrecida antes del aborto.
• La sentencia explica que es constitucional que se impida formar parte de los comités clínicos, que dictaminan en el supuesto excepcional de aborto permitido por causas médicas, a los profesionales inscriptos en el registro de objetores de conciencia o a los que lo hubieran estado hace tres años. El Tribunal no considera esta exclusión discriminatoria.
• Por último, la sentencia expresa que establecer un registro de personas profesionales sanitarias objetoras de conciencia no es discriminatorio.

Disidencias de los magistrados

Los magistrados Ricardo Enríquez Sancho, Enrique Arnaldo Alcubilla, Concepción Espejel Jorquera y César Tolosa Tribiño han anunciado la formulación de voto particular.

                El Dr. Ricardo Enríquez explica que discrepa de la consideración del aborto como derecho fundamental y discrepa también sobre la constitucionalidad de la regulación del aborto durante las catorce primeras semanas; afirma que no hay ninguna protección de la vida prenatal. Asimismo, considera que la regulación de la formación sexual y reproductiva constituye un adoctrinamiento contrario a la Constitución y a la doctrina del TEDH. Tampoco está de acuerdo con la sentencia en cuanto a la regulación del aborto de las menores de 16 y 17 años, considera que se excluye a los progenitores de una decisión fundamental que necesariamente afecta la vida de la mujer embarazada.

                El magistrado Enrique Arnaldo se expresa de manera similar al voto que antecede y entiende que la interpretación del Tribunal Constitucional desnaturaliza la protección necesaria de la vida prenatal.

                Es importante destacar también el voto disidente de la magistrada Concepción E. Jorquera. Igual que el voto de los magistrados que anteceden, considera que la nueva regulación del aborto prescinde por completo de la vida del nasciturus como bien constitucionalmente protegido. No comparte los argumentos que validan la eliminación de la información previa sobre las ayudas a la maternidad y del período de reflexión. Considera inconstitucional la posibilidad de que las jóvenes mayores de dieciséis años y menores de dieciocho puedan abortar sin consentimiento de los padres o tutores e incluso sin conocimiento de estos, manifiesta que obstaculiza el ejercicio de los deberes inherentes a la patria potestad y priva a los padres de la asistencia en un momento tan trascendental en la vida de su hija. Considera también, que por esta ley las entidades provida se encuentran discriminadas y no permite que estos grupos defiendan la salud tanto de la vida por nacer, como de la madre.

                Por último, el magistrado César Tolosa Tribiño también formula un voto discrepante, manifestando que esta ley desconoce la protección de la vida prenatal y que hay una rebaja en las garantías de protección inherentes a cualquier acto médico que lleva a desproteger a la mujer embarazada.

Reflexión final

Podemos observar que la Ley Orgánica 1/2023 es una ley contraria al derecho fundamental de la vida del niño por nacer. Hay una desprotección total no solo de la vida del niño en el seno materno, sino también de la madre. Se discrimina a las entidades provida, que buscan proteger tanto la vida del nasciturus como también la salud de la mujer embarazada.

“Estamos ante una radicalización de la norma sobre aborto que se convierte en un mecanismo para la eliminación sistemática de personas por nacer, con afectación también de las mismas mujeres y de la profesión médica”.[2]

[1] Para mayor ahondamiento, ver “España: avanza proyecto de ley para facilitar y promover el aborto”, del Dr. Jorge Nicolás Lafferrière; https://centrodebioetica.org/espana-avanza-proyecto-de-ley-para-facilitar-y-promover-el-aborto/.

[2] Lafferrière, Jorge Nicolás; 2 de enero del 2023; “España: avanza proyecto de ley para facilitar y promover el aborto”; https://centrodebioetica.org/espana-avanza-proyecto-de-ley-para-facilitar-y-promover-el-aborto/.

El diputado provincial Rodrigo Agrelo presentó en la Legislatura de la Provincia de Córdoba dos proyectos de ley vinculados con el aborto: la suspensión de la aplicación de la ley 27610 en el territorio de Córdoba y la obligación de ofrecimiento de ecografía a las madres embarazadas en forma previa a la realización de un aborto.

Suspensión de la aplicación de la ley 27610 en Córdoba

El primero (expte. 38393-L-2023 del 11-12-2023) tiene por objeto dejar “sin efecto en todo el territorio de la Provincia de Córdoba la aplicación de las disposiciones de la ley nacional nº 27.610 y sus normas complementarias” (art. 1). El artículo 2 exceptúa a las normas de esa ley “que se encuentran en el Código Penal”. Por su parte, el artículo 3 establece que la ley “será de aplicación en todos los establecimientos públicos y privados, provinciales , nacionales y municipales en que se ejerzan las profesiones regladas por la ley provincial Nro. 6222”.

En los fundamentos se cita el artículo 19 de la Constitución de la Provincia que expresamente dispone: “Todas las personas en la Provincia gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio: 1°. A la vida desde la concepción, a la salud, a la integridad psicofísica y moral y a la seguridad personal”. El proyecto reseña las normas sobre protección de la vida desde la concepción. Luego, se argumenta que al momento de dictar la ley 27610 que legalizó el aborto en Argentina, “el Congreso sólo tenía facultades para modificar el Código penal de la Nación, no así la de disponer respecto del derecho a la vida de las personas por nacer en tanto las provincias, especialmente Córdoba, no le han delegado semejante facultad”. Refiere a los cuestionamientos judiciales que se han presentado contra la ley 27610 y recuerda que la Nación y las provincias tienen competencias concurrentes en temas de salud. Y en consecuencia afirma: “no habiéndose configurado un marco de concertación entre Nación y Provincias respecto a las disposiciones de la Ley N° 27.610 y no habiendo sido delegadas las políticas de salud por parte de las provincias a la Nación, corresponde en consecuencia en  ejercicio pleno de su autonomía provincial dotar a la Provincia de Córdoba de las herramientas que estime pertinentes para dar cumplimiento a su Constitución Provincial y a la protección de los derechos de los niños por nacer en la misma”.

Brinda argumentos en respaldo de tal postura y en especial un considerando de un voto de un juez en un fallo en que se afirma que la Ley Provincial Nº 6222 sobre Salud Pública “en su art. 5 inc. b) les impone a todas las personas que ejercen las profesiones y actividades afines a la salud la obligación de “respetar el derecho del paciente a la vida física y espiritual desde la concepción” y, en consecuencia les prohíbe en el art. 7 inc. d) “practicar, colaborar, propiciar o inducir la interrupción de la gestación por cualquier procedimiento”.

Obligación de ofrecer una ecografía

El segundo (Expte. 38561-L.24 del 30-1-2024) propone que, “previo a la realización de todo procedimiento de interrupción del embarazo previsto por la  Ley Nacional N° 27.610 y sus normas complementarias nacionales y provinciales, deberá ofrecerse obligatoriamente a la madre en forma escrita, clara y precisa la realización de una ecografía  que permita voluntariamente observar al feto en su vientre, explicándole en dicha oportunidad el estadío de crecimiento en que se encuentra aquel, el estado de salud del mismo, y las características de la intervención a la que habrá de someterse y sus consecuencias físicas y psicológicas” (artículo 1).

El proyecto luego regula cómo se debe dejar “constancia del ofrecimiento” (artículo 2), la “oportunidad del ofrecimiento” y el fomulario que sirve para documentar la constancia del ofrecimiento (artículo 4). Se indica que la ley “será de aplicación en todos los establecimientos públicos y privados, en que se ejerzan las profesiones regladas por la ley provincial Nro. 6222” (artículo 5) y se aclara que esta ley perderá vigencia en el supuesto de la derogación “de los artículos 1 a 13; 19 y 21 de la Ley 27.610 o en virtud de disposición legal provincial que la deje sin efecto en  la Provincia de Córdoba” (artículo 6). Finalmente, se aclara que la ley es “de carácter operativo, sin necesidad de reglamentación por parte del Poder Ejecutivo Provincial” (artículo 7).

En los fundamentos expresamente se aborda un problema de fondo: “No podemos dejar de mencionar que se intentará alegar que el presente proyecto importa admitir la legalidad de la Ley N° 27.610, lo cual en modo alguno es así. Existe una frase de plena vigencia en el ámbito de lo político que dice que “entre lo ideal y la nada, lo posible”. Claramente los defensores de la vida desde la concepción entendemos que el ideal normativo es la derogación de la Ley N° 27.610 garantizando así el derecho a la vida de todos los niños por nacer. Ahora bien, en el marco de la vigencia de dicha norma entendemos que es posible minimizar los efectos dañosos de la misma mediante la previsión de la obligación de ofrecerle a la madre una ecografía para que vea y escuche a su hijo en su vientre. Creemos que es posible reducir la cantidad de abortos de esta forma mientras la Ley N° 27.610 se encuentre vigente y se aplique en nuestro territorio provincial en particular”.

Luego se citan antecedentes de derecho comparado, particularmente una ley de Indiana, Estados Unidos.

Además, el proyecto indica que estas normas tienen “un claro fundamento en el consentimiento informado de los pacientes que tiene vigencia absoluta en nuestro ordenamiento jurídico”. Para el diputado, el proyecto “lo que establece es un elemento objetivo más que refuerza la claridad en la información brindada al paciente en cumplimiento de los deberes del establecimiento sanitario y de los derechos del paciente”.

El proyecto de ley presentado en Córdoba explica que lo que establece el Protocolo de aplicación de la ley de legalización del aborto de orden nacional sobre “el derecho de la paciente a no ver las imágenes y sonidos” de la ecografía “resulta insuficiente para garantizar la completa información de la paciente a la hora de realizarse una práctica de carácter irrvrsible”. Por eso, considera que “la norma provincial propuesta viene a articularse en un todo con la Ley de Derechos del Paciente Nro. 26.529 en cuanto tiende a garantizar el máximo de información en beneficio de una toma de decisión absolutamente libre y voluntaria”.

Se aclara que “la norma propuesta no ‘obliga’ a la mujer a realizar una prueba de ultrasonido o ecografía 4D, lo cual atentaría contra su autonomía, pero tampoco permite a los establecimientos sanitarios ocultar información, lo cual implicaría una manipulación de la información”.

Explica que existe un proyecto similar en el Congreso de la Nación (Expte. 4711-D-2021). , que refiere específicamente a los latidos cardíacos prenatales.

Finalmente, entiende que “tratándose de una previsión que atiende al derecho a la salud garantizado tanto por la Constitución Nacional cuanto por la Provincial, aún aquellos que no comparten nuestra posición con respecto a lo negativo de la legalización del aborto en la Argentina, pueden compartir sí, los motivos de la sanción del presente proyecto de ley, toda vez que se trata de empoderar, indudablemente, a la mujer”.

El 13 de junio de 2024 la Corte Suprema de los Estados Unidos dictó sentencia en la causa “Food And Drug Administration Et Al. V. Alliance For Hippocratic Medicine Et Al.” (No. 23-235) y rechazó la acción iniciada por un grupo de médicos provida en razón de alegar que no tenían legitimación para cuestionar las medidas adoptadas por la FDA en relación a los criterios de prescripción de la píldora abortiva mifepristona.

En efecto, la causa se inició porque la Alianza para la Medicina Hipocrática cuestionó resoluciones de la FDA de los años 2016 y 2021 que habían relajado los requisitos para la prescripción de la mifepristona. En 2016 se permitió que se utilice hasta la semana 10 de embarazo, se autorizó a personal de enfermería a prescribirla, y reduciendo a una las visitas personales para la prescripción. En 2021 se levantó la exigencia de que las visitas sean presenciales.

El principal argumento utilizado por la Corte para rechazar la acción señala que los demandantes carecen de legitimación (standing) bajo el artículo III de la Constitución de los Estados Unidos que dispone que los tribunales federales tienen jurisdicción únicamente para intervenir en casos y controversias. Ello supone demostrar que los demandantes sufrieron o pueden sufrir un daño efectivo, que ese daño fue causado por los acusados y que el daño se puede afrontar por medio del remedio judicial. En concreto, en el caso para la Corte los demandantes no han demostrado el daño efectivo sufrido. Para la Corte, no basta con tener objeciones legales, morales, ideológicas o de política con las acciones gubernamentales para poder cuestionarlas en sede judicial. El fallo rechaza los intentos de los demandantes de demostrar su legitimación. Para la Corte, los médicos no logran demostrar que las medidas tomadas por la FDA puedan obligarlos a participar en abortos o afectar su objeción de conciencia. Tampoco se demuestra, según la Corte, que los médicos litigantes en el caso vayan a sufrir perjuicios económicos por las medidas de la FDA. Tampoco su organización (Alianza por la Medicina Hipocrática) tiene legitimación. Finalmente, se rechaza el argumento de que si no se les reconoce legitimación, nadie va a cuestionar las medidas de la FDA de 2016 y 2021.

Entre los aspectos rescatables del fallo, cabe señalar que reafirma el derecho a la objeción de conciencia por parte de los médicos que se oponen al aborto, quienes están protegidos si rechazan participar en abortos. Incluso, se reconoce que los objetores de conciencia están protegidos para eximirse de intervenir en complicaciones derivadas del uso de mifepristona que vayan en contra de su conciencia.

En definitiva, el fallo rechaza la acción, las resoluciones de la FDA continúan vigentes, la mifepristona se sigue distribuyendo y ello resulta en riesgos para las mujeres y en un mayor número de abortos que violan la vida de niños por nacer. Pero hay que tener en cuenta que el fallo no ingresa en el fondo del asunto, es decir, si las decisiones de la FDA fueron legítimas, si la mifepristona es un fármaco válido y si el aborto por pastillas es constitucional. Nada de eso fue discutido en la causa. Al resolver en base al tema de la legitimación, el asunto queda abierto para futuras discusiones, tanto en sede judicial (en la medida que haya un caso o controversia) como en otras instancias gubernamentales.

Informe de Jorge Nicolás Lafferriere

1. Introducción

El 1ro. de abril de 2024 la Corte Suprema del Estado de Florida, Estados Unidos, dictó dos sentencias trascendentes en relación al aborto. Por un lado, a través del fallo  “PLANNED PARENTHOOD OF SOUTHWEST AND CENTRAL FLORIDA, et al., Petitioners, vs. STATE OF FLORIDA, et al., Respondents” (No. SC2022-1127) abrió el camino para que se implemente la prohibición del aborto a las seis semanas de gestación. Por otro, en otro fallo (No. SC2023-1392), habilitó la posibilidad de una consulta popular para que los ciudadanos de este Estado decidan en las elecciones del 5 de noviembre de 2024 si desean o no que se consagre el aborto en la Constitución del estado, lo que requeriría el voto favorable del 60%  de los votantes.

A continuación, resumiré los casos mencionados, junto con sus argumentos más relevantes.

• Fallo No. SC2022-1127. “PLANNED PARENTHOOD OF SOUTHWEST AND CENTRAL FLORIDA, et al., Petitioners, vs. STATE OF FLORIDA, et al., Respondents”, de fecha 1 de abril de 2024

La Constitución de Florida en su art. 1, -2- sección 23, garantiza el derecho de toda persona a ser dejada sola y libre de la intrusión gubernamental la vida privada de la persona. [1] Tradicionalmente esta disposición de ha denominado “cláusula de privacidad”.

Se solicitó a la Suprema Corte de Florida determine si existe un conflicto de intereses entre la disposición mencionada en el párrafo que antecede y una ley de Florida en donde se prohíben los abortos si el médico determina que la edad gestacional del feto es de más de 15 semanas. [2]

En este caso se plantea la solicitud de una medida cautelar por parte de Planned Parenthood contra el Estado. Requieren la medida alegando que la ley de Florida perjudica a sus pacientes y viola la Cláusula de Privacidad, que se agregó a la Constitución de Florida en 1980.  El Estado se opuso a la solicitud argumentando que Planned Parenthood carecía de legitimación para hacer valer los derechos de privacidad de sus pacientes y, en cuanto al fondo, no podía establecer ninguno de los cuatro requisitos para una orden judicial temporal. [3]

El tribunal de primera instancia dictó una orden judicial temporal, argumentando que Planned Parenthood tenía legitimación como tercera parte y cumplía con los cuatro elementos de la orden judicial temporal.  El Estado apeló ante el Primer Distrito, lo que provocó una suspensión automática de la medida cautelar.

Ante esto, Planned Parenthood solicitó al tribunal de primera instancia y luego al tribunal de distrito que anularan la suspensión automática. Ambos tribunales, denegaron la reparación.

Luego de estos fallos, Planned Parenthood solicitó a la Suprema Corte de Florida que revise las decisiones del Primer Distrito y reestablezca la orden judicial temporal, argumentando que entran en conflicto con precedentes de esta Corte en donde se declara que el aborto está garantizado por la Cláusula de Privacidad de nuestra constitución.

1. Voto de la mayoría

El voto de la mayoría es redactado por la juez de la Corte Jamie R. Grosshans, quien afirma que no existe un derecho claro al aborto incorporado en la Cláusula de Privacidad. En cuanto al precedente que alega Planned Parenthood, denominado T.W., la Corte se retracta de dicho precedente y también de Gainesville Woman Care y North Florida Women’s Health, que aplicaron el razonamiento de T.W. Por lo tanto, falló afirmando que Planned Parenthood no tiene derecho a la orden judicial temporal solicitada.

Los jueces Carlos G. Muñiz, Charles T. Canady y Renatha Francis coinciden con esta opinión. La juez Meredith L. Sasso coincide con una opinión y el juez Jorge Labarga disiente con una opinión. 

1. Disidencia del juez Jorge Labarga

Es importante destacar parte del voto diciente del juez Labarga, en donde en uno de sus argumentos afirmó que la decisión de este Tribunal se extiende mucho más allá de la prohibición de quince semanas en cuestión de este caso.

La decisión que toma la Corte en el presente caso hace que entre en vigor una ley conocida como Ley de Protección del Latido del Corazón que, con excepciones, prohíbe los abortos más allá de las seis semanas.

La Ley establece que la prohibición entrará en vigor treinta días después de cualquiera de los siguientes eventos:

1. una decisión de esta Corte que sostenga que el derecho constitucional de Florida a la privacidad no incluye el derecho al aborto;
2. una decisión de este Tribunal en el presente caso que permite que la prohibición de quince semanas permanezca en vigor;
3. una enmienda a la Constitución de Florida que aclare que el derecho constitucional a la privacidad de Florida no incluye el derecho al aborto;
4. una decisión de este Tribunal después del 7 de marzo de 2023, que se aleje en su totalidad o en parte de cualquiera de los siguientes: T.W., North Florida Women’s Health v. State, 866 So. 2d 612 (Fla. 2003), y Gainesville Woman Care, LLC v. Estado, 210 So. 3d 1243 (Fla. 2017). Véase el capítulo 2023-21, § 9, Leyes de Florida.

La decisión que toma la Corte en este caso implica tres de estos cuatro eventos. Por lo tanto, la prohibición de seis semanas de la ley entrará en vigor a partir de los treinta días del presente fallo.  

• No. SC2023-1392; ADVISORY OPINION TO THE ATTORNEY GENERAL RE: LIMITING GOVERNMENT INTERFERENCE WITH ABORTION, de fecha 1 de abril de 2024

La Procuradora General de Florida solicitó a la Corte Suprema de Florida una opinión consultiva sobre la validez de una propuesta de enmienda de iniciativa ciudadana a la Constitución de Florida, titulada “Enmienda para limitar la interferencia del gobierno con el aborto”.

El texto completo de la enmienda 4 establece: “SECCIÓN. Limitar la interferencia del gobierno con el aborto.  Salvo lo dispuesto en el Artículo X, Sección 22, ninguna ley prohibirá, penalizará, retrasará o restringirá el aborto antes de la viabilidad o cuando sea necesario para proteger la salud de la paciente, según lo determine el proveedor de atención médica de la paciente. Esta enmienda no cambia la autoridad constitucional de la Legislatura para exigir notificación a un padre o tutor antes de que una menor obtenga un aborto”.

Opositores a esta enmienda afirman que aprobarla sería una garantía constitucional del aborto en cualquier momento. También manifiestan que el título y resumen de la boleta no informa a los votantes sobre el propósito principal de la enmienda, que no es limitar la interferencia del gobierno con el aborto sino la posibilidad de abortar hasta el momento del nacimiento.  Asimismo, declaran que es imposible imaginar una circunstancia en la que una mujer no sea capaz de encontrar un “proveedor de atención médica” dispuesto a afirmar que un aborto es, de alguna manera, necesario para proteger la salud, ya sea mental o física, de la mujer.

Sin embargo, más allá de los argumentos esgrimidos por los opositores de la enmienda propuesta los jueces de la Corte Suprema de Florida (con disidencias) fallan afirmando que la enmienda propuesta cumple con los requisitos legales y, por lo tanto, no hay base para concluir que es contraria a la Constitución de los Estados Unidos. Por consiguiente, aprueban la enmienda propuesta para ser incluida en la boleta electoral de noviembre de este año.

Los jueces que coinciden con esta postura son Canady, Labarga y Couriel. El juez Muñiz coincide con una opinión. Y en cambio, las Doctoras Grosshans y Francis disienten con una opinión. La Doctora Sasso disiente con un dictamen.

1. Voto disidente de Grosshans

Me resulta importante destacar uno de los argumentos esgrimidos por la Doctora Grosshans. Manifestó que la enmienda propuesta induce a error a los votantes y no logra transmitir la amplitud de lo que se está proponiendo. Afirma también que a los votantes se les debe franqueza y precisión.

1. Voto disidente de Francis

Por su parte, uno de los argumentos utilizados por la Doctora Francis es que en la enmienda propuesta no se define el término “salud”. Por lo tanto, “salud” en cada caso podría incluir un sinfín de condiciones que podrían utilizarse para “justificar” un aborto tardío.

Otro de sus argumentos es que en el resumen de la boleta no se explica que la propuesta elimina efectivamente la capacidad de la Legislatura de aprobar leyes en el futuro que regulen el aborto de manera significativa.

Francis afirma que la enmienda propuesta amplía enormemente el “derecho” al aborto más allá de todo lo que Florida haya hecho en la historia del estado. La decisión de realizar el aborto quedaría en manos del “proveedor de atención médica”.

Concluyó diciendo que existe obligación de decir la verdad sobre el propósito y alcance de la enmienda; y en este caso no se ha cumplido con dicho requisito.

•  Conclusión

Se observa en estos dos fallos de la Corte Suprema de Florida dos conclusiones contrapuestas. Por un lado, se allanó el camino para que se implemente la prohibición del aborto a las seis semanas, mientras que por el otro se aceptó que los ciudadanos de Florida decidan en las elecciones del 5 de noviembre de este año la consagración o no del aborto en la Constitución del Estado.

Tras conocerse esta decisión de la Corte sobre la posible incorporación de la enmienda propuesta, los obispos de Florida emitieron una declaración el 10 de abril en el que denuncian que dicha enmienda es una propuesta extrema que legaliza el aborto y deja sin protección al no nacido. Por eso, instan a los ciudadanos a oponerse a ella en las elecciones de noviembre, para así proteger a los niños no nacidos y a las innumerables mujeres que están en riesgo de padecer los daños del aborto.

Para concluir, me resulta importante destacar el artículo I, § 2 de la Constitución de Florida que dispone “SECCIÓN 2. Derechos básicos.—Todas las personas naturales, tanto mujeres como hombres, son iguales ante la ley y tienen derechos inalienables, entre los que se encuentran el derecho a disfrutar y defender la vida y la libertad, a perseguir la felicidad, a ser recompensado por la industria y a adquirir, poseer y proteger bienes. Ninguna persona será privada de ningún derecho por motivos de raza, religión, origen nacional o discapacidad física”. Es decir, protegen en su constitución el primer derecho de toda persona, la vida. Sin embargo, al aceptar la posible consagración de la enmienda en su constitución pareciera que se apartan de este derecho básico de toda persona.

Comparto lo manifestado por los obispos en su declaración, en donde dicen que la vida humana es sagrada y que la dignidad de la persona es el fundamento de una visión moral de la sociedad.

Quiero destacar también uno de los argumentos del voto de la juez Francis en el fallo No. SC2023-1392. La juez entiende que la enmienda propuesta redefine implícita y completamente el tema del aborto como un problema de “salud del paciente” sin reconocer lo que incluso Roe y Casey reconoció: el interés imperioso del Estado en proteger “la potencialidad de la vida humana”. Declara que la Constitución de Florida reconoce esa vida como un derecho básico para todas las personas físicas. Por lo tanto, concluye afirmando que hay que reconocer el derecho a la vida del no nacido y que hay un deber moral del Estado de proteger esa vida.

Informe de María del Pilar de Olazábal.

[1] Constitución de Florida, art. 1, -2-, SECTION 23. Right of privacy.—Every natural person has the right to be let alone and free from governmental intrusion into the person’s private life except as otherwise provided herein. This section shall not be construed to limit the public’s right of access to public records and meetings as provided by law.

[2] 2022 Florida Statutes; Title XXIX – Public Health; Chapter 390 – Termination of Pregnancies; 390.0111 – Termination of Pregnancies. (1) TERMINATION AFTER GESTATIONAL AGE OF 15 WEEKS; WHEN ALLOWED.—A physician may not perform a termination of pregnancy if the physician determines the gestational age of the fetus is more than 15 weeks unless one of the following conditions is met: (a) Two physicians certify in writing that, in reasonable medical judgment, the termination of the pregnancy is necessary to save the pregnant woman’s life or avert a serious risk of substantial and irreversible physical impairment of a major bodily function of the pregnant woman other than a psychological condition. (b) The physician certifies in writing that, in reasonable medical judgment, there is a medical necessity for legitimate emergency medical procedures for termination of the pregnancy to save the pregnant woman’s life or avert a serious risk of imminent substantial and irreversible physical impairment of a major bodily function of the pregnant woman other than a psychological condition, and another physician is not available for consultation. (c) The fetus has not achieved viability under s. 390.01112 and two physicians certify in writing that, in reasonable medical judgment, the fetus has a fatal fetal abnormality.

[3] Según la ley de Florida, una parte que solicita una orden judicial temporal debe probar cuatro cosas: “(1) una probabilidad sustancial de éxito en los méritos, (2) la falta de disponibilidad de un recurso adecuado en la ley, (3) daño irreparable en ausencia de una orden judicial, y (4) que la orden judicial serviría al interés público”.

El 24 de mayo de 2024 el Gobernador de Luisiana, Estados Unidos, promulgó la ley que dispone restricciones adicionales para la prescripción de mifepristona y misoprostol y que crea el nuevo delito de aborto forzado por medio de fraude, que prohíbe que una persona utilice una droga para causar un aborto sin el consentimiento de la mujer embarazada.

La ley tuvo origen en el congresista Pressly (SB 276), luego de que su hermana fuera objeto de un intento de aborto por parte de su ex marido, quién le suministró misoprostol mientras estaba embarazada sin su consentimiento. De hecho, la redacción original del proyecto de ley apunta a criminalizar tal conducta. Durante el debate, se agregaron disposiciones orientadas a endurecer los requisitos para prescribir los fármacos que causan aborto, es decir, mifepristona y misoprostol. En concreto, mifepristona y misoprostol fueron incorporados a las drogas de tipo IV  de la ley sobre Sustancias peligrosas de Luisiana (Louisiana’s Uniform Controlled Dangerous Substances Law) y que contiene las drogas que tienen el potencial de abuso o dependencia. Sin embargo, una nota en Time explica que mifepristona y misoprostol están permitidas en Luisiana para fines distintos al aborto.

En Luisiana, luego del fallo “Dobbs” de la Corte Suprema de los Estados Unidos (24-6-2022) que derogó el precedente “Roe”, el aborto está prohibido completamente por una ley que había sido aprobada bajo condición de entrar en vigencia en el momento en que “Roe” fuera derogado (Louisiana Revised Statutes Tit. 40, § 1061. Abortion; prohibition).   

Informe de Jorge Nicolás Lafferriere

Fuentes: https://gov.louisiana.gov/index.cfm/newsroom/detail/4523   

https://time.com/6981896/louisiana-bill-abortion-pills-controlled-substances

https://codes.findlaw.com/la/revised-statutes/la-rev-stat-tit-40-sect-1061.html

El 25 de abril de 2024 se presentó el libro “El aborto en Estados Unidos: lecciones de ‘Dobbs’ para Latinoamérica” coordinado por Siro M. A. de Martini y Débora Ranieri de Cechini y publicado por la editorial Marcial Pons junto con la Asociación para la Promoción de los Derechos Civiles (PRODECI) y la ayuda de Alliance Defending Freedom (ADF) International (260 páginas – ISBN 978-987-1775-64-4).  La presentación estuvo a cargo de Guillermina Federik, Luján Sarabia, Valentina Trigona y Clara Vartorelli.

El libro constituye una obra imprescindible para profundizar en los debates jurídicos en torno al aborto luego del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso “Dobbs”, dictado el 24 de junio de 2022. En esa decisión, la Corte derogó los precedentes “Roe” y “Casey” y dejó sentada la interpretación que sostiene que no existe un derecho al aborto a nivel federal. En consecuencia, se produjo una profunda transformación del ordenamiento jurídico de ese país y cada Estado retomó más plenamente las competencias para intervenir en torno al aborto, siguiendo lineamientos fijados por la sentencia “Dobbs”.

Si bien “Dobbs” es un fallo circunscripto a la realidad estadounidense, es indudable su proyección internacional. En efecto, así como “Roe” y “Casey” favorecieron en muchos lugares la promoción del aborto, es esperable que “Dobbs” tenga importantes proyecciones internacionales.

El libro tiene la virtud de ofrecer tanto un análisis agudo e incisivo del fallo “Dobbs” como de presentar importantes reflexiones sobre las posibles aplicaciones de la doctrina de “Dobbs” en realidades latinoamericanas.  

En efecto, a fin de ayudar al lector a comprender “Dobbs”, el libro se abre con un capítulo escrito por Lucía Traverso sobre los precedentes “Roe” (22 de enero de 1973) y “Casey” (29 de junio de 1992), con sintética reseña de sus hechos y el análisis de los argumentos desarrollados por la Corte. En el siguiente capítulo, Clara Vartorelli y Michelle Tapper desarrollan cómo fueron la legislación y la jurisprudencia posterior a “Roe”, con una ordenada sistematización de los distintos tipos de leyes que impusieron restricciones al aborto (consentimiento informado, dolor fetal, latidos del corazón, regulación de los proveedores de abortos, requerimientos parentales, financiación estatal, diagnóstico prenatal, objeción de conciencia, criminalización del aborto). También se refieren a los casos jurisprudenciales más significativos de este período y finalizan con legislación a favor de las madres y sus hijos por nacer y de las familias.

En el capítulo 3, Guillermina Federik, con la colaboración de Luján Sarabia y Valentina Trigona, hace un estudio de las implicancias de “Roe” y “Casey” en Iberoamérica, clasificando la situación de cada país en función de la influencia que tuvieron esos dos casos en favor de la legalización del aborto. Este capítulo se presenta como una verdadera radiografía del estado de la cuestión del aborto en los países de la región, con una mirada sintética pero completa de la realidad jurídica.

El capítulo 4 cierra la primera parte del libro con una reseña de la sentencia “Dobbs” realizada por Lucía Traverso y con ofrece una hoja de ruta para conocer el fallo y sus principales líneas argumentales.

La segunda parte del libro se titula “Argumentos temáticos que aporta Dobbs” y se abre con un profundo trabajo de Juan Cianciardo sobre “el paso del nosotros al yo y la cultura de los derechos” realizado a forma de reflexión a propósito del debate sobre el aborto. En el capítulo 6, Siro M.A. De Martini escribe sobre el derecho a la vida en “Dobbs”, enfatizando cómo se destruyen las raíces ideológico-jurídicas del “derecho al aborto”, además de explicar la gravedad del aborto. Para De Martini, “con la revocación de ‘Roe’ y ‘Casey’, la Corte Suprema de los EE.UU. ha destruido un modelo que, de distintos modos, se siguió en el mundo durante el último medio siglo. Modelo jurídico, modo de pensar y argumentar que provocó la muerte de millones de personas” (p. 130).

En el capítulo 7, Débora Ranieri de Cechini profundiza la noción de “libertad ordenada” como límite al aborto, que es uno de los contenidos centrales de “Dobbs”. Por su parte, Sofía Calderone en el capítulo 8 ofrece algunas perspectivas sobre la mujer a partir del caso “Dobbs”, “en una lectura comparativa que contrasta el voto de la mayoría con los votos concurrentes y la disidencia” (p. 146).

Los últimos tres capítulos buscan cumplir con el objetivo de analizar cuáles son las lecciones para Latinoamérica del fallo “Dobbs”. Así, en el capítulo 9, Florencia Ratti Mendaña reflexiona sobre el “juez de Dobbs” y su proyección para Iberoamérica. En el capítulo 10, Estela Sacristán reseña lo que considera son aspectos de interés del fallo “Dobbs” para la Argentina, con foco tanto en la protección de la vida del por nacer como también en la protección de la vida ante un pretendido derecho constitucional al suicidio asistido. Finalmente, el libro se cierra con un capítulo de mi autoría, en que analizo posibles caminos legislativos para la derogación del aborto como pretendido derecho en Argentina, a partir de las enseñanzas del caso “Dobbs” y su comparación con el escenario argentino, tanto a nivel nacional como provincial.

En síntesis, se trata de un libro que constituye un sintético manual de la situación del aborto en Estados Unidos e Iberoamérica, y que ofrece una hoja de ruta para conocer las claves jurídicas del debate jurídico sobre el aborto, en la perspectiva de una defensa de la vida de la madre y su hijo por nacer.

Reseña de Jorge Nicolás Lafferriere

Para mayor información sobre el libro: https://prodeci.com.ar/adquiera-el-libro-el-aborto-en-estados-unidos-lecciones-de-dobbs-para-latinoamerica/

Para ver la presentación del libro: https://www.youtube.com/watch?v=4BaAovIQCDw

El 11 de abril de 2024 el Parlamento Europeo aprobó una resolución que pide que se incluya el aborto como derecho en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.

En concreto, la resolución apunta a la modificación del art. 3 de la Carta para incluir el inciso 2.a. que sostenga: “toda persona tiene derecho a la autonomía física y a un acceso libre, informado, pleno y universal a la salud y los derechos sexuales y reproductivos, así como a todos los servicios sanitarios conexos, incluido el acceso a un aborto seguro y legal, sin discriminación”.

Además, la Resolución:

-impulsa la despenalización del aborto en consonancia con las directrices de la OMS de 2022,

-condena la objeción de conciencia tanto de médicos como de instituciones,

-impulsa que se incluyan los métodos y procedimientos de aborto en los planes de estudios de medicina,

-señala que los Estados miembros deben garantizar el acceso a servicios de salud y derechos sexuales y reproductivos, incluida la educación en materia de sexualidad y afectiva adaptada a la edad.

-promueve que se faciliten métodos y suministros anticonceptivos accesibles, seguros y gratuitos, así como asesoramiento sobre planificación de la familia, prestando especial atención a los grupos vulnerables.

-piden que no se brinde financiación de la Unión a grupos que “trabajan contra la igualdad de género y los derechos de las mujeres, incluidos los derechos reproductivos”,

-piden que aumente el gasto en programas y servicios sanitarios y de planificación familiar.

La resolución contó con 336 votos a favor, 163 votos en contra y 39 abstenciones.

Esta resolución tiene un valor no vinculante y su efectiva concreción parece lejana, pues cualquier cambio en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE requeriría un acuerdo unánime de todos los Estados miembros.

En todo caso, hay que lamentar que se insista en convertir al aborto en un derecho, ignorando la violación flagrante del derecho a la vida de la persona por nacer que significa. También se verifica una inusitada persecución de los grupos favorables a la defensa de la vida y de los objetores de conciencia. Y, sobre todo, es grave que no se reflexione sobre las verdaderas causas de la vulnerabilidad materna que llevan a las mujeres a abortar y que son el verdadero problema que debe ser abordado y resuelto integralmente. El aborto es siempre un mal y nunca una solución y sería deseable que los Estados promuevan acciones para cuidar las dos vidas: la de la madre y su hijo.

Informe de Jorge Nicolás Lafferriere

Fuente: https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20240408IPR20314/el-pe-defiende-el-derecho-de-mujeres-a-decidir-sobre-salud-sexual-y-reproductiva

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2024-0286_EN.html

En diciembre de 2023 los juristas Rebeca Karina Aparicio Aldana y Justo Fernando Balmaceda Quirós publicaron un trabajo en la revista “Prudentia Iuris” titulado “Disfrazando la verdad: sobre el alegado derecho al aborto a propósito del caso Beatriz y otros vs. El Salvador en la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

El artículo, al que se puede acceder gratuitamente en este link, aborda alguna de las cuestiones en juego en el caso Beatriz y otros vs. El Salvador que está en trámite ante la Corte Interamericana. En este caso, los autores entienden que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un informe de fondo que supone un desvío “del sentido y contenido de la Convención Interamericana de Derechos Humanos acercándose a la imposición conceptual no jurídica, pero sí abusiva e ideológica, de reconocer un supuesto derecho al aborto, y quizá hasta concebirlo como derecho humano y fundamental”.

Así, en el artículo, “teniendo en cuenta los argumentos del Informe de la Comisión” pretenden rebatir los posibles argumentos de la Corte centrándose en dos puntos: “el derecho a la vida del concebido como ser humano y la no existencia de un derecho al aborto; y el derecho a la igualdad de trato y no discriminación como parámetro de trato proteccionista por parte de todos los Estados miembros hacia sus ciudadanos”.

El artículo ofrece una valiosa síntesis de las cuestiones en juego y culmina con unas claras conclusiones sobre el caso “Beatriz”, que por su valor cabe aquí resumir:

“1. No existe el derecho al aborto, ello debido a que el estatuto ontológico del concebido se equipara a cualquier ser humano; en consecuencia, el bien que le corresponde al nasciturus por naturaleza es vivir…

2. Justificar el aborto por la existencia de una discapacidad en el concebido supone una vulneración al principio de igualdad que tiene como premisa la igual dignidad ontológica de todos los seres humanos, con lo cual la vida de una persona con discapacidad es tan valiosa como la de aquella que no tiene ninguna.

3. La extracción de un feto posiblemente sano y ser humano distinto de la madre,  para  evitar  el  peligro  de  muerte  o  de  una  enfermedad  de  la  gestante o  del  mismo  feto,  no  puede  calificarse  como  aborto  “terapéutico”,  dado  que no  implica  un  tratamiento  a  un  cuerpo  dañado  de  ninguno  de  los  dos.  Una adecuada comprensión del aborto terapéutico solo es posible si lo entendemos como aborto indirecto, donde se ponen todos los medios para salvar ambas vidas, la del concebido y la de la madre, y, pese a todos los esfuerzos, el bebé muere como efecto no querido de la realización de una intervención médica.

4. En el caso concreto de Beatriz contra El Salvador, los requisitos del “mal llamado aborto terapéutico” de que la madre se encuentre en peligro de muerte o de grave daño a su salud para su aplicación no se configuraron, con lo cual no existió nunca causal alguna que justificara practicarle un aborto.

5. Regular el aborto como un derecho implicaría que la Corte asuma funciones legisladoras que ni la Convención ni los Estados Miembros le han otorgado y extralimitaría sus funciones, si así lo hiciera”.

Existe una importante expectativa en torno a la decisión que la Corte IDH adopte en el caso “Beatriz”, en especial para que no ceda a las presiones favorables a la despenalización del aborto y, en su lugar, se pronuncie claramente en línea con el texto de la Convención Americana de Derechos Humanos y la tradición jurídica latinoamericana que defiende la vida de la madre y su hijo desde la concepción.

Referencia: Aparicio Aldana, R. K., & Balmaceda Quirós, J. F. (2023). Disfrazando la verdad: sobre el alegado derecho al aborto a propósito del caso Beatriz y otros vs. El Salvador en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Prudentia Iuris, (96). https://doi.org/10.46553/prudentia.96.2023.6