El 17 de marzo de 2026 el Parlamento Escocés rechazó el proyecto de ley que regulaba la asistencia para morir para adultos con enfermedad terminal (Assisted Dying for Terminally Ill Adults (Scotland) Bill) por 69 votos en contra, 57 a favor, 1 abstención y 2 ausencias. El proyecto había sido presentado el 27 de marzo de 2024 y había obtenido un informe favorable del Comité de Salud, Asistencia Social y Deportes el 30 de abril de 2025 y un voto favorable de las parlamentarios en la primera etapa de tratamiento (Stage 1) el 13 de mayo de 2025 (70 votos a favor, 56 en contra, 1 abstención y 1 ausente).
Según el proyecto de ley, eran elegibles para la “asistencia para morir” los adultos con enfermedad terminal, a quienes se define en el texto como aquellos que presentan una enfermedad, dolencia o condición de la que no pudieran recuperarse y que razonablemente pueda causar su muerte en seis meses (artículo 2(1) y 3(1)(za)). Se aclaraba que una persona no se consideraba en situación terminal solo por tener un desorden o discapacidad mental (artículo 2(2)).
El proyecto regulaba en forma muy detallada todo el procedimiento de solicitud de la ayuda para morir y evaluación médica del pedido, que incluía un tiempo de reflexión y una segunda solicitud ratificatoria. Al término de ese proceso, el profesional médico brindaba al paciente una sustancia que él se administraría para causar su propia muerte (artículo 15(4B)).
El rechazo del proyecto de ley marca un valioso antecedente a nivel internacional, pues se garantiza el respeto al derecho a la vida y se evita la creación de condiciones jurídicas para facilitar el descarte de personas en el final de su vida. En su lugar, la justicia requiere acompañar al paciente con todos los cuidados paliativos y otras formas de atención humana y profesional hasta el final de la vida.
Informe de Jorge Nicolás Lafferriere