A fines de noviembre, se desató una controversia en Canadá por la forma en que se registran las muertes por eutanasia (Medical Assistance in Dying – MAID) en relación a las estadísticas vitales de ese país y más concretamente al registro de las muertes. A su vez, en octubre de 2023 se publicó el cuarto tercer informe anual sobre la asistencia médica al suicidio en Canadá correspondiente al año 2022, que revela un nuevo incremento en el número de personas muertas por eutanasia.

Controversias por la forma de registrar las eutanasias

El organismo a cargo de las estadísticas de Canadá publicó el 27 de noviembre una base de datos con las estadísticas vitales correspondientes a muertes en Canadá. Al ser consultado sobre por qué no figuraban en ese informe las muertes por eutanasia, el organismo respondió el 28 de noviembre de 2023 por su cuenta de X (Twitter) que en los casos de muerte médicamente asistida (MAID) “la causa de muerte subyacente es definida como la enfermedad o lesión que inició los sucesivos eventos mórbidos que llevaron directamente a la muerte. Como tal, las muertes por MAID son codificadas en la condición subyacente por la cual se solicitó la ayuda para morir (MAID)”. Ante una pregunta hecha en la misma red social, el organismo respondió que las muertes son codificadas usando la clasificación de la OMS y en el caso de discapacidad, las muertes se codifican con la condición de discapacidad o salud mental subyacente por la cual se solicitó la ayuda para morir (MAID).

Este posteo dio lugar a un debate en redes sociales y una controversia sobre el registro de muertes en ese país. En efecto, se señaló que las personas no mueren por el problema subyacente de salud mental sino por la acción de provocarles la muerte por eutanasia. Igualmente, se resaltó que se estaban alterando las estadísticas de muerte, al indicar como muertes a las personas por una condición cuando en realidad habían muerto por la acción de eutanasia (MAID).

Si las muertes por MAID fueran registradas junto con las otras causas de muerte, la eutanasia (MAID) sería la sexta causa de muerte en este país.

Las estadísticas de la eutanasia en Canadá

Según el informe, en 2022 hubo 13.241 prácticas de eutanasia o suicidio asistido (MAID) en Canadá, lo que representa el 4,1% de todas las muertes en Canadá. Esto es un incremento del 31,2% con relación al año 2021. El incremento es notable si consideramos que en 2016 hubo 1.018 pedidos, en 2017 2.838, en 2018 4.480 y en 2019 5.661. Desde 2016 en que se aprobó la ley de eutanasia el total de muertes alcanza a 44.958.

La condición de salud subyacente a la persona que pide la eutanasia es cáncer en el 63%, condiciones cardiovasculares (18,8%), condiciones respiratorias crónicas (13,2%) y condiciones neurológicas (12,6%).

La edad promedio de las personas al momento en que le aplicaron la eutanasia en 2022 fue de 77 años. Se advierte un incremento con relación a años anteriores (75,2 en 2019, 75,3 en 2020 y 76,3 en 2021).

En 2022, el 3,5% de los casos (463 personas) eran casos no terminales, lo que representa un incremento del 107% en términos comparativos (en 2021 habían sido 223 individuos). En este grupo de personas, en el 50% de los casos la condición subyacente para pedir la eutanasia era neurológica, seguida por otras condiciones (37,1%) y múltiples comorbilidades (23,5%). La edad promedio en estos casos fue de 73,1 años, mientras que en 2021 había sido de 70,1.

En cuanto a los cuidados paliativos, un 77,6% de los que recibieron la eutanasia había recibido cuidados paliativos. En este punto, se advierte una tendencia decreciente, pues en años anteriores habían sido el 80,7% (2021), 82,8% (2020) y 82,1% (2019). Según el reporte, entre quienes no recibieron cuidados paliativos, el 87,5% tenía acceso a esos cuidados.

También hay un retroceso en el requerimiento de servicios de apoyo a la discapacidad. En 2022, el 36,8% de quienes fueron muertos por eutanasia habían requerido ese apoyo, mientras que en 2021 habían sido 43%.

Al igual que en 2021, el 86,3% de los casos alega que su petición de muerte obedecía a la pérdida de la habilidad de realizar actividades significativas (motivo del sufrimiento para requerir la eutanasia), y el 81,9% la pérdida de la habilidad de realizar actividades de la vida diaria.

El número de profesionales que realizaron eutanasia se incrementó a 1837 en 2022 (en 2021 habían sido 1.577). El 95% son médicos, mientras que el 5% eran profesionales de enfermería. Los médicos realizaron el 91.6% de las eutanasias, mientras que los profesionales de enfermería el 8,4%. En cuanto a la especialidad, en su mayoría intervienen médicos de familia (67,7%).

Hay un descenso en el número de eutanasias en residencias privadas, que fueron el 39,5% de los casos (en 2021 habían sido el 44,2%), mientras que aumenta el número de eutanasias en hospitales (30,5% en 2022 contra 28,6% en 2021), centros de cuidados paliativos (20,8% en 2022 contra 19,6% en 2021), residencias de cuidado (7,6% en 2022 contra 6,1% en 2021).

En total hubo 16.104 pedidos de eutanasia y se otorgaron el 81,4% (13.102) en 2022. El número de pedidos se incrementó en 26,5% con relación a 2021. Los 3.002 pedidos que no se concedieron obedecen a que 298 personas revocaron el pedido (1,9%), 560 casos fueron considerados no elegibles para eutanasia (3,5%) y 2.144 murieron antes de que se practique la eutanasia (13,3%).

En cuanto a quiénes revocaron su pedido, la razón más invocada fue el cambio de parecer sobre la eutanasia (75,9%) o que los cuidados paliativos eran suficientes (41,8%).

Entre los casos de personas no elegibles para eutanasia, se distingue según tengan una muerte inminente o no. En los casos de muerte inminente, en el 41,3% se consideró que la persona no era capaz de tomar decisiones sobre su salud. En los casos de muerte no inminente, las razones para rechazar el pedido se vincularon en el 54,4% de los casos en que no tenía una enfermedad, discapacidad o lesión de gravedad, que no estaban en un estado avanzado de declinación (54%) y en 45,1% que no tenían un sufrimiento intolerable.

El caso de la eutanasia en Canadá confirma lo que sucede en otros países una vez que se legaliza la eutanasia: se produce un aumento de casos y se amplían las causales para aplicar la eutanasia. Provocar la muerte del paciente no puede ser nunca una opción terapéutica más incluida entre las prestaciones del servicio de salud. La finalidad de un sistema de salud es prevenir, curar o paliar las enfermedades. Nunca puede ser la finalidad matar al enfermo, ni siquiera por su pedido.

Informe de Jorge Nicolás Lafferriere

Fuente: https://www.canada.ca/en/health-canada/services/publications/health-system-services/annual-report-medical-assistance-dying-2022.html

El 20 de noviembre de 2023 se realizó por vía telemática una audiencia pública convocada por la Corte Constitucional de Ecuador (CCE) en el caso Nro. 067-23-IN que refiere al planteo de inconstitucionalidad del artículo 144 del Código Integral Penal que sanciona la figura del homicidio, a pedido de una paciente de ELA de 42 años (P.R.E) que quiere ejercer “el derecho a la muerte digna”.

La acción se interpuso el 8 de agosto de 2023 y la Sala de Admisión de la CCE decidió el 29 de septiembre admitirla a trámite. Con posterioridad, se convocó a la audiencia en que expusieron la paciente, su padre y sus abogados, representantes del Poder Ejecutivo y de la Asamblea Nacional y terceras partes como amicus curiae, tanto a favor como en contra de la acción.

Argumentos jurídicos a favor de la acción

Durante la audiencia, los abogados de la paciente fundaron el pedido en su situación de grave limitación (afirmaron que tiene una discapacidad del 95%) y señalaron que se trata de que tenga control sobre el propio cuerpo, cómo vivir y hasta cuándo vivir. Entienden que el derecho a la vida tiene una dimensión biológica y otra que se vincula con la autonomía. Consideraron que hay un precedente sobre derecho a la muerte digna y pidieron que se le reconozca a la paciente la ayuda a morir dignamente. A tal fin, entiendo que la pena correspondiente al homicidio en caso de eutanasia es “desproporcionada”. Además, consideran que el derecho a la vida no es absoluto y que tiene que haber una eximente de responsabilidad penal en caso de eutanasia. El argumento central estuvo puesto en la dignidad humana, entendida como autonomía.

Solicitan que la Corte declare la constitucionalidad condicionada del homicidio y que no sea aplicable ese delito en caso de pedido de muerte mediando un consentimiento libre, previo e informado del paciente, con diagnóstico de enfermedad grave y sufrimientos físicos o emocionales intolerables. Entienden que el personal médico no tendrían que tener responsabilidad alguna en estos casos y el Ministerio de Salud debería regular mediante protocolos cómo cumplir con la voluntad de morir dignamente.

Argumentos jurídicos para el rechazo de la acción

Entre los “amicus curiae” que se pronunciaron en contra de la acción, se argumentó que la petición presentaba problemas en cuanto a su formulación, por no reunir requisitos de precisión y claridad. Este punto es particularmente importante, pues la acción se orienta a suspender la constitucionalidad del delito de homicidio ante la “muerte digna”, una expresión sumamente ambigua y de difícil precisión. Otros argumentos señalaron que la vida era un bien no disponible por la propia persona. También se argumentó que había que dar cuidado a los pacientes y matar no era opción. Se señaló que reconocer un derecho a la eutanasia a los pacientes por su situación de discapacidad era una forma de discriminación contraria a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. También se señaló que ni el legislador ni los jueces tenían atribuciones para definir qué vidas eran dignas de ser vividas y cuáles no. Además, si la CCE decidía admitir la acción debía regular un procedimiento sobre cómo matar al paciente respondiendo a preguntas tales como qué sucede si fracasa el procedimiento, o cómo se asegura que la voluntad es verdaderamente libre. Finalmente, también se señaló que ningún tratado de derechos humanos consagra el derecho a morir y que crear un tal derecho supondría un quiebre de la convivencia y contravendría las políticas de prevención del suicidio. Además, se formularon distinciones entre lo que es la renuncia al encarnizamiento terapéutico y la eutanasia. El énfasis se puso en los cuidados paliativos, como respuesta de fondo al dolor y sufrimiento, que deben ser garantizados como un derecho, con capacitación de los profesionales de la salud, asegurar la provisión de medicamentos esenciales y disponer a los cuidados paliativos como un modelo de abordaje.

Se espera que la Corte delibere sobre el tema y dicte sentencia, aunque no hay una estimación de plazo para ello.

Informe de Jorge Nicolás Lafferriere

Para ver la grabación de la audiencia: https://www.youtube.com/live/ru4v7MrPsdY?si=qT8alx7IECkDi6uy

El 13 de noviembre de 2023 falleció en Gran Bretaña la niña Indi Gregory. En este breve boletín analizaremos los hechos del caso y compartiremos la opinión del prestigioso Centro de Bioética Anscombe (Anscombe Bioethics Centre – UK).

Los hechos y resoluciones judiciales

El caso mantuvo en vilo a todo el mundo desde el 13 de octubre de 2023, en que un juez dispuso que era el interés superior de la niña retirarle los tratamientos de soporte vital invasivos. Indi (IG) nació el 24 de febrero de 2023 y estaba siendo tratada en el hospital Queen’s Medical Center del Servicio Nacional de Salud de Inglaterra (National Health Services  – NHS) por una condición muy severa que involucraba daño cerebral. Los médicos tratantes consideraron que, como la situación de la niña no podía mejorar, el soporte vital era fútil y era imponerle una carga a la niña. Los padres de Indi se oponían a tal decisión y querían hacer todo lo posible para tratar a Indi y prolongar su vida. Ellos tenían esperanza de alguna mejora y, además, consideraban que, mientras tanto, Indi tenía significativas interacciones con ellos y que estas experiencias superaban al stress que ella debía experimentar cuando los doctores intervenían.

Ante esta situación, el Trust del NHS llevó el pedido de los médicos a los Tribunales para que se ordene judicialmente el retiro de las medidas de soporte vital. Así, el 13 de octubre de 2023 un juez del Alto Tribunal de Justicia en su Sala de Familia dispuso que era el interés superior de la niña retirarle los tratamientos de soporte vital invasivos. También señaló el juez que el NHS haría todo lo posible para tratar a Indi con compasión, brindándole tratamiento para aliviar el dolor y haciendo su situación confortable. Los padres podrían elegir dónde ocurriría ello (si en el hogar familiar, en el hospital o en un hospice). Ello estaba contenido en un plan de cuidado para Indi.

El 30 de octubre, los padres de Indi solicitaron el traslado de Indi a un hospital de Italia para que siga su tratamiento allí. El Hospital Pediátrico Niño Jesús de Roma recibiría a la niña, a quién también se le concedió la ciudadanía italiana.

El juez rechazó ese pedido. Luego los padres solicitaron que Indi sea trasladada a su hogar y ello también fue rechazado. Para NHS no era apropiado hacer el retiro de la ventilación en el domicilio, pues se había deteriorado la condición de Indi. Ante esta situación, el 8 de noviembre el juez volvió a dictar otra sentencia y le dio la razón a los médicos, señalando que se había complicado la situación de Indi con relación al 13 de octubre de 2023. Señaló que Indi debía seguir recibiendo tratamiento de calidad y ello no sería posible en el contexto del domicilio. De allí que debía modificarse el plan de cuidado.

La medida de quitar la extubar a la niña se realizó el 12 de noviembre y ella falleció el 13 de noviembre.

La opinión del Anscombe Bioethics Centre

El mismo 13 de noviembre de 2023 el Anscombe Bioethics Centre emitió un comunicado titulado “Otro niño al que se deniega el derecho a viajar para recibir tratamiento médico”.

Allí, luego de recapitular los antecedentes del caso, señalan que este caso es “deprimentemente familiar”, pues se repite una situación sucedida muchas veces.

Algunas definiciones importantes del Anscombe Bioethics Centre

Desproporción de recursos en la batalla legal: “El NHS llevó el caso a los tribunales… En esta batalla legal, los recursos del Trust del NHS son ampliamente mayores que aquellos de los padres… Los padres se enfrentan con un proceso que no les es familiar y en el que es difícil acceder a información médica sobre su hija. En el Tribunal, la niña no es representada por sus padres, sino por un tutor. En principio, el tutor puede tomar la misma visión que los padres, pero en este caso, así como en la mayoría de otros similares, el tutor enfatiza las cargas del tratamiento en lugar de los beneficios de la vida y ve la calidad de vida de Indi de manera muy negativa. El juez, al igual que en otros casos, se puso del lado de los médicos y el tutor y declaró que sería en el mejor interés de Indi retirar el tratamiento invasivo de soporte vital”.

Las limitaciones de la medicina y las decisiones de los padres como primeros jueces del interés superior: Señala el Anscombe Bioethics Centre que “es importante reconocer que hay límites a lo que la medicina puede lograr y algunas veces necesitamos reconocer esto y retirar un tratamiento que puede causar daño con beneficios limitados. Y también es cierto que algunas veces los padres toman decisiones médicas en nombre de sus hijos que son perjudiciales para ellos y que, en última instancia, los tribunales deben intervenir. Pero hasta tanto se demuestra a los padres que sus decisiones son irrazonables y dañinas, ellos deben ser reconocidos como los primeros jueces de lo que es el interés superior de su hijo. Quitar perentoriamente a los padres esta responsabilidad es una injusticia no solo hacia ellos pero también hacia los niños que tienen el derecho de ser cuidados por sus padres”.

Derecho a buscar tratamiento en el extranjero: Para el Anscombe Bioethics Centre, “así como un paciente tiene el derecho de buscar tratamiento en el extranjero, también los padres tienen que tener el derecho de buscar tratamiento para sus hijos si los que ofrecen el tratamiento están adecuadamente calificados y bien regulados. Para personas que viven fuera del Reino Unido, parece escandaloso que los padres no puedan llevar a sus hijos a un reconocido hospital dentro de la Unión Europea, en el que el estándar de calidad de salud es ciertamente equivalente al NHS del Reino Unido. Si los médicos de Inglaterra no quieren tratar a la niña, ¿por qué no pueden al menos permitir que la niña sea trata con un equipo de calidad médica apropiada en otro país?

Necesidad de un cambio cultural y legal: Para el Anscombe Bioethics Centre “este resultado es el resultado de las decisiones tomadas por el Trust del NHS y se debe también a defectos en la forma en que los Tribunales deciden estas cuestiones. Para afrontar adecuadamente esta cuestión se requiere un cambio radical en la cultura dentro de los Trust del NHS y un cambio en la ley para reconocer correctamente la autoridad de los padres como los primeros jueces de lo que son los mejores intereses de sus hijos.  No obstante, la situación puede cambiar significativamente si la Ley de Salud y Cuidado de 2022 (Health and Care Act) fuera reformada para volver a incorporar la enmienda propuesta por la Baronesa Ilora Finlay y que había recibido un apoyo mayoritario de sus pares. La enmienda era un cambio sencillo, que se basaba en una perspectiva de cuidados paliativos, y buscaba únicamente evitar que los Trusts lleven planteos a los Tribunales sin haber antes analizado otras opciones menos gravosas. Ir a Tribunales es una decisión muy costosa no sólo desde lo financiero, sino también en el plano humano. Todo este proceso ha causado un gran e innecesario sufrimiento a los padres de Indi y no mostró al sistema de salud de Inglaterra en su mejor luz. Si algún bien puede salir de este terrible caso sería la de volver a considerar esa necesaria modificación de la ley.

La declaración, emitida poco antes de la muerte de Indi, terminaba con la expresión de solidaridad del personal del Anscombe Bioethics Centre con Indi, sus padres y su familia, mientras atraviesa estos tiempos tan dolorosos y aseguran sus oraciones.

Informe de Jorge Nicolás Lafferriere

Fuentes: Anscombe Statement – Another Child Denied the Right to Travel for Medical Treatment, 13-11-2023, disponible en: https://bioethics.org.uk/news-events/news-from-the-centre/anscombe-statement-another-child-denied-the-right-to-travel-for-medical-treatment/

Sentencia del 8 de noviembre de 2023 – [2023] EWHC 2798 (Fam) – Caso Nro. FD23P00452: https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2023/11/Re-Indi-Gregory3-1.pdf

Sentencia del 13 de octubre de 2023 – Caso Nro. FD23P00452: https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2023/10/Nottingham-University-Hospitals-NHS-v-Gregory-judgment-121023.pdf

En octubre de 2023 se difundió un informe publicado por la Sociedad Canadiense del Cáncer (Société Canadienne du Cancer), titulado “Análisis de los cuidados paliativos en Canadá: una revisión de las medidas a nivel federal, provincial, territorial y comunitario” que revela que los gobiernos en Canadá no logran proporcionar cuidados paliativos de calidad a personas con enfermedades progresivas como el cáncer, especialmente en las residencias de cuidados paliativos, que tienen pocas camas y están dispersas.

Según el informe, hasta el 31 de mayo de 2022, Canadá solo contaba con 3.97 camas en residencias de cuidados paliativos por cada 100.000 habitantes. Las mejores prácticas indican 7 camas por cada 100.000 habitantes.  Este número solo se alcanza en Columbia Británica y Yukón.

Otras deficiencias que surgen del informe se relacionan con la falta de cuidados paliativos en entornos como la atención primaria, la domiciliaria y la de largo plazo. Además, se señala que el personal de salud sufre presiones, que se han exacerbado por la pandemia de Covid-19. Entre las medidas que propone el informe se encuentran una campaña de concientización dirigida al público en general y a los profesionales de la salud, mejorar la formación de profesionales de la salud y un mejor uso de medidas e indicadores de rendimiento para comprender mejor lo que funciona y lo que necesita mejorar.

Comentando el informe, en una entrevista para El Atlántico, Claire Fourcade sostuvo: “Hasta 2016, Canadá fue un país pionero en cuidados paliativos y estaba entre los países donde estaban más desarrollados en el mundo. Desde la legalización de la muerte provocada, ha perdido 10 lugares en los rankings internacionales. Este retroceso se observa en todos los países que han legalizado la eutanasia. Ninguno de ellos ha mejorado en estos rankings, incluso Inglaterra, que está a la cabeza y no ha legalizado ninguna forma de muerte administrada. La situación es particularmente grave en Canadá, que considera la eutanasia como un cuidado e impone a los cuidadores presentarla a los pacientes como parte de las opciones terapéuticas. El aumento exponencial del número de eutanasias, especialmente en Quebec (+42% en 2022), muestra cuánto se impone la presión social a los más vulnerables. Hasta el punto de llevar a la Ministra de Salud de Quebec a abrir una investigación para comprender las razones de este aumento vertiginoso. No hay un 42% más de enfermos en situaciones de gran sufrimiento cada año. Sin embargo, hay una interiorización de la nueva norma creada. Nadie está obligado a elegir la eutanasia, pero todos están obligados a considerarla”. Fourcade preside la Sociedad Francesa de Acompañamiento y Cuidados Paliativos.

Por Jorge Nicolás Lafferriere

Fuentes: https://cdn.cancer.ca/-/media/files/about-us/media-releases/2023/palliative-care-report/adv23163palliative-care-report85x11fr03.pdf

https://atlantico.fr/article/decryptage/legalisation-de-l-euthanasie-l-exemple-du-canada-montre-l-impact-desastreux-sur-les-soins-palliatifs-claire-fourcade

El 15 de septiembre de 2023 se presentó en el Congreso de la Nación Argentina el Presupuesto para el ejercicio 2024 (Mensaje 0037/23 –Expte. 0039-JGM-2023, TP. N° 139 – Cámara de Diputados de la Nación). En este boletín presentamos una breve descripción sobre la forma en que son abordados los cuidados paliativos.

1. Los CP en el presupuesto del Instituto Nacional del Cáncer

En el anexo correspondiente al Ministerio de Salud (Planilla de la Jurisdicción 80) no encontramos referencias a los cuidados paliativos ni a la ley 27.678. Las referencias al tema se encuentran dentro del Presupuesto del Instituto Nacional del Cáncer (INC – Entidad 915). Allí se encuentra radicado el Programa Nacional de Cuidados Paliativos creado por Resolución 1253/2016 del Ministerio de Salud de la Nación. En el anexo del Presupuesto correspondiente al INC se señalan las siguientes acciones en relación a los CP:

“- Efectuar el monitoreo y los controles de programas de acceso a opioides de fabricación nacional en coordinación con otros organismos, para garantizar la provisión de morfina y metadona para control del dolor en pacientes con cuidados paliativos de instituciones públicas del país.

– Ejecutar una asistencia técnica para programas y servicios de cuidados paliativos.

– Conformar centros regionales de referencia, en materia de cuidados paliativos, armando redes de referencia y contrarreferencia.

– Realizar capacitaciones en cuidados paliativos para enfermeros, médicos paliativistas, médicos generalistas y cuidadores tanto en adultos como en pediátricos.

– Investigar sobre indicadores de calidad para los servicios de cuidados paliativos”.

También se señala como un objetivo la formación de recursos en cuidados paliativos, tanto pediátricos como de adultos.

Entre las metas del INC, se informa que el objetivo es asistir a 3.350 pacientes en la “provisión de Analgésicos Opioides (PrAO) para Cuidados Paliativos en Cáncer”. En 2023 la meta había sido 3.096 pacientes.

No aparecen desagregados los fondos que se destinan a esta finalidad.

2. Análisis crítico del presupuesto a la luz de las normas vigentes

Haciendo un balance de este presupuesto podemos decir:

• La norma que ofrece el marco para este tema es el art. 8 de la ley 27678 que dispone: “Artículo 8°- Financiamiento. Los gastos que demande la implementación de la presente ley se imputarán a la partida presupuestaria correspondiente a la Autoridad de Aplicación que determine el Poder Ejecutivo”.
• Las acciones que el presupuesto indica que realizará el INC corresponden a directivas que surgen de la ley 27.678 (B.O. 21/7/2022). En tal sentido, sorprende que en el proyecto de ley de Presupuesto no haya menciones explícitas a la ley 27678, o a su decreto reglamentario (Nro. 311/2023, B.O. 15/6/2023).
• Un problema que queda reflejado en el presupuesto es que los CP a nivel nacional aparecen vinculados con el paciente oncológico y resta la definición de mejores estrategias para llegar a los no oncológicos. De hecho, en el Decreto 311/2023 reglamentario de la ley se afirma: “art. 6. Funciones de la autoridad de aplicación: … m) El PROGRAMA NACIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS (PNCP), existente a cargo del INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER, articulará con la Autoridad de Aplicación las acciones orientadas a las pacientes oncológicas y los pacientes oncológicos. La Autoridad de Aplicación, a través de sus áreas competentes, articulará las acciones orientadas a las pacientes no oncológicas y los pacientes no oncológicos”. El Presupuesto no refleja ninguna acción, de forma explícita, para cumplir con esa tarea.
• Aunque el tema excede al presupuesto nacional, se puede advertir también que resta la modificación del Programa Médico Obligatorio (Res. 201/2002 del Ministerio de Salud) que limita los CP a los pacientes terminales, mientras que la ley 27678 adopta un criterio más amplio vinculado con las enfermedades amenazantes o limitantes de la vida (arts. 2.a y 3). El art. 7 de la Ley 27678 se refiere a la cobertura de los CP por obras sociales y empresas de medicina prepaga, pero remite la determinación concreta del alcance de la cobertura a lo que disponga la autoridad de aplicación. Tampoco el Decreto 311/2023 definió el alcance de cobertura.
• El presupuesto nacional no permite advertir uno de los aspectos críticos que se presentan en relación a la expansión de los servicios de CP y que es la creación de servicios y nuevos cargos específicamente destinados a cubrir las necesidades de equipos que existen en cada jurisdicción. En este punto, es clave la articulación entre la Nación y las provincias y también entre los distintos sectores del sistema de salud.

Fuente: https://www.economia.gob.ar/onp/presupuestos/2024

El 13 de septiembre de 2023 se dio a conocer la sentencia del Tribunal Constitucional de España que desestima un recurso de inconstitucionalidad que se había presentado contra la ley orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia y que había sido interpuesto por el Grupo Parlamentario Popular. Aunque todavía no se conoce el texto completo de la sentencia, el tribunal difundió una nota informativa (69/2023).

El TC ya se había pronunciado en una sentencia anterior del 22 de marzo de 2023 (STC 19/2023) sobre un planteo de inconstitucionalidad de la ley y lo había rechazado, según analizamos en un boletín anterior. En esta ocasión, el Tribunal ratifica la sentencia anterior y desestima dos quejas novedosas relativas a la objeción de conciencia de las personas jurídicas y a la utilización del proceso preferente y sumario para tutelar la eutanasia.

Según surge del Comunicado de Prensa: “En relación con la objeción de conciencia de las personas jurídicas y de acuerdo con la configuración constitucional de este derecho, la sentencia sostiene que las únicas actuaciones susceptibles de ser exoneradas del deber legal de garantizar el derecho de prestación de ayuda para morir, en los términos en que ha sido configurada por la LORE, por estar amparadas en la objeción de conciencia, son las intervenciones de los profesionales sanitarios, cualquiera que sea su categoría profesional, en la ejecución efectiva de dicha prestación. Es solo respecto de tales intervenciones cuando debe constatarse que pueden darse situaciones de conflicto por convicciones íntimas, ideológicas o morales, que justifican el apartamiento del profesional sanitario ante una intervención que constituye, con carácter general, un imperativo legal. Más allá de estos casos excepcionales, extender la objeción de conciencia a un ámbito institucional como pretenden los recurrentes, no solo carecería de fundamento constitucional, sino que pondría en riesgo la efectividad de la propia prestación sanitaria”.

Igualmente, el TC rechaza una queja que se refería al procedimiento sumario y preferente que se crea por la ley de eutanasia para resolver los planteos de quiénes la solicitan y recibieron una resolución denegatoria. En este punto, según el comunicado de prensa, el TC considera que “las resoluciones que deniegan la prestación de ayuda para morir inciden en la facultad de autodeterminación de la persona, y lo hacen en la medida en que afectan, además de a valores y principios constitucionales vinculados a la libertad y dignidad personal, a un derecho fundamental como es el de la integridad física y moral consagrado en el art. 15 CE. Estamos, pues, ante un derecho constitucional de configuración legal que encuentra su anclaje, en última instancia, en el derecho fundamental a la integridad física y moral (art. 15 CE), por lo que no puede entenderse que se quiebre la tutela preferente y sumaria dispensada en el art. 53.2 CE”.

Al igual que sucedió con la anterior sentencia, hay votos disidentes de Enrique Arnaldo Alcubilla y Concepción Espejel Jorquera.

La decisión presenta graves problemas de fondo. Por un lado, insiste en considerar a la eutanasia como un derecho fundamental que se deriva de derechos constitucionales, forzando la interpretación de la Constitución y creando un derecho que no existe y que supone conductas que violan derechos, como el de la vida. Por el otro, avasalla la libertad de asociación y de conciencia, al adoptar una visión restrictiva de la objeción de conciencia que queda limita a las personas individuales. Si bien es cierto que las instituciones como tales no tienen conciencia en el mismo sentido que la tiene una persona humana, también es cierto que las personas humanas se asocian según su conciencia para fines comunes y ello supone también el respeto de la conciencia y los fines asociativos. Denegar la denominada “objeción de conciencia institucional” es denegar el derecho de asociación.

Informe de Jorge Nicolás Lafferriere

El 10 de septiembre de 2023 se recordó el Día de Prevención del Suicidio en Argentina. Como contribución a esa fecha, parece oportuno recordar la normativa legal que existe en nuestro país en esta materia.

En 2013, Chaco sancionó la ley 7335 (B.O. 26/2/2014) que crea el Programa de prevención a personas en situaciones de crisis y riesgo suicida y de apoyo familiar. Esta norma impulsaba acciones vinculadas con la asistencia de salud, la capacitación del personal de salud, la comunicación responsable, la creación de registros estadísticos, la habilitación de una línea telefónica de ayuda, la generación de material educativo y la inclusión de partidas presupuestarias para el tema.

En 2015 el Congreso Nacional sancionó la ley 27130 (B.O. 8/4/2015) de Prevención del Suicidio. Bajo esta ley se promueve un abordaje coordinado, interdisciplinario e interinstitucional, la prevención con campañas de sensibilización, la asistencia de salud, la cobertura de las prestaciones requeridas para víctimas de intento de suicidio y a sus familias por obras sociales y empresas de medicina prepaga, la capacitación de personal en ámbitos laborales, educativos, de salud y en contextos de encierro, la habilitación de una línea telefónica de ayuda, la comunicación responsable, la obligación de notificar el hecho, la creación de registros estadísticos, el registro de instituciones, asociaciones, ONG y profesionales que cumplen estándares y la inclusión de partidas presupuestarias para el tema.

La ley recién se reglamentó en 2021 por el Decreto 603/2021 (B.O. 10-9-2021). La Resolución 1717/2022 del Ministerio de Salud de la Nación (B.O. 8-9-2022) crea el Programa de Abordaje Integral de la Problemática del Suicidio bajo la órbita de la Dirección Nacional de Salud Mental y adicciones dependiente de la Secretaría de Calidad en Salud.

Por el art. 19 de la ley 27130 se invita a las provincias a adherir a sus disposiciones. Al 31 de agosto de 2023, 20 jurisdicciones adhirieron a la ley y quiénes no adhirieron aun son: Formosa, Mendoza, San Luis y Santiago del Estero.

La lista de las adhesiones es la siguiente:

Informe de Jorge Nicolás Lafferriere

A raíz de la visita de Mons. Paglia a la Argentina

“Y los invito además a pasar de la imaginación a la realización de un gesto concreto para abrazar a los abuelos y a los ancianos. No los dejemos solos, su presencia en las familias y en las comunidades es valiosa, nos da la conciencia de compartir la misma herencia y de formar parte de un pueblo en el que se conservan las raíces”[1].

La descripción de escenarios de ausencia de políticas públicas apropiadas, de falta de acceso a bienes esenciales o de apartamiento a las normas deontológicas y/o ético-jurídicas que regulan -o deberían regular- las prácticas médicas bien podría dar lugar a ponderaciones bio-éticas, sin embargo, aquella sólo habría de operar como un disparador del análisis pretendido, debiendo abordarse luego una necesaria faceta prescriptiva, normativa.

Es que, a la Bioética, como al Derecho, no importan sólo los datos que como input sociológico describen la realidad, deben implicarse también propuestas concretas tendientes a guiar la conducta humana. Es por ello que, ante situaciones clásicas como las del aborto o la eutanasia, así como con temas de vanguardia como los asociados a la edición genética, la inteligencia artificial o la robótica, el balance biojurídico deba necesariamente trascender la faceta descriptiva y avanzar, fundamentalmente, hacia la propuesta de soluciones prácticas adecuadas.

En estas breves reflexiones aspira a ponerse el acento en uno de los extremos de mayor vulnerabilidad de la persona humana en nuestro país y a nivel global, y a partir de una sucinta alusión al estado de situación general, explorar posibles medidas para darle el cauce apropiado conforme exigencias de justicia y Bien Común. Pondremos el foco en la ancianidad, a partir de la visita de Mons. Paglia, presidente de la Pontificia Academia Pro Vita, a la Argentina.

El siglo de la vejez

Los adultos mayores son, como los niños, sujetos que ameritan protecciones especiales de parte de nuestra sociedad y “según datos del Censo 2010, el 10,2% de su población es mayor de 65 años, dato que sitúa a la Argentina dentro de los países de América Latina con mayor porcentaje de esta población”. El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA afirma al respecto que “(…) se estima que dicha cifra ascenderá al 12,7% para el 2025 y al 19% para el año 2050. Para ese entonces, la población de personas mayores de 65 años, sobrepasará en proporción a la población de niños y adolescentes de menos de 15 años“[2].

Lo dicho permite afirmar que, cuanto menos en términos estadísticos y demográficos, el universo al que estamos refiriendo dista mucho de representar un segmento marginal sin relevancia. Tal es su significancia que amerita la implementación de cantidad de políticas públicas tendientes a encausar debidamente sus necesidades e intereses. Lo dicho no implica una mirada sesgada, desde ya, sino todo lo contrario. Ciertamente los intereses de los adultos mayores son, en rigor de verdad, intereses colectivos. En más, ocuparse de aquellos no sólo implica la retribución por su aporte durante toda su vida al desarrollo familiar y social, no se trata simplemente de un reconocimiento retroactivo, es al mismo tiempo un modo de ocuparse también de la juventud, los adultos y las generaciones futuras.

Cambiar el enfoque

Llamativamente, los evidentes logros que la ciencia aplicada ha traído en términos de extensión de la expectativa de vida no han sido acompañados de una actualización en lo que se entiende por “ancianidad”. En la cultura contemporánea, centrada en la utilidad y la eficiencia económica, es habitual la asociación de la vejez a conceptos como “ocaso”, “fin”, “carga”, “dependencia”, así como  a la falta de misión personal. En línea con lo dicho, en una reciente conferencia en la Universidad Católica Argentina, Mons. Vincenzo Paglia alertó sobre los efectos de la consideración de la vejez como “dimensión no activa del vivir”, tanto para los ancianos de hoy y para los que lo serán en el futuro.

Al respecto, el Observatorio de la Deuda Social de la UCA plantea que “tal vez sea un problema epocal: los mayores no son respetados ni apreciados por su autoridad, ni por su sabiduría, como ocurrió́ en otras organizaciones humanas que nos precedieron, y su presencia es percibida como una carga, a veces no sólo económica, para quienes permanecen activos. Nuestra civilización no les reconoce un rol específico ni el valor de transmisión que proviene de haber vivido más que sus semejantes”[3].

Pero lo cierto es que el aumento de la expectativa de vida, en parte motivados por la socialización de los avances de la medicina y las mutaciones demográficas brevemente aludidas, ha justificado que, para algunos, el siglo XXI sea definido como  el “Siglo de la vejez”, dando cuenta de la centralidad del notable incremento de la población de ancianos en todo el planeta. Ante la aparición de la primera “generación de viejos en masa” se presentan desafíos nuevos propios de una nueva configuración social.

En este contexto, independiente de la desprotección general de la población vulnerable en el país en función de la crisis socio-económica “crónica”, para la población específica de los adultos mayores existe una deuda histórica vinculada a la insatisfacción de bienes y servicios esenciales, fundamentalmente el acceso a la salud, así como a la falta de atribución de un rol social y familiar específico.

Cabe traer a colación algunos ejemplos de dificultades que enfrenta en la actualidad gran parte de la población anciana del planeta en general y de Argentina en particular:  

• Insuficiente integración e inclusión en actividades públicas;
• Falta de accesibilidad y de adecuadas condiciones del espacio urbano, transporte, etc;   
• Demora significativa en la asignación de turnos médico-asistenciales y para la realización de prestaciones médicas preventivas, terapéuticas y/o de seguimiento;
• Falta de cobertura de los servicios sanitarios;
• Inseguridad alimentaria (naturalmente incrementada en virtud de la pobreza y otros indicadores socio-económicos);
• Soledad (en especial hacia el final de la vida).

La situación crítica del sistema de salud y el complejo escenario socio-económico poseen consecuencias notablemente más disvaliosas para las personas del rango etario en cuestión en relación con las personas más jóvenes.

Ello a pesar de que la Ley 27.360 aprobó en Argentina la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la que establece la responsabilidad del Estado, con la participación de las familias y la comunidad en pleno, para la integración de la persona mayor, así como en su cuidado y atención.

Lo dicho pone de manifiesto la centralidad de la “vigencia sociológica” de los derechos humanos, desprovista de la cual la formulación explícita de derechos fundamentales, incluso en normas de jerarquía supralegal en función de la reforma constitucional de 1994, concluye en meras declamaciones que poco tienen que ver con el goce efectivo de tales prerrogativas.

Hacer frente a la cultura del descarte

El escenario descripto no resulta novedoso y se suma a otras manifestaciones de la que ha dado en llamarse “cultura del descarte”, en la que determinados seres humanos son identificados como objetos fungibles,  intercambiables y susceptibles de desecho, excluidos del goce de bienes esenciales en virtud de cualidades accidentales tales como la edad -tanto al inicio como a fin de la vida-, la presencia de determinades características físicas y/o patologías, el nivel de desarrollo intelectual, etc.

En el marco de una construcción social que proclama los méritos de la juventud, la fuerza y la autonomía, se atenúa el reconocimiento universal del valor particular de cada integrante de la especie humana. Dicho de otro modo, se consolida una auténtica “sociedad de los fuertes” (jóvenes y adultos autosuficientes) que excluye a los que son considerados débiles (personas por nacer, niños, ancianos, personas con discapacidad, etc.).

Muestra de lo dicho son los intentos de promoción de la eutanasia y el suicidio asistido. Si bien en Argentina la eutanasia está prohibida, existen diferentes proyectos que tienden a su liberalización[4], expresando el rechazo de la fragilidad inherente a la naturaleza humana, la asimilación de la vida a un bien disponible[5].

Considerar experiencias exitosas

En la reciente visita al país de Mons. Vincenzo Paglia y de la Dra. Nunziata Comoretto, integrante del proyecto Pal-Life[6], destinada a generar conciencia sobre la problemática de la ancianidad y a la difusión de los cuidados paliativos como respuesta a situaciones dilemáticas asociados al fin de la vida, legisladores porteños y miembros del Senado de la Nación, así como estudiantes, profesores y autoridades de la Pontificia Universidad Católica Argentina y la Universidad del Salvador, tomaron conocimiento de la Ley de protección de la ancianidad aprobada en Italia por unanimidad, así como de los proyectos de normas reglamentarias que se encuentran en desarrollo en el seno del poder ejecutivo italiano.

Grosso modo, el plexo normativo en evolución plantea -entre otras cuestiones- la asistencia domiciliaria integrada y continua de los adultos mayores, promoviendo su permanencia en el hogar, en la medida de lo posible, como el ámbito idóneo para transitar los 30 años que, en promedio, transitan los adultos luego de su jubilación laboral. La propuesta implica fortalecer un continuo asistencial y existencial, de modo que no se vacíe de contenido, de misión y de prospectivas la cotidianeidad de las personas que han superado la edad jubilatoria. Es que, ciertamente, los adultos mayores no deberían ver vedada la posibilidad de continuar activos en las áreas de su interés, con proyectos personales, vínculos interpersonales, actividades de ocio, etc.

La experiencia italiana se pone de relieve por cuanto, como se dijo al inicio, iniciativas legislativas de contenido práctico, basadas en la evidencia y con una marcada impronta social (además de estrictamente sanitaria), permiten superar la mera descripción de un fenómeno de escala mundial, dando pasos firmes hacia la implementación cierta de medidas que permiten el goce efectivo de los derechos de las personas mayores, reconociéndoles su dignidad individual y un rol específico para la reconstrucción del tejido social y el fortalecimiento de los lazos de familia.

El desafío es crecer en sensibilidad, reconociendo la propia fragilidad como un elemento constitutivo de nuestra naturaleza humana en orden a superar las tensiones propias de la cultura del descarte, centrada en el individualismo y la falsa aspiración de la auto-salvación.

Si la consigna es la construcción de una sociedad más humana e inclusiva, la consideración de las personas que requieren nuestro cuidado como semejantes con valor propio es un presupuesto antropológico necesario y un imperativo moral que no podemos desatender.

Informe de Leonardo Pucheta

[1] Mensaje del Santo Padre Francisco para la III Jornada Mundial de los abuelos y los mayores. 23 de julio de 2023. Disponible en línea en: https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/nonni/documents/20230531-messaggio-nonni-anziani.html [Último acceso el 29 de agosto de 2023].

[2] Amadasi, Enrique. Condiciones de vida e integración social de las personas mayores: ¿Diferentes formas de envejecer o desiguales opor- tunidades de lograr una vejez digna? / Enrique Amadasi y Cecilia Tinoboras. – 1a ed. – Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Educa, 2015. Disponible en línea en: https://wadmin.uca.edu.ar/public/20180426/1524766602_2015_Obs_Barometro_Personas_Mayores.pdf [Último acceso el 29 de agosto de 2023]

[3] Amadasi, Enrique. Op. Cit.

[4] Actualmente hay 5 proyectos con estado parlamentario (4 en Cámara de Diputados y 1 en el Senado.

[5] También ha de destacarse, en el sentido contrario, una tendencia positiva de promoción de legislación sobre cuidados paliativos, entre la que cabe destacar la Ley 26.529 de Derechos del Paciente, el Código Civil y Comercial de la Nación, la Ley 7.678 de Cuidados Paliativos y el Decreto 311/2023. Para un análisis pormenorizado de los proyectos ver: (https://centrodebioetica.org/wp-content/uploads/2022/08/Analisis-de-los-proyectos-de-legalizacion-de-la-eutanasia-en-Argentina.pdf

[6] Centeno C, Sitte T, de Lima L, Alsirafy S, Bruera E, Callaway M, Foley K, Luyirika E, Mosoiu D, Pettus K, Puchalski C, Rajagopal MR, Yong J, Garralda E, Rhee JY, Comoretto N. Documento de Posición Oficial sobre la Promoción Global de Cuidados Paliativos: Recomendaciones del Grupo Internacional Asesor PAL-LIFE de la Academia Pontificia de la Vida, Ciudad del Vaticano. J Palliat Med. 2018 Oct;21(10):1398-1407. English. doi: 10.1089/jpm.2018.0387. Epub 2018 Sep 26. PMID: 30256150; PMCID: PMC6201785.

El 1 de agosto de 2023 el Senado de Uruguay aprobó la ley de cuidados paliativos (CP) que “tiene por objeto garantizar el derecho a recibir cuidados paliativos a todas las personas portadoras de enfermedades descritas en el artículo 1 º, a sus familiares y cuidadores y padres de niños en etapa prenatal, cuando padecen enfermedades intraútero, abarcando las dimensiones física, psicológica y social, conforme a los deberes de los profesionales de la salud y del sistema sanitario a este respecto” (art. 2).

La ley consta de 10 artículos y había sido aprobada por la Cámara de Representantes el 14 de diciembre de 2021.

En su primer artículo, se declara a los CP como un derecho: “Declárase el derecho universal a recibir atención de cuidados paliativos a todas las personas que padecen enfermedades graves, progresivas y avanzadas, con escasa o nula respuesta a tratamientos específicos, que presentan múltiples síntomas severos, cambiantes en el tiempo que impactan en la autonomía y en la calidad de vida por la carga sintomática o psicológica, discapacidad o dependencia que generan, y limitan su pronóstico vital” (art. 1).

En el art. 3 se fijan los cometidos de la ley, que son: “A) Garantizar la continuidad de la atención en todos los ámbitos asistenciales y niveles de atención en niños, adolescentes y adultos (internación, domicilio, consultorio), respetando el principio de no abandono. B) Disminuir el sufrimiento de las personas, mediante un adecuado control del dolor y otros síntomas. C) Promover el bienestar de familiares y cuidadores, incluyendo la atención al duelo. D) Respetar el derecho a la información veraz y suficiente que habilite la autonomía del paciente en el proceso de la toma de decisiones. E) Promover el cuidado de los miembros de los equipos actuantes, a fin de lograr una mejor atención”.

En función de esos objetivos, el art. 4 establece los deberes de “todos los prestadores integrales de salud del Sistema Nacional Integrado de Salud” entre los que se encuentran brindar asistencia paliativa a todos los usuarios de su institución, asegurar la difusión del derecho a los CP, garantizar procedimientos de ingreso a la atención paliativa que sean sencillos y rápidos, contar con profesionales y equipos, brindar asistencia en los distintos ámbitos (internación, ambulatorio, domiciliaria, telefónica y otros), asegurar la continuidad asistencial y brindar asistencia de duelo.

En el art. 5 se precisan los principios que rigen la asistencia en el proceso de final de la vida. Entre esos principios, se expresa el acceso universal a la asistencia paliativa integral, el derecho a ser tratado conforme a la dignidad inherente de toda persona, el derecho a que no se practiquen sobre su persona actos médicos contrarios a su integridad física o mental, el derecho al control evolutivo, el derecho a ser informado, el respeto a la planificación de decisiones anticipadas, el deber del equipo médico de evitar la obstinación terapéutica, el derecho a recibir atención integral y el acceso a la sedación paliativa.

En ese art. 5, el inciso C reitera “El derecho a morir dignamente entendiendo dentro de este concepto el morir en forma natural y en paz, sin dolor, y con pleno respeto de todos los demás derechos relativos a la dignidad de la persona establecidos en el Capítulo IV de la Ley Nº 18.335, de 15 de agosto de 2008”. La expresión “morir en forma natural” debe entenderse como excluyendo a la eutanasia. En tal sentido, en el capítulo IV de esa ley, el art. 17 dispone: “Todo paciente tiene derecho a un trato respetuoso y digno. Este derecho incluye, entre otros, a: … D) Morir con dignidad, entendiendo dentro de este concepto el derecho a morir en forma natural, en paz, sin dolor, evitando en todos los casos anticipar la muerte por cualquier medio utilizado con ese fin (eutanasia) o prolongar artificialmente la vida del paciente cuando no existan razonables expectativas de mejoría (futilidad terapéutica), con excepción de lo dispuesto en la Ley N° 14.005, de 17 de agosto de 1971, y sus modificativas”.

Sobre la sedación paliativa, el art. 5 señala: “Se entiende por sedación paliativa la disminución deliberada del nivel de conciencia del enfermo mediante la administración de los fármacos apropiados con el objetivo de evitar un sufrimiento intenso causado por uno o más síntomas refractarios”. En caso que no haya el paciente dejado consentimiento expreso o delegado, “puede aceptarse el consentimiento implícito” (art. 5). “En este caso, se atenderá especialmente a que la sedación sea en exclusivo beneficio del paciente de conformidad con las pautas éticas-profesionales, se considerará que es derecho del paciente vivir su muerte conscientemente y deberá contarse con el consentimiento informado de los familiares” (art. 5).

El art. 6 se refiere al derecho a la información y el art. 7 al derecho a una asistencia integra, precoz y continua.  El art. 8 establece los deberes de los prestadores de salud en relación a los recursos humanos necesarios para conformar equipos de cuidados paliativos especializados y específicos para niños y adultos y el art. 9 se refiere a los recursos materiales. Finalmente, el art. 10 señala que el Poder Ejecutivo reglamentará las disposiciones de la ley.

Comentando la ley, el Dr. Miguel Pastorino afirmó: “Si bien nuestro país tiene la mejor cobertura de Cuidados Paliativos de América Latina, con esta aprobación se convierte en un país que reconoce el derecho de todas las personas a acceder a cuidados paliativos cuando lo necesiten, ya sea por enfermedades crónicas o que amenacen su vida. El proyecto de Ley fue impulsado por la Sociedad de Medicina y Cuidados Paliativos, con un respaldo unánime de sociedades médicas, de la academia y de diversas organizaciones sociales. Tanto el MSP como ASSE también destacaron su acuerdo con el proyecto y la importancia de aprobarlo. Y las preguntas que surgen después de tener una Ley tan esperada y apoyada por legisladores de todos los partidos son: ¿qué sigue? ¿cómo nos aseguraremos de que efectivamente el 100% de los uruguayos cuente con atención paliativa de calidad? Esto claramente no lo asegura el texto de la Ley, habrá que esperar a su reglamentación y que exista voluntad política y recursos disponibles para hacerlo posible”.

Fuente: https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/ficha-asunto/152965

https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/documentos/diarios-de-sesion/6358/IMG

http://semanariovoces.com/ley-de-cuidados-paliativos-y-ahora-que-por-miguel-pastorino/