Página 19 – Centro de Bioética, Persona y Familia

Aborto y derecho penal en Argentina

Jorge Nicolás Lafferriere

mayo 7, 2018

Exposición de Sebastián Schuff (Frente Joven) en la reunión informativa del 24 de abril de 2018 sobre los proyectos de ley de legalización del aborto en debate ante las Comisiones de Legislación General, Legislación Penal, Acción Social y Salud Pública y Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina.

En esta exposición quiero referirme a lo que considero que es la pregunta principal de este debate, y consiste en si hay que seguir usando o no el derecho penal para el aborto.

Los hechos que las sociedades consideran como delitos surgen de un reconocimiento de la naturaleza del hombre, y de cierto consenso unánime que, con pocos matices, traspasa a toda la humanidad a través de los siglos. En un extenso trabajo del Dr. Ricardo Bach, se concluye que, a lo largo de toda la historia y en los lugares más disímiles, se ha considerado el aborto como un delito[1]. Y como todo delito, comporta varias clases de males y consecuencias dañinas que la pena, en la medida de lo posible, intenta resolver. Estos fines pueden ser retributivos, preventivos, de corrección interior, reeducativos, paliativos y pedagógicos.

Comúnmente se procura despenalizar el aborto basándose en un supuesto fracaso de la criminalización de su persecución penal. Para ello, se suele expresar que hay pocas condenas de prisión, como si esta fuera una noticia desalentadora. En primer lugar, esa expresión indica un profundo desconocimiento del sistema penal vigente, sistema que -adelanto mi opinión- es uno de los más humanitarios del mundo en la aplicación de la pena de aborto para la mujer. ¿En que se basa esta afirmación? Voy a esbozar una explicación de lo que dice la ley vigente sobre el delito de aborto para la mujer.

– Artículo 88 del Código Penal, “Será reprimida con prisión de uno a cuatro años, la mujer que causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare. La tentativa de la mujer no es punible”. Inicialmente, observamos una primera morigeración, al establecer la no punición para la mujer en el caso del delito de aborto tentado.

– Si el aborto fuera consumado, la mujer sin antecedentes penales puede acceder a la suspensión del proceso a prueba, comúnmente conocida como “probation”, un beneficio que se le otorga por imperio del artículo 76 bis del Código Penal, para suspender el juicio a cambio de reglas de conducta, usualmente: la realización de tareas comunitarias.

– Ahora bien, supongamos que después de uno o varios de estos hechos (ya que, dependiendo del momento en que fueron cometidos y de las reglas del concurso de delitos, pueden ser varios), la mujer vuelve a cometer un aborto consumado. El Código le da la posibilidad de acogerse a una condena en suspenso, como estipula el artículo 26. Esto significa que, en caso de recibir una condena, no será de cumplimiento efectivo, es decir, no irá a prisión.

– Si la mujer, una vez más, vuelve a ser imputada por la comisión del delito de aborto consumado, recién en este momento irá a juicio oral y, en el caso de un resultado condenatorio, deberá atenerse a una condena de prisión. Es decir, el delito de aborto puede consumarse hasta en tres oportunidades distintas y recién en este momento, la mujer se enfrentará a la posibilidad real de condena de prisión efectiva.

– Es importante tener en cuenta que, además de la posibilidad de suspender el proceso a prueba y de obtener una condena en suspenso, existen en el Código Penal y en la doctrina, grados de capacidad de culpabilidad.

Si no tuvo ninguna posibilidad de comprender la criminalidad del acto o de dirigir sus acciones, no será punible (art. 34, inc. 1°, del Código Penal). Si hubo falta de actuación libre en razón del estado de desesperación, o de una limitada posibilidad de comprensión, se trata de un supuesto de imputabilidad disminuida. A menor comprensión y libertad, menor reprochabilidad y, en consecuencia, menor punibilidad.

– En cuanto a las adolescentes y niñas menores de edad, la ley establece clara y tajantemente que los menores de 16 años no son punibles, es decir no se les aplica ninguna clase de pena.

Solo el desconocimiento de este complejo pero humanitario sistema penal en relación a esta clase de delitos, permite extraer conclusiones erróneas acerca de si ha fracasado o no su criminalización, máxime en un país con nuestros indicadores judiciales y uno de los mayores niveles de impunidad del mundo donde, según las estadísticas, menos del 1% de los delitos reciben una condena.

Y sobreviene la pregunta: ¿Hay que seguir usando el derecho penal para el aborto? Hasta el momento, las sociedades humanas no han encontrado una mejor forma de establecer protección a los bienes jurídicos más importantes, que la amenaza de una sanción, amenaza que en algunos casos puede verificarse y en otros no, pero es pedagógica, hace a la constitución de los valores más importantes de cada sociedad y delimita un horizonte de protección a los bienes más preciados.

El bien jurídico protegido por la norma que penaliza el aborto es la vida de las personas humanas, como lo establece claramente el título y capítulo del Código donde está situado, esto es, “Delitos contra las personas” y “Delitos contra la vida” en particular. La persecución concreta de estas conductas no deja de ser un problema de política criminal, pero, a nivel legislativo, no puede abandonarse la protección a la vida humana no nacida, sobre todo, por su especial estado de vulnerabilidad e indefensión.

Eliminar la protección penal tuitiva del concebido no nacido, significa, en palabras de Manfred Spiecker, la abdicación del Estado de derecho y el quebrantamiento de la premisa conforme a la cual debe rechazarse toda violencia particular y letal[2]. O, en palabras del Dr. Bach, si la vida humana no fuera digna de protección penal, tampoco lo sería la salud, la integridad física, la integridad sexual, la libertad ni cualquier otro bien jurídico tutelado por el código.

El respeto del derecho a la vida y la defensa del débil es la garantía más elemental que separa al Estado de derecho de las tiranías y a las democracias de las dictaduras. Para eso se hicieron todas las Declaraciones y todos los Tratados de Derechos Humanos. La tutela punitiva no es lo único que debe hacer el Estado, pero sí es el mínimo irrenunciable sobre el cual deben fundarse todos los demás niveles de protecciones estatales, legales, sociales y asistenciales. Las únicas dos veces en la historia argentina en que fue modificado el Código Penal desprotegiendo al concebido no nacido, fue mediante las leyes 17.567 y 21.338. La primera llevó la firma de Juan Carlos Onganía y la segunda, la de Jorge Rafael Videla. Dejo a consideración de los señores diputados el concepto de respeto de la vida humana de estos gobernantes de facto. Sólo los gobiernos constitucionales sobrevinientes, en las dos ocasiones, restablecieron democráticamente la protección más amplia del texto original del Código.

Eliminar la protección del concebido no nacido del código quebranta los fundamentos de nuestro ordenamiento legal para justificar la violencia de los fuertes y el descarte de los débiles. Es una peligrosa pendiente que nos hace retrotraer a prácticas despóticas que necesitamos dejar atrás. Una nación democrática sólo puede avanzar hacia el futuro reafirmando, sin exclusiones, el derecho de todos a vivir.

[1] BACH DE CHAZAL, Ricardo: “El aborto en el derecho positivo argentino”, El Derecho, 2009, p. 67.

[2] Visto en BACH DE CHAZAL, Ricardo. Ob. cit. p. 54.

ABORTO: EL FRACASO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA MATERNIDAD VULNERABLE

Alejandro E. Williams Becker

abril 30, 2018

ABORTO: EL FRACASO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA MATERNIDAD VULNERABLE

Resumen de la ponencia correspondiente a la exposición de Alejandro Williams Becker en la reunión informativa del 17 de abril de 2018 sobre los proyectos de ley de legalización del aborto en debate ante las Comisiones de Legislación General, Legislación Penal, Acción Social y Salud Pública y Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina.

LINK A LA PONENCIA COMPLETA:

Por Alejandro Williams Becker

Esta ponencia apunta a abordar el debate del aborto desde las ciencias políticas, más específicamente, desde el análisis de las políticas públicas. Podemos resumir la perspectiva de políticas públicas incorporada en la primera parte de la ponencia en dos consideraciones; a saber: primero, que “el acceso a la agenda no es libre o neutro” (Meny y Thoening 1992: 123); y en segundo lugar que en la percepción que cada uno de los actores sociales tiene de los problemas y en la definición que le atribuyen se halla incluida ya de antemano una propuesta en términos de políticas públicas que en esa percepción subjetiva —individual o colectiva— se representa como solución.

Esto aplicado al debate de aborto podría explicar que los mismos proyectos necesiten remitirse a los factores determinantes de la vulnerabilidad de la mujer, pero no propongan ninguna solución pertinente para esos factores. En el fondo lo que persiguen no es resolver la vulnerabilidad de la mujer, sino lisa y llanamente, legalizar el aborto.

IDENTIFICACIÓN O CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE UN PROBLEMA: LA COMUNIDAD INTERNACIONAL, LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

Se analiza luego el proceso de surgimiento, construcción colectiva, legitimación, definición y calificación en el marco de la salud pública del problema planteado. En esta etapa se relevan los diversos matices que los fundamentos de cada uno de los proyectos presentados le asignan al problema de la demanda de abortos clandestinos por un lado, de la maternidad vulnerable o la existencia de embarazos no deseados como origen de esa demanda, por el otro. Luego se indaga en el proceso de movilización pública, el diseño de la solución propuesta en el proyecto en debate, y su vinculación y pertinencia en relación al problema y a su definición, incluyendo también un estudio de la articulación en ese diseño de actores nacionales y transnacionales, prestando particular atención al rol de los organismos internacionales, los medios de comunicación y las organizaciones civiles.

Respecto a los primeros, se hace referencia por un lado al mecanismo implementado a partir del National Security Study Memorandum 200 del año 1975, en virtud del cual el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial se convirtieron en los promotores de la política exterior orientada a lograr la sanción de leyes que favorecieran el aborto en el resto del mundo. Lejos de abonar una teoría conspirativa, y sin perder de vista que los fenómenos sociales nunca pueden explicarse por una sola causa, no podemos obviar la evidencia. El National Advisory Council on International Monetary and Financial Policies es sindicado como uno de los organismos encargados de orquestar estos programas. Del mismo modo, el Fondo de Población de las Naciones Unidas articula muchas de estas políticas en relación al Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Africano de Desarrollo (conf. Westen 1999).[1] Se señalan en esta línea, préstamos del BID y el BIRF vinculados todos a la difusión de salud reproductiva entendida como un concepto conglobante y difuso en el que se incluye al aborto. También menciono aunque también excede al objetivo de esta ponencia, es la jugosa financiación de ONGs norteamericanas, como Planned Parenthood (financiada en buena parte por los Estados Unidos), que reciben las ONGs locales que abogan aquí por la liberalización del aborto.

A todo esto seguramente se refería Eduardo Galeano cuando se pregunta “¿qué se proponen los herederos de Malthus sino matar a todos los próximos mendigos antes de que nazcan?” y responde denunciando que “McNamara, el presidente del Banco Mundial que había sido presidente de la Ford y secretario de defensa afirma que la explosión demográfica constituye el mayor obstáculo para el progreso de América Latina y anuncia que el Banco Mundial otorgará prioridad, en sus préstamos, a los países que apliquen planes para el control de la natalidad” (Galeano 2004: 20).

En relación a los medios de comunicación, es interesante citar aquí a Carlin, quien señala que existe, en efecto, un “sesgo de clase”[2] vinculado a la percepción que los medios pregonan a favor de la liberalización del aborto (Carlin 1995: 7-8). Esto se vincula con el argumento que también se desarrolla en profundidad en la ponencia, en torno al origen neoclásico del concepto de autonomía o libertad que subyace a las posturas favorables a la legalización del aborto. En efecto, los propietarios y periodistas de los medios de comunicación masiva son personas que, por su pertenencia social, conciben la elección del aborto como algo mucho más libre que lo que perciben los que verdaderamente se encuentran en situaciones de pobreza o vulnerabilidad social, quienes en tantas otras decisiones de la vida cotidiana no eligen haciendo uso de una autonomía de la voluntad, sino constreñidos por sus propias limitaciones económicas.

En tercer lugar, nos encontramos con la influencia de las organizaciones de la sociedad civil, que se arrogan la representación de las mujeres en general, y de aquellas en situación de vulnerabilidad en particular. Es particularmente fuerte en el manejo tanto de los medios como de las organizaciones civiles de este asunto del aborto el recurso a su vinculación con la pobreza. Parsons cita al respecto a Lister, quien “argumenta que, por ejemplo, la forma en que se define la pobreza ha tenido un impacto crucial en las respuestas de políticas públicas” (Parsons 2007: 121). En efecto, Lister afirma que “el lenguaje que cada uno emplea para conceptualizar la pobreza es importante porque transmite imágenes capaces de definir actitudes hacia los pobres y capaces de definir las propias actitudes de los pobres y la imagen que tienen de sí mismos” (Lister 1991 citado por Parsons 2007: 121).

Como corolario a estos tres factores que influyen en la construcción del problema como demanda social de una respuesta en términos de políticas públicas, lo que nos encontramos del otro lado es la oferta gubernamental. Meny y Thoening hablan de “la tiranía de la oferta gubernamental” al modo en el cual el Estado puede estructurar y condicionar “las necesidades de acción pública que experimenta la población” (2007: 111). En efecto, “Schattschneider y Cobb y Elder aportan modelos para el establecimiento de la agenda que pueden usarse empíricamente para mostrar cómo los intereses de aquellos con una posición dominante o monopólica en determinado ámbito de las políticas públicas están motivados a asegurar que el tema esté enmarcado en rígidos parámetros” (Parsons 2007: 161).

Dicho en otras palabras, quienes tienen que decidir políticas públicas prefieren dejar enmarcada la solución de la maternidad vulnerable en una mera ley de despenalización del aborto, antes que debatir las verdaderas soluciones para sacar a esas madres de esa situación de vulnerabilidad.

RECAPITULANDO

Recapitulando, hasta acá, podemos extraer dos conclusiones:

Que detrás de este debate hay un grupo cohesionado, articulado y con acceso e influencia en la agenda pública, integrado por políticos, funcionarios, multimedios, periodistas, celebridades, organizaciones de la sociedad civil locales e internacionales que trabajan hace mucho tiempo por la liberalización del aborto por motivaciones diversas.

Que la demanda de estos grupos cuenta con el favor de las medidas propiciadas en términos de política demográfica por las grandes potencias a través de mecanismos de soft power de política exterior como financiación internacional a través de organizaciones civiles y organismos internacionales.

¿AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD O VULNERABILIDAD DE LA MUJER?

Lo que se propone demostrar en este punto es que, en la construcción discursiva del tema en agenda, se plantea la despenalización, legalización o liberalización del aborto en términos ambiguos, haciendo uso por un lado de argumentos vinculados a la libertad o a la autonomía de la voluntad definida en términos neoclásicos, a la vez de apelar a la sensibilidad del público argumentando desde la situación de la vulnerabilidad materna.

Analizando el recurso ecléctico y ambivalente a los argumentos de la “vulnerabilidad de la mujer” por un lado, y de “autonomía de la voluntad” por el otro, se termina concluyendo, como afirma Marx Ferree, que “quienes se pronuncian a favor del aborto se niegan a reconocer que la coerción social puede coexistir con libertades formales legales y a admitir que la ‘libre elección’ no sería experimentada como una elección bajo ningún aspecto”. Entonces, como ocurrió en el caso del “discurso del derecho al aborto en los Estados Unidos”, se “margina a las mujeres que son en realidad víctimas, que fueron abandonadas por el Estado a lidiar con la crisis económica, personal y social que experimentan con su embarazo”. En definitiva “las mujeres pobres y las de color (sic) están sobrerrepresentadas entre aquellas que no sienten que tengan una opción de criar a un hijo y que, en lugar de eso, se pueden sentir compelidas y coercionadas hacia la esterilización, a dar en adopción o a abortar[3] (Solinger 2001; Roberts 1997 citados en Marx Ferree 2003: 336).

¿POR QUÉ LAS MUJERES RECURREN A UN ABORTO?

Seguidamente, se confrontan en la ponencia las variadas definiciones vertidas con la evidencia empírica de que se dispone, para tener una real dimensión de la gravedad, y características de los problemas estructurales que inciden tanto en la demanda de abortos como en la vulnerabilidad de la mujer y en la no deseabilidad de un embarazo.

Se incorpora para ello la evidencia disponible, proveniente de diversos países, sobre las causas que llevan a una mujer a buscar un aborto como solución en cada caso individual donde podemos vislumbrar en qué medida el problema definido como “demanda de abortos clandestinos” se explica por las causas que configuran lo que denominamos “maternidad vulnerable”. Se hace aquí especial énfasis en las razones por las que las mujeres recaen en el aborto, para ver si efectivamente el aborto les ha resuelto algo, o al contrario, las razones vinculadas a la vulnerabilidad se verifican progresivamente en mayor proporción en las mujeres que repiten el aborto.

¿POR QUÉ LAS MUJERES RECAEN EN EL ABORTO? HISTORIAS DE ABORTOS REPETIDOS

La conclusión más alarmante de un estudio sobre el aborto en Túnez es que el 42,2% de las mujeres buscando abortar ya habían experimentado al menos un aborto antes. Lo que destaca, y es relevante para nuestra argumentación, es que esas tasas se repiten en estudios realizados en Suecia, Estados Unidos e Inglaterra[4] (El Mhamdi et al. 2015: 4). En un estudio en Dinamarca “más de un 35% de las mujeres en análisis habían tenido un aborto previamente”[5] (Makenzius et al. 2011: 374). Aquellas mujeres que recurrían a abortar habiéndolo hecho antes era más probable que tuvieran hijos, estén desempleadas o de licencia médica, fumen diariamente, no tengan apoyo emocional de alguien cercano con quien compartir pensamientos y sentimientos, y también tenían menos nivel educativo[6] (ídem: 371).

Las tasas de mujeres solteras también son significativamente más altas (23.7 % contra 9.7) en las mujeres que repitiendo el aborto con relación a la primera vez. Esto es coincidente en estudios en Túnez, Dinamarca, Escocia y Finlandia[7] (ídem: 3-4).

También se verifica, entre quienes repiten la práctica del aborto, una brecha escandalosa (42,8% contra 13,9%) en comparación a las del primer aborto (cuyo porcentaje también es de por sí un escándalo) en el número de las que denuncian conflictos con su pareja, incluida violencia psíquica y sexual (ídem: 3).

Asimismo en un estudio sobre mujeres mexicanas buscando acceder a un aborto en San Diego, California, un 17,2% manifestó haber abortado previamente[8] (Grossman et al 2012: 1063). El 85% de las mujeres mexicanas buscando un aborto en San Diego, California, conocían dónde podían acceder a contracepción de emergencia[9] (ídem).

LAS CONSECUENCIAS DEL ABORTO, SEGÚN LAS PROPIAS MUJERES

Una investigación que se propuso indagar en las percepciones de las mujeres que han abortado, sobre 987 casos en los Estados Unidos, al ser preguntadas sobre las más importantes consecuencias positivas, si las hubiera, sobre su decisión de abortar, el 31% respondió “Ninguna”. Entre las respuestas que menciona el estudio se encuentran: “Mi vida no es mejor, es mucho peor. Cargo con el dolor de un niño perdido para siempre. Aunque sé que soy perdonada y he trabajado la culpa y la vergüenza, la conmoción todavía permanece. Preferiría ser una madre soltera de dos y tener a mi bebé acá para amar e idolatrar que el dolor de unos brazos vacíos[10].

Al ser preguntadas por las consecuencias negativas, si las hubiera, de esa misma decisión de abortar, casi el 24% señala el hecho de ser responsable de la decisión de la muerte de su hijo. Haber pasado años de enojo, vergüenza y dolor.

Siguiendo con el orden de las respuestas más reiteradas, la depresión ocupa el segundo lugar (14,4%) seguida por la culpa (14%), seguido por el enojo con sí mismas por haber abortado, (12,4%), la vergüenza (11%), haber caído en adicciones (9%), seguidas por el arrepentimiento, las conductas auto-destructivas, la ansiedad, y un 6,2% manifestó haber intentado un suicidio. (ídem: 116-117).

Un estudio del Elliot Institute for Social Science Research reporta las siguientes estadísticas entre mujeres que han abortado: (…) 50% comenzaron o aumentaron el consumo de alcohol y drogas (…) 28% intentó suicidarse (…) 52% denuncia haber sentido presión de otros para abortar[11] (Karminski Burke 1994: 2).

El Royal College of Obstetricians and Gynaecologists del Reino Unido publicó en 2004 un documento sobre el aborto donde reconoce que algunos estudios sugieren que las tasas de enfermedades psiquiátricas y de daño auto infringido son más altas entre mujeres que han tenido abortos comparados con mujeres de la misma edad que dieron a luz y mujeres que no estuvieron embarazadas[12] (RCOG 2004: 9 citado por Fine-Davies 2007: 32).

ANÁLISIS

De los diversos estudios, que se analizan en particular en la ponencia, surge que las razones por las cuales las mujeres demandan abortos varían en los distintos países, incluyendo el tener muchos hijos, las fallas en la contracepción, la selección del sexo, razones médicas, violencia doméstica. La variedad de estas causas no parece escapar a las consideraciones de algunos de los proyectos en debate, por ejemplo cuando se alude a “causas ‘sociales’ de un embarazo no deseado (…) dificultades sociales o económicas, la pérdida de la vivienda o el empleo, la edad, el abandono de la pareja, el desarrollo personal o plan de vida, etc.” (Expte. 2492-D-2017).

Lo curioso es que en ninguno de los proyectos se ensaya al menos una clasificación entre los factores que verdaderamente están poniendo en evidencia un contexto de vulnerabilidad de la mujer, con aquellos que no tienen que ver más que con la mera alegación de prioridades de corte más individualista. Así, este mismo proyecto habla sin mucha especificidad de “razones sociales o económicas”[13] o de “razones socioeconómicas”[14]

Lo que es decisivo es que lo que en todos los estudios existe, al menos en un cierto porcentaje, es una injerencia de las presiones de otros y de las circunstancias para haber tomado la decisión de abortar. Esto interpela fuertemente a la alusión permanente a una libertad definida en términos de autonomía de la voluntad que se reitera en los argumentos a favor de la despenalización. En contraste una vez más con esa pretendida decisión libre de abortar, las mujeres denuncian la coerción sufrida, violencia intrafamiliar, etc.

También podemos concluir que el hecho de estar casadas o solteras no representa uniformidad en los distintos estudios. Tampoco influye la estabilidad en la pareja en la exposición a la violencia doméstica, aunque su incidencia de la violencia si podría tener que ver con menor nivel educativo, con haber sufrido violencia física durante su infancia, y con el grado de dependencia financiera con relación a su pareja. Lo decisivo en relación a la violencia doméstica es su incidencia en la tasa de abortos repetidos.

Y aquí es donde me gustaría detenerme. Hemos visto que son distintas las circunstancias que llevan a una madre a abortar. Sin embargo, las que más afectan su libertad para elegir libremente, son las que más influencia tienen cuando miramos las estadísticas de las mujeres que caen en el aborto más de una vez: violencia doméstica, falta de educación, dependencia financiera, etc. Esto habilita a plantear que efectivamente el aborto no contribuye a resolver ninguno de los verdaderos problemas que llevan a esas mujeres a abortar.

También queda en evidencia que sigue existiendo una porción de los embarazos no deseados cuya razón escapa al contexto de vulnerabilidad, tales como las expectativas de vida, carrera profesional, las fallas en la contracepción, la selección del sexo, etc. Acá la objeción aparece con mayor fuerza y evidencia contra el argumento neoclásico de la autonomía de la voluntad: ¿por qué debiera el Estado hacer lugar a una reivindicación individualista de un pretendido derecho a la autodeterminación de las parejas que pudieron en efecto haber optado por no quedar embarazadas?

Vimos que la disponibilidad de contraceptivos no afecta la tasa de abortos, lo cual demuestra que incluso las parejas informadas y con acceso a contraceptivos, terminan acudiendo al aborto, no como ultima ratio sino como un método anticonceptivo más. En Estados Unidos la propia Corte Suprema reconoció en 1992 en la causa Planned Parenthood v. Casey que “muchos americanos han organizado sus vidas confiando en la disponibilidad del aborto para el caso de que la contracepción falle”[15] (Doerflinger 2014: 2).

De las consecuencias del aborto podemos deducir que muchas mujeres se perciben efectivamente responsables de la decisión de la muerte de un hijo, incidiendo esto en su salud psíquica, que muchas manifiestan no hablarlo con nadie que no fuese su marido, lo cual podría ser un factor preocupante en casos de violencia física o psíquica por parte de la pareja, además de señalar la depresión, incurrir en adicciones, haber intentado un suicidio.

CONCLUSIONES HASTA AQUÍ

Estas últimas conclusiones debieran integrarse a las que ya veníamos esbozando, a saber:

La existencia de un grupo cohesionado, articulado, y con acceso e influencia en la agenda pública, integrado por políticos, funcionarios, multimedios, periodistas, celebridades, organizaciones de la sociedad civil locales e internacionales que trabajan hace mucho tiempo por la liberalización del aborto por motivaciones diversas y que cuentan con el favor de las medidas de política demográfica por las grandes potencias a través de mecanismos de soft power en términos de política exterior como el financiamiento.

Estos mismos grupos son los que defienden la liberalización del aborto oscilando entre argumentos que hablar de la vulnerabilidad de la mujer (de los factores que hacen que la mujer no elija feliz y libremente abortar) a la vez que defienden la implementación del aborto libre, con una concepción de libertad a la que nada le importaría en qué forma aquella vulnerabilidad incidiera en esta elección.

Después de estas últimas indagaciones, sin exigir nuestras conclusiones más allá de lo razonable, podemos afirmar que existe una porción de esa demanda de abortos donde efectivamente la mujer no eligió, o no tuvo opción de elegir, y fue forzada por sus circunstancias o por otras personas. Habiendo ahora conocido un poco más las dimensiones del problema, podemos afirmar que existe una porción de la demanda de abortos en los que la no deseabilidad del aborto se vincula con la vulnerabilidad de la madre que no elige libremente abortar.

Este sí parece ser un problema, el de la maternidad vulnerable, el cual el Estado debe resolver atacando sus causas (las dimensiones de esa vulnerabilidad), y no sus efectos (la demanda de abortos, uno de ellos). Desde que no toda la demanda de abortos se explica por la maternidad vulnerable, habrá una porción de esa demanda que deberá desalentarse a través de las herramientas de que el Estado dispone a ese efecto, la primera de ellas, la educación.

En este contexto, es inadmisible que se funde la defensa de la liberalización del aborto en un concepto de la autonomía de la voluntad, “incluyendo a las mujeres embarazadas en la categoría de personas que pueden ejercer una decisión” de abortar “sin considerar sus circunstancias sociales”[16] (Marx Ferree 2003: 336).

Vamos a descubrir que buena parte de los argumentos de prospectiva en torno a este debate del aborto se hallan respaldados por conjeturas que revisten ese carácter de meras opiniones sin correlato en casos relativamente paralelos de otros países, unidos a ese consenso de esa policy community que defiende la liberalización del aborto tratando de acomodar sus argumentos al contexto de moda, y apelando a sensibilizar a la opinión pública.

LA FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS

Entrando ya en el estudio de las alternativas de actuación, y en un marco de análisis comparado, se evalúa el impacto que la legalización del aborto ha tenido en otros países sobre las dimensiones de la maternidad vulnerable. Posteriormente, se indaga cuáles son las soluciones alternativas adoptadas en otros países y que cumplan los requisitos de racionalidad, coherencia relevancia, y pertinencia entre el problema y la solución adoptada, relevando el impacto que han tenido sobre las causas específicas que coadyuvan a la maternidad vulnerable.

Se verifica una falta de correlato de las afirmaciones, vertidas en los proyectos de ley que prevén la liberalización del aborto, con la realidad de la política comparada.

Quizás tenga que ver con que no tienen en cuenta los factores que llevan en el caso concreto a la mujer a abortar: una recopilación de diferentes artículos y publicaciones trae a colación “estudios que afirman que el 40% de las mujeres a las que se les negaba el derecho al aborto, los buscaban en otros lugares”. Lo cual arroja que el 60% restante efectivamente no aborta, según estos estudios, al restringírsele el acceso al aborto. Continúa afirmando que “pocas madres eligen darlo en adopción, y que en la mayoría de los casos las madres proceden a criar a esos chicos ellas mismas”. Agrega que “estudios de largo plazo han demostrado que en algunos casos hasta el 30% de las mujeres que no accedieron al aborto continúan expresando sentimientos negativos o ambivalentes respecto al niño”.

Sea lo que fueren aquellos “sentimientos negativos o ambivalentes”, el análisis de lo expuesto por estos estudios deja en evidencia que un número alrededor del 60% de las mujeres a las que se les niega un aborto y deciden tener su hijo, y luego de tenerlo no lo dan en adopción, no tendrían “sentimientos negativos o ambivalentes a su niño sino, presumiblemente, unos mejores[17] (Dagg 1991: 584 citado en Fine-Davis 2007: 13).

Analizando las divisiones del feminismo en Estados Unidos en relación al aborto, Marx Ferree destaca que “la Red de Salud para Mujeres Negras y otros grupos de mujeres de color intentaron hablar por esas mujeres [que en efecto hubieran elegido tener a un hijo] pero virtualmente nunca tuvieron voz en los medios y son abandonadas en su campo de la moral radical por las corrientes principales. Sus posturas radicales no entran en la plana mayor de la representación mediática. La virtual ausencia del discurso proteccionista en el movimiento del derecho al aborto en los Estados Unidos no elimina la experiencia actual de las mujeres que en efecto hubieran elegido tener a un hijo si existiera tal “libertad de elegir”[18] (Marx Ferree 2003: 336).

Un informe de Elard Koch “cuyos primeros resultados fueron expuestos a la comunidad internacional en Naciones Unidas en Nueva York (…) muestra que la mayoría de las mujeres embarazadas en situaciones de vulnerabilidad que reciben ayuda efectiva y acompañamiento integral, cambian su decisión de abortar. Esto proporciona nueva evidencia para sostener que tanto los programas de prevención del aborto, como aquellos que apoyan a la mujer embarazada con algún riesgo de abortar, son efectivos cuando se enfocan en resolver la situación de vulnerabilidad que lleva a considerar el aborto” (Koch 2013 citado en Centro de Bioética 2018: 16).

LA ADOPCIÓN DE UNA ALTERNATIVA

Como toda política pública encubre una teoría del cambio social (Meny y Thoening 1992: 96), defiendo que en esta instancia las alternativas deberían evaluarse en un proceso decisorio que, siguiendo a Etzioni, debe incluir las perspectivas intelectuales y la consideración de los especialistas en relación a la naturaleza del problema, combinando propuestas de carácter general con medidas incrementales (Parsons 2007: 324/458). Esto nos va a mantener a salvo de un concepto de libertad vinculado a una idea de “racionalidad neoclásica” (Etzioni 2007: 184), a la vez de no caer en soluciones que no pasen de ser una mera “señal simbólica” o se limiten a “reglamentar una parte simbólica del problema” (Meny y Thoening 1992: 125-126) sin resolver las cuestiones de fondo.

De esta última objeción parece defenderse uno de los proyectos de liberalización del aborto presentados: “El Estado tiene la obligación de dar una respuesta a estas mujeres, no puede mirar para otro lado. El aborto no es una salida rápida, sino la última herramienta cuando ya fallaron ciertos valladares, como una educación sexual adecuada, una contención social integral, entre otros” (Expte. 0443-D-2018). La pregunta es: ¿cuándo vamos a encargarnos de que esos “ciertos valladares” no fallen?

“El aborto tiene una serie de verdades espantosas”, afirma un estudio ya referido en esta ponencia: “Una de ellas es que muchos abortos son promovidos por las condiciones sociales, los escenarios sociales y las presiones sociales que han removido una robusta y segura red de apoyos formales e informales que deberían existir y que, de hecho, existen en otros países. Los abortos son desproporcionadamente altos entre mujeres de bajos recursos y mujeres de color. Este es un buen indicador de que por lo menos las mujeres están eligiendo abortar porque sienten que no pueden proveer materialmente al chico que de otra manera criarían[19]” (Coleman et al. 2017: 118).

Otro de los trabajos ya citados al indagar en las razones por las que una mujer aborta, realizado en Suecia, incluía una pregunta orientada a los factores socioeconómicos que hubieran permitido a la mujer continuar su embarazo hasta el final. Las respuestas más habituales de las propias mujeres que abortaron fueron: apoyo económico, oportunidades laborales, acceso a un hogar propio o más amplio, mayor licencia parental y mejores horarios en los centros de día para niños[20] (Makenzius et al. 2011: 373).

Los proyectos de liberalización del aborto reclaman con énfasis que “el Estado debe dar respuesta a esta problemática que no debe continuar en la clandestinidad, considerando su relevancia socio-sanitaria” (Expte. 0569-D-2018). La falta de pertinencia entre la solución —que no continúe en la clandestinidad— con el diagnóstico de la problemática y su relevancia socio-sanitaria es palmaria.

Cuando el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas manifiesta que “[e]l Estado Parte debe modificar su legislación de forma que la misma ayude efectivamente a las mujeres a evitar embarazos no deseados y que éstas no tengan que recurrir a abortos clandestinos que podrían poner en peligro sus vidas” (citado en Expte. 0443-D-2018), ¿de dónde se desprende que la solución “evitar embarazos no deseados y que [las mujeres] no tengan que recurrir a abortos clandestinos” no pueda lograrse sin liberalizar el aborto?

Llama poderosamente la atención como uno de los proyectos que más tela para cortar ha dado a este análisis, manifiesta sin reparos argumentos inadmisibles de “costes y beneficios en términos de salud pública” (Etzioni 2007: 117) como un fundamento para la liberalización de esta práctica: “El aborto sin riesgos es una forma de ahorrar costos. El costo incurrido por los sistemas de salud en el tratamiento de las complicaciones de un aborto inseguro es abrumador, en especial en los países de escasos recursos (…) Las bases económicas fortalecen aún más los fundamentos lógicos de la salud pública y los derechos humanos para brindar un aborto sin riesgos”. (Expte. 2492-D-2017).

Si el objetivo es resolver los factores de la vulnerabilidad, la coherencia interna “con los instrumentos y su adecuación con los problemas”, bajo ningún punto podría llevarnos a adoptar como solución a ese problema de vulnerabilidad la liberalización del aborto. La coherencia externa nos invita a reflexionar sobre cuánto de lo que hace y omite hacer el Estado en materia de política social y sanitaria coadyuva a mantener a tantas mujeres en situaciones de vulnerabilidad que constituyen factores de riesgo vinculados al aborto.

CONCLUSIONES FINALES: ¿LEGALIZAR EL ABORTO RESUELVE LOS VERDADEROS PROBLEMAS QUE LLEVAN A LA MUJER A ABORTAR?

Si reconocemos que la demanda de abortos incide en la mortalidad materna, y que parte de esa demanda de abortos se explica por las condiciones de vulnerabilidad que afectan la libertad de esa mujer, la respuesta más razonable no deja de ser resolver las causas que condicionan ese contexto de vulnerabilidad de la madre que termina decidiendo abortar. Máxime cuando en el aborto efectivamente muere un niño, una madre sufre por las consecuencias de abortar, y tiene que seguir viviendo en las mismas circunstancias que la llevaron a abortar y que, probablemente, como demuestra la experiencia internacional, la lleven a hacerlo otra vez. Como ya se mencionó, quienes promueven el aborto “se niegan a reconocer que la coerción social puede coexistir con libertades legales formales y a admitir que la ‘libre elección’ puede no ser experimentada como una elección bajo ningún punto”[21] (Marx Ferree 2003: 336).

Citando a Doerflinger, “al final quizás todo es mucho más simple: si se quieren menos abortos, hay que oponerse al aborto; si se quieren muchos abortos, hay que promoverlo”. El mismo autor atribuye el cambio de tendencia en la percepción del aborto en su país a una toma de conciencia sobre “lo que el aborto es: un acto de violencia contra la vida, una aflicción para la mujer, la corrupción de la medicina, y la vergüenza para una sociedad civilizada”. Y remata proponiendo que “la educación para un progreso más profundo debe ser acompañado por pasos positivos para ayudar a la mujer en riesgo de aborto, y para ayudar a los profesionales de la salud y a los políticos a dirigirse hacia las verdaderas necesidades de la mujer”[22] (Doerflinger 2014: 5). Concluyendo:

No todos los embarazos “no deseados” terminan en un aborto clandestino. En efecto, las restricciones al acceso al aborto contribuyen a que muchas mujeres lleven a término sus embarazos y terminen criando sus hijos sin “sentimientos negativos” (Fine-Davis 2007: 13) hacia ese hijo, con las alegrías y las dificultades que en mayor o menor medida el hecho de ser madre acarrea en todos los casos y bajo cualquier circunstancia. Siempre existe para ese niño y esa madre la opción de la adopción, cuya viabilidad requiere en nuestro país una profunda reflexión.
No todos los embarazos no deseados que llevan a una madre a abortar clandestinamente se explican por factores de vulnerabilidad, como confirma uno de los proyectos al aludir a “aquellas mujeres que, en base a sus recursos económicos pueden garantizar para sí mismas una práctica abortiva segura, discreta y silenciosa”. En todos los países se verifica una proporción de la demanda de abortos explicada por diversas causas a las que el Estado no tiene por qué proveerle los medios para incentivarla a quitar una vida.
Para esa porción de la demanda de abortos que se encuentra asociada a factores de riesgo vinculados a la maternidad vulnerable, tampoco es solución que el Estado les provea el aborto, como lo prueba la mayor representatividad de estos factores en los casos de abortos repetidos.
Las únicas soluciones que puedan preciarse de tales serán aquellas que ataquen de raíz esos factores: “sistema integrado de prestaciones”, “prioridad de atención de la madre vulnerable”, “especial atención a la embarazada adolescente”, “detección temprana y orientación”, “diagnóstico, orientación y derivación”, “seguimiento y citación para control”, “inversión en infraestructura e insumos”, “capacitación e intervención interdisciplinaria”, “coordinación y articulación de la red de prestadores”, “elaboración de información confiable” (Centro de Bioética, Persona y Familia 2018: 29-33), “apoyo económico”, “oportunidades laborales”, “acceso a un hogar propio o más amplio”, “mayor licencia parental” y la creación de “centros de día para niños”[23] (Makenzius et al. 2011: 373), son sólo algunas ideas.

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[1] “The IMF and World Bank, are completely entrenched in the provision and promotion of population control – and thus, abortion – in poor countries in which they operate. Their direction actually stems from the United States government itself (…) A special division of the U.S. Treasury Department known as the National Advisory Council on International Monetary and Financial Policies has orchestrated the programs of the IMF and World Bank to fall in line with U.S. foreign policy, which officially includes population control (…) In establishing population control, NSSM said, “Involvement of the (World) Bank in this area would open up new possibilities for collaboration.” The study also noted that the U.S. government played “an important role in establishing the United Nations Fund for Population Activities to spearhead a multilateral effort in population as a complement to the bilateral actions of AID and other donor countries.” It added that “with a greater commitment of Bank resources and improved consultation with AID and UNFPA, a much greater dent could be made on the overall problem.” Moreover, the report asserts that “mandatory programs may be needed and that we should be considering these possibilities now.” (…) “Disincentives” are described in the report as, “Oriented directly to fewer births, as distinct from inducements to practise contraception. Some involve benefits (or penalties) … salary level, tax exemptions, maternity leaves, eligibility for preferred housing, schools, and so forth.” (Westen 1999).

[2] ”Is there class bias here? Of course there is. The national media— the television networks and major newspapers— are dominated by well-paid, well-educated, upper- and upper-middle-class types who take the soundness of the pro-choice position for granted. “Choice” in abortion is consistent with their general style of life” (Carlin 1995).

[3] “American pro-choice speakers are reluctant to acknowledge the social coercion that may coexist with formal legal freedoms and to admit that the “free choice” may not be experienced as a choice at all. In doing so, American abortion-rights discourse marginalizes those women who are in reality victims, and who have been “left alone” by the state to deal with the economic, personal, and social crisis they are experiencing with their pregnancy. Poor women and women of color are disproportionately among the women who do not feel that they have a choice to bear a child and who may feel instead compelled and coerced into sterilization, adoption, or abortion” (idem: 336).

[4] “Our results found that 42.2 % of women seeking abortion had experienced one, two or subsequent abortions. This rate is similar to those noted in developed countries such as Sweden [Makenzius et al. 2011], USA [Prager et al 2007] and England [Das et al. 2009]” (El Mhamdi et al. 2015: 4).

[5] “More than a third (35%) of the women in this study had had a previous abortion” (Makenzius et al. 2011: 374).

[6] “Those with a previous abortion were more likely to have had children, be unemployed or on sick leave, use daily tobacco and/ or lack emotional support from someone close with whom they could share their innermost thoughts and feelings; they were less likely to have higher education” (Makenzius et al. 2011: 371 ).

[7] “In a Danish study, single women were more likely to seek repeat abortions compared to first abortions ones (ORa= 39.1) [Törnbom et al. 1996]. The same facts were reported in Scotland and Finland [Rasch et al. 2008; Heikinheimo et al. 2008]” (El Mhamdi et al. 2015: 3).

[8] “Fifteen (17.2%) reported having previously obtained an abortion” (Grossman et al 2012: 1063).

[9] “As a measure of knowledge related to reproductive health, women were asked about emergency contraception, and 85% knew what it was and were able to name a place where they could obtain it” (Grossman et al 2012: 1063).

[10] “’What are the most significant positives, if any, that have come from your decision to abort?’ 1. None: 243 (31.6%) (Additionally, 218 of 987, 22%, gave no response) None, there are no positives. My life is no better, it is much worse. I carry the pain of a child lost forever. Although I know I am forgiven and have worked through the guilt and shame, the heart wrenching pain is still there. I would rather have been a single mother of two and have my baby here to love and dote on than the pain of empty arms” (Coleman et al. 2017: 115).

[11] “Elliot Institute for Social Science Research (…) report the following statistics: 50% begin or increase alcohol and drugs (…) 28% actually attempt suicide (…) 52% felt pressured by others to have the abortion” (Karminski Burke 1994: 2).

[12] “Royal College of Obstetricians and Gynaecologists in the UK (2004) has also issued a document concerning abortion (…) some studies suggest that rates of psychiatric illness or self-harm are higher among women who have had an abortion compared with women who give birth or with non-pregnant women of similar age” (RCOG 2004: 9 citado por Fine-Davies 2007: 32).

[13] “Solo en el 16 % de los países en vías de desarrollo se permite el aborto por razones sociales o económicas, en comparación con el 80 % de los países desarrollados” (Expte. 2492-D-2017).

[14] “Existen cada vez más pruebas de que en los lugares donde el aborto es legal por amplias razones socioeconómicas” (Expte. 2492-D-2017).

[15] “The Supreme Court said as much in its Planned Parenthood v. Casey decision of 1992 many Americans have organized their lives in reliance on ‘the availability of abortion in the event that contraception should fail.’” (Doerflinger 2014: 2).

[16] “including pregnant women in the category of persons who could exercise free moral choice (…) excluding state consideration of women’s social circumstances” (Marx Ferree 2003: 336).

[17] “With regard to women who were denied access to abortion, studies have shown that up to 40% sought an abortion elsewhere. Relatively few mothers chose to have their child adopted, and in most cases the mothers raised the children themselves. However, long-term studies have shown that in up to 30% of cases, women denied an abortion continued to express negative or ambivalent feelings toward their child” ([Dagg 1991], p. 584 citado en Fine-Davis 2007: 13).

[18] “The Black Women’s Health Network and other women of color groups try to speak for these women but virtually never have voice in the media and are (with regret) abandoned on their “moral high ground” by mainstream women’s groups. Their radical positions do not make it into the mainstream of media representation. The virtual absence of a protectionist discourse within the American abortion-rights movement does not eliminate the actual experience of women who would indeed choose to have a child if there were “such a free choice.” It does leave these more economically vulnerable and socially abused women open to a gendered antiabortion mobilization that takes up themes of women’s exploitation and victimization” (Marx Ferree 2003: 336).

[19] “Abortion has a number of ugly truths. One of them is that many abortions are prompted by social conditions, social scripts, and social pressures that have removed a robust safety net of formal and informal supports that should exist and, in fact, do exist in other, primarily European, countries. Abortions are disproportionately higher among lowincome women and women of color. This is a good indicator that at least some women are electing abortion because they feel they cannot materially provide for the child they would bear” (Coleman et al. 2017: 118).

[20] “Socioeconomic factors that would have enabled the women to carry the pregnancy to full term (…) Economic support, Work opportunities, Access to own/larger housing, Increased parental leave and better opening, hours at day-care centres for children” (Makenzius et al. 2011: 373).

[21] “Pro-choice speakers are reluctant to acknowledge the social coercion that may coexist with formal legal freedoms and to admit that the “free choice” may not be experienced as a choice at all” (Marx Ferree 2003: 336).

[22] “Maybe this is all pretty simple after all: if you want fewer abortions, oppose abortion; if you want lots of abortions, promote abortion. And maybe more Americans are learning what abortion is: a violent act against life, a grief for women, a corruption of medicine, and an embarrassment to a civilized society. Education to further advance that understanding should be accompanied by positive steps to help women at risk of abortion, and to help health-care professionals and policymakers address these women’s real needs” (Doerflinger 2014: 5).

[23] “Socioeconomic factors that would have enabled the women to carry the pregnancy to full term (…) Economic support, Work opportunities, Access to own/larger housing, Increased parental leave and better opening, hours at day-care centres for children” (Makenzius et al. 2011: 373).

Declaración de ACIERA en favor de la vida

Aborto

Juan Bautista Eleta

abril 25, 2018

La Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA) en representación de más de 15 mil congregaciones evangélicas a lo largo de todo el territorio nacional, y conformada por millones de ciudadanos argentinos, defienden el derecho a la vida, como derecho fundamental y superior a todos los demás, posicionándose a favor de la vida de la madre y del niño por nacer, y expresa su postura en contra del proyecto de la despenalización del aborto, en el marco del debate que se ha instalado.

Comprendemos que la práctica de abortos clandestinos, más allá de cuantos sean, es en sí misma, un problema humanitario y de la sociedad actual. Que las secuelas emocionales del aborto, clandestino o legal, son profundas y difíciles de sobrellevar. Pero entendemos que la salud pública argentina necesita encontrar propuestas que cuiden y protejan a la madre y a su hijo, y defiendan la vida, tanto de la mujer como la del niño por nacer.

El falso argumento en favor del aborto, llamado “derecho a elegir”, nada dice del “derecho a vivir” del que está siendo gestado. La ideología favorable al aborto trata de instalar la idea de que solo existe una persona, negando la realidad y el dato duro de la ciencia que afirma que hay dos. La biología, la embriología, la deontología médica, así como las ciencias humanas como el derecho, la filosofía y la antropología demuestran que esa postura es falsa. Nuestra posición en favor de la vida no es confesional o religiosa, sino científica, racional y ética.

Afirmamos el valor supremo de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Ya que afirmar que la vida humana comienza después de la fecundación, no es científico, es una afirmación arbitraria, fruto de ideologías o intereses ajenos a la ciencia. Afirmamos que no puede haber vida humana, sin haber persona humana, ya que el embrión no es una persona en potencia, lo es en acto.

Afirmamos que la legislación argentina, la Constitución Nacional, el Código Civil y Comercial y los Tratados Internacionales protegen al niño por nacer desde su concepción, y lo hace sujeto de derecho. Afirmamos que el derecho que la mujer tiene sobre su cuerpo encuentra su límite frente al cuerpo del otro, ya que el embrión no es parte del cuerpo de la madre, su ADN es distinto al de sus progenitores. Nadie puede decidir quién vive y quién no tiene derecho a seguir viviendo, ya que no existe un derecho a matar. El derecho natural y superlativo es a la vida, que es el fundamento de todos los DDHH. En tal sentido, la legislación debe tutelar la vida, ya que no hay derecho cuando la finalidad es la muerte.

Entendemos que no hay vinculación alguna entre la profesión médica y el aborto, por tal razón no debe enmascararse el aborto como parte del servicio de salud pública, ya que no es propio de la medicina el matar personas inocentes e indefensas. El aborto es contrario a la salud. El aborto no es la interrupción de un embarazo. El aborto intencional es un acto de extrema violencia que termina con la vida de un inocente. Por eso, entendemos que la despenalización del aborto en todas sus formas quebranta una ley superior, el mandato universal “No Matarás”. Por lo tanto, es necesario encontrar soluciones que no vulneren el primero de todos los derechos humanos que el Estado y sus representantes legislativos debe tutelar, que es el “derecho a vivir”.

Proponemos crear espacios para la discusión seria y profunda de esta temática y todas sus implicaciones. Renunciar a la cruel frivolidad de ver el aborto como una solución rápida a problemas sociales, emocionales y egoístas. Desarrollar políticas públicas y acciones privadas que valoren la vida, en especial de los más débiles y desprotegidos y ofrezcan alternativas posibles y viables para la no concreción del aborto. La PREVENCIÓN, la educación sexual, el acompañamiento a las mujeres embarazadas, y la mejora de la ley de adopción son propuestas alternativas, justas y solidarias que fortalecerán nuestra sociedad. Proponemos abordar esta problemática sin prejuicios ni juzgamientos, con actitudes amorosas y comprensivas hacia quienes han pasado por el aborto o están considerando su realización.

Al exponer esta temática lo hacemos con mucho cuidado porque sabemos que hay situaciones difíciles y dolorosas, de violencia, marginalidad, pobreza, falta de formación, soledad y abandono; pero nuestra más íntima convicción, es que el aborto nunca es la solución. Rogamos para que Dios nos ilumine e ilumine a nuestra sociedad para encontrar caminos de vida frente a tanto dolor.

De lo expuesto, pedimos a los legisladores nacionales su comprensión acerca de que la vida es el primero de los Derechos Humanos que el Estado debe tutelar desde el momento de la fecundación, votando en contra de la legalización del aborto.

Es falso que el inicio de la vida humana corresponde a una construcción social. Es falso que los científicos no se ponen de acuerdo en cuándo comienza la vida. Los adelantos tecnológicos y el avance de la medicina han descubierto que el único acto que lleva en sí mismo la potencia de generar una vida humana es la fecundación, unión de los dos gametos masculino y femenino.

Por lo tanto, en representación de miles de familias argentinas que están a favor de la vida, solicitamos a las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación, a los jueces, legisladores, funcionarios, profesionales de la medicina, comunicadores sociales, docentes, políticos y la sociedad toda, que sean aliados de la vida y de la dignidad de la persona humana, sea cual fuere la etapa de desarrollo en que se encuentre y trabajar en unidad para eliminar las causas de este mal que nos aqueja y encontrar las mejores soluciones para construir una sociedad cada vez más justa e inclusiva, que garantice los derechos humanos de todos los humanos, nacidos y por nacer.

Consejo Directivo Nacional de ACIERA

Marzo de 2018

Fuente: https://aciera.org/en-favor-de-la-vida/

Juan Bautista Eleta – Las condiciones obstétricas y neonatales esenciales

Aborto

Juan Bautista Eleta

abril 25, 2018

Presentación del Protocolo de Objeción de Conciencia frente al aborto no punible en la Provincia de Santa Fe

Jorge Nicolás Lafferriere

abril 23, 2018

Presentación del Protocolo de Objeción de Conciencia frente al aborto no punible en la Provincia de Santa Fe

El día 16 de abril de 2018 se presentó en la sede de la Universidad Católica de Santa Fe, con una nutrida concurrencia de estudiantes, profesionales de las ciencias de la salud, del derecho y de las ciencias sociales, y público en general, el Protocolo de Objeción de Conciencia frente al aborto no punible en la Provincia de Santa Fe.

El mismo fue elaborado por una comisión interdisciplinaria compuesta por médicos, abogados, filósofos y personas pertenecientes a instituciones intermedias, que funciona dentro de la Facultad de Ciencias de la Salud y a la que adhirieron la Asociación Civil Ojo Ciudadano y Médicos por la Vida.

El acto de presentación estuvo a cargo del Dr. Guillermo Kerz (Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud – UCSF), del Dr. Carlos Puig (Presidente de Ojo Ciudadano) -quienes fijaron el marco de actuación e introdujeron al documento-, y de la Dra. María Marta Didier (Directora de la Carrera del Doctorado en Derecho y Profesora de Filosofía del Derecho – UCSF) que fue la encargada de detallar el contenido del protocolo.

En la presentación se sostuvo que el mismo “tiene por finalidad otorgar a los agentes sanitarios una guía jurídica que disipe dudas, como así también aclare los deberes y facultades de que son titulares los objetores de conciencia en aquellos supuestos en los que le es requerida la realización de un aborto contemplado en la Resolución Nº 612/2012, del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, por la que el citado Ministerio adhirió a la Guía Técnica para la atención integral de los abortos no punibles del Ministerio de Salud de la Nación, elaborada en el año 2010”, modificada y ampliada en el año 2015 momento en el que pasó a llamarse “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo” a la cual la Provincia de Santa Fe no adhirió manteniendo vigente la primera.

El manual cuenta con los siguientes ejes temáticos:

– ¿Qué es la objeción de conciencia?

– ¿Cuál es el fundamento de la objeción de conciencia?

– La objeción de conciencia, ¿no cede frente a otros derechos?

– ¿Pueden las personas jurídicas formular objeción de conciencia?

– ¿Cómo y cuándo pueden hacer objeción de conciencia?

– ¿Qué consecuencias me puede traer aparejadas ejercer el derecho a la objeción de conciencia?

– Como objetor de conciencia, ¿me pueden obligar a participar de un aborto no punible?

– ¿Qué debo hacer si se me presenta un caso de aborto no punible?

Además, el protocolo presenta, en su edición impresa, los formularios de declaración jurada de la objeción de conciencia, para que los profesionales de la salud puedan completarlos, firmarlos y presentarlos junto a una nota complementaria que defiende y resguarda los datos y la información presentada en la declaración.

Informe de Elisabet A. Vidal

Alejandro Williams – El aborto como fracaso de las políticas públicas

Aborto

Juan Bautista Eleta

abril 18, 2018

Leonardo Pucheta – Aborto y desnaturalización de la medicina

Aborto

Juan Bautista Eleta

abril 18, 2018

Pucheta: Exposición sobre aborto libre y des-naturalización de la medicina

Jorge Nicolás Lafferriere

abril 17, 2018

Pucheta: Exposición sobre aborto libre y des-naturalización de la medicina

Exposición de Leonardo Pucheta en la reunión informativa del 17 de abril de 2018 sobre los proyectos de ley de legalización del aborto en debate ante las Comisiones de Legislación General, Legislación Penal, Acción Social y Salud Pública y Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina.

[INTRODUCCIÓN]

Agradezco el espacio para poder realizar algunas consideraciones respecto de los proyectos de legalización del aborto libre que han tomado estado público. // Hasta el momento, la problemática ha sido abordada desde diferentes ópticas. // Mis reflexiones, de corte netamente jurídico, procurarán presentar diversos escenarios en que se verifica una des-naturalización de la medicina, presentando sucintamente algunos ejemplos de las limitaciones que respecto del ejercicio de las profesiones de la salud se producirían como consecuencia de la aprobación de cualquier de los proyectos, tanto a nivel individual como institucional. // Se tomará como referencia el proyecto contenido en el Expediente 230-D del 2018.

[LA CUESTIÓN TERMINOLÓGICA] La redacción del proyecto presenta a la práctica abortiva como derecho en un doble sentido: como derecho humano (enmarcado en el derecho a la salud) y luego como derecho subjetivo autónomo (“derecho a acceder a la realización de la práctica del aborto” o “derecho a interrumpir su embarazo”). // Desde ya, entendemos que no se trata de un derecho y que utilizar este lenguaje conlleva una fuerte presión contra las personas que por diversas razones se opusieran a la práctica solicitada y específicamente, contra los agentes del sistema sanitario que se vieran involucrados. Ello debido a que determinados son los efectos jurídicos de la conculcación de derechos y otros bien distintos los que corresponden a la negativa justificada de realizar prácticas penalmente perseguidas por encuadrar en alguna de las causales de no punibilidad previstas en la ley penal de fondo.

Desde la fuerza retórica de un concepto ampliado de derecho, se limitan las opciones para el galeno y para la institución sanitaria. Es que al presunto derecho esgrimido le corresponde una faz pasiva, la que se encuentra relacionada con la exigibilidad de la conducta instada, y así, repercute directamente sobre el médico o el equipo médico tratante, los demás profesionales del arte de curar involucrados o la institución sanitaria en general.

[EL PRINCIPIO DE RESERVA COMPROMETIDO] Cualquier limitación de la libertad de ejercicio de las profesiones en cuestión compromete directamente el principio de reserva consagrado en el artículo 19 de la Constitución Nacional, del cual surge que “ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”.

El derecho a ejercer la profesión en forma libre y sin presiones de cualquier naturaleza, así como el derecho a la objeción de conciencia y el derecho a abstenerse de garantizar resultados en la atención médica, caracterizan el principio de libertad en el ejercicio profesional.

El Código de Ética de la Asociación Médica Argentina, por ejemplo, establece en el artículo 48 que “el Equipo de Salud debe disponer de libertad en el ejercicio profesional y de las condiciones técnicas que le permitan actuar con independencia y garantía de calidad. Ninguna circunstancia que no se base en un estricto criterio científico podrá poner limitaciones al ejercicio de la libertad profesional”. A su vez, los artículos 70 y 219 consignan en línea con lo dicho que “los miembros del Equipo de Salud tienen el derecho de ejercer la libre elección de sus pacientes (…)” y que “(…) deben defender su derecho a prescribir libremente”.

El corto plazo estipulado para el tratamiento de las prácticas abortivas y la inhabilitación de cualquier acto o comprobación que implicara una respuesta de la entidad sanitaria distinta de la práctica abortiva, son claras expresiones de coacción, en la medida en que anulan los posibles cursos de acción fundados en conocimientos técnicos y motivados, por otro lado, en el fin propio de su labor: la defensa de la salud y la vida de sus pacientes. Lo dicho expresa una tensión desequilibrada entre las exigencias que pesarían sobre el equipo médico interviniente y la infundada frontera trazada en la semana 14, así como la irrazonable amplitud de las causales que permitirían acceder a prácticas abortivas en cualquier momento del embarazo.

[CONSENTIMIENTO INFORMADO] Luego, del artículo 4° del proyecto surge la exigencia de un consentimiento informado. Ahora ¿De qué modo el profesional podría dar cumplimiento al mandato legal de previsto en la Ley 26.529 en relación con la obtención del consentimiento informado, si cualquier fundamento de orden médico que desaconseje la práctica abortiva o que ponga en crisis la amplitud de las causales de liberalización del aborto posteriores a la semana 14 sería vislumbrada como una oposición al “derecho humano a la salud” o al “derecho a la interrupción del embarazo”?

Difícilmente pueda la mujer adoptar una decisión libre sin conocer, comprender y analizar información médico-biológica mínima, las ventajas y desventajas de proceder a la finalización de la gestación o sus efectos (tanto para la gestante como para el gestado).

[ABORTO TERAPÉUTICO] Por otro lado, se hace notar que se han atenuado doblemente los requisitos exigidos para que opere la causal del mal denominado “aborto terapéutico”. El actual artículo 86 exige para su configuración la presencia de dos circunstancias: “peligro para la vida o la salud de la madre” y que “este peligro no pueda ser evitado por otros medios”. La redacción instada en el proyecto, en cambio, simplifica el primer elemento aludiendo simplemente a la salud (con una amplitud excesiva fuertemente criticada en otras exposiciones) y elimina la exigencia que podría denominarse “terapéutica”. De hecho, allí reside la única consideración de orden técnico-médica que permitiría calificar la causal como tal, pues supone la ejecución de actos médicos tendientes a la eliminación del peligro y la preservación de la salud y la vida de la madre y de su hijo. Incluso en el ampliamente cuestionado fallo FAL la CSJN destacó en diversos pasajes la necesaria intervención médica.

[OBJECIÓN DE CONCIENCIA] Luego, aunque se trata de uno de los vicios más evidentes del proyecto, dado a que ha sido objeto de otras presentaciones, sólo destacaré la ausencia de referencias al instituto de la objeción de conciencia -individual e institucional- como otra variante de limitación para el ejercicio de las profesiones sanitarias.

[ABORTO POR DISCAPACIDAD] Similar es la situación del aborto libre por presencia de “malformaciones fetales graves”, la que también ha sido ampliamente criticada por expresar una indudable relación entre el aborto y el descarte sistemático de personas con discapacidad. En ambos casos me remito a las exposiciones precedentes.

[ABORTO POR VIOLACIÓN] En relación con el caso de violación el proyecto recepta lo dispuesto por la CSJN en el caso FAL. // Téngase presente que la mera suscripción de una declaración jurada por parte de la mujer solicitante, no sólo redunda en perjuicio de las víctimas de delitos contra la integridad sexual –en tanto torna inviable la persecución penal del autor- sino que implica también un cercenamiento de la labor del equipo médico tratante. No solo es nula la referencia a las comprobaciones periciales propias de la relación clínica sino que, además, impide que el profesional tratante dé cumplimiento a las normas deontológicas vigentes.

[CONSIDERACIONES FINALES] En base a las consideraciones vertidas es posible afirmar que:

El proyecto de liberalización del aborto que se haya en revisión supone violentar las convicciones de equipos profesionales enteros y de instituciones con una clara posición respecto del status de la persona por nacer desde el momento de la fecundación y de la dignidad de las personas con discapacidad.
La exigencia de una conducta determinada con total prescindencia de un fundamento clínico contraría la normativa deontológica en vigor y el principio de reserva, rasgo fundamental de nuestro sistema jurídico.
La terminología utilizada en el proyecto expresa error conceptual y luce fuertemente coactiva en relación con el ejercicio de las profesiones asociadas a la salud, generando presión social y limitando el libre ejercicio de aquellas.
La liberalización del aborto implica una evidente desprotección de las personas por nacer y de las mujeres, en especial debido a la laxitud probatoria propuesta para el caso de violación y a la limitación de la intervención médica en todos los supuestos.
El proyecto comentado reduce la labor médica a la mínima expresión y la des-naturaliza, excluyendo la determinación de alternativas terapéuticas y de actos propiamente médicos inherentes a su competencia profesional.

Entendemos que es necesario replantear el tema a la luz de todos los bienes en juego, resguardando primordialmente los intereses de las mujeres y las personas por nacer, pero receptando también el debido respeto a la dignidad, la libertad y los derechos de los profesionales de la salud.

Confiamos en que las diputadas y diputados presentes y la sociedad en su conjunto, tomarán en consideración tales bienes y que ello se expresará en reglamentaciones inclusivas que favorezcan relaciones justas y equilibradas que permitan salvar todas las vidas en juego.

Muchas gracias.

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ABORTO COMO LIMITACIÓN DEL LIBRE EJERCICIO DE LAS PROFESIONES DEL ARTE DE CURAR

Texto completo de la ponencia enviada con ocasión de su exposición en las reuniones informativas sobre los proyectos de ley de legalización del aborto en debate ante las Comisiones de Legislación General, Legislación Penal, Acción Social y Salud Pública y Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina.

Leonardo L. Pucheta (Abogado. Magister en Ética Biomédica. Doctorando en Ciencias Jurídicas. Docente universitario. Miembro del Centro de Bioética, Persona y Familia).

INTRODUCCIÓN

Los proyectos de legalización del aborto libre que han tomado estado público han abierto un debate en distintos niveles. Hasta el momento, la problemática ha sido abordada desde diferentes ópticas, algunas con una marcada impronta técnico-científica (médica, jurídica, sociológica) y otras atendiendo a argumentos de otro orden (principalmente abordados por personalidades del espectáculo). Mis reflexiones, de corte netamente jurídico, procurarán presentar diversos escenarios en que se verifica una desnaturalización de la medicina y las profesiones asociadas a la preservación de la salud, presentando sucintamente algunos ejemplos de las limitaciones en el ejercicio de las profesiones del arte de curar, que se producirán como consecuencia de la liberalización del aborto, tanto a nivel individual como institucional.

Con el norte planteado, se tomará como referencia el proyecto contenido en el Expediente 230-D-2018[1], producto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, en la medida en que presenta cabalmente las características que pretenden ponerse de manifiesto.

ACLARACIÓN PRELIMINAR

Al abordar la problemática en medios de comunicación y en algunas intervenciones en el ámbito de las audiencias en curso, se ha vinculado el presente debate con los supuestos actualmente recogidos en el artículo 86 del Código Penal como causales de no punibilidad, las que aunque –como se verá– presentan modificaciones sustanciales en el texto proyectado, no agotan los alcances de la norma en discusión.

De hecho, el proyecto de ley atiende, tal como surge de su motivación, a la cuestión de la “gestación que no fue planificada y/o deseada” y el articulado delineado deja entrever que tal es el fundamento último de los plazos destacados para la liberalización total de las prácticas abortivas: sin expresión de motivos hasta la semana 14 y luego, libre en cualquier momento del embarazo con fundamento en causales.

LA CUESTIÓN TERMINOLÓGICA

Superada la breve aclaración realizada, resulta atinado aludir al encuadre planteado en el artículo 1° del proyecto, el que reza:

“Artículo 1.- En ejercicio del derecho humano a la salud, toda mujer tiene derecho a decidir voluntariamente la interrupción de su embarazo durante las primeras catorce semanas del proceso gestacional” [El subrayado nos pertenece].

Nótese que el artículo subsiguiente confirma la línea al afirmar que “toda mujer tiene derecho a acceder a la realización de la práctica del aborto en los servicios del sistema de salud, en un plazo máximo de 5 (cinco) días desde su requerimiento y en las condiciones que determina la presente ley (…)” [El subrayado nos pertenece].

Luego, el artículo 3° consigna que transcurrido el plazo previsto en el artículo 1° (14 semanas) “toda mujer tiene derecho a interrumpir su embarazo en los siguientes casos:

Si el embarazo fuera producto de una violación, con el solo requerimiento y la declaración jurada de la persona ante el profesional de salud interviniente;
Si estuviera en riesgo la vida o la salud física, psíquica o social de la mujer, considerada en los términos de salud integral como derecho humano;
Si existieren malformaciones fetales graves” [El subrayado nos pertenece].

La redacción del proyecto presenta a la práctica abortiva como derecho en un doble sentido: como derecho humano (enmarcado en el derecho a la salud) y luego como derecho subjetivo autónomo (“derecho a acceder a la realización de la práctica del aborto” y “derecho a interrumpir su embarazo”). Excede el marco de las presentes reflexiones aludir a la debilidad estructural del concepto de aborto como derecho en cualquiera de sus acepciones[2], pero es destacado en la inteligencia de que expresa una fuerte presión contra las personas que por diversas razones se opusieran a la práctica solicitada y, específicamente, contra los agentes del sistema sanitario que se vieran involucrados.

Ciertamente, una de las consecuencias de la utilización de dicha terminología es la presión ejercida sobre los profesionales de la salud, en la medida en que no son lo mismo ni tienen idénticos efectos un derecho y una causal de no punibilidad. Determinados serán los efectos jurídicos de la conculcación de derechos y otros distintos los que corresponderán a la negativa justificada de realizar prácticas penalmente perseguidas por encuadrar en alguna de las causales de no punibilidad previstas en la ley penal de fondo. Desde ya, para probar la segunda situación, habrá que evaluar la presencia de los requisitos establecidos para la configuración de tales causales.

Pero la presión sobre los médicos luce aún más evidente fuera del plano técnico-jurídico. No deben soslayarse los efectos “sociales” de la identificación conceptual criticada, pues el lenguaje del derecho positivo es ciertamente reflejo de ciertos valores considerados positivos o reprochables en una comunidad en un momento determinado, y así, el concepto de “derecho”, el que hoy pareciera trascender a la acepción de derecho subjetivo tradicional, al turno que se presenta como una noción más amplia que integra también a los derechos humanos y se presenta como una idea fuerza de indiscutible centralidad en el actual escenario político-social, resulta muy difícilmente oponible -al menos en términos discursivos y mediáticos- al ejercicio libre de la profesión médica o al análisis estricto del sistema jurídico vigente, el que se presenta como una sutileza ajena a la grave, profunda y urgente problemática social del aborto.

Resulta certero lo dispuesto por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de 3ª Nominación de la Provincia de Córdoba al sostener que “existe una inmensa distancia entre desincriminar penalmente una conducta y reconocer el derecho a ejecutarla, pero la distancia es todavía mayor si lo comparamos con reconocer el derecho a que se proporcionen los medios materiales para ejecutarla”[3]. No se ahondará en la confusión advertida en la norma, pues la argumentación del tribunal se entiende acertada y suficientemente clara para agotar la cuestión[4].

La presentación del aborto como un derecho -esencialmente errónea- reconoce alcances indebidos y genera presiones sobre los profesionales del arte de curar. De este modo, apoyando las disposiciones en la fuerza retórica de un concepto ampliado de derecho, limita las opciones para el galeno y/o para la institución sanitaria. Es que al presunto derecho esgrimido le corresponde una faz pasiva, la que se encuentra relacionada con la exigibilidad de la conducta instada, y así, repercute directamente sobre el médico o el equipo médico tratante, los demás profesionales del arte de curar involucrados y/o la institución sanitaria como tal. Pues si una conducta determinada es exigible necesariamente habrá un sujeto compelido a llevarla a cabo.

EL PRINCIPIO DE RESERVA COMPROMETIDO

En este apartado reside el punto neurálgico de la reflexión, por cuanto el principio de reserva actúa fundamentalmente como herramienta tuitiva contra la vulneración de las libertades individuales intrínsecas, también, en el ejercicio de las profesiones asociadas al arte de curar. La labor de tales profesionales se enmarca, como toda actividad lícita, en las prescripciones de la legislación vigente, en armonía con el sistema normativo de protección de los derechos fundamentales del hombre, tanto en el plano constitucional como convencional.

Es destacable que la CSJN en el caso FAL recordó en relación con el proceder de los profesionales de la salud, el principio de reserva consagrado en el artículo 19 de la Constitución Nacional, del cual surge que “ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”.

Vale destacar a uno de los más importantes principios rectores en materia de ejercicio de la medicina, el principio de libertad en el ejercicio profesional, el que cuenta con muy diversas manifestaciones[5]:

Derecho a ejercer la profesión en forma libre y sin presiones de naturaleza moral, técnica o económica;
Derecho a ser considerado en igualdad de oportunidades para su desarrollo profesional;
Derecho a abstenerse de garantizar resultado en la atención médica;
Derecho a abandonar o transferir la atención médica del paciente;
Derecho a la objeción de conciencia.

Otro aspecto destacable como parte esencial del principio de libertad en el ejercicio de la medicina e íntimamente ligado a la objeción de conciencia es la libertad de opinión, la que encuentra justificación normativa del más alto nivel (artículo 75, inc. 22 de la Constitución Nacional). Todo lo manifestado anteriormente se desprende de una premisa subyacente que no puede ser soslayada: los médicos también poseen el derecho a que se respeten sus derechos humanos, consagrados en instrumentos con la máxima jerarquía en nuestro país.

Luce específicamente apropiado referir a normas deontológicas que rigen el ejercicio de la medicina y disciplinas afines, protocolos que permiten a los agentes de salud resolver los conflictos éticos que se presentan de modo congruente con el sistema internacional de derechos humanos, el que se apoya en consideraciones de orden ético anteriores a la legislación positiva comentada en esta oportunidad.

A nivel nacional, el Código de Ética de la Asociación Médica Argentina[6] suma algunos argumentos relevantes. El artículo 48 establece que “el Equipo de Salud debe disponer de libertad en el ejercicio profesional y de las condiciones técnicas que le permitan actuar con independencia y garantía de calidad. Ninguna circunstancia que no se base en un estricto criterio científico podrá poner limitaciones al ejercicio de la libertad profesional”. A su vez, los artículos 70 y 219 consignan en línea con lo dicho que “los miembros del Equipo de Salud tienen el derecho de ejercer la libre elección de sus pacientes (…)” y que “(…) deben defender su derecho a prescribir libremente”. El último artículo establece también que dichos agentes están obligados al uso racional de los medios de diagnóstico y tratamiento, evitando indicaciones desmesuradas o inútiles.

Existe nutrida normativa en torno al ejercicio de la medicina que colisiona con las pretensiones del proyecto. Del artículo 2° de la Ley 17.132 surge que el objeto del ejercicio de las profesiones del arte de curar es el de lograr “la recuperación, conservación y preservación de la salud de las personas”, lo que debe procurarse respetando también los derechos de tales agentes.

Se afirmó que “el aborto podría llegar a constituir, en ciertos casos, una medida clínicamente tolerada desde el punto de vista técnico-médico, recomendada en situaciones específicas determinadas por el equipo médico interviniente (el problema del aborto indirecto). Ahora bien, es cuanto menos discutible atribuir incluso naturaleza de acto médico al aborto realizado no sólo en violación en la normativa vigente, sino en situaciones en las que el leal saber y entender médico no lo convalida”[7].

“DIRECTIVENESS” INVERSA

Existe un término anglosajón (directiveness) que aplicado al contexto de la relación médico-paciente alude a la cualidad según la cual el profesional -valga la redundancia- dirige al paciente hacia la adopción de determinada decisión. El modelo de la directividad es contrario al del asesoramiento (counselling), en cuyo marco la autonomía del paciente recobra un lugar de preponderancia. Para confirmar el razonable avance de la autonomía del paciente en desmedro del tradicional paternalismo médico en el que el paciente no genera influencia alguna en el curso de acción a adoptar, no deberían constatarse médicos “directivos”. El asesoramiento significa que éstos deben brindar los elementos necesarios para que el paciente tome una decisión libre, consentida y no viciar la autonomía del paciente con instrucciones impuestas.

Ahora bien, en el proyecto comentado pareciera constatarse una tendencia distinta, en la que amparado en la norma el requirente exige un proceder determinado del equipo médico tratante sin dar lugar al planteo de otros cursos de acción, incluso de alternativas terapéuticas.

“(…) toda mujer tiene derecho a acceder a la realización de la práctica del aborto en los servicios del sistema de salud, en un plazo máxima de 5 (cinco) días desde su requerimiento y en las condiciones que determina la presente ley (…)” [El subrayado nos pertenece].

Tal como se ha venido sosteniendo, advertimos en el proyecto una inapropiada inhibición de la labor propiamente médica, impidiendo constataciones y planteos terapéuticos basados en la evidencia psico-física, competencia exclusiva de los profesionales de la salud. El corto plazo estipulado para el tratamiento de las requirentes de prácticas abortivas, el que se presenta en línea con las consideraciones plasmadas en FAL[8] y la inhabilitación de cualquier acto o comprobación que implicara una respuesta de la entidad sanitaria distinta de la práctica abortiva, son claras expresiones de coacción contra los médicos y profesiones afines, en la medida en que prácticamente anula los posibles cursos de acción fundados en el conocimiento técnico y motivados, por otro lado, en el fin propio de su labor: la defensa de la salud y la vida de sus pacientes.

Lo dicho expresa una tensión desequilibrada entre las exigencias que pesarían sobre el equipo médico interviniente y la infundada frontera trazada en la semana 14 (artículo 1°) y la irrazonable amplitud de las causales que permitirían acceder a prácticas abortivas en cualquier momento del embarazo (artículo 3°).

¿CONSENTIMIENTO INFORMADO?

¿De qué modo el profesional podría dar cumplimiento al mandato legal de previsto en la Ley 26.529 de Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud[9] si cualquier fundamento de orden médico que desaconseje la práctica abortiva o que ponga en crisis la amplitud de las causales de liberalización del aborto posteriores a la semana 14 sería vislumbrada como una oposición al “derecho humano a la salud” o al “derecho a la interrupción del embarazo”?

La norma proyectada prevé la obligatoriedad del consentimiento informado en el artículo 4°:

“Artículo 4°.- Previamente a la realización del aborto en los casos previstos en la presente ley, se requerirá el consentimiento informado de la mujer expresado por escrito”.

Pero en el marco del proceso de consentimiento informado (intentando acercarnos a la tendencia internacional en la materia y superando la mera formalidad del consentimiento como mero documento), en el que la interacción del paciente con el médico y la relación equilibrada entre éstos son fundamentales, parece imposible garantizar que la decisión que finalmente se tome sea consentida, ya que difícilmente pueda la mujer adoptar una decisión libre sin conocer, comprender y analizar información médico-biológica mínima, las ventajas y desventajas de proceder a la finalización de la gestación o sus efectos (tanto para la gestante como para el gestado).

De hecho, el proyecto comentado supone el desconocimiento del estatus jurídico de la persona por nacer y, por lo tanto, la realidad biológica comprometida. De modo que partiendo de ese punto en adelante, la relación médico-paciente se encontraría absolutamente viciada, siendo ilusoria la presencia del consentimiento de la mujer requirente. Si la mujer no sabe qué es un feto, si no conoce lo que implica la práctica en sí ¿qué consentimiento pretende obtenerse?

Ahora bien, haciendo una concesión al mero efecto dialéctico supóngase que el consentimiento informado suscripto no fuera simplemente una solemnidad vacía de contenido y que en ese acto efectivamente se expresara la autonomía del paciente (al menos de uno de ellos), aquel no podría violentar limitaciones de orden público excluidas del ámbito de la autonomía de la voluntad. Pues, aunque la autonomía del paciente se ha constituido como el valor central de la normativa vigente en materia de derechos del paciente, aquella cuenta con claras limitaciones de orden público y, por lo tanto, el paciente no podría hacer valer su autonomía para la realización de actos ilícitos y, menos aún, de conductas tipificadas en la norma penal.

En relación con las limitaciones destacadas vale señalar que la Convención Americana sobre Derechos Humanos presenta, de hecho, a la protección de la salud como un límite objetivo a la autonomía individual. Ello se afirma en atención a las prescripciones de los artículos 12, 13, 15, 16 y 22.

En efecto, el artículo 12 establece “(…) 3. La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a las limitaciones prescriptas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás”. El artículo 13, también prevé que el ejercicio del derecho de libertad de pensamiento y de expresión “no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: (…) b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas”.

A su turno, el artículo 15 reconoce el derecho de reunión pero afirma que su ejercicio “sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás”. En el artículo 16 se consigna que el derecho a la libertad de asociación “sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás”.

El artículo 22, por último, presenta similares limitaciones al establecer que el derecho de circulación y de residencia “no puede ser restringido sino en virtud de una ley, en la medida indispensable en una sociedad democrática para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral o la salud públicas o los derechos y libertades de los demás”.

El articulado reseñado, el que reviste jerarquía constitucional, presenta limitaciones al ejercicio de derechos de indiscutible centralidad en el sistema internacional de derechos humanos, destacando a la salud como un valor objetivo que quedaría excluido del ámbito de la autonomía de la voluntad. Por ello, en la medida en que la salud pareciera nutrir normas de Orden Público, no luce razonable inhibir a los profesionales médicos intervinientes de la realización de todas las comprobaciones y técnicas diagnósticas a disposición en el contexto de una solicitud de aborto.

EL DENOMINADO ABORTO TERAPÉUTICO

Una de las causales de no punibilidad contenidas en el actual artículo 86 del Código Penal es el que se ha dado en llamar “aborto terapéutico”.

“(…) El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible: (…) Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios”.

El proyecto bajo estudio, en cambio, propone:

“(…) toda mujer tiene derecho a interrumpir su embarazo en los siguientes casos: (…) Si estuviera en riesgo la vida o la salud física, psíquica o social de la mujer, considerada en los términos de salud integral como derecho humano”.

Con independencia de la indebida mutación en el encuadre, según el cual la actual causal de no punibilidad fundada en la realización del denominado “aborto indirecto” se convertiría en un derecho subjetivo, adviértase que se promueven dos modificaciones sustanciales:

Incorporación de una definición de alcances del término “salud”;
Atenuación y eliminación de los requisitos que permite configurar el tipo y la causal de inimputabilidad.

Respecto del primero de los cambios señalados basta afirmar que resulta ajeno a la práctica penal, a los elementos constitutivos de cualquier tipo penal y a la técnica legislativa del corpus normativo en cuestión, la incorporación de referencias o aclaraciones “semánticas”, tanto más cuestionables cuando implican la cristalización normativa de un concepto ampliamente cuestionado en el plano académico y ciertamente alejado de la realidad que pretende regular. Lamentablemente, la expresión que pretende incorporarse no contribuye a brindar certeza al intérprete de la norma (operador jurídico, agente sanitario o paciente) pues “riesgo para la (…) salud física, psíquica o social de la mujer, considerada en los términos de salud integral” no coadyuva a definir un cuadro nosológico particular y más bien pareciera aludir a un estado general en que prácticamente cualquier mujer se podría encontrarse. Tal como hemos destacado, prácticamente todo embarazo trae consigo algún cambio en la salud de la madre, basta pensar en los habituales cambios de presión o la propensión a diabetes adquirida, por ejemplo[10]. Indudablemente, ésta es una de las debilidades más notorias del inciso, pues implicaría la liberalización total del aborto durante todo el proceso gestacional.

Se hace notar que se han atenuado doblemente los requisitos exigidos para que opere la causal, por la simplificación del primero y por eliminación del segundo. Como se ha visto, en el actual artículo 86 se exige para su configuración la presencia de dos circunstancias: “peligro para la vida o la salud de la madre” y que “este peligro no puede ser evitado por otros medios”. La redacción instada en el proyecto, en cambio, simplifica el primer elemento aludiendo simplemente a la salud (con la excesiva amplitud antes marcada) y elimina la exigencia que podríamos denominar “terapéutica”. Es que, de hecho, allí reside la única consideración de orden técnico-médica que permitiría calificar la causal como tal, pues supone la ejecución de actos médicos tendientes a la eliminación del peligro y la preservación de la vida de la persona por nacer. Es a todas luces evidente que la evaluación médica se vería anulada de prosperar la norma bajo análisis.

Obviar el rol decisivo de la intervención del equipo de salud deja traslucir la incoherencia interna del proyecto, motivado según sus promotores en consideraciones de salud pública pero excluyendo la intervención efectiva de los cuerpos profesionales de modo consistente con su formación.

Analizado el proyecto llama la atención el desapego al fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia de la Nación[11], el que si bien ha sido ampliamente criticado, estableció que “lo que previó el legislador es que, si concurren las circunstancias que permiten la interrupción del embarazo, es la embarazada que solicita la práctica, junto con el profesional de la salud, quien debe decidir llevarla a cabo (…)” [El subrayado nos pertenece].

En esa línea, la CSJN refirió en el considerando 25 del mentado fallo a las condiciones médicas necesarias para llevar a cabo de manera rápida, accesible y segura la terminación del embarazo. Por otro lado, si bien oportunamente cuestionamos los alcances de los exhortos de la CSJN en el citado fallo, en el considerando 29 se establece una limitación que quizás haya pasado inadvertida. En efecto se establece que para el acceso a la práctica abortiva deberán eliminarse “requisitos que no estén médicamente indicados”.

Similar limitación aparece en el considerando 29, donde el tribunal aclaró apoyándose en la Organización Mundial de la Salud que no sería necesario “satisfacer cualquier otro requisito que no sea médicamente necesario”. La indicación médica, en el fallo pareciera constituir un límite que no tiene acogida en el proyecto de ley en discusión.

LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA OMITIDA

Una de las omisiones más cuestionadas hasta el momento ha sido la de la objeción de conciencia[12]. Esta omisión constituye una grave amenaza a la libertad de pensamiento, conciencia y religión de muchos profesionales de la salud. Se trata de derechos reconocidos por los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, con jerarquía constitucional.

El artículo 6° del texto proyectado establece que:

“En todos los casos las Autoridades de cada Establecimiento Asistencial deberán garantizar la realización de la interrupción del embaraza en los términos establecidos en presente ley y con los alcances del art. 40 de la ley 17.132, ad. 21 de la ley 26.529 y concordantes”.

Es dable observar la falta de referencia al instituto de la objeción de conciencia, tanto individual como institucional, desatención que deja traslucir un cercenamiento del libre ejercicio de la labor del equipo de salud y pone de relieve las repercusiones que en el plano fáctico se evidenciarían en términos de ejercicio de la profesión y de desarrollo y promoción profesional. Ello violenta las convicciones de equipos enteros y de instituciones con una clara postura respecto de la defensa de la vida, los derechos de todas las personas desde el momento de la fecundación y, específicamente, la dignidad de las personas con discapacidad. Incluso en el criticado fallo FAL la CSJN expresó que “deberá disponerse un adecuado sistema que permita al personal sanitario ejercer su derecho a la objeción de conciencia” (considerando 29)[13].

Si bien asistimos a la difusión de una mentalidad que considera que el médico debe limitarse a cumplir lo que pide el paciente, en lo que se ha llamado “medicina de consumo”, la realidad es que los profesionales de la salud, por sus conocimientos y capacitación, tienen un lugar decisivo en la atención de la madre y su hijo[14].

La Academia Nacional de Medicina, en una declaración del año 2000[15] afirmó:

En el ejercicio de su profesión, el médico está obligado a aplicar los principios éticos y morales fundamentales que deben regir todo acto médico, basado en la dignidad de la persona humana. Esta actitud debe ser la que guíe al profesional ante el requerimiento de todo individuo que ve afectada su salud. Distinta es la situación cuando un paciente le exige realizar un procedimiento que el médico, por razones científicas y/o éticas, considera inadecuado o inaceptable, teniendo el derecho de rechazar lo solicitado, si su conciencia considera que este acto se opone a sus convicciones morales. Esto es lo que se denomina objeción de conciencia, la dispensa de la obligación de asistencia que tiene el médico cuando un paciente le solicitara un procedimiento que él juzga inaceptable por razones éticas o científicas. Este es un derecho que debe asistir al médico en su actividad profesional.

Todas las leyes nacionales y provinciales que rigen el ejercicio de la profesión en nuestro país dictan normas, obligaciones, prohibiciones, sanciones, etc., pero de ninguna manera mencionan los derechos de los médicos.

En la Ciudad de Buenos Aires aún no se ha dictado la Ley de Ejercicio Profesional de la Medicina; en cambio, sí existe la Ley 298 para el ejercicio de la Enfermería, cuyo Art. 13 considera la objeción de conciencia.

La reciente promulgación de la Ley 418 sobre Salud Reproductiva y Procreación Responsable por la Legislatura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, obliga a los médicos a prescribir métodos anticonceptivos, entre los cuales algunos son considerados abortivos, a mujeres en edad fértil, incluyendo adolescentes, aun en desconocimiento de sus padres. Esto generó una amplia discusión en el seno de los legisladores y en numerosos grupos de la sociedad, que hicieron oír su voz de protesta, no sólo por estar en contra de estos dictámenes, sino porque por ellos se les niega la libertad a los médicos de actuar según el criterio de su conciencia ante situaciones que consideran reñidas con la ética y la moral, con los consiguientes riesgos de ser sancionados por su no cumplimiento.

La Academia Nacional de Medicina ratifica su opinión, dada a conocer en su oportunidad, respecto al derecho a la vida de la persona humana desde el momento de la concepción y el rechazo a todo método que interrumpa el embarazo.

La Objeción de conciencia es un testimonio pacífico y apolítico por el cual un médico puede no ejecutar un acto reglamentariamente permitido, sin que ello signifique el rechazo de la persona y el abandono del paciente.

En tal sentido, la Academia Nacional de Medicina aboga por el derecho de los médicos a actuar en el ejercicio de la profesión con total libertad de conciencia acorde con la ética y conocimientos científicos.

Tal como hemos sostenido, negar la objeción de conciencia contradice los códigos de ética médica vigentes en nuestro país, se trata del derecho a eximirse, total o parcialmente, del cumplimiento de una disposición legal, debido a que la misma violenta la conciencia religiosa o moral de una persona. La objeción de conciencia es un verdadero derecho, explícitamente reconocido en numerosos textos legales del más alto nivel jurídico, como parte de la libertad de religión y pensamiento. De hecho, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en su Resolución 46 (1987) expresa que: “(…) debe ser considerada como un ejercicio legítimo del derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”. En 1993, el Comité de Derechos Humanos declaró legítima esa interpretación en su Observación General Nº 22, cuando afirma que si bien “en el Pacto no se menciona explícitamente el derecho a la objeción de conciencia (…) el Comité cree que ese derecho puede derivarse del artículo 18, en la medida en que la obligación de utilizar la fuerza mortífera puede entrar en grave conflicto con la libertad de conciencia y el derecho a manifestar y expresar creencias religiosas u otras creencias”.

En Argentina, son variados los textos legales que lo reconocen explícitamente[16], la Ley 25.673 de Salud sexual y procreación responsable (art. 10); el Decreto 1.282/2003 (art. 10); la Ley 26.130 de contracepción quirúrgica (art. 6); la Ley 26.150 del Programa Nacional de educación sexual integra (art. 5), entre otros.

ABORTO LIBRE EN CASO DE DISCAPACIDAD

La tercera de las causales según las cuales podría accederse al aborto en cualquier momento del embarazo está asociada a la existencia de “malformaciones fetales graves”. El tema ha dado lugar a otras intervenciones que han centrado su análisis en la conexión entre aborto y descarte sistemático de personas con discapacidad[17].

La experiencia internacional permite aseverar los abrumadores índices de aborto realizados como consecuencia del diagnóstico de discapacidades y así, considerando la tendencia señalada, preocupa otra posible fuente de presión para los médicos tratantes, pues en la medida en que la norma presenta al aborto como derecho, en su faz subjetiva permitiría exigir a aquellos su realización en cualquier momento del proceso gestacional con justificación en la presencia de determinadas características genotípicas.

A nivel social lo dicho supone, lisa y llanamente, la explicitación de un criterio eugenésico de selección de la descendencia y la eliminación de sujetos considerados menos aptos. Desde la perspectiva médica, implica una desnaturalización de la profesión, pues en vez de proteger al vulnerable y proponerle medidas curativas o paliativas, procura su destrucción.

ABORTO LIBRE POR VIOLACIÓN

El proyecto contempla que podrá accederse al aborto luego de la semana 14 “si el embarazo fuera producto de una violación, con el solo requerimiento y la declaración jurada de la persona ante el profesional de salud interviniente”. En honor a la brevedad diremos que la norma recepta lo dispuesto por la CSJN en el caso F., A. L. s/ medida autosatisfactiva[18], vale decir:

La ampliación de la causal a cualquier violación;
La eximición de autorización judicial;
La eximición de denuncia del delito de violación;
La inexistencia de medidas probatorias de la violación, sustituidas por la suscripción de una declaración jurada de la requirente.

Nos limitaremos a referir a las “debilidades probatorias” inherentes a la propuesta. La mera suscripción de una declaración jurada por parte de la mujer solicitante, no sólo redunda en perjuicio de las víctimas de delitos contra la integridad sexual –en tanto dificulta la persecución penal del autor- sino que implica también un cercenamiento de la labor del equipo médico tratante.

Ello en la medida en que inhibe al profesional interviniente de evaluar la veracidad de los extremos declarados en base a la evidencia psico-física, competencia exclusiva de los profesionales de la salud. De hecho, si bien para fundar tal posición la norma refiere a la interpretación amplia de la causal de no punibilidad de la segunda parte del artículo 86, apartado 2, realizada por la CSJN en FAL, llamativamente omite referir a los “casos fabricados” destacados por la Corte[19]. En ese sentido, desatendiendo tan sustancial consideración, la norma propone que mediando la mera declaración jurada de la mujer o su representante legal a través del cual se afirme que el embarazo es producto de una violación y que por tanto se requiere la realización de un aborto, el médico, sin más, proceda a la intervención correspondiente.

En ese contexto, no solo es nula la referencia a las comprobaciones periciales propias de la actividad médica sino que además impide que el profesional tratante dé cumplimiento a las normas deontológicas vigentes. Vale advertir, por ejemplo, que el artículo 89 del Código de Ética del Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba, cuya observancia es obligatoria para todos los médicos que ejercen en dicha provincia, establece que “el médico, cuando deba actuar como Perito, procederá con toda ecuanimidad, evitando la distorsión, aún involuntaria, de la verdad y aplicará con el mayor rigor sus conocimientos científicos. Cuando no se sienta capacitado para actuar así, deberá inhibirse”.

Es que, lógicamente, a fin de garantizar el tratamiento pertinente, no puede privarse al médico de realizar un diagnóstico y en ese marco, parece contraria al libre ejercicio de la profesión la imposibilidad de oponerse a la realización de la práctica abortiva cuando se evidencia la falsedad de lo declarado en relación con la causa del embarazo.

CONSIDERACIONES FINALES

En base a las consideraciones vertidas es posible afirmar que:

El proyecto de liberalización del aborto que se haya en revisión supone violentar las convicciones de equipos profesionales enteros y de instituciones con una clara posición respecto del status de la persona por nacer desde el momento de la fecundación o de la dignidad de las personas con discapacidad.
La exigencia de una conducta determinada con total prescindencia de un fundamento clínico contraría la normativa deontológica en vigor y el principio de reserva, rasgo fundamental de nuestro sistema jurídico.
La terminología utilizada en el proyecto expresa un grave error conceptual y luce fuertemente coactiva en relación con el ejercicio de las profesiones asociadas a la salud, generando presión social y limitando el libre ejercicio de aquellas.
La liberalización del aborto implica una evidente desprotección de las personas por nacer y de las mujeres, en especial debido a la laxitud probatoria propuesta y a la limitación de la intervención médica.
El proyecto comentado reduce la labor médica a la mínima expresión y la desnaturaliza, excluyendo la determinación de alternativas terapéuticas y de actos propiamente médicos inherentes a su competencia profesional.

Entendemos que es necesario replantear el tema a la luz de todos los bienes en juego, resguardando los intereses de las mujeres y las personas por nacer y receptando también el respeto debido a la dignidad, la libertad y los derechos humanos de los profesionales de la salud.

Confiamos en que las diputadas y diputados presentes y la sociedad en su conjunto, tomarán en consideración tales bienes y ello se exprese en reglamentaciones inclusivas que favorezcan relaciones justas y equilibradas que permitan salvar todas las vidas en juego.

[1] Para un análisis integral del proyecto se sugiere ver: Franck, María Inés y Lafferriere, Jorge Nicolás, “Análisis del proyecto de ley de aborto libre y propuestas para la maternidad vulnerable”, Marzo 2018, https://centrodebioetica.org/web/wp-content/uploads/2018/03/An%C3%A1lisis-del-proyecto-de-ley-de-aborto-libre-y-propuestas-para-la-maternidad-vulnerable.pdf

[2] Al respecto ver: Centro de Bioética, Persona y Familia. Informe: No existe un derecho al aborto en el sistema internacional. Disponible en línea en https://centrodebioetica.org/web/2011/07/informe-no-existe-un-derecho-al-aborto-en-el-sistema-internacional/ [Último acceso el 13/04/2018].

[3] Portal de Belén Asociación Civil c/ Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba-amparo-recurso de apelación (Expte. N° 2301032/36).

[4] Al respecto ver: Jorge Horacio Gentile, No matar al niño o a la niña por nacer, ED, Nº 14.044, Año LIV, EDCO 2016.

[5] Oscar Ernesto Garay (Dir.), Responsabilidad profesional de los médicos. Ética, bioética y jurídica: civil y penal. La Ley (2014) Tomo I, P. 78 y ss.

[6] Disponible en línea en https://www.ama-med.org.ar/page/Codigo_de_Etica-2da_Edicion [Último acceso el 13/04/2018].

[7] Leonardo Pucheta. El protocolo de abortos y los profesionales de la salud. Disponible en línea en https://centrodebioetica.org/web/2015/07/el-protocolo-de-abortos-y-los-profesionales-de-la-salud/ [Último acceso el 13/04/2018].

[8] Aunque en el caso referido la CSJN sólo atendió a la causal de no punibilidad asociada a la violación.

[9] El artículo 5° de la Ley 26.529 reza: “Artículo 5º.- Definición. Entiéndese por consentimiento informado, la declaración de voluntad suficiente efectuada por el paciente, o por sus representantes legales en su caso, emitida luego de recibir, por parte del profesional interviniente, información clara, precisa y adecuada con respecto a: a) Su estado de salud; b) El procedimiento propuesto, con especificación de los objetivos perseguidos; c) Los beneficios esperados del procedimiento; d) Los riesgos, molestias y efectos adversos previsibles; e) La especificación de los procedimientos alternativos y sus riesgos, beneficios y perjuicios en relación con el procedimiento propuesto; f) Las consecuencias previsibles de la no realización del procedimiento propuesto o de los alternativos especificados”.

[10] Franck, María Inés y Lafferriere, Jorge Nicolás, Op. Cit.

[11] CSJN Fallo 259. XLVI, 13/03/2012.

[12] El instituto de la objeción de conciencia es objeto de numerosas presentaciones, de modo que en este caso simplemente se aludirá a la cuestión como punto de partida, con el objeto de poner el acento en variables menos exploradas.

[13] Franck, María Inés y Lafferriere, Jorge Nicolás, Op. Cit.

[14] Al respecto ver: Leonardo Pucheta. El protocolo de abortos y los profesionales de la salud. Op. Cit.

[15] Disponible en línea en https://www.acamedbai.org.ar/declaraciones/14.php [Último acceso el 13/04/2018].

[16] Franck, María Inés y Lafferriere, Jorge Nicolás, Op. Cit.

[17] Centro de Bioética, Persona y Familia. Lafferriere: Exposición sobre aborto libre y eliminación sistemática de personas con discapacidad. Disponible en línea en https://centrodebioetica.org/web/2018/04/lafferriere-exposicion-sobre-aborto-libre-y-eliminacion-sistematica-de-personas-con-discapacidad/ [Último acceso el 13/04/2018].

[18] CSJN Fallo 259. XLVI, 13/03/2012.

[19] CSJN Fallo 259. XLVI, Considerando 28.

Franck: Las sentencias de los organismos internacionales y la interpretación el art. 4.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos

María Inés Franck

abril 12, 2018

Franck: Las sentencias de los organismos internacionales y la interpretación el art. 4.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos

Exposición de María Inés Franck (Observatorio Internacional de Políticas Públicas y Familia) el 12 de abril de 2018 en las reuniones informativas sobre los proyectos de ley de legalización del aborto en debate ante las Comisiones de Legislación General, Legislación Penal, Acción Social y Salud Pública y Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina.

1.- Introducción. Me voy a referir a un tema que ha sido argumentado siempre en el debate sobre la legalización del aborto: el alcance de las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos, particularmente los provenientes de la misma Comisión y Corte Interamericanas, y en segundo lugar al modo correcto de realizar la interpretación de la Convención Americana en cuanto al deber de protección de toda vida humana.

2.- Sólo son vinculantes las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos en que el Estado sea parte. El inciso 1 del art. 68 de la Convención Americana de Derechos Humanos es claro: lo único que compromete a los Estados Partes en la Convención es una decisión de la Corte en todo caso en que ese Estado sea parte. Se entiende que, a contrario sensu, no hay compromiso de los Estados a cumplir con las decisiones de la CIDH en aquellos casos en que fueron partes, o sea, la jurisprudencia legal del tribunal[1].

Sabemos que, en los últimos años, las recomendaciones en torno a la posibilidad de legalizar el aborto, no sólo en la Argentina, sino en toda la región -así como otras cuestiones en las que estos organismos han pretendido establecer lineamientos-, han llevado a analizar esta acuciante cuestión.

El tema del carácter vinculante o no de los informes de la Comisión Interamericana y de las sentencias de la Corte Interamericana en los casos en los que el Estado no sea parte se coloca así en primer plano, y puede aplicarse análogamente a la consideración del carácter de las recomendaciones de otros organismos de derechos humanos[2].

Los más altos tribunales judiciales de nuestros países se han hecho estas preguntas, y han respondido de diversas maneras, de tal modo que lo mínimo que podemos decir es que el asunto es, cuando menos, muy discutido en la actualidad y de ninguna manera está zanjado.

Para poner algunos ejemplos, en febrero de 2013, la Corte Suprema de Uruguay, por ejemplo, ha afirmado que “es preciso señalar, ante todo, que ninguna disposición de la CADH establece que la jurisprudencia sentada en las sentencias u opiniones consultivas de la Corte IDH o en los informes de la Com. IDH sea obligatoria para las autoridades nacionales (…) El artículo 68.1 CADH, que establece que ‘[l]os Estados partes se comprometen a cumplir la decisión de la Corte Interamericana en todo caso en que sean partes’, no se refiere a la jurisprudencia, sino a la parte resolutiva de la sentencia o resolución de la Corte IDH. Por ello, en la CADH no puede encontrarse el fundamento de un deber de derecho internacional de seguir la jurisprudencia de los órganos del sistema interamericano” (…). En definitiva, si bien está fuera de toda discusión que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la intérprete última de la Convención Americana de Derechos Humanos –naturalmente en el ámbito de sus competencias- tampoco puede desconocerse que la intérprete última de la Constitución de la República Oriental del Uruguay es la Suprema Corte de Justicia (…)” (Cfr. Nº 20/2013 de febrero de 2013, caso “Dos coroneles”). Uruguay se estaría inclinando, así, por la no obligatoriedad.

En Argentina, la CSJN, en el famoso caso “Ekmekdjian c. Sofovich” (Fallos 315:1492, de 1992), “precisó que la interpretación del Pacto de San José de Costa Rica debe ‘guiarse’ por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. Este criterio fue seguido en las causas “Giroldi” (Fallos 318:514, 1995), “Nápoli (1998, Fallos 327:2869), “Felicetti” (2000, Fallos: 323:4131) y “Alianza” (2001, Fallos 324:3143). En dos sentencias más recientes, “Mazzeo” (2007, Fallos 330:3248) y “Videla” (2010, Fallos 333:1657) la CSJN se refiere a la jurisprudencia de la CIDH como “una insoslayable pauta de interpretación”. Así, pese a que alguna doctrina interpreta que aquí se abandonó el temperamento anterior de que la jurisprudencia de la CIDH era “guía”, en realidad hablar de “insoslayable pauta de interpretación” es “una manera –quizás más enfática pero no diversa- de considerarla una ‘guía’ respecto de la inteligencia que debe otorgarse al Pacto”, como afirma la Cámara Federal de Salta en los autos “L.O., A. y otros c. Swiss Medical s/Amparo”. Publicado online en AR/JUR/33815/2013.

En el reciente caso “Fontevecchia” (2017) la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Argentina ha sostenido finalmente que incluso las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no pueden ellas convertirse en una cuarta instancia y dejar sin efecto sus propias sentencias (las de la CSJN).

En México, una decisión del Máximo Tribunal mexicano señaló también que los criterios de la CIDH son “orientadores” para todas las decisiones de los jueces mexicanos (Tesis Jurisprudencial TA; 10ª. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Libro III, Diciembre de 2011, t. 2, p. 550, www.scjn.gob.mx).

Basten estos ejemplos de la Argentina, México y Uruguay para probar que la cuestión no está zanjada y que, al menos en los Estados mencionados, la jurisprudencia del más alto nivel parece inclinarse por darle un gran peso moral a las recomendaciones de la Comisión y a las sentencias de la Corte, pero no un valor vinculante. Mucho menos cuando el Estado no es parte.

3.- La interpretación de los Tratados. Podríamos preguntarnos, entonces, qué pasa cuando el organismo encargado de interpretar un Tratado emite opiniones contrarias a la letra misma de ese Tratado. Puede ser que un Tratado sea algo “vivo”, pero esa vitalidad no podría llevarlo a expresar exactamente lo contrario de lo que se quería expresar cuando fue ratificado por nuestros Estados. ¿Qué pasa cuando las mencionadas recomendaciones controvierten y contradicen el orden público interno de un país, el cual no estaba contradicho a la hora de ratificar el tratado y justamente por eso pudo ser ratificado?

El caso emblemático aquí es la interpretación del famoso art. 4.1 del Pacto de San José de Costa Rica (“Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”). Pero no siempre se recuerda que el art. 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados nos da las pautas generales para la interpretación de un Tratado: “1. Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin”. Y “4. Se dará a un término un sentido especial si consta que tal fue la intención de las partes”.

No hay más que acudir a los trabajos preparatorios de la Convención Americana de Derechos Humanos para aclarar la intención de las partes al definir la redacción de este art. 4.1 de la Convención. Lo cierto es que esta cláusula “en general” se introdujo en 1969 en medio de la disconformidad de la mayor parte de los países, quienes pretendían que se eliminara o bien que la definición del inicio de la personalidad fuera dejada a cargo del derecho interno de cada Estado.

Así, durante los trabajos preparatorios a la aprobación del PSJCR, países como la República Dominicana, Uruguay, Brasil, Ecuador, Venezuela, México, Costa Rica, entre otros, se opusieron a la introducción de la cláusula “en general”, por considerarla “vaga” e ineficaz para impedir que los Estados incluyan en sus leyes internas la aprobación del aborto y porque en cuanto al derecho a la vida no era posible hacer ningún tipo de concesión (ver Trabajos Preparatorios, parágrafos 208, 212, 215 para mencionar sólo algunos)[3].

En efecto, ante la existencia de una importante cantidad de Estados que pretendían proteger en el sistema americano la vida humana desde el primerísimo momento de su existencia (porque así la protegían en su legislación interna), se optó por una fórmula que en su interpretación corriente favorecía esta protección (“en general”) y, en última instancia, se reconocía implícitamente en el Tratado (y explícitamente en los trabajos preparatorios) la soberanía legislativa de cada Estado al respecto.

4.-Conclusión. Obviamente, reconocemos que nuestros países enfrentan serias desigualdades que conciernen a derechos básicos y fundamentales, especialmente por la persistencia de graves situaciones de pobreza y marginación. En tal contexto, el problema de la mortalidad materna es particularmente crítico en algunas regiones de América Latina. En consecuencia, es lógico que estas situaciones llamen la atención de los organismos internacionales de derechos humanos del Sistema de Naciones Unidas. Sin embargo, la respuesta de estos organismos parece desproporcionada en su injerencia en los sistemas de valores y cultura de los países, al poner el énfasis en una estrategia unilateralmente focalizada en el problema del aborto. Ello no sólo es cuestionable en sí mismo para solucionar la mortalidad materna (el caso de Chile y su exitosa política pública de reducción drástica de esta mortalidad defendiendo irrestrictamente la vida hasta 2017 es un ejemplo de las alternativas válidas existentes), sino que además impone una agenda que supone quebrar un principio básico y fundante de la convivencia como el que señala que el derecho a la vida es inviolable.

[1] Refuerza esta interpretación el dictamen del Procurador General en la causa “Acosta” (Fallos 335:533, del 8/5/2012), que a su vez remite a los propios dictámenes de la CIDH y a la jurisprudencia del Tribunal Federal Constitucional Alemán respecto de las sentencias contenciosas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Procurador afirmó en ese dictamen: “las decisiones de la Corte Interamericana no tienen efectos generales, erga omnes, sobre otros casos similares existentes en el mismo u otro Estado”.

[2] En 1995, es la misma Corte Interamericana la que responde a este interrogante, afirmando que “a juicio de la Corte, el término ‘recomendaciones’ usado por la Convención Americana debe ser interpretado conforme a su sentido corriente de acuerdo con la regla general de interpretación contenida en el art. 31.1 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y, por ello, no tiene el carácter de una decisión jurisdiccional obligatoria cuyo incumplimiento generaría la responsabilidad del Estado. Como no consta que en la presente Convención la intención de las partes haya sido darle un sentido especial, no es aplicable el art. 31.4 de la misma Convención. En consecuencia el estado no incurre en responsabilidad internacional por incumplir con una recomendación no obligatoria” (cfr. Caso “Caballero Delgado y Santana vs Colombia”, diciembre de 1995, párrafo 67).

Posteriormente, en Almonacid Arellano y otros Vs. Chile (2006): 124. (…) [C]cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana.

[3] OEA/Ser.K/XVI/1.2 CONFERENCIA ESPECIALIZADA INTERAMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS San José, Costa Rica. 7-22 de noviembre de 1969 ACTAS Y DOCUMENTOS SECRETARIA GENERAL ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS WASHINGTON, D.C.

Nicolás Lafferriere – Aborto y discapacidad

Aborto

Juan Bautista Eleta

abril 12, 2018

Lafferriere: Exposición sobre aborto libre y eliminación sistemática de personas con discapacidad

Jorge Nicolás Lafferriere

abril 10, 2018

Lafferriere: Exposición sobre aborto libre y eliminación sistemática de personas con discapacidad

Exposición de Jorge Nicolás Lafferriere en las reuniones informativas sobre los proyectos de ley de legalización del aborto en debate ante las Comisiones de Legislación General, Legislación Penal, Acción Social y Salud Pública y Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina (10 de abril de 2018).

Dentro de los múltiples problemas que están implicados en los proyectos de ley de legalización del aborto libre, voy a detenerme en la conexión entre aborto y descarte sistemático de personas con discapacidad. Este fue el tema de mi tesis doctoral en 2009[1], a la que me remito y que he procurado actualizar para esta presentación. En razón del acotado tiempo, no podré abordar las otras cuestiones que tratamos en el informe que preparamos desde el Centro de Bioética, Persona y Familia y al que me remito[2]. En lo central, sostenemos que los proyectos de despenalización o legalización del aborto deben ser rechazados y en su lugar se deben adoptar iniciativas de fondo para la atención de la maternidad vulnerable.

Voy a abordar dos aspectos del problema de aborto y discapacidad. En primer lugar, la causal de aborto sin plazo por “malformaciones fetales graves”. En segundo lugar, explicaré cómo la legalización del aborto libre hasta la semana 14 en alianza con los estudios prenatales, genera las condiciones jurídicas para la eliminación sistemática de personas con discapacidad.

1) Legalizar el aborto por malformaciones fetales graves es discriminatorio y afecta el derecho a la vida

Cinco de los proyectos de ley proponen, con ligeras variantes, legalizar el aborto por “malformaciones fetales graves”.[3] Llamativamente, en los fundamentos no se explicitan las razones de esa inclusión.

Abortar a una persona en razón de su discapacidad es una grave forma de discriminación y una violación de su derecho a la vida. El lenguaje mismo (malformaciones fetales graves) ya de por sí tiene una carga discriminatoria.

La propuesta es contraria a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ello fue afirmado en 2017 por el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad en una carta dirigida al Comité de Derechos Humanos: “Leyes que permiten explícitamente el aborto con base en malformaciones violan la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (arts. 4, 5 y 8). Aun si la condición es considerada como fatal, la decisión se está tomando en base a la discapacidad. Además, a menudo no se puede determinar si una condición es fatal. La experiencia muestra que los diagnósticos sobre condiciones de discapacidad a menudo son falsos. Y aun si no es falso, el diagnóstico perpetúa nociones estereotipantes de discapacidad incompatibles con una buena vida”.[4] El Comité ha formulado recomendaciones en esta materia a países como España, Austría, Hungría y Gran Bretaña.

2) El aborto libre conduce a la eliminación sistemática de personas con discapacidad

Pero la discriminación contra las personas con discapacidad es inherente al aborto libre tal como está propuesto en los proyectos de ley que lo despenalizan o legalizan sin necesidad de invocar causales hasta la semana 14 del embarazo.[5]

Ciertamente, la redacción de los proyectos en ningún momento “obliga” literalmente a abortar a las personas con discapacidad. Pero en los hechos ello ocurre como consecuencia de distintos mecanismos que operan sobre padres, médicos y sociedad, como explicaremos a continuación. La experiencia internacional es contundente en demostrar que en los países con aborto libre se descarta alrededor del 90% de los casos detectados de discapacidad, como Síndrome de Down. Este es un dato que no puede ser ignorado y debe ser asumido por quienes proponen el aborto libre.

¿Cómo ocurre esa eliminación sistemática? Por tres mecanismos de presión:

a) El primer factor es la difusión de estudios genéticos cada vez más precisos, tempranos, seguros y accesibles. Por ejemplo, hoy no hace falta hacer una punción para obtener células fetales. Basta una extracción de sangre, pues hay estudios no invasivos que desde la semana 10[6] detectan y luego analizan células fetales en sangre materna y son indicados para trisomías 18 y 21. Con el aborto libre, estos estudios tienden a volverse rutinarios y a ser incluidos obligatoriamente en los controles prenatales, pues se abre una ventana de tiempo para que los padres pueden decidir el aborto sin expresar ninguna causa.

b) En ese contexto, el médico se ve obligado a recomendar en todos los casos estudios prenatales o incluso el mismo aborto por temor a sufrir acciones por mala praxis de parte de los mismos padres que, si naciera un niño con discapacidad, podrían pretender demandarlo por haber perdido la chance de abortar a tiempo.

c) A su vez, los padres son presionados desde un sistema de salud que pretenderá cobrar mayores primas por la cobertura de discapacidades que pudieron ser eliminadas prenatalmente. Es como si el sistema dijera a los padres: ¿por qué debemos pagar nosotros los mayores costos de salud de una persona con discapacidad si Uds. pudieron abortarla a tiempo?

Se advierte así que si bien formalmente los padres son libres para no abortar, se ven fuertemente condicionados y empujados a ello.

Cuando los estudios son obligatorios hay nuevas y complejas situaciones, como sucede en Francia donde se ha creado un registro de mujeres embarazadas con hijos con Síndrome de Down, que fue parcialmente anulado por el Consejo de Estado el 17 de noviembre de 2017. Pareciera que el objetivo es una vigilancia sanitaria de los embarazos para garantizar controles oportunos y evitar el nacimiento de cualquier persona que no reúna los estándares de utilidad que impone la sociedad de consumo.

Llamativamente, a diferencia de sus primeras versiones, el proyecto presentado en 2018 amplía el plazo del aborto libre hasta la semana 14. Nunca se explicó por qué este cambio, pero podemos suponer que ello apunta a ampliar la ventana de tiempo disponible para abortar mientras se tramitan los estudios prenatales del primer trimestre, como la translucencia nucal. Así, el plazo de la semana 14 pondría a los padres en el apremio de verse llevados a abortar por estudios que son meramente presuntivos y que no son diagnósticos, incluso en caso de falsos positivos. Es como si el plazo de la semana 14 fuera un “deadline” que, paradójicamente, podría condenar o salvar al niño.

Aunque nominalmente el aborto no estaría destinado a eliminar a las personas con discapacidad, estamos ante un supuesto de discriminación indirecta, es decir, leyes, políticas o prácticas en apariencia neutras pero que influyen de manera desproporcionadamente negativa en las personas con discapacidad.

Esta situación ha merecido en el mundo fuertes críticas de los grupos que representan a las personas con discapacidad. El argumento llamado “expresivista” sostiene que el aborto selectivo expresa actitudes negativas o discriminatorias no sólo hacia los rasgos de discapacidad, sino hacia quienes poseen tales rasgos. El mensaje que le transmitimos a estas personas se podría expresar así: “tu vida no tiene valor”, o, “si hubiéramos tenido la chance te hubiéramos abortado”.

Dramáticamente, el diagnóstico prenatal en lugar de ser acto médico que busca conocer para curar, termina buscando conocer para descartar. De allí que sostengamos que el extraordinario poder de conocer la realidad biológica del por nacer tiene que ir acompañado de una igual capacidad de reconocer su inalienable dignidad.

La protección de la vida humana debe realizarse en todos los casos y en todas sus etapas, pero especialmente cuando es más vulnerable. El aborto despenalizado o legalizado quiebra las bases de la convivencia social, de modo que los más fuertes pueden eliminar a los débiles a su voluntad. Estamos llamados a ser inclusivos con toda vida humana, pero en especial con aquella que se presenta como más vulnerable y necesitada.

Nuestro país tiene una rica tradición de legislación en favor de las personas con discapacidad, incluso desde la concepción (art. 14, ley 24901). Trabajemos en favor de salvar las dos vidas, especialmente en razón de su inalienable dignidad, derecho a la vida y vulnerabilidad.

[1] Lafferriere, Jorge Nicolás, Las implicaciones jurídicas del diagnóstico prenatal. El concebido como hijo y paciente, EDUCA, Buenos Aires, 2011. Algunos pasajes de este documento están tomados de esta tesis y del informe que figura en la siguiente nota al pie, con modificaciones.

[2] Franck, María Inés y Lafferriere, Jorge Nicolás, “Análisis del proyecto de ley de aborto libre y propuestas para la maternidad vulnerable”, Marzo 2018, https://centrodebioetica.org/web/wp-content/uploads/2018/03/An%C3%A1lisis-del-proyecto-de-ley-de-aborto-libre-y-propuestas-para-la-maternidad-vulnerable.pdf

[3] Los exptes. 230-D-2018, 897-D-2018 contemplan el aborto durante todo el embarazo por “malformaciones fetales graves”. El expte. 569-D-2018 habla de malformación fetal severa. Los exptes. 443-D-2018 y 1115-D-2018 legalizan el aborto si existieren “malformaciones fetales graves, incompatibles con la vida extrauterina”. El expte. 1082-D-2016 habilita el aborto “si se ha diagnosticado médicamente la inviabilidad de vida extrauterina”.

[4] Committee on the Rights of Persons with Disabilities, “Comments on the draft General Comment No36 of the Human Rights Committee on article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights”, 2017, http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CCPR/GCArticle6/CRPD.docx

[5] El expte. 2492-D-2017 propone el aborto libre sin plazo o causales, mientras que el expte. 230-D-2018 lo legaliza hasta la semana 14, al igual que los exptes. 443-D-2018, 569-D-2018, 897-D-2018, 1082-D-2018 y el 1115-D-2018.

[6] https://www.acog.org/Patients/FAQs/Prenatal-Genetic-Screening-Tests#first

Los proyectos de ley de aborto en debate en el Congreso Argentino

Jorge Nicolás Lafferriere

abril 9, 2018

Los proyectos de ley de aborto en debate en el Congreso Argentino

El martes 10 de abril de 2018 comienzan las reuniones informativas convocadas por las Comisiones de Legislación General, Legislación Penal, Acción Social y Salud Pública, y Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados de la Nación en el marco del tratamiento de diversos proyectos de ley vinculados con el aborto. A continuación presentamos una síntesis de esos proyectos, al tiempo que remitimos al informe de fondo que elaboramos analizando los proyectos y las políticas públicas para la maternidad vulnerable.

A) Proyectos que proponen legalizar el aborto

1) Proyecto de ley de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Expte. 2492-D-2017 (4 diputados, encabezados por Ferreyra) Propone legalizar el aborto como derecho sin ningún límite o plazo, a sola petición. Incluye normas sobre aborto por medicamentos. Propone la distribución y producción estatal del misoprostol. Prohíbe la objeción de conciencia tanto individual como institucional.

2) Proyecto de ley de régimen de interrupción voluntario del embarazo. Expte. 230-D-2018 (71 diputados, encabeza Donda). Propone el aborto libre como un derecho hasta la semana 14, y hasta el final del embarazo en tres causales (violación, peligro para la vida/salud física, psíquica y social de la madre, y malformaciones fetales graves). No contempla la objeción de conciencia ni individual ni institucional. Incluye el aborto en el PMO.

3) Proyecto de ley de modificación del Código Penal incorporando causales para la no punibilidad del aborto y derogación del art. 88 del Código Penal. Expte. 0443-D-2018 (9 diputados, encabezados por Wisky). Despenaliza el aborto en los siguientes casos: si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios; si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la salud física, mental, emocional o social de la madre, entendiendo que el peligro no exige la configuración de un daño, sino su posible ocurrencia; si el embarazo proviene de una violación; si el embarazo proviene de un atentado al pudor cometido sobre una mujer con capacidad restringida; si existieren malformaciones fetales graves, incompatibles con la vida extrauterina; si la mujer o representante legal solicitan la interrupción voluntaria del embarazo dentro de las 14 semanas de gestación.

4) Proyecto de ley de régimen del procedimiento para la interrupción legal del embarazo. Expte. 0444-D-2018 (9 diputados, encabezados por Wisky). Establece procedimiento para la interrupción legal del embarazo, en los casos enunciados en el artículo 86 del Código Penal. Penaliza las maniobras dilatorias por parte de los profesionales de la salud. Incorpora la objeción de conciencia, siempre y cuando no se traduzca en la dilación, retardo o impedimento para el acceso al aborto.

5) Proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo y modificaciones al Código Penal. Expte. 0569-D-2018 (Wechsler). Estipula un derecho a la interrupción legal del embarazo, en ejercicio del derecho humano a la salud, a favor de toda mujer antes de las 14 semanas del proceso gestacional. Más allá de ese período, podrá la mujer acceder a un aborto en las siguientes causales: si el embarazo fuera producto de una violación; para salvar la vida de la mujer; para preservar la salud física, psíquica o social de la mujer; en caso de malformación fetal severa.

6) Proyecto de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Expte. 0897-D-2018 (14 diputados, encabezados por Filmus). Propone legalizar el aborto como derecho hasta la semana 14. Luego de ese plazo, legaliza el aborto si el embarazo es producto de una violación, si se pusiere en riesgo la salud o la vida de la mujer, o se detectaren malformaciones fetales graves. Prohíbe la objeción de conciencia institucional. Contempla objeción de conciencia personal restringida. Crea consejerías previas y posteriores al aborto. Crea un Observatorio Nacional de Registro, Monitoreo y Evaluación del aborto. Propone la inclusión del misoprostol y la mifepristona en el PMO e impulsa su Producción y distribución estatal. Incluye el aborto en el PMO.

7) Proyecto de ley de legalización de la interrupción del embarazo. Expte. 1082-D-2018 (16 diputados, encabezados por Mendoza). Propone legalizar el aborto: hasta la semana 14, y sin límites de plazo ante la existencia de peligro para la vida o la salud de la persona gestante; el embarazo es producto de una violación; y si se ha diagnosticado médicamente la inviabilidad de vida extrauterina. No contempla la objeción de conciencia ni invididual ni institucional. Dispone que el aborto sea incluido en el Programa Médico Obligatorio. Crea consejerías sobre embarazos no planificados.

8) Proyecto de ley de legalización del aborto. Expte. 1115-D-2018 (Villavicencio y Lousteau). Propone legalizar el aborto hasta la semana 14, y más allá de ese plazo, si el embarazo fuera producto de una violación, si estuviera en riesgo la vida o la salud física, psíquica o social de la mujer, si existieren malformaciones fetales graves incompatibles con la vida extrauterina. Incluye el aborto en el PMO. Contempla la objeción de conciencia individual restringida y prohíbe la objeción de conciencia institucional. Modifica la redacción del art. 86 del Código Penal y propone la derogación del art. 88.

B) Otros proyectos vinculados con la maternidad vulnerable, pero que no proponen la legalización del aborto:

1) Proyecto de ley de régimen de protección integral de los derechos humanos de la mujer embarazada y de los niños por nacer. Expte. 0342-D-2018 (26 diputados, encabezados por Brügge). Propone sistema integral de protección de derechos para madre y niño por nacer. Crea una asignación especial para la mujer cuyo embarazo provino de un delito contra la integridad sexual. Crea los Centros de atención a la mujer embarazada en cada hospital público.

2) Proyecto de ley de reglamentación del uso, control y manejo del principio activo Misoprostol. Expte. 0269-D-2018. Reglamenta el uso de esta droga en los casos de interrupción del embarazo con feto muerto y retenido, aborto incompleto, hemorragia postparto, inducción al parto con feto vivo, según indicación médica, corioamnionitis y embarazo post término y huevo anembrionado. No propone ninguna despenalización del aborto. Presentado por Bianchi, reproduciendo proyecto.

3) Proyecto de ley de creación de un Servicio de asistencia e información a mujeres en estado de gravidez con diagnóstico de anomalías en el período prenatal. Expte. 0459-D-2018. Presentado por Bianchi.

4) Proyecto de ley para garantizar la protección integral de los derechos humanos de la mujer en edad reproductiva, embarazada y de los niños por nacer. Expte. 0539-D-2018. Presentado por Bianchi y Vallone.

Informe de María Inés Franck y Jorge Nicolás Lafferriere

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Presentan en Rafaela proyecto de ordenanza para la protección integral de la mujer embarazada y los niños por nacer

Presentan proyecto en el Ministerio de Desarrollo Social para acompañamiento integral de la maternidad vulnerable

Fernando Toller – Diputados

Aborto y derecho penal en Argentina

Declaración de la Academia del Plata sobre la instalación del aborto como tema a ser debatido

Protección integral de los derechos humanos de la mujer embarazada y de las niñas y los niños por nacer – Expte. 324-D-2018 (encabezado por Brügge)

FUNDAMENTOS

Alejandro Williams sobre debate de aborto

Ignacio de Casas

Las obligaciones internacionales del Estado argentino en materia de aborto

ABORTO: EL FRACASO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA MATERNIDAD VULNERABLE

Aborto: el fracaso de las políticas públicas para la maternidad vulnerable

Daniel Herrera

María Marta Didier

Declaración de ACIERA en favor de la vida

Ludmila Viar – Marco normativo de las políticas para la maternidad vulnerable

Laura B. Yachelini – Aborto y riesgo para la salud social

Juan Bautista Eleta – Las condiciones obstétricas y neonatales esenciales

Condiciones Obstétricas y Neonatales Esenciales en la normativa argentina

Presentación del Protocolo de Objeción de Conciencia frente al aborto no punible en la Provincia de Santa Fe

Comunicado final de la 115ª Asamblea Plenaria de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina

Declaración de la Comisión Directiva del Consorcio de Médicos Católicos de Buenos Aires sobre el Aborto

Alejandro Williams – El aborto como fracaso de las políticas públicas

Leonardo Pucheta – Aborto y desnaturalización de la medicina

Pucheta: Exposición sobre aborto libre y des-naturalización de la medicina

Academia Nacional de Medicina ante los proyectos de aborto

María Inés Franck – Aborto y recomendaciones de organismos internacionales

La Academia Nacional de Medicina ante los proyectos de aborto

Franck: Las sentencias de los organismos internacionales y la interpretación el art. 4.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos

Nicolás Lafferriere – Aborto y discapacidad

Lafferriere: Exposición sobre aborto libre y eliminación sistemática de personas con discapacidad

Los proyectos de ley de aborto en debate en el Congreso Argentino