El Centro Europeo para el Derecho y la Justicia que dirige Grégor Puppinck difundió 27 problemas graves que atraviesan al proyecto de ley “sobre el derecho a la asistencia para morir” que está en debate en el Poder Legislativo de Francia y que sería tratado, en última instancia, el 15 de julio de 2026 por la Asamblea Nacional de ese país.

Los 27 problemas son los siguientes:

1. Un solo médico decide sobre todo el procedimiento de eutanasia (Artículos 5 y 6).
2. La ley no exige requisitos formales respecto a la expresión del deseo de morir; la solicitud puede hacerse por escrito o “por cualquier otro medio de expresión adecuado a las capacidades de la persona” (Artículo 5, inciso III).
3. En la práctica, la afirmación del médico sobre el deseo de morir del paciente es suficiente. No se requiere ningún testigo para dar fe de la autenticidad de dicha solicitud. En cada caso, el médico se reúne a solas con la persona interesada (Artículos 5, 6 y 7).
4. El médico puede reunirse con la persona solicitante por primera vez el día de la “solicitud” de morir y no es necesario que sea su médico de cabecera (Artículo 5).
5. La eutanasia está permitida para personas bajo tutela o curatela, o para aquellas con capacidad de juicio disminuida (Artículo 5).
6. Siempre que su juicio no esté gravemente afectado, se presume que la persona expresa su deseo de morir (Art. 6, I).
7. Una persona con un trastorno mental grave, como tendencias suicidas, no queda excluida del proceso (Art. 4, párr. 4).
8. No es necesario que el paciente padezca una enfermedad terminal; una persona con muchos años de vida por delante puede acceder a la muerte asistida (Art. 4, párr. 3).
9. La persona no tiene derecho a recibir cuidados paliativos, que en Francia son prácticamente inexistentes.
10. El médico consulta con dos personas de su elección: un médico y un auxiliar médico o un auxiliar de enfermería que puede estar bajo la supervisión del médico (Art. 6, II).
11. La consulta con estas dos personas puede realizarse por videoconferencia sin haber conocido previamente al solicitante ni haber verificado la validez de su solicitud de ayuda para morir (Art. 6, II).
12. Aunque una persona bajo tutela o curatela solicite la consulta con un familiar, el médico puede negarse (Art. 6, II, párr. 4).
13. El médico puede tomar una decisión final inmediatamente después de la consulta (Art. 6, III).
14. El médico no está obligado a examinar al solicitante por segunda vez (Art. 6, IV y V).
15. El plazo de reflexión de la persona solicitante es de solo dos días a partir de la decisión del médico (Art. 6, IV).
16. Potencialmente, todo el proceso podría completarse en tres días.
17. Los familiares de la persona solicitante no tienen derecho a ser informados de que se está llevando a cabo un procedimiento de eutanasia (Art. 6, II, párr. 4 y Art. 7).
18. Los familiares no tienen derecho a impugnar la decisión del médico ante los tribunales (Art. 12).
19. El médico o enfermero debe asegurarse de que la familia y los amigos de la persona no ejerzan presión alguna para que esta retire su solicitud de administración de la sustancia letal (Art. 9, I).
20. La persona solicitante es informada sobre el funcionamiento de la sustancia letal solo después de confirmar su petición de morir (Art. 6, V).
21. Los objetores de conciencia que se niegan a practicar la eutanasia deben designar a otro médico que acepte realizarla en su lugar (Art. 14).
22. Las instituciones privadas, especialmente las religiosas, incluso si todo su personal es objetor de conciencia, están obligadas a aceptar equipos móviles de eutanasia y a permitir la eutanasia a sus residentes y pacientes bajo pena de enjuiciamiento y sanciones administrativas y económicas (Art. 14).
23. A los farmacéuticos se les niega la cláusula de objeción de conciencia y están obligados a preparar la medicación letal bajo pena de sanciones disciplinarias (Arts. 8 y 14).
24. Todas las enmiendas destinadas a separar los procedimientos de eutanasia de los de obtención de órganos fueron rechazadas (por ejemplo, la Enmienda n.º 547).
25. La revisión del proceso se realiza después del fallecimiento basándose únicamente en la información proporcionada por el médico (Arts. 11 y 15).
26. La “revisión” la lleva a cabo una comisión compuesta por cuatro miembros de asociaciones y profesionales de las humanidades y las ciencias sociales, dos médicos y solo dos jueces (Art. 15 IV).
27. El coste total del procedimiento, incluidos los honorarios y la indemnización, está cubierto por la Seguridad Social (Art. 18).

El ECLJ brinda además algunos datos de la realidad que ofrecen contexto al debate y permiten entender los alcances del proyecto:

• El 10 % de la población francesa toma antidepresivos.
• Según la Sociedad Francesa de Apoyo y Cuidados Paliativos (SFAP), un millón de franceses son candidatos a este procedimiento.
• Alrededor de veinte departamentos carecen de unidades de cuidados paliativos, y actualmente se cubre menos de la mitad de la necesidad de cuidados paliativos. Además, esta cobertura disminuirá en proporción al envejecimiento de la población.
• La legalización de la muerte asistida supondrá un ahorro aproximado de 1.400 millones de euros anuales en gastos sanitarios, de atención a personas mayores y de jubilación (estimación de Fondapol, 2025).

Para más información: https://eclj.org/