El 11 de septiembre de 2026 la Cámara de los Comunes del Parlamento Británico rechazó por 286 a 270 votos un proyecto de ley titulado “Adultos en enfermedad terminal (fin de la vida)” (Terminally Ill Adults -End of Lif- Bill 14, 2026-2027) presentado por Lauren Edwards.
El proyecto de 59 artículos, que estaba destinado a regir en Inglaterra y Gales, afirmaba que su objeto era permitir que personas adultas con enfermedad terminal pudieran solicitar y recibir asistencia para poner fin a sus propias vidas, bajo ciertas salvaguardas y protecciones.
Según el art. 1, eran elegibles las personas con capacidad para decidir poner fin a su vida, mayores de 18 años, residentes en Inglaterra o Gales y que era paciente en el sistema de salud de Inglaterra o Gales. Por su parte, el art. 2 indicaba que se consideraba enfermedad terminal a la persona que tiene una enfermedad o afección progresiva e inevitable que no puede ser revertida por medio de un tratamiento y cuya muerte se espera que se produzca razonablemente dentro de seis meses en razón de esa enfermedad o afección.
El proyecto regulaba detalladamente el procedimiento a seguir, que incluía dos solicitudes y diversas instancias médicas de control. El art. 25 se refería en concreto a la forma en que se realizaría la asistencia para morir, que consiste en proveerle al paciente que fue declarado elegible una sustancia para que ponga fin a su vida.
Según informa The Guardian, el Primer Ministro, Burnham, había anunciado que no hubiera votado por el proyecto y que este debate debía ser pausado hasta que la asistencia social fuera mejorada.
Es la segunda vez en 2026 que un proyecto así fracasa. En el período parlamentario 2025-2026, la Cámara de los Comunes había aprobado la iniciativa pero luego el proyecto no llegó a ser aprobado en la Cámara de los Lores, como informamos oportunamente. Ahora el rechazo se produce en forma directa en la Cámara de los Comunes, lo que significa un nuevo revés para quienes promueven estas iniciativas, que son contrarias del derecho a la vida y al respeto debido a las personas en el final de su vida. Además, el debate en Gran Bretaña deja entrever el grave problema que subyace si se avanza con una ley de suicidio asistido en contextos donde hay personas que no cuentan con adecuada atención médica, pues este tipo de leyes agudizan las inequidades sociales en el acceso a la salud.