La Corte Suprema de los Estados Unidos dictó sentencia en la causa “United States v. Skrmetti, Attorney General and Reporter For Tennessee, et al.” (No. 23-477) el 18 de junio de 2025 a fin de sostener la constitucionalidad de una ley del Estado de Tennessee, conocida como SB1, que prohíba los bloqueadores de la pubertad y las terapias hormonales para adolescentes transgénero. La mayoría conformada por seis jueces rechazó el planteo de inconstitucionalidad que habían realizado tres adolescentes, junto con sus padres y un médico de Memphis, y que sostenía que la ley violaba el derecho a la igual protección ante la ley. Una Corte de Apelaciones Federal en Cincinnati ya había rechazado la demanda y ello motivó el recurso ante la Corte Suprema.
El voto de la mayoría fue escrito por el juez Roberts, quien preside la Corte, quien reconoció las disputas científicas y políticas que existen en torno al tema, que deben ser decididas por los representantes elegidos en un proceso democrático, pero señaló que la Corte se circunscribía a analizar si la ley violaba o no la Constitución en lo que concierne a la garantía de igual protección. Y se concluyó que no hay violación de la igualdad. Hubo votos concurrentes con la mayoría de los jueces Thomas; Barret, con la concurrencia de Thomas, y Alito. El voto disidente fue firmado por los jueces Sotomayor, Jackson y Kagan.
La ley de Tennessee
La ley de Tennessee fue sancionada el 23 de febrero de 2023 por la Legislatura y aprobada por el Gobernador el 2 de marzo de 2023 y refiere a “los procedimientos médicos que alteran el balance hormonal de una persona menor de edad, remueve sus órganos sexuales, o de cualquier modo cambian la apariencia física de un menor” (en adelante los procedimientos). En la parte de definiciones de la ley se señala que por procedimiento médico se entiende: “Remover, modificar, alterar o penetrar tejidos, cavidades u órganos de un ser humano en forma quirúrgica” (68-33-102-(5)(A)) o bien “prescribir, administrar o dispensar cualquier bloqueador de la pubertad u hormona a un ser humano” (68-33-102-(5)(B)). Ahora bien, la prohibición no alcanza a la aplicación de los procedimientos para tratar un defecto congénito, pubertad precoz, una enfermedad (que no sea disforia de género, desorden en la identidad de género, incongruencia de género u otra condición) o una lesión física (68-33-103-(b)(1)).
La ley modifica varios títulos del Código del Estado (Tennessee Code Annotated). En cuanto al título 68, incorpora un nuevo capítulo que se compone de los siguientes apartados:
68-33-101: Aquí se reseñan los hallazgos que motivan la ley y que se vinculan con la decisión del Estado de tomar medidas para proteger la salud y bienestar de las personas menores de edad. Según la ley, la legislatura encontró los procedimientos antes indicados son dañinos para una persona menor de edad (harmful) cuando se realizan con el propósito de permitir que una persona menor de edad se identifique con, o viva como, una supuesta identidad inconsistente con el sexo del menor o parar tratar una supuesta disconformidad o disforia derivada de la discordancia entre el sexo del menor y la identidad afirmada. Allí se afirman que estos tratamientos pueden provocar esterilidad irreversible, con un riesgo incrementado de enfermedades, o que las personas menores pueden sufrir consecuencias psicológicas. Además, señala que encontró evidencia que estos conocimientos no son consistentes con los estándares profesionales médicos, entre otros hallazgos de mucha relevancia.
68-33-102: Contiene las definiciones necesarias para la interpretación y aplicación de la ley.
68-33-103: Es el capítulo fundamental, pues contiene las prohibiciones. Así, un proveedor de atención sanitaria no debe realizar los procedimientos indicados a una persona menor de edad con los propósitos antes indicados.
68-33-104: Prohíbe que cualquier persona provea hormonas o bloqueadores de pubertad a una persona menor de edad.
68-33-105: Concede acción para demandar por daños y perjuicios a la persona menor de edad o sus padres si sufrieron daños por violación de esta ley.
68-33-106: Se refiere a la acción que puede presentar el Fiscal del Estado por violación de la ley.
68-33-107: Regula las sanciones disciplinarias para los médicos
68-33-108: Se establece que la persona menor de edad no es imputable en las acciones vinculadas con esta ley.
68-33-109: Sobre su aplicación.
El voto mayoritario de la Corte Suprema
En su parte sustantiva, el voto de la mayoría la Corte se detiene a analizar si la ley importa una violación de la Enmienda 14 que establece que ningún Estado puede negar a las personas igual protección de las leyes. Recordando su jurisprudencia sobre el tema, recuerda que una ley puede hacer clasificaciones y distinciones que resulten en alguna desventaja para un grupo sin que ello signifique una violación de la enmienda. En tal sentido, el foco está puesto en si la ley SB1 discrimina a las personas menores de edad en razón de sexo y si ello conlleva que la ley sea sometida a un escrutinio constitucional más riguroso, como piden los apelantes. El voto de la mayoría deja en claro que esta ley no debe estar sujeta a un escrutinio más estricto (Sección A de la sentencia) y explica sobre todo porqué en esta ley no se hacen distinciones en virtud del sexo, sino que las distinciones obedecen a razones de edad. También se responde al argumento de los apelantes de que esta ley discrimina a las personas “transgénero” y que por eso debía hacerse un escrutinio más estricto (en razón de ser una clase cuasi-sospechosa). La Corte recuerda que nunca sostuvo que las personas transgénero eran una clase sospechosa o casi-sospechosa y luego explican que la ley SB1 sólo incluye dos clasificaciones: una basada en la edad y otra basada en el uso médico de los bloqueadores o las hormonas. Complementariamente, explican por qué un precedente referido al despido de un empleado por ser homosexual o transgénero (Bostock v. Clayton County, 590 U.S. 644 (2020)) no se aplica al caso. En concreto, se enfatiza que la ley SB1 está dirigida a ciertas finalidades médicas concretas y no a otras (como las condiciones congénitas, pubertad precoz, enfermedad o lesión física).
La Sección B de la sentencia ingresa al análisis propiamente constitucional de la ley bajo un criterio de análisis racional, que es un criterio menos estricto que el que pretendían los apelantes. Este criterio sostiene que es constitucional una ley que hace clasificaciones si hay una base racional para la distinción. Y la ley SB1 cumple con este estándar, según la mayoría. El fallo se detiene en los hallazgos de la ley, que antes hemos señalado, y rechaza los planteos de los apelantes sobre el punto.
En este apartado se hace mención al informe Cass elaborado a pedido del Sistema Nacional de Salud de Inglaterra (H. Cass, Independent Review of Gender Identity Services for Children and Young People: Final Report 13 (Apr. 2024)) para demostrar que existen preguntas abiertas sobre la base empírica de estos temas en autoridades médicas.
Al concluir, el voto de la mayoría afirma: “Este caso conlleva el peso de intensos debates científicos y políticos sobre la seguridad, eficacia y pertinencia de los tratamientos médicos en un campo en constante evolución. Las voces en estos debates plantean sinceras preocupaciones; las implicaciones para todos son profundas. La Cláusula de Igual Protección no resuelve estos desacuerdos. Tampoco nos autoriza a decidir sobre ellos como mejor nos parezca. Nuestra función no es ‘juzgar la sabiduría, la imparcialidad o la lógica’ de la ley que tenemos ante nosotros (Beach Communications, 508 U. S., pág. 313), sino únicamente garantizar que no viole la garantía de igual protección de la Decimocuarta Enmienda. Habiendo concluido que no la viola, dejamos las cuestiones sobre su política en manos del pueblo, sus representantes electos y el proceso democrático”.
Informe de Jorge Nicolás Lafferriere
Fuentes: Amy Howe, Court upholds Tennessee’s ban on certain medical treatments for transgender minors, SCOTUSblog (Jun. 18, 2025, 11:50 AM), https://www.scotusblog.com/2025/06/court-upholds-tennessees-ban-on-certain-medical-treatments-for-transgender-minors/
United States v. Skrmetti, Attorney General And Reporter For Tennessee, Et Al. Certiorari To The United States Court Of Appeals For The Sixth Circuit (No. 23–477) June 18, 2025: https://www.supremecourt.gov/opinions/24pdf/23-477_2cp3.pdf
Ley SB1: https://publications.tnsosfiles.com/acts/113/pub/pc0001.pdf