Una ética para la bioética

De un tiempo a esta parte discusiones de naturaleza bio-ética se han puesto en boca de todos. En los últimos años prácticamente toda la población ha asumido, directa o indirectamente, posición en torno a la problemática del aborto o, en la actualidad, respecto de la pandemia de COVID-19.

El ensanchamiento de la base de participación en estas discusiones complejas supone la mediación de los comunicadores, de los gobernantes y de los especialistas, para la trasmisión de los conocimientos fundamentales para entablar la discusión.

Cuando el tema trasciende la agenda particular de grupos de interés y se convierte en un tópico de evidente interés general, nos preguntamos: ¿Cómo deben comunicarse los argumentos en juego? ¿Cómo debe ser la mentada mediación para favorecer una auténtica discusión democrática?

Los gobernantes y los comunicadores sociales deben expresarse siempre con seriedad, veracidad y responsabilidad, pero las presentes líneas no aspiran a profundizar en torno a ello, pues tememos que resultaría en un balance demasiado negativo. Lo que nos mueve es analizar brevemente cómo deben expedirse los especialistas cuando las discusiones poseen una base científica que resulta a priori ajena a la población general.

Vox populi

La pandemia de COVID-19 ha generado una cantidad inabarcable de publicaciones en revistas científicas, de instrumentos y recomendaciones de organismos técnicos a nivel nacional e internacional, de webinars, presencias en medios de comunicación y en redes sociales.

De un tiempo a esta parte el COVID-19 se evidencia como una suerte de monopolio temático y en ese contexto, se han exacerbado los aportes de especialistas en Bioética, una disciplina desconocida por muchos pero que ha demostrado su utilidad en el contexto actual.  

Una de las ventajas que ofrece semejante explosión de contenidos es la posibilidad de poner la lupa sobre el modo en que se publica y se expone en el ámbito de la Bioética específicamente, pero también el lugar que ocupa el discurso científico en general.

Un logro de nuestra sociedad es la profundización de la libertad de expresión. En la actualidad es ciertamente improbable que alguien proponga restringirla sin recibir una inmediata condena generalizada. La libertad de pensamiento y expresión es, sin lugar a dudas, un rasgo de madurez de una sociedad.

No es menos cierto que en la actualidad la opinión se amplifica a través de los medios de comunicación y de las redes sociales, y que los debates actuales en torno a la pertinencia de las medidas adoptadas para paliar los efectos de la pandemia o los asociados a las vacunas, por ejemplo, se encuentran muchas veces signados por tres rasgos bien definidos: La superficialidad, la utilidad política y la confusión entre la mera opinión y el dato científico.

Doxa y episteme

Estamos de acuerdo en que toda opinión es válida. ¿Quién podría oponerse? De hecho, la libertad de opinión parece suficientemente resguardada por el ordenamiento jurídico y generalmente respetada por la ciudadanía (sin perjuicio de las expresiones de violenta intolerancia que el anonimato de las redes a veces favorece).

Ahora, es claro que no es lo mismo una simple opinión que un conocimiento obtenido y ordenado metódicamente y comprobable empíricamente. Los clásicos atendieron a esta distinción y entre ellos se atribuye a Platón la distinción entre doxa y episteme. La primera, la creencia común o mera opinión y, la segunda, el “conocimiento justificado como verdad”.

En las cuestiones más triviales y también en las más abstractas y de difícil comprensión, es habitual buscar respuestas en las redes sociales y en los medios de comunicación, no en el ámbito de la evidencia científica. La inmediatez del dato le ha ganado a la veracidad del dato.

De allí que en la mediación entre los especialistas y la población en general, máxime cuando ésta se involucra masivamente en los casos en los que el tema en discusión impacta directamente en su cotidianeidad, sea imprescindible que la comunicación sea efectiva y que los conocimientos trasmitidos sean basados en evidencia científica.

Si en favor de la inmediatez de la información, la mediación se convierte en un intercambio falaz, carente de fundamentación racional, pues entonces la participación de la población en la discusión se verá impedida y muy probablemente, las medidas que finalmente se adopten luzcan igualmente desprovistas de justificación científica. Cuando las políticas públicas son basadas en información falsa se habilita a las más flagrantes violaciones a la dignidad y los derechos humanos.

El punto sobre el que pretende ponerse el acento es sencillo: la confusión entre ciencia y opinión no es sólo una cuestión de relevancia epistemológica, sino que impacta directamente en el plano legislativo, en el reconocimiento de derechos y en el trazado de políticas públicas.

Lo cierto es que hoy las redes sociales amplifican las opiniones. El alcance de las redes favorece la difusión de ideas, pero su formato y la velocidad que su utilización lleva ínsita dificultan la difusión de conocimientos sistematizados y metódicamente ordenados. No hay espacio en pocos caracteres para desarrollar argumentos científicos ni para atender seriamente a las políticas urgentes y de fondo que gran parte de la población necesita. De allí que nos preguntemos: ¿Cómo plantear un debate serio en materia de salud pública, educación sexual, prevención del embarazo adolescente -para citar algunos tópicos- sin atender a la evidencia empírica? En algún momento tiene que implicarse la verdad.

Para quienes pretenden descubrir la licitud ético-jurídica de la conducta humana individual o de las normas de carácter general que inciden en la vida y la salud de la población, el reemplazo del dato científico por la mera opinión opera como una contradicción insalvable que mina las bases mismas del diálogo democrático.

Lo políticamente correcto y lo políticamente funcional

La Bioética se nutre de diversas disciplinas para la emisión de sus juicios prescriptivos. No busca describir hechos, sino prescribir el deber ser de éstos, para el resguardo y promoción constante de los derechos de cada ser humano.

Todas las disciplinas implicadas en la reflexión bioética deben fundarse racionalmente y cuando el objeto de aquellas lo justifique, deberán apoyarse en constataciones empíricas. El método científico y la evidencia son fundamentales.

Pues bien, en línea con lo dicho, resulta absolutamente contradictorio que quienes aspiran a una contribución de esta naturaleza basen sus postulados en posiciones ideológicas tendientes a legitimar tal o cual posición político-partidaria.

Lo cierto es que en el contexto de la exacerbación de la opinión, muchas de las manifestaciones de presuntos especialistas, parecen más cercanas a alocuciones propagandísticas que a discursos científicos.

Lo dicho parece expresar la irrelevancia de la evidencia, tanto en el plano comunicacional como para el trazado de políticas públicas. No es necesario demostrar la gravedad de políticas sanitarias que no se basan en la evidencia: tienden irremediablemente al fracaso. 

El problema del aborto

La confusión entre opinión y ciencia no es exclusiva de la discusión respecto de la pandemia, sino que expresa un rasgo distintivo del modo actual de encarar la búsqueda de “la verdad”.

La ley, norma de alcance general -que en este caso guarda relación con la tutela del bien jurídico “vida”- no debería fundarse en opiniones, sino en datos ciertos y comprobados científicamente.

Ratificamos que toda opinión es válida, incluso la más desinformada y carente de fundamentación racional. El problema es cuando a esa opinión se le asigna validez normativa. Las opiniones de quienes se presentan como especialistas producen un impacto inusitado en la era de las comunicaciones y de las redes sociales. Sus opiniones son expresión de poder, poder que no es accesible a todos y de hecho está limitado a muy pocos, de modo que deben asumir su rol con responsabilidad.

La evidencia empírica debiera inhibir expresiones falsas. Si se ignora la ciencia no debieran presentarse como especialistas. Si se conoce y se miente, nos enfrentamos a un supuesto de mayor gravedad, pues falsear maliciosamente los datos de la realidad generan confusión y error en la población.

La Ley 27.610 es el resultado del olvido de la evidencia:

  • Es falso que la mortalidad materna disminuye con causa en la liberalización de las prácticas abortivas. Se ha comprobado que la única causa eficiente para la reducción de la mortalidad materna es el acceso a bienes esenciales como la salud, el trabajo y la educación;
  • Es falso que no existan certezas respecto del estatus biológico de la persona por nacer.
  • Es falso que el Derecho deba legalizar conductas porque “pasan”. El poder estatal, expresado a través de la ley, debe tender a modificar la conducta humana y las condiciones circundantes para la concreción de relaciones de justicia y no ceder ante éstas como si fueran realidades invencibles. Los dirigentes no deben intentar librarse de sus responsabilidades haciendo sólo una descripción de la realidad. No los elegimos para eso, los elegimos para que la cambien (y la mejoren). 
  • Son falsos los datos estadísticos sobre los que se apoya la Campaña Nacional para el Aborto Legal, Seguro y Gratuito; han sido irrefutablemente cuestionados en el marco de las audiencias convocadas en el seno del plenario de comisiones en la Cámara de Diputados.
  • Es falso que no puedan preservarse las dos vidas.

No se trata de afirmar la veracidad o falsedad de los argumentos “de los otros”, como si nos embarcáramos en una contienda deportiva, se trata de buscar sinceramente las respuestas verdaderas que nos permitirán preservar la dignidad y los derechos de cada ser humano.

En relación con el debate por la liberalización del aborto se han escuchado argumentos de variada índole. Un renombrado filósofo, por ejemplo, sostuvo que “el embrión es una larva”, y otro propuso que “sacáramos la verdad de la democracia”. En la última expresión queda clara una posición: si no importa la verdad, pues entonces el producto del trabajo de los legisladores, las sentencias judiciales o las decisiones del Poder Ejecutivo podrían ser totalmente arbitrarias y carentes de fundamentación lógica. Si la democracia y la verdad corren por carriles separados, pues entonces deberemos rendirnos inevitablemente ante el gobierno del más fuerte.

¿Bioética a la carta?

“(…) Fueron los mismos científicos quienes, tomando conciencia del poder que ejercen los avances actuales y los peligros que pueden derivarse del mal uso de todo ese potencial, propusieron una ciencia que uniera la búsqueda de la verdad a la preocupación por la moral, y llamaron a esta nueva ciencia bioética”[1].

En definitiva, la legislación desprovista de fundamentos de orden técnico y pasibles de comprobación empírica no es más que la legitimación de la ley del más fuerte, en el que el poderoso impone a sus subordinados una determinada regulación, sin perjuicio de lo que en sí sea justo y verdadero.

Cuando está en juego la vida y el goce de derechos humanos, especialmente, no debemos quedar librados al arbitrio de quien detente el poder y ceder ante presiones que poco tienen que ver con las necesidades de las personas vulnerables.

En ese marco, cobran especial relevancia los aportes desde la Bioética, ya que importan nociones de diversas disciplinas científicas que permiten afrontar situaciones dilemáticas sin desatender ninguna arista.

La valoración bioética no puede ser ajena a la evidencia, de modo que aplicando la que en cada caso corresponde, los aportes de cada ciencia deberán obtenerse y probarse metódicamente. La Bioética implica la verdad y el bien. El conocimiento de la verdad para obrar bien.

La ética -y, por ende, también la bioética- no debe ser valorada como un discurso legitimador de decisiones políticas, sino que debe presentarse como una guía, un parámetro racional objetivable que permita confrontar las posibles soluciones planteadas para resolver situaciones dilemáticas en búsqueda de un balance consistente con la naturaleza humana.

Para que sea éticamente aceptable, un discurso debe ser necesariamente verdadero y no por el cumplimiento de exigencias formales, sino por ser ajustado a la naturaleza y dignidad del ser humano.

Reflexiones de cierre

El fenómeno que describimos, no obstante, no es nuevo ni exclusivo del ambiente bioético. No se pretende hacer una crítica pesimista, sino contribuir a reflexionar sobre el modo en que “hacemos bioética”.

La celeridad en el intercambio de la información y la incorporación de nuevas formas de comunicación debe asimilarse, el desafío radica en no perder el rigor de la información cuando las discusiones poseen un componente técnico.

La problemática pandémica nos permite redescubrir los méritos del diálogo científico y social, así como la necesidad de abordar seriamente nuestro trabajo para la propuesta e implementación de legislación consistente con las exigencias de la dignidad humana y de los DDHH.

La Bioética también debe comunicarse efectivamente pero de forma rigurosa y sincera, para no convertirse en otra herramienta más de la tecnocracia individualista que amenaza con imponerse.

En definitiva, creemos que es fundamental ratificar la necesidad de una ética para la ciencia, para la Bioética y para la intervención de los especialistas en las discusiones públicas.

Informe de Leonardo Pucheta


[1] Pbro. Lic. Rubén Revello. Bioética: La verdad que busca el bien. EDUCA, 2010, P. 178/179.