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Expte. 1817-D-2018 (Lipovetzky y Acerenza)

Expediente Diputados 1817-D-2018

FIRMANTES

LIPOVETZKY, DANIEL ANDRES  ; ACERENZA, SAMANTA MARIA CELESTE

Fecha: 09/04/2018

El Senado y Cámara de Diputados…

INTERRUPCION VOLUNTARIA DEL EMBARAZO DURANTE LAS PRIMERAS 14 SEMANAS DE GESTACION. MODIFICACION DEL CODIGO PENAL.

ARTÍCULO 1°.- En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 4° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) que establece que, toda persona tiene derecho a que se respete su vida y que este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción, se establece que toda persona gestante tiene el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo durante las primeras catorce (14) semanas de gestación, debiendo priorizarse las alternativas de obtener tal resultado a través de medicamentos debidamente aprobados por la ANMAT.

ARTÍCULO 2°.- A partir del comienzo de la semana quince (15) de gestación, sólo podrá interrumpirse el embarazo, en los siguientes casos:

  1. a) Si tuviese como finalidad evitar un peligro para la vida o la salud de la persona gestante y este peligro no pudiese ser evitado por otros medios.
  2. b) Si el embarazo es producto de una violación.
  3. c) Si se diagnosticara la inviabilidad de vida extrauterina del feto.

ARTÍCULO 3°.- La interrupción del embarazo debe ser realizada por un médico con título habilitante o bajo su dirección, a requerimiento de la persona gestante o, en su caso, de sus representantes legales, y previa obtención de su consentimiento informado por escrito, en los términos de lo establecido por la ley N° 26.529 y el artículo 59 del Código Civil y Comercial de la Nación.

No podrán imponerse requisitos burocráticos de ningún tipo para acceder a las prestaciones vinculadas con una interrupción legal del embarazo, debiendo garantizarse a la persona gestante una atención ágil e inmediata, que respete su privacidad durante todo el proceso y garantice la reserva de la información aportada.

ARTÍCULO 4°.- En el supuesto de interrupción voluntaria del embarazo previsto en el artículo 1° de la presente ley, deberá ponerse a disposición de la persona gestante toda la información disponible relativa al tema, de forma dinámica y a lo largo de todo el proceso de atención, incluso si no hay una solicitud explícita de su parte.

Los establecimientos de salud en los que se realice dicha práctica, deberán contar con un equipo profesional interdisciplinario, especializado en salud sexual y reproductiva, para dar contención y apoyo a la persona gestante, antes, durante y después de la prestación médica y brindarle toda la información relativa a las características de la interrupción del embarazo, los riesgos inherentes a las distintas prácticas posibles y la posibilidad de utilizar medicamentos abortivos, de forma tal de garantizarle información oportuna, clara, objetiva y suficiente para la toma de una decisión consciente y responsable. Asimismo deberá informársela respecto a los distintos medios anticonceptivos que se encuentran a su disposición y su forma de utilización, incluyendo las prácticas autorizadas por la ley N° 25673, poniendo especial énfasis en estas últimas, en los casos en que la persona gestante ya hubiese interrumpido previamente un embarazo.

Durante la práctica médica, cualquiera fuese la metodología utilizada para la interrupción del embarazo, el equipo profesional interdisciplinario deberá acompañar a la persona gestante a efectos de garantizarle la atención y contención que la situación requiere, como así también la realización de los exámenes médicos necesarios para otorgar un alta médica definitiva.

En todos los casos, tanto los contenidos y el formato de la información suministrada a la persona gestante, como el accionar del equipo profesional interviniente deberán guardar estricta objetividad y confidencialidad. Queda expresamente prohibido ejercer cualquier tipo de presión directa o indirecta, que pudiera inducir a la persona gestante a modificar su decisión.

ARTÍCULO 5°. – Formulado el requerimiento de interrupción voluntaria del embarazo por la persona gestante, el establecimiento sanitario o el profesional interviniente deben disponer de manera inmediata la consulta con el equipo profesional interdisciplinario referido en el artículo precedente.

Cumplida la primer consulta, la cual deberá realizarse en el mismo día en que fuera requerida por la persona gestante, o de no ser posible, al día siguiente, la persona gestante dispondrá de un período mínimo de reflexión irrenunciable de TRES (3) días corridos, para evaluar la información que le fuera aportada y tomar una decisión en consecuencia. Una vez transcurrido el plazo mínimo, si la persona gestante optase por interrumpir el embarazo, deberá expresar su voluntad de manera expresa y por escrito, acorde con lo dispuesto por la ley N° 26.529 y el artículo 59 del Código Civil y Comercial de la Nación.

La interrupción del embarazo deberá practicarse dentro de los CINCO (5) días corridos siguientes al consentimiento informado, prestado por la persona gestante o su representante legal, de corresponder, sin intervenciones o requisitos adicionales a los establecidos en la presente ley, que impliquen obstaculizar el acceso a dicha práctica. El plazo acordado podrá extenderse en la forma y con los alcances que prevea la reglamentación, considerando el tipo de intervención requerida y las disponibilidades de los establecimientos de salud, pero en ningún caso podrá ser mayor a los DIEZ (10) días corridos, contados desde el consentimiento informado.

ARTÍCULO 6°.- Se considera infracción grave e incumplimiento de sus obligaciones en el ejercicio de la profesión, por parte de los profesionales de la salud, o de los integrantes del equipo profesional interdisciplinario a que se refiere el artículo 4° de esta ley, de corresponder, cuando:

  1. a) De forma injustificada realicen maniobras dilatorias durante el procedimiento previsto en esta ley.
  2. b) Suministren información falsa o tendenciosa a la persona gestante.
  3. c) Se nieguen a practicar una interrupción legal del embarazo no habiendo formulado oportunamente objeción de conciencia.
  4. d) Realicen una interrupción de embarazo, fuera de los casos previstos en la norma.
  5. e) Incumplan con el procedimiento y/o los plazos establecidos en la presente.
  6. f) Incumplan la prohibición prevista en el último párrafo del artículo 4° de la presente ley.

ARTÍCULO 7°.- Las infracciones previstas en el artículo precedente serán sancionadas con:

  1. a) Multa administrativa graduable entre 10 y 100 salarios mínimo, vital y móvil.
  2. b) Inhabilitación en el ejercicio de la profesión de UN (1) mes a CINCO (5) años.
  3. c) Clausura total o parcial, temporaria o definitiva del consultorio, clínica, instituto, sanatorio, laboratorio o cualquier otro local o establecimiento donde actuaren las personas que hayan cometido la infracción.

Estas sanciones serán reguladas en forma gradual teniendo en cuenta las circunstancias del caso, la naturaleza y gravedad de la infracción, los antecedentes del infractor y el perjuicio causado, sin perjuicio de otras responsabilidades civiles y penales, a que hubiere lugar. Las sanciones establecidas podrán aplicarse en forma independiente o de manera conjunta.

A los fines de la aplicación de las sanciones enumeradas, deberá brindarse al infractor el derecho a defensa y producción de prueba, en los términos que se fijen en la reglamentación, o las normas que correspondan a cada jurisdicción.

La falta de pago de las multas aplicadas hace exigible su cobro por ejecución fiscal, constituyendo suficiente título ejecutivo el testimonio autenticado de la resolución condenatoria firme.

ARTÍCULO 8°.- En el supuesto de que la persona gestante sea menor de edad o tenga capacidad restringida, deberá estarse a las disposiciones del LIBRO PRIMERO, PARTE GENERAL, TÍTULO PRIMERO, CAPÍTULO 2 del Código Civil y Comercial de la Nación.

ARTÍCULO 9°. – Los profesionales de la salud tendrán el derecho de ejercer la objeción de conciencia para intervenir en los procedimientos de interrupción del embarazo. El rechazo o la negativa a realizar la intervención de interrupción del embarazo por razones de conciencia es una decisión individual de los profesionales de la salud y debe ser manifestada por escrito a las instituciones a las que pertenecen, de manera anticipada, en los términos que establezca la reglamentación y podrá revocarse en iguales términos.

Los establecimientos de salud que brinden atención obstétrica y ginecológica, deberán garantizar las prácticas médicas que se requieran para la interrupción voluntaria del embarazo, o en su defecto proceder a la oportuna y correcta derivación, de forma tal que se cumplan los plazos y demás recaudos contemplados en la presente ley.

ARTÍCULO 10°. – Las obras sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661, la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación, las entidades de medicina prepaga y las entidades que brinden atención al personal de las universidades, así como también todos aquellos agentes que brinden servicios médico-asistenciales a sus afiliados independientemente de la figura jurídica que posean, incorporarán como prestaciones obligatorias y a brindar a sus afiliados o beneficiarios, la cobertura integral de las prácticas médicas necesarias para la interrupción del embarazo, siempre que se reúnan los supuestos previstos en la presente ley.

El Estado garantizará la atención gratuita de las personas gestantes que no cuenten con obra social, medicina prepaga, o algún otro sistema de cobertura médica, en los establecimientos de salud ya existentes, que brinden atención obstétrica y ginecológica, o en los centros de atención que pudieran establecerse en el futuro, como así también la provisión gratuita de la medicación requerida a tales efectos, debiendo asimismo arbitrar los medios necesarios para la inclusión de dicha medicación en el Plan Médico Obligatorio (P.M.O) y garantizar su distribución a todos los efectores que componen el sistema nacional público de salud, incluyendo los Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS) de todo el país.

ARTÍCULO 11°.- El Poder Ejecutivo deberá establecer por vía reglamentaria, programas nacionales para la capacitación y difusión de los temas contenidos en la presente ley, como así también para facilitar el acceso a los métodos preventivos para evitar embarazos no deseados, pudiendo coordinar los mismos con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ARTÍCULO 12°.- Las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en coordinación con el Gobierno Nacional, establecerán las normas y realizarán las acciones necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley.

ARTÍCULO 13°.- Créase un Registro Estadístico, a efectos de mantener actualizada la información relativa a las situaciones previstas en la presente ley, el que funcionará en la órbita del Poder Ejecutivo Nacional y en la forma que establezca la reglamentación.

ARTÍCULO 14°.- Sustitúyase el artículo 85 del Código Penal por el siguiente:

“ARTÍCULO 85.- Será reprimido con prisión de TRES (3) a DIEZ (10) años el que causare un aborto sin consentimiento de la persona gestante. Esta pena podrá elevarse hasta QUINCE (15) años, si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer.

ARTÍCULO 15°.- Sustitúyase el artículo 86 del Código Penal por el siguiente:

“ARTÍCULO 86.- Incurrirán en las penas establecidas en el artículo anterior y sufrirán además, inhabilitación especial por doble del tiempo de la condena, los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte para causar un aborto o cooperasen a causarlo, sin consentimiento de la persona gestante.

ARTÍCULO 16°.- Derógase el artículo 88 del Código Penal

ARTÍCULO 17°.- Sustitúyase el artículo 6° de ley N° 25673 por el siguiente:

“ARTICULO 6° — La transformación del modelo de atención se implementará reforzando la calidad y cobertura de los servicios de salud para dar respuestas eficaces sobre salud sexual y procreación responsable. A dichos fines se deberá:

  1. a) Establecer un adecuado sistema de control de salud para la detección temprana de las enfermedades de transmisión sexual, vih/sida y cáncer genital y mamario. Realizar diagnóstico, tratamiento y rehabilitación;
  2. b) A demanda de los beneficiarios y sobre la base de estudios previos, prescribir y suministrar los métodos y elementos anticonceptivos aprobados por la ANMAT y realizar las prácticas denominadas ligadura de trompas de Falopio y ligadura de conductos deferentes o vasectomía, requeridas formalmente como método de planificación familiar, respetando los criterios o convicciones de los destinatarios, salvo contraindicación médica específica y previa información brindada sobre sus ventajas y desventajas.
  3. c) Efectuar controles periódicos posteriores a la utilización del método elegido.”

ARTÍCULO 18°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

 

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

Desde el avenimiento de la democracia hemos avanzado en el afianzamiento y reconocimiento de derechos vinculados a la persona humana, tal como la define nuestro Código Civil y Comercial, sobre los cuales nuestra legislación no había avanzado, debido principalmente a ciertas limitaciones socio-culturales. En este sentido se dictaron leyes como la ley N° 23.515 de divorcio vincular, la ley N° 26742, sobre los derechos del paciente, que estableció la mal llamada “muerte digna”, lo que sería el derecho de morir con dignidad y el consentimiento informado, las diferentes normas relativas a trasplantes de órganos, la ley N° 26862 sobre reproducción médicamente asistida, la ley N° 26743 que establece el derecho a la identidad de género, la ley N° 23593 de antidiscriminación, tema sobre el cual nos encontramos trabajando en la actualidad para presentar un proyecto más abarcativo y actual, la ley N° 26618 que incluyó el matrimonio igualitario en el Código Civil y Comercial, además de las leyes vinculadas a violencia de género y femicidio; sin embargo y pese al esfuerzo de muchas organizaciones que durante años han trabajado sobre el tema, no pudo aún sancionarse una ley que contemplara de manera más amplia, la problemática de la interrupción voluntaria del embarazo y sobre todo, la generación de un sistema que permitiera acceder a dicha práctica, a las personas gestantes carentes de recursos para afrontarla.

Es evidente que son precisamente las personas gestantes con menos recursos las que por distintos motivos se ven afectadas cuando se enfrentan a la situación de tener que interrumpir un embarazo, poniendo en riesgo su salud física y psíquica y en muchos casos llevándolas a la muerte.

El aborto es la principal causa individual de mortalidad materna en la Argentina desde el año 1980, y han sido más de 3 mil las mujeres que han fallecido por complicaciones derivadas de abortos inseguros desde el retorno de la democracia. En la actualidad, según datos oficiales de la Dirección Nacional de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del Ministerio de Salud de la Nación, el 18% del total de las muertes maternas son por complicaciones derivadas de abortos inseguros.

A su vez, en el año 2016 se produjeron 49 mil egresos de hospitales públicos vinculados con abortos y a pesar de que se ha evidenciado un marcado descenso desde el año 2005, donde se registraron 68 mil egresos hospitalarios por esta causal, sigue constituyendo una cifra más que alarmante.

Estos datos, que no contemplan la totalidad de los casos ya que se tratan de estadísticas del subsistema público de salud, evidencian un gravísimo problema de salud pública que debe ser abordado por el Congreso de la Nación con la seriedad y responsabilidad que exige. Por eso, debemos avanzar con un proyecto que defienda la vida y proteja la salud de la persona gestante en todos sus aspectos, garantizando que, en condiciones de igualdad e independientemente de su situación social, puedan acceder a la interrupción de su embarazo de manera segura y gratuita, sin poner en riesgo su vida o su salud.

Actualmente carecemos de cifras oficiales que reflejen la cantidad de abortos que se realizan por año, lo que es una de las tantas consecuencias de la ilegalidad de la práctica. Sin embargo, algunas proyecciones estiman que en podrían llegar a los 500 mil abortos por año, cifra muy superior a las que experimentan países que han legalizado el aborto, con población incluso mayor que la Argentina.

De hecho, la experiencia ha demostrado que aquellos países en donde se ha legalizado la interrupción del embarazo, han disminuido drásticamente la mortalidad materna y ello no ha tenido como correlato un incremento de la cantidad de abortos realizados. Por el contrario, se ha demostrado que a partir de determinado momento las cifras comienzan a bajar, y además de reducir la mortalidad materna se reduce también la cantidad de abortos realizados. Tal es el caso, por ejemplo, de Uruguay.

Recientemente, la revista médica británica “The Lancet”, publicó un trabajo del “Guttmacher Institute”, que entre otros aspectos, señala que “el aborto en el mundo ha disminuido en los últimos años”, gracias en gran parte a la legalización de la práctica que “ha sido el factor que más ha contribuido” a dicha disminución; además de resaltar que “los países con aborto penalizado son los que presentan las más altas tasas de aborto en el mundo”.

Asimismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha evidenciado en un estudio global publicado en el año 2012, que las regulaciones y marcos más permisivos sobre el aborto tienen como resultado una drástica reducción de la mortalidad materna causada por abortos inseguros y, en consecuencia, en el nivel global de mortalidad materna (“Aborto sin riesgos: guía técnica y de políticas para los sistemas de salud”, OMS, 2012). Además, el informe señala que independientemente de que el aborto esté o no restringido “la probabilidad de que una mujer se someta a un aborto por embarazo no deseado es prácticamente la misma” (OMS, “Aborto sin riesgos…”, 2012), lo que refleja el fracaso de la penalización y las regulaciones restrictivas sobre el aborto.

En el citado informe, la OMS advierte además que las restricciones legales al aborto no dan como resultado menor cantidad de abortos ni aumentos importantes en los índices de nacimiento, ni, por el contrario, las leyes y políticas que facilitan el acceso al aborto sin riesgos aumentan el índice o el número de abortos. Es decir, que la restricción del acceso legal al aborto no disminuye la necesidad del aborto, sino que lo único que genera es el aumento del número de mujeres que buscan abortos ilegales e inseguros, lo que conduce a una mayor morbilidad y mortalidad.

En definitiva, estas estadísticas confirman que la legalización del aborto no sólo disminuye la mortalidad materna, como señalamos anteriormente, sino que además permite que a través de la implementación de políticas públicas disminuya también la cantidad de abortos.

En este sentido, debemos señalar que la propuesta de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo dentro de las primeras 14 semanas de gestación, que propiciamos con esta iniciativa, encuadra dentro de las disposiciones de la Constitución Nacional y de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos con Jerarquía Constitucional.

Al respecto, resulta sumamente importante recordar que la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) en su artículo 4° establece que, toda persona tiene derecho a que se respete su vida y que este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Tal como se desprende de los debates previos a la redacción del citado tratado, la expresión “en general” fue incluida para compatibilizar el texto de la Convención con los regímenes jurídicos vigentes en diversos Estados que permitían la interrupción del embarazo. En ese sentido, es dable señalar la interpretación que realizó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a dicho artículo, cuando enfrentó una consulta en el caso “Baby boy vs. Estados Unidos”, donde sostuvo que la legislación estadounidense que permite el aborto en el primer trimestre de embarazo resulta compatible con la Convención.

Por su parte, debemos reseñar la interpretación de dicho artículo que realizó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, intérprete máximo de la Convención, en el caso “Artavia Murillo vs. Costa Rica”, en donde sostuvo que los términos “…del artículo 4.1 de la Convención, permiten amplias excepciones al derecho a la vida del no nacido, incluyendo la legalización de al menos algunas formas de aborto, y que no existe un deber de protección absoluta o incondicional de la vida prenatal por parte de los Estados Parte, sino simplemente un deber de protección gradual e incremental según el grado de desarrollo físico del niño no nacido…”. En el mismo sentido se ha expresado nuestra CSJN, en el mencionado caso “F., A. L.” (2012), al señalar que la “…interpretación del alcance que corresponda darle a dicho precepto, con relación a las obligaciones del Estado en lo que hace a la protección normativa del nasciturus como sujeto de derecho, no puede ser realizada en forma aislada del art. 4º y darle un alcance de tal amplitud que implique desconocer que, conforme se explicara precedentemente, la Convención no quiso establecer una protección absoluta del derecho a la vida de éste…”.

El artículo, es una clara muestra de que este acuerdo internacional, tomando en cuenta una realidad ineludible, coloca, la vida y la salud de la persona gestante por encima del derecho a la existencia previa al nacimiento, al igual que lo hicieron nuestros legisladores al analizar la problemática del riesgo de vida para una madre embarazada y colocar esta situación como una causal de no punibilidad, cuando la regla general era que el aborto constituía un delito, o tal como lo entendió nuestra Corte Suprema en el caso referenciado, al considerar este conflicto de intereses y resolverlo a favor de la persona gestante.

Por otra parte, es relevante destacar las observaciones que los organismos de aplicación de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos con Jerarquía Constitucional han efectuado a nuestro país respecto de la legislación restrictiva sobre el aborto, y que llevan a reafirmar lo sostenido anteriormente, respecto de que no existe desde la convencionalidad ningún impedimento para avanzar en una legislación que permita el aborto voluntario en nuestro país.

En ese sentido, por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos en su 98º período de sesiones (Nueva York, 8 a 26 de marzo de 2010) expuso como Observaciones Finales respecto del Estado argentino en el punto C denominado “Principales motivos de preocupación y recomendaciones” que era preocupante: “a) la legislación restrictiva del aborto contenida en el art. 86 del Código penal….; instando al Estado argentino a modificar su legislación interna de forma tal que la misma ayude efectivamente a las mujeres a evitar embarazos no deseados y que éstas no tengan que recurrir a abortos clandestinos que podrían poner en peligro sus vidas”.

Por su parte, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en su 17° período de sesiones (7 al 15 de julio de 1997) expuso en sus Observaciones Finales que el Estado argentino debía adoptar medidas de todo tipo para reducir la mortalidad y la morbilidad que se deriva de la maternidad, y especialmente, recomendó que se revisara la legislación por la que se penaliza a las mujeres que optan por el aborto (puntos 46 y 47).

El mismo Comité, en su 46º período de sesiones (12 a 30 de julio de 2010) expuso en sus Observaciones Finales respecto del Estado argentino en parágrafo denominado “Salud”, volvió a insistir en que resultaba preocupante la elevada tasa de mortalidad materna que en una tercera parte tiene como causa el aborto ilegal, e instó al Estado argentino a que revise la legislación vigente que penaliza el aborto puesto que tiene graves consecuencias para la salud y la vida de las mujeres y que garantice la aplicación uniforme en todo el país la “Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles” (que clarifica los alcances del art. 86 del Código Penal) dictada por el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de Nación de modo tal que exista una acceso efectivo y en condiciones de igualdad a los servicios de salud para interrumpir los embarazos”.

Por último, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en su 117º período de sesiones (20 de junio al 15 de julio de 2016) expuso en sus Observaciones Finales respecto del Estado Argentino en los puntos 11 y 12 bajo el título “Interrupción del embarazo” lo siguiente: “11. El Comité nota con satisfacción la decisión de la Corte Suprema de Justicia (caso F., A.L, s/ medida autosatisfactiva, 2012) en que se reafirmó el derecho de las mujeres a interrumpir sus embarazos en todas las circunstancias permitidas por la ley incluyendo cuando el embarazo es producto de una violación sexual, sin importar la capacidad intelectual o psicosocial de la mujer. Al Comité le preocupa, sin embargo, que la aplicación de dicha decisión no es uniforme en el Estado parte y que el aborto legal resulte, muchas veces, inaccesible por la falta de instrumentación de protocolos médicos, del ejercicio individual de objeción de conciencia por parte de los trabajadores de la salud u otros obstáculos de facto. El Comité expresa su preocupación por el “caso de Belén”, en que se utilizó la figura del delito de homicidio agravado para una supuesta alegación de aborto ilegal y que la acusada esté todavía privada de libertad. El Comité también está preocupado por los altos índices de abortos clandestinos que han resultado en mortalidad materna, así como por los embarazos de adolescentes (arts. 3,6, 7 y 17). 12. El Estado parte debe revisar su legislación sobre el aborto, incluyendo su legislación criminal, en particular mediante la introducción de excepciones adicionales a la prohibición del aborto, inclusive cuando el embarazo es producto de una violación sexual, sin importar la capacidad intelectual o psicosocial de la mujer. El Estado parte debe, asimismo, asegurar que todas las mujeres y niñas puedan acceder a los servicios de salud reproductiva en todas las regiones del país y que las barreras legales, el ejercicio de objeción de conciencia por parte de los trabajadores de la salud y la falta de protocolos médicos no obliguen a las mujeres a recurrir al aborto clandestino que pone su vida y su salud en riesgo. El Estado debe revisar el “caso de Belén”, a la luz de los estándares internacionales en la materia, con miras a su inmediata liberación, y a la luz de este caso, considerar la descriminalización del aborto. Asimismo, el Estado parte debe multiplicar y asegurar la aplicación de programas de educación y sensibilización a nivel formal (escuelas y colegios públicos y privados) e informal (medios de comunicación y otros) sobre la importancia del uso de anticonceptivos y los derechos a la salud sexual y reproductiva”.

En el mismo sentido, la propuesta resulta plenamente compatible con la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, con jerarquía constitucional en los términos del artículo 75 inciso 22 de nuestra CN. En efecto, dicho instrumento internacional no reconoce el derecho a la vida antes del nacimiento, ni tampoco define el momento en el cual comienza la vida. Nuestro país efectuó una declaración interpretativa a través de la ley 23.849, estableciendo que debía entenderse por niño “a todo ser humano desde el momento de la concepción y hasta los 18 años de edad”. Sin embargo, al tratarse de una declaración interpretativa y no de una reserva como lo ha señalado la CSJN en el citado caso “F.A.L” (considerando 13), no modifica el alcance de la Convención ni condiciona su vigencia. Además, el Comité de los Derechos del Niño, órgano encargado del seguimiento e interpretación de la Convención, ha instado a los “Estados a que despenalicen el aborto para que las niñas puedan, en condiciones seguras, abortar y ser atendidas tras hacerlo, así como a que revisen su legislación para asegurar que se atienda el interés superior de las adolescentes embarazadas y se escuche y se respete siempre su opinión en las decisiones relacionadas con el aborto” (Observación General N° 20, 6 de diciembre 2016, Punto 60).

Señor Presidente, alrededor de 179 países cuentan con leyes que de una u otra manera consideran la problemática de la interrupción voluntaria del embarazo y aprovechando esas experiencias y la doctrina y jurisprudencia de los últimos años en nuestro país, hemos elaborado un proyecto que considera diferentes aspectos vinculados a la cuestión, entendiendo que el sujeto de derecho debe ser la persona gestante, de manera de evitar cualquier tipo de situación discriminatoria. Asimismo, se han analizado las legislaciones de países como Alemania, España, México, Uruguay y jurisprudencia de alguno de ellos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en especial el caso “Artavia Murillo y otros c/ Costa Rica”.

En el artículo 1° se establece de manera expresa el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, durante las primeras catorce (14) semanas de gestación, poniendo un límite temporal a dicha práctica, considerando sobre todo los riesgos para la salud de la persona gestante superado de dicho límite, el desarrollo del feto y sobre todo tomando en cuenta que durante este período se pueden aplicar drogas aprobadas por la ANMAT, que por otra parte ese artículo prioriza por sobre otros métodos.

En el artículo 2° se fijan los supuestos de interrupción de embarazo legal, aún habiendo vencido el plazo fijado en el artículo 1°, contemplándose los supuestos de peligro para la vida o la salud de la madre que no pudiese ser evitado por otros medios, el embarazo producto de una violación o de un atentado al pudor y el caso de que el feto tuviese malformaciones graves o estuviese muerto.

Los artículos 3°, 4° y 5° regulan la práctica en sí de la interrupción del embarazo, estableciendo que debe ser realizado por un profesional médico o con su asistencia, de manera ágil y sin requisitos burocráticos, con el soporte de un grupo interdisciplinario que debe guiar a la persona gestante antes, durante y después de la práctica médica o el suministro de la droga, hasta el alta definitiva. También se establece la necesidad de brindarle toda la información necesaria y el requerimiento obligatorio de su consentimiento informado.

Un dato importante en lo que hace a la metodología que debe seguirse en estos casos, es que se prohíbe expresamente ejercer cualquier tipo de presión directa o indirecta sobre la persona gestante que pueda influir en su decisión y se considera que de configurarse este supuesto, ya sea por parte del personal médico como del grupo de profesionales, podrán ser sancionados, de igual modo que si se negasen a realizar la interrupción del embarazo no habiendo ejercido la opción de objeción de conciencia, o de algún otro modo incumpliesen las disposiciones de la ley. También se fijan plazos que buscan evitar cualquier dilación en la práctica que pueda perjudicar la salud de la persona gestante.

Este proyecto pone especial énfasis en la atención médica gratuita y el suministro de la medicación correspondiente, como así también en la obligación de las Obras Sociales y otras entidades similares, de cubrir los costos de esta práctica y contempla la obligación del Poder Ejecutivo de establecer programas nacionales de capacitación y difusión.

Se crea además un registro para poder contar con información precisa sobre las interrupciones voluntarias de embarazos, que será de suma importancia a la hora de evaluar los resultados de esta normativa y en su caso poder mejorarla, o adaptarla a nuevas situaciones que pudiesen aparecer

En cuanto al aspecto penal, se despenaliza la práctica de la interrupción del embarazo, en la medida en que se verifiquen los extremos previstos en esta ley y a dicho efecto se sustituyen los artículos 85 y 86 del Código Penal y se deroga el artículo 88.

Finalmente se sustituye el artículo 6° de la ley 25673 a los efectos de incluir en sus alcances los anticonceptivos abortivos y armonizando su redacción con la modificación efectuada por la ley 26130.

Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.

Aborto, fecundación in vitro y legislación argentina

En relación al debate sobre el proyecto de ley de aborto libre que está en discusión en el Congreso de la Nación, una diputada nacional ha afirmado: “desde que sacamos la ley de fertilización asistida se terminó la discusión acerca de si el embrión es una persona. Si hay una persona con derechos, entonces no se pueden hacer tratamientos de fertilización asistida, donde se congelan y se descartan embriones. Eso ya se saldó legalmente” (Diario La Nación, 26 de marzo de 2018, https://www.lanacion.com.ar/2120327-diputada-araceli-ferreyra-yo-aborte-espero-que-a-mis-hijas-no-les-toque-hacerlo)

El argumento ha surgido en otros ámbitos y nos parece oportuno realizar precisiones a fin de clarificar que estas afirmaciones son inexactas por varios motivos:

  1. La persona comienza con la concepción: El Código Civil y Comercial sancionado en 2014, luego de un intenso debate que tuvo como eje específicamente al inicio de la vida, reconoce a la persona desde la concepción (art. 19). Además, el artículo 57, ubicado en el capítulo de los derechos personalísimos, se refiere expresamente al embrión humano como una etapa de la vida de la persona protegida contra manipulaciones genéticas. Al respecto, remitimos a otro trabajo donde profundizamos el punto.
  2. La ley 26862 excluye el descarte y no se pronuncia sobre el inicio de la vida: La ley de fertilización asistida a la que se hace referencia fue sancionada en 2013 (Ley 26862). Más allá de las observaciones que merezca, es una ley que apunta a la cobertura de las técnicas por el sistema de salud y deliberadamente excluyó cualquier definición referida a si el embrión es persona. En efecto, en ningún artículo de esa ley se admite la destrucción de embriones o se afirma que los embriones no son personas. Esa ley señala que las técnicas se aplican con la finalidad de conseguir un embarazo (art. 2) y ello excluye que se conciban embriones humanos para ser luego descartados.
  3. Los embriones son hijos: Justamente la ley 26862 apunta a concebir nuevas vidas humanas. Si un matrimonio tiene embriones congelados y, como ocurrió recientemente en USA, hay un accidente y los embriones se mueren, esos padres sentirán que perdieron a sus hijos y buscarán una reparación del daño.
  4. Exclusión del descarte de embriones: En Argentina, quienes se dedican a las técnicas reconocen que los embriones humanos tienen vida humana y nunca han afirmado explícitamente que descarten embriones. En una reciente nota se reconoce que no se descartan embriones y se recoge la opinión de un médico que se dedica a las técnicas y afirma: “Tal como lo estipula el Código Civil, el descarte de embriones no está permitido en la República Argentina” (https://www.infobae.com/salud/ciencia/2018/03/28/no-publicar-embriones-congelados-y-el-comienzo-de-la-vida-dos-debates-colaterales-alrededor-del-aborto/). La nota luego señala que las opciones en Argentina para los embriones congelados son utilizarlos en Fecundación In Vitro, darlos a otra pareja o mantenerlos congelados.
  5. La discusión sobre la concepción: Es verdad que existe una controversia sobre el término “concepción”, suscitada sobre todo por el fallo “Artavia Murillo y otros c. Costa Rica” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (28/11/2012) y para algunos la concepción equivale a la fecundación, mientras que para otros a la implantación. Pero ello no ha sido resuelto por el legislador argentino, a lo que cabe agregar que hay muchas razones para sostener que en nuestro país la vida humana está protegida desde la fecundación.
  6. La sentencia LEH c/OSEP: En una sentencia del 30 de julio de 2014, la Suprema Corte de Mendoza, con voto de mayoría de los Dres. Jorge H. Nanclares y Alejandro Pérez Hualde, rechazó una acción para aplicar un diagnóstico genético preimplantatorio (DGP) a través de la Obra Social de los Empleados de la Provincia. En esa sentencia, el juez Pérez Hualde, explicando los motivos que diferencian la situación argentina del caso costarricense que dio origen al fallo “Artavia”, enfatizó que el DGP implicaba la eliminación de embriones humanos, que son personas para el derecho, en una violación del derecho a la vida. El caso llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que, con fecha 1ro. de septiembre de 2015, dictó sentencia confirmando lo resuelto por la Suprema Corte de Mendoza, con fundamento en el hecho de que la ley 26862 no incluye al DGP entre las prestaciones que deben ser cubiertas económicamente (CSJN, causa “L.E.H. y otros c/ O.S.E.P”, 1-9-2015). Si bien la sentencia de la CSJN no ingresó en la cuestión del inicio de la vida, la decisión final protegió a los embriones humanos evitando su descarte.

Por cierto, no desconocemos que las técnicas extracorpóreas conllevan la pérdida de embriones humanos y otros problemas, y en diversas ocasiones hemos sido críticos con esta situación. En todo caso, quienes argumentan en contra de la personalidad del embrión por el hecho de que serían destruidos de manera sistemática, no explican cuándo comienza la vida y, en el fondo, asumen una posición que considera a la vida como mero material biológico disponible. Entendemos que la discusión sobre el aborto debe centrarse en un respeto profundo por toda vida, comenzando por la de las madres vulnerables y sus hijos por nacer.

Informe de Jorge Nicolás Lafferriere

La posición de ASDRA sobre la posible legalización del aborto: ¡Déjenlos vivir!

El debate sobre la legalización del aborto, otra vez, está en la agenda política nacional. Y la discusión toma temperatura en los medios de comunicación y en las Redes Sociales, donde lo que abunda son las agresiones en desmedro de los argumentos y la capacidad de diálogo. Y, en ese fragor, donde lo que está en juego es la vida de inocentes -que vale mucho más que las posiciones ideológicas-, desde ASDRA queremos recordar las palabras del Prof. Jérôme Lejeune: ¡Laissez les vivre! ¡Déjenlos vivir! Y esta expresión debiera ser realmente una bandera de la inclusión, en un contexto donde paradójicamente muchos sectores (incluso del ámbito de la discapacidad) hablan de inclusión desde una exclusiva interpretación de los derechos humanos.

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, primer Tratado Internacional de Derechos Humanos del siglo XXI, es muy clara en relación a la importancia de respetar el derecho a la vida. Y, de hecho, en su artículo 3° inciso d) puede leerse una contundente afirmación sobre “el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad, como parte de la diversidad y la condición humanas”. Este principio aplica de lleno hacia el uso de las biotecnologías para los diagnósticos prenatales.

Las personas con discapacidad, sus familias y las organizaciones que trabajamos por su plena inclusión en todos los ámbitos de la sociedad debiéramos preguntarnos -con la Convención delante nuestro-, si no es, entonces, un contrasentido acompañar el desarrollo de la vida desde la concepción y en cada etapa en algunos casos y en otros no. La inclusión debe ser para todas las personas.

Defender la vida no es una cuestión religiosa, política, filosófica ni de militancia. Es una cuestión de derechos humanos básica. Nacer es el primer derecho de toda persona humana. Y, en ese sentido, el Prof. Lejeune fue un claro ejemplo cuando defendió la vida de todos los niños por nacer y, en particular, la de los bebés con síndrome de Down. Y nadie puede tildar a este extraordinario hombre de parcialidad con algún grupo o sector. Porque él fue un humanista en todos los sentidos. Fue el descubridor del origen del síndrome de Down y padre de la genética moderna.

ASDRA confía en que en este debate se respete el derecho a la vida, tal como lo enuncia uno de sus Principios Rectores: “La promoción de la dignidad humana desde su concepción hasta su vida adulta”.

 

Fuente: http://www.asdra.org.ar/destacados/la-posicion-de-asdra-sobre-la-posible-legalizacion-del-aborto-dejenlos-vivir/

Curas villeros: Con los pobres, abrazamos la vida

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1. El Poder Ejecutivo ha propuesto el debate acerca de la despenalización del aborto. Este tema no estaba en su plataforma electoral. El Ejecutivo anterior no solo no propició este debate, sino que incluyó a las mujeres embarazadas en la Asignación Universal por Hijo. Eso es un gesto concreto de una política pública a favor de la vida.

2. Nuestras opciones son por “la vida como viene”, sin grises. Especialmente la vida amenazada en cualquiera de sus formas. Por eso hemos hablado a favor de los inmigrantes, de la lucha por la justicia, de que nadie a raíz de la desnutrición tenga su futuro hipotecado, que nadie muera por enfermedades que podrían curarse, como por ejemplo la tuberculosis. Por eso estamos en contra del gatillo fácil. Por eso hemos apoyado las manifestaciones de “Ni una menos” contra los femicidios. Y a esta opción la confirmamos con acciones comunitarias concretas, que realizamos en nuestros barrios para que se viva bien, se viva con dignidad.

3. Como curas y religiosas desde las villas y barrios populares, nuestra experiencia de vecinos, fruto de una consagración, es la de haber aprendido de los villeros a amar y cuidar la vida. La cultura popular de estos barrios nos ha mostrado una manera real de optar por la vida. Muchas veces donde el Estado no llega, donde la sociedad mira para otro lado, la mujer sola o atravesada por la marginalidad encuentra en las redes de amor que se generan en nuestros barrios su ayuda y su esperanza, para ella y sus hijos.

4. En esta línea hay muchos ejemplos de mujeres que saben cuidar a los niños como si fueran sus propios hijos. Creemos que debería ser más sencillo el camino para adoptar un niño. Somos testigos de que muchos matrimonios de la villa fueron marginados de la posibilidad de adopción porque no tenían, por ejemplo, título de su vivienda.

5. Algunos planteos de otros sectores sociales —creemos que este es uno de ellos— toman a los pobres como justificativo para sus argumentos. Se habla de la tasa de mortalidad por aborto de las mujeres de los barrios más pobres. Lo primero que hay que hacer en nuestros barrios es luchar contra la pobreza con firme determinación y en esto el Estado tiene las mejores herramientas. Con casi un 30% de pobres —detrás de los cuales hay rostros e historias— hay discusiones que debieran priorizarse.

6. Muchas veces miramos a los países poderosos y “desarrollados” de nuestro mundo. En muchos de ellos está legislado el aborto. Y en muchos casos se descarta así a los niños que van a nacer con Síndrome de Down. ¡Cuánto nos enseñan estos niños a los que tenemos atrofiada la capacidad de amar! La lógica de los poderosos, de los fuertes, que deciden sobre los que menos posibilidades tienen, es la lógica dominante. Y esto también, de alguna manera, se traslada al tema de la niña o niño por nacer.

7. A lo largo de cincuenta años este equipo de sacerdotes de las villas, que se fue ramificando en otros lugares como la provincia de Buenos Aires, ha sido testigo de muchas propuestas de muerte. Han muerto catequistas, religiosos y sacerdotes por la dictadura. Por el tráfico de armas y de drogas continúan las muertes de adolescentes y jóvenes. No necesitamos agregar más muertes. Nuestros barrios necesitan propuestas de vida digna. Y una sociedad que proteja al más débil.

Que la Virgen de Luján, Madre del Pueblo, nos enseñe a cuidar de nuestra Patria, comenzando por los más frágiles.

P. José María Di Paola. Villa La Carcova, 13 de Julio y Villa Curita. Diócesis de San Martín.
Mons. Gustavo Carrara. Obispo auxiliar de la arquidiócesis de Buenos Aires. Vicario para la Pastoral en Villas de la Ciudad de Buenos Aires.
P. Juan Isasmendi, P. Eduardo Casabal, P. Ignacio Bagattini. Villa 1-11-14. Arquidiócesis de Buenos Aires.
P. Lorenzo de Vedia, P. Carlos Olivero, P. Gastón Colombres. Villa 21-24 y Zavaleta. Arquidiócesis de Buenos Aires.
P. Guillermo Torre, P. José Luis Lozzia, P. Marco Espínola. Villa 31. Arquidiócesis de Buenos Aires.
P. Domingo Rehin: Villa Lanzone. Villa Costa Esperanza. Diócesis de San Martín.
Mons. Jorge García Cuerva. Obispo auxiliar de la diócesis de Lomas de Zamora.
P. Basilicio Britez. Villa Palito. Diócesis de San Justo.
P. Nicolás Angellotti. Puerta de Hierro, San Petesburgo y 17 de Marzo. Diócesis de San Justo.
P. Sebastián Sury, P. Damián Reynoso. Villa 15. Arquidiócesis de Buenos Aires.
P. Rodrigo Valdez. Villa Playón de Chacarita. Arquidiócesis de Buenos Aires.
P. Martín Carroza y P. Sebastián Risso. Villa Cildañez. Arquidiócesis de Buenos Aires.
P. Pedro Baya Casal, P. Adrián Bennardis. Villa 3 y del Barrio Ramón Carrillo. Arquidiócesis de Buenos Aires.
P. Joaquín Giangreco. Villa Trujuy. Diócesis Merlo-Moreno.
P. Nibaldo Leal. Villa Hidalgo. Diócesis de San Martin.
Carlos Morena, Mario Romanín, Alejandro León, Juan Carlos Romanín, Salesianos, Don Bosco. Cecilia Lee, misionera franciscana. Bea GmiItrowicz, misionera franciscana, Villa Itatí.
P. Antonio Mario Ghisaura. Villa Tranquila. Diócesis Avellaneda- Lanús.
P. Alejandro Seijo: Villa Rodrigo Bueno. Arquidiócesis de Buenos Aires.
P. Andrés Tocalini. Villa los Piletones. Arquidiócesis de Buenos Aires.
P. Dante Delia. Barrio la Loma de Roca. Diócesis de San Isidro.
P. Franco Punturo. Villa 20. Arquidiócesis de Buenos Aires.
P. Omar Mazza. Villa Inta. Arquidiócesis de Buenos Aires.

Fuente: https://www.aica.org/32747-los-curas-villeros-contra-el-aborto-con-pobres-abrazamos-la.html

Declaración de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires

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EN LA SEMANA DEL DÍA DEL NIÑO POR NACER –

DECLARACIÓN EN DEFENSA DE LA VIDA

Esta Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, que en diversas declaraciones y dictámenes ha emitido su criterio al respecto, estima oportuno recordar que el derecho a la vida desde el momento de la concepción se encuentra implícitamente protegido en el artículo 33 de la Constitución Nacional y ha sido consagrado de modo explícito en varias constituciones provinciales.

Se halla también amparado por el artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobada por la ley 23.054 y conocida como Pacto de San José de Costa Rica, en la que se reconoce que “persona es todo ser humano” a partir del momento de la concepción, con “derecho a la vida” y debiendo estar protegida por la ley; y que nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.

Los proyectos ahora bajo examen vulneran el derecho intrínseco a la vida consagrado en normas de jerarquía constitucional como los artículos 1 y 6.1 de la Convención sobre Derechos del Niño, con lareserva que formuló el artículo 2 de la ley 23.849 al disponer que dicho artículo 1 “debe interpretarse en el sentido que se entiende niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los dieciocho años de edad”, fijando de esta forma las “condiciones para la vigencia” de la Convención(artículo 75, inc. 22 de la Constitución Nacional).

Los proyectos de ley violan, asimismo, otras normas de jerarquía constitucional que resguardan de modo estricto el derecho a la vida, como el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948); el artículo I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre(1948), cuyo texto declara que “todo ser humano tiene derecho a la vida”; el artículo 1, párrafo 2 de laConvención Americana sobre Derechos Humanos, en el que se reconoce que “persona es todo ser humano”; y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (aprobado por ley 23.313), cuyo artículo 6 proclama que “todo ser humano tiene derecho a la vida”

Esta Academia Nacional, ante proyectos de aborto no punible, también destaca su inconstitucionalidad, porque la Constitución garantiza el derecho a la vida desde el embarazo (artículo 75, inc. 23), al promover medidas de acción positiva a favor del niño y de la madre, por parte del Congreso de la Nación, evitando en todo caso su “desamparo”. En ello cabe un régimen asistencial público que proteja ambas vidas y, a la vez, dé a la madre la posibilidad de entregarlo en adopción, cumpliendo un régimen legal regulatorio a esos efectos.

Y, en concordancia con el criterio fijado por los autores de la Ley Fundamental, el Código Civil y Comercial declara que la existencia de la persona humana comienza con la concepción (artículo 19).

Por todo ello, la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, en el ejercicio del derecho de peticionar a las autoridades, solicita a la H. Cámara de Diputados de la Naciónque, al tratar el o los proyectos de ley, prevalezca el respeto a la Constitución y a los Convenios Internacionales citados, como así también el trámite parlamentario previsto en los Reglamentos de ambas Cámaras del Congreso que se contemplan en el artículo 66 de la Constitución Nacional.

Buenos Aires, 20 de marzo de 2018

Jorge R. Vanossi (Académico Presidente)

Roberto E. Luqui (Académico Vicepresidente)

Emilio P. Gnecco (Académico Secretario)

 

La posición de ASDRA sobre la posible legalización del aborto: ¡Déjenlos vivir!

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El debate sobre la legalización del aborto, otra vez, está en la agenda política nacional. Y la discusión toma temperatura en los medios de comunicación y en las Redes Sociales, donde lo que abunda son las agresiones en desmedro de los argumentos y la capacidad de diálogo. Y, en ese fragor, donde lo que está en juego es la vida de inocentes -que vale mucho más que las posiciones ideológicas-, desde ASDRA queremos recordar las palabras del Prof. Jérôme Lejeune: ¡Laissez les vivre! ¡Déjenlos vivir! Y esta expresión debiera ser realmente una bandera de la inclusión, en un contexto donde paradójicamente muchos sectores (incluso del ámbito de la discapacidad) hablan de inclusión desde una exclusiva interpretación de los derechos humanos.

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, primer Tratado Internacional de Derechos Humanos del siglo XXI, es muy clara en relación a la importancia de respetar el derecho a la vida. Y, de hecho, en su artículo 3° inciso d) puede leerse una contundente afirmación sobre “el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad, como parte de la diversidad y la condición humanas”. Este principio aplica de lleno hacia el uso de las biotecnologías para los diagnósticos prenatales.

Las personas con discapacidad, sus familias y las organizaciones que trabajamos por su plena inclusión en todos los ámbitos de la sociedad debiéramos preguntarnos -con la Convención delante nuestro-, si no es, entonces, un contrasentido acompañar el desarrollo de la vida desde la concepción y en cada etapa en algunos casos y en otros no. La inclusión debe ser para todas las personas.

Defender la vida no es una cuestión religiosa, política, filosófica ni de militancia. Es una cuestión de derechos humanos básica. Nacer es el primer derecho de toda persona humana. Y, en ese sentido, el Prof. Lejeune fue un claro ejemplo cuando defendió la vida de todos los niños por nacer y, en particular, la de los bebés con síndrome de Down. Y nadie puede tildar a este extraordinario hombre de parcialidad con algún grupo o sector. Porque él fue un humanista en todos los sentidos. Fue el descubridor del origen del síndrome de Down y padre de la genética moderna.

ASDRA confía en que en este debate se respete el derecho a la vida, tal como lo enuncia uno de sus Principios Rectores: “La promoción de la dignidad humana desde su concepción hasta su vida adulta”.

Fuente: https://www.asdra.org.ar/destacados/la-posicion-de-asdra-sobre-la-posible-legalizacion-del-aborto-dejenlos-vivir/

 

El reconocimiento de los derechos humanos del embrión en la legislación argentina

Legalizar una conducta humana significa permitir algo que antes estaba prohibido por la ley. Esto es lo que  pretenden los proyectos de legalización del aborto: hacer de esta conducta sancionada por el Código Penal, una acción permitida, libre y voluntaria.

Si bien el Código Penal no brinda una definición de la acción abortiva, la penaliza y tipifica en la sección de los delitos contra la vida de las personas. La doctrina, por su parte, se ha encargado de definirla como la eliminación del fruto de la concepción en el vientre materno.

En  el marco de este debate conviene preguntarnos: ¿Qué es para el ordenamiento jurídico argentino el embrión humano? ¿Estamos frente a la existencia de una cosa o de un sujeto titular de derechos?

Que existe vida humana desde la concepción, no caben dudas,  porque aquí  la palabra la tienen las ciencias biológicas que aportan abundante y sólida información para afirmar su inicio en el momento de la fecundación. Por lo tanto carece de suficiente fundamentación sostener que comienza su existencia a partir de un momento posterior como lo afirman algunas teorías como la de anidación, de individuación, de viabilidad o de la aparición del sistema nervioso.

Desde un punto de vista jurídico tampoco caben demasiadas dudas acerca de la interpretación del artículo 19 del nuevo Código Civil, el cual afirma “que la existencia de la persona comienza con la concepción”.

Precisando aún más los conceptos y en orden a esclarecer el estatuto jurídico del embrión humano a la luz de la legislación constitucional vigente en nuestro país en tanto no sea modificada, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que estamos ante la realidad de un niño que al cabo de un cierto tiempo y de no ocurrir algún  imprevisto, indefectiblemente ha de nacer.

Nos detendremos a analizar puntualmente lo que ocurre con el derecho a la vida del embrión y para ello deberá interpretarse de manera integral y sistemática  el plexo normativo constitucional a fin de determinar qué ha pretendido plasmar el legislador en la norma y cómo ha sido  reconocido ese derecho en nuestra tradición jurídica, desde un estudio de la jurisprudencia, la legislación y la doctrina nacional e internacional. Más aún, ello se torna imprescindible si tenemos en cuenta que su aplicación ha sido cada vez menos pacífica en los últimos tiempos en los ámbitos jurisdiccionales.

Tal vez propiciada por una mirada conflictivista, la interpretación y la aplicación del mencionado derecho frente a otros derechos fundamentales como el de la libertad individual, ha complicado la búsqueda de soluciones. Entiendo que métodos de armonización de los derechos fundamentales, que incluyan el consenso como proceso de decisión y el respeto a la existencia tanto del niño por nacer como de la mujer madre, en cuanto sujetos de una misma especie humana, hubieran facilitado el arribo a decisiones más justas.

Si investigamos cuál ha sido el tratamiento histórico que se le ha dado al derecho a la vida, encontramos que los antecedentes del derecho patrio previo a la sanción de la Constitución Nacional de 1853/60, revelan con suficiente convicción, que este derecho desde sus inicios en el vientre materno no presentaba dudas ni conflictos.

Con anterioridad a la reforma de 1994 la posición mayoritaria de la doctrina entendía que estaba abarcado perfectamente por el artículo 33 de la Constitución Nacional, el cual incluye aquellos derechos que nacen de la “naturaleza del hombre” y contiene el auténtico espíritu de la constitución, su real techo ideológico.

Del debate producido en la Asamblea Constituyente de 1994 surge claramente que existieron dos posiciones en torno a la explicitación o no de la protección del derecho a la vida desde la concepción.

Finalmente entendieron los Constituyentes que su tutela quedaba contemplada en el artículo 75º inciso 22, que incorpora con jerarquía constitucional los Tratados y Convenciones Internacionales sobre derechos humanos mencionados expresamente “en las condiciones de su vigencia”; esto significa que las reservas y declaraciones interpretativas forman parte del contenido del tratado, y que el Estado al ratificarlo se ha comprometido internacionalmente a aplicarlo y a hacerlo respetar en su derecho interno en esos términos.

Quedó totalmente ratificado en el debate constituyente que se buscó la supremacía del hombre expresada a través del principio pro homine y cuyo contenido está en el centro del texto de la nueva Constitución  y  de todo el ordenamiento jurídico nacional.

Por lo tanto los derechos humanos son la expresión directa de la dignidad de la persona humana y el Estado no puede sustraerse de la responsabilidad de protegerlos y de hacer una interpretación amplia de su significado y alcance.

Aún más, toda modificación futura al contenido de los tratados internacionales de derechos humanos con rango constitucional requerirá de una segunda aprobación con mayoría especial de las dos terceras partes de los miembros de ambas Cámaras.

En el caso particular de la Convención sobre los Derechos del Niño, es un documento que integra el bloque de constitucionalidad reforzado reconocido por el artículo 75° inciso 22 y que fue incorporada en su momento a nuestro derecho interno por la ley 23.849. En esa ocasión la República Argentina siguiendo una línea de coherencia con la posición sostenida en las instancias internacionales y no conforme con la redacción definitiva que se le había dado a ese documento, formuló reservas y declaraciones al momento de ratificarla.

Una de ellas fue la declaración interpretativa sobre el significado y alcance  del  concepto de niño al que se obligaba internacionalmente: “Con relación al artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, la República Argentina declara que el mismo debe interpretarse en el sentido que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los dieciocho años de edad.”

En esos términos la Convención sobre los Derechos del Nino integra nuestro Bloque Federal de Constitucionalidad, de donde se deduce que el niño por nacer, en cuanto sujeto de derecho, goza de la tutela constitucional según el significado y alcance de la misma.

Fue la intención de los convencionales Constituyentes de 1994, tutelar el derecho a la vida desde la concepción con la  incorporación de la expresión “en las condiciones de su vigencia” del artículo 75° inciso 22, con lo que “nunca se supuso un condicionamiento al Derecho interno por parte del Derecho Internacional, sino todo lo contrario”, como expresa Rosatti.[1]

Según los informes de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU del año 1998 las reservas y las declaraciones interpretativas tienden a la unificación de su régimen jurídico y conforme lo establecido por el Manual de Tratados preparado por la Oficina de Asuntos Jurídicos de Naciones Unidas publicado en el año 2001, “el objeto de una declaración interpretativa es aclarar el significado de ciertas disposiciones o de todo el tratado”.[2]

Por su parte el inciso 23 del artículo 75 manda legislar y promover las medidas de acción positiva como una forma de  materializar la “igualdad real de oportunidad y de trato” como así también “el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en esta Constitución”  y manda dictar un “régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo…” con lo cual se está reconociendo al niño por nacer como titular de ciertos derechos.

Evidentemente la posición mayoritaria en la última Convención Constituyente ha sido que  la Convención sobre los Derechos del Niño fuera incorporada al bloque de constitucionalidad reforzada en las condiciones de su vigencia, es decir que incluya la protección de la persona por nacer, a quien se la considera un niño desde su concepción.

Ante esta definición resulta ciertamente de aplicación la ley 26061 de Protección Integral de niños, niñas y adolescentes cuyo objeto es el siguiente:  ARTICULO 1º : OBJETO. Esta ley tiene por objeto la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en el territorio de la República Argentina, para garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de aquellos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en los tratados internacionales en los que la Nación sea parte. Los derechos aquí reconocidos están asegurados por su máxima exigibilidad y sustentados en el principio del interés superior del niño. La omisión en la observancia de los deberes que por la presente corresponden a los órganos gubernamentales del Estado habilita a todo ciudadano a interponer las acciones administrativas y judiciales a fin de restaurar el ejercicio y goce de tales derechos, a través de medidas expeditas y eficaces.

En conclusión,  si aceptamos que la naturaleza jurídica del embrión humano es la de un niño, según surge de nuestro ordenamiento jurídico, nada impide que se le apliquen en su totalidad la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley Nº 26061 de Protección Integral de los derechos de la niñez en la medida en que esos derechos le resulten operativos por su condición de persona por nacer.

En consecuencia adquiere una fuerte potencialidad jurídica la convicción de que  se respete y aplique al embrión  humano el principio rector del “interés superior del niño”, que es definido en dicho texto legal como “la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en esta ley” de la minoridad.[3]

Se deduce del apartado 5º de la ley 26061 que las políticas públicas del Estado deberán darle la mayor prioridad  a “la protección y auxilio en cualquier circunstancia” del nasciturus y que la tutela jurídica del mismo, tendrá preeminencia “cuando sus derechos colisionen con los intereses de los adultos, de las personas jurídicas privadas o públicas”.

En síntesis, habrá que reconocerle al embrión sus “derechos humanos”, en primer lugar su derecho a vivir, pero también –entre otros-  a la dignidad y a la integridad personal, física y psíquica, a la identidad y a tener una familia.

De no ser así se estaría vulnerando un principio clave del orden democrático como es evitar por todos los medios “toda forma de discriminación” por razones de enfermedad o características físicas o cualquier otro criterio arbitrario e injusto, tal como manda el artículo 16° de la Constitución Nacional (Principio de Igualdad ante la ley) y afectando seriamente la unidad y coherencia de nuestro sistema normativo nacional.

 

Informe del Dr. Luis H. Olaguibe, Docente Investigador de Derecho de la Universidad Católica de Santa Fe

 

 

[1] Cf. ROSATTI, HORACIO. “Derechos Humanos en la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (2003-2013)”. Ed. Rubinzal Culzoni. Santa Fe, 2013. Pg. 97.

[2] Ver Manual de tratados  preparado por la Sección de Tratados de la Oficina de Asuntos Jurídicos de Naciones Unidas. Ed. Naciones Unidas. 2001.  P. 11 y s.s.

[3] Ap. 3 de la Ley Protección Integral de la Niñez N º 26061

Expte. 1115-D-2018 (Villavicencio y Lousteau)

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Expediente Diputados 1115-D-2018

FIRMANTES: VILLAVICENCIO, MARIA TERESITA; LOUSTEAU, MARTIN

Fecha: 19/03/2018

El Senado y Cámara de Diputados…

INTERRUPCION VOLUNTARIA DEL EMBARAZO. MODIFICACION DEL ARTICULO 86 Y DEROGACION DEL ARTICULO 88 DEL CODIGO PENAL.

Artículo 1°: En ejercicio del derecho humano a la salud, toda mujer tiene derecho a decidir voluntariamente la interrupción de su embarazo durante las primeras catorce semanas del proceso gestacional.

Artículo 2º: Toda mujer tiene derecho a acceder a la interrupción del embarazo en los servicios del sistema de salud. La mujer deberá acudir a una consulta médica ginecológica donde se le informará lo establecido en la ley, las características de la interrupción del embarazo, y los riesgos inherentes a esta práctica.

Si la mujer lo requiriera podrá solicitar asistencia psicológica para contribuir a superar las causas que puedan inducirla a la interrupción del embarazo y garantizar que disponga de la información para la toma de una decisión consciente y responsable.

La mujer dispondrá de un periodo de reflexión mínimo de 5 (cinco) días transcurrido el cual si la mujer ratificara su voluntad de interrumpir el embarazo, se coordinará de inmediato el procedimiento en un plazo máximo de 5 (cinco) días desde esta ratificación y en las condiciones que determina la presente ley, la ley Nº 26.529 y concordantes.

Artículo 3º: Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo primero, y más allá del plazo establecido, toda mujer tiene derecho a interrumpir su embarazo en los siguientes casos:

  1. Si el embarazo fuera producto de una violación, con el sólo requerimiento y la declaración jurada de la persona ante el profesional de salud interviniente
  2. Si estuviera en riesgo la vida o la salud física, psíquica o social de la mujer, considerada en los términos de salud integral como derecho humano.
  3. Si existieren malformaciones fetales graves incompatibles con la vida extrauterina.

Artículo 4º: Previamente a la realización de la interrupción del embarazo en los casos previstos en la presente ley, se requerirá el consentimiento informado de la mujer expresado por escrito.

Artículo 5º: El sector público de salud, las obras sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661, las entidades de medicina prepaga y todos aquellos agentes que brinden servicios médico-asistenciales independientemente de la figura jurídica que posean, incorporarán como prestaciones médicas básicas obligatorias a brindar a sus afiliadas o beneficiarias, la cobertura integral de la interrupción legal de embarazo prevista en los arts. 1 y 3 en todas las formas que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda.

Artículo 6°: En todos los casos las Autoridades de cada Establecimiento Asistencial deberán garantizar la realización de la interrupción del embarazo en los términos establecidos en la presente ley y con los alcances del art. 40 de la ley 17.132, art. 21 de la ley 26.529 y concordantes.

Artículo 7º: Las prácticas profesionales establecidas en la presente ley se efectivizarán sin ninguna autorización judicial previa.

Artículo 8°: Si la interrupción voluntaria del embarazo debe practicarse a una persona adolescente, entre los 13 y los 16 años de edad, se presume que cuenta con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica y prestar el debido consentimiento.

Si la interrupción voluntaria del embarazo debe practicarse en una persona menor de 13 años de edad se requerirá su consentimiento informado con la asistencia de al menos uno de sus progenitores o representante legal. En ausencia o falta de ellos se requerirá la asistencia de las personas indicadas en el artículo 4 del decreto reglamentario del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, el art. 7 del Decreto 415/2006 reglamentario de la ley 26.061 y el artículo 59 del Código Civil y Comercial de la Nación.

En todos los supuestos contemplados en los artículos que anteceden serán de aplicación la Convención de los Derechos del Niño, la ley 26.061 y los artículos pertinentes del Código Civil y Comercial de la Nación, en especial en lo que hace a su interés superior y el derecho a ser oído.

Artículo 9°: Si se tratare de una persona con capacidad restringida judicialmente y la restricción no tuviere relación con el ejercicio de los derechos que otorga la presente ley podrá prestar su consentimiento informado requiriendo si lo deseare la asistencia del sistema de apoyos previsto en el art. 32 Código Civil y Comercial de la Nación.

Si se tratare de una persona declarada incapaz judicialmente deberá prestar su consentimiento con la asistencia de su representante legal o a falta o ausencia de este, la de un allegado en los términos art. 59 Código Civil y Comercial de la Nación.

Artículo 10°.- Objeción de conciencia. Los miembros del equipo de salud a cargo de realizar la interrupción voluntaria del embarazo que en forma individual e invocando sus convicciones deseen eximirse de la obligación de realizar esta práctica, podrán hacerlo en tanto no implique una dilación, retardo u obstáculo a su acceso. Se deberá informar sobre el personal de la salud disponible en cada institución. Los establecimientos de salud que brinden atención gineco- obstétrica deberán garantizar la realización de la interrupción voluntaria del embarazo o en su defecto, la correcta derivación, en los términos establecidos en el presente artículo. Quienes no hayan expresado objeción de conciencia no podrán negarse a realizar la interrupción voluntaria del embarazo. Queda prohibida la objeción de conciencia institucional.

Artículo 11°.- Modifíquese el texto del artículo 86 del Código Penal de la Nación, que quedará redactado del siguiente modo:

“Artículo 86. – Incurrirán en las penas establecidas en el artículo anterior y sufrirán, además, inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena, los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte para interrumpir el embarazo o cooperaren a causarlo sin el consentimiento de la mujer.

La interrupción del embarazo practicada por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer gestante, no es punible:

  1. Si el embarazo fuera producto de una violación, con el sólo requerimiento y la declaración jurada de la persona ante el profesional de salud interviniente
  2. Si estuviera en riesgo la vida o la salud física, psíquica o social de la mujer, considerada en los términos de salud integral como derecho humano.
  3. Si existieren malformaciones fetales graves incompatibles con la vida extrauterina.
  4. Si la mujer o representante legal solicitan la interrupción voluntaria del embarazo dentro de las 14 semanas de gestación.

Para ninguno de los casos indicados precedentemente, se requerirá orden judicial para llevar a cabo la intervención.”

Artículo 12°.- Deróguese el Articulo 88 del Código Penal.

Artículo 13°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

 

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

El presente proyecto de ley tiene por objeto reconocer y garantizar el derecho de las mujeres a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo.

De acuerdo al inciso e, del artículo 3º de la Ley Nacional Nº26.485/2009, “Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”, las mujeres tienen derecho a decidir sobre la vida reproductiva, número de embarazos y cuándo tenerlos.

Sin embargo, a nueve años de la citada ley, nuestro país está lejos de garantizar el ejercicio de los derechos allí enunciados, algunos de los cuales tienen que ver con los derechos sexuales y reproductivos.

Los derechos sexuales y reproductivos, aluden a la posibilidad de disfrutar de una vida sexual saludable y placentera, sin presiones ni violencia; ejercer nuestra orientación sexual libremente y sin sufrir discriminación ni violencia; decidir si tener o no tener hijos, cuándo y con quién tenerlos, el número de hijos y el espaciamiento entre sus nacimientos; recibir atención gratuita de nuestra salud sexual y reproductiva; obtener información y orientación clara, completa y oportuna sobre nuestra salud sexual y reproductiva; acceder a la atención con garantía de intimidad, igualdad y no discriminación en los servicios de salud, etc.

En este sentido, el no acceso a la interrupción del embarazo vulnera distintos derechos, como el derecho a la salud, a la seguridad personal y a la libertad (artículo 3º, de la Ley 26.485 y Artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos) . Priva además a las mujeres del derecho a la intimidad, previsto en el artículo 19 de la Constitución Nacional. Según nuestra Constitución Nacional, toda acción que no interfiera con los derechos de terceros, que no ofenda la moral pública ni perjudique a terceros, queda reservada a la esfera íntima de libertad de las personas.

Asimismo, la falta de acceso de las mujeres en situaciones de embarazo no deseado a servicios de salud en condiciones de igualdad, dignidad y seguridad es discriminatoria, porque afecta únicamente a las mujeres. Va a contramano de los artículos 1 y 12 de la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

En el año 2010, el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer (CEDAW), difundió el informe de revisión de la situación argentina donde resaltaba que la principal violación a los derechos humanos de las mujeres es la penalización del aborto, por la magnitud de las muertes que esto genera.

Según un informe de Amnistía Internacional (2017), se calcula que en Argentina se practican entre 460.000 y 600.000 abortos clandestinos cada año. En los hospitales públicos de todo el país se registran 53.000 internaciones por abortos al año. Del total, alrededor del 15% corresponden a adolescentes y niñas menores de 20 años .

Garantizar el derecho a la salud de las mujeres, permitiría a la Argentina cumplir con las obligaciones internacionales contraídas. La Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, obliga a los Estados Parte a adoptar todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con las relaciones familiares, y a promover condiciones de igualdad entre hombres y mujeres.

Asimismo, la Observación General Nº 22 detalla las obligaciones de los Estados respecto de la salud sexual y reproductiva, incluyendo la remoción de las leyes y políticas que obstruyen el acceso al derecho a la salud sexual y reproductiva .

Por otra parte, es conocido que en los países donde se mantiene una legislación restrictiva de acceso al aborto, el mercado moviliza cifras multimillonarias por abortos clandestinos –a través de los abortos quirúrgicos y la comercialización de pastillas de misoprostol o mifepristona–. Es decir que la penalización del aborto, además de ser ineficaz para disminuir el número de abortos, contribuye a mantener un mercado clandestino que lucra con la vida y la salud de las mujeres.

En relación a ello, cabe destacar la experiencia de Uruguay, país en el cual las políticas de aborto seguro y de salud sexual y reproductiva disminuyeron la tasa de mortalidad , y del cual tomamos como modelo para el procedimiento fijado en artículo 2 del presente proyecto.

Vale decir que en los países cuya legislación permite el aborto con un modelo de indicaciones amplias, las complicaciones derivadas de un aborto inseguro son menores que en los lugares donde el aborto legal está más restringido.

Según la OMS, el principal obstáculo para acceder al aborto seguro es una legislación restrictiva. En América Latina y el Caribe se registraron para el año 2008 más de 4.4 millones de abortos y de ellos prácticamente el 95% correspondieron a abortos inseguros, siendo el riesgo de muerte de 370 por cada 100.000 casos, mientras que el promedio para las regiones en desarrollo es de 220.

Por otra parte creemos indispensable garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo sin entrar en conflicto con las decisiones individuales de los profesionales de la salud, por lo que consideramos prohibida la objeción de conciencia institucional, no así la individual.

Queda así fundamentado el presente proyecto y a consideración de los diputados y diputadas para su sanción.

Declaración de la Fundación CONIN en ocasión del actual debate acerca de la despenalización del aborto

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Hace pocos días se ha instalado en la agenda pública Argentina un intenso debate sobre la despenalización o no del aborto inducido, y se anuncia la presentación por varios legisladores, grupos sociales y organizaciones no gubernamentales de proyectos de ley en ese sentido, para ser debatidos próximamente en el Congreso Nacional. Ante esa situación, que se vincula directamente con una problemática ética, jurídica, científica y sanitaria, CONIN ha considerado necesario hacer pública su opinión al respecto, con la finalidad de contribuir al esclarecimiento y buena solución del debate. Fundamentalmente porque en toda discusión resulta necesario exigir a los participantes la aceptación de los datos obvios de la realidad, la coherencia lógica entre las diferentes afirmaciones, y la aceptación de las consecuencias necesarias de las cuestiones asumidas.

1.- El aborto inducido (por oposición al natural), es decir, la provocación deliberada de la muerte biológica de un embrión o feto para lograr su eliminación del útero materno, es intrínsecamente un acto sujeto a un juicio moral, ya que se trata de una acción intencional y electiva de un ser humano, realizada con el objetivo de alcanzar un resultado determinado. Si bien algunos colectivos sostienen que en este caso no se trata de una cuestión ética sino médica, en realidad se trata de una cuestión que, por más que tenga vinculaciones médicas, no deja de ser un acto humano y por lo tanto sujeto necesario de una valoración ética, positiva o negativa. Por otra parte, esto es lo que en realidad interesa y todos los debates acerca del aborto tienen un innegable carácter ético.

2.- La ética es el saber acerca de lo que es bueno para el hombre en cuanto tal, en la medida en que ello depende de la actividad humana, así como de los medios aptos para alcanzarlo. A la inversa, el mal o lo no-bueno es la privación de un bien adecuado o proporcionado al sujeto (y a los sujetos) éticos. Los bienes humanos son las diferentes dimensiones del perfeccionamiento o de la realización humana, desde el punto de vista del hombre en cuanto tal, es decir, no en alguno de sus aspectos particulares: no como atleta, como cantante, o como escritor, sino como hombre. Existen varias nóminas de los bienes humanos básicos propuestas por los autores, pero en todas ellas se incluye sin excepción la vida o la existencia viviente del ser humano. Y ello es así ya que de no existir la vida, resultaría imposible la realización de los restantes bienes: el conocimiento, la apreciación de la belleza, la amistad, etc.

3.- La vida humana (su desarrollo, conservación, plenitud, etc.) es por lo tanto el más básico y fundamental de los bienes humanos, y por ello la tarea propia de la ética es la de defenderla, promoverla, resguardarla y perfeccionarla. Pero ante todo evitar toda acción que atente deliberadamente contra ella, con la finalidad de suprimirla o eliminarla. Es por ello que varios filósofos de relevancia han sostenido que el principio de defensa de la vida es el principio central de la existencia y de la coexistencia humana. Y es por eso también que todas las civilizaciones han estructurado sistemas éticos que tienen como núcleo el resguardo y la promoción de la vida humana.

4.- Pero no solo la ética personal, sino también el derecho regulan las conductas abortivas, en razón de tratarse de una actividad que no solo causa un daño irreparable a un ser humano individual privándolo de la vida, sino que además vulnera el bien de la sociedad completa o política al privarla de uno de sus miembros, que si se lo deja vivir y no se lo mata, se convertirá en breve en un miembro activo de esa sociedad: que puede ser trabajador, político, amigo, padre o madre, comprometido y generoso. Además, es bien sabido que si se permite matar a ciertos seres humanos, se abrirá la puerta que permitirá el asesinato legal de humanos cada vez mayores, con el argumento de que causan inconvenientes, crean problemas, o simplemente porque lo quiere la “decisión” autónoma de la madre.

5.- Pero además, todo lo antedicho es tan evidente y palmario, es decir, que el aborto consiste en la muerte intencional de un ser humano vivo, que quienes por razones que son difíciles de comprender propugnan su legitimación o autorización, se ven obligados a recurrir a argumentos artificiosos, rebuscados y falaciosos a los fines de justificar sus propuestas frente a la sociedad y a su propia conciencia. De este modo, se dice que el ser humano recientemente concebido puede ser muerto impunemente porque no es “persona”, por lo cual se entiende – de modo arbitrario y sin fundamentación rigurosa – un ser humano adulto, capaz de realizar todas las actividades propias de los adultos: ir a la universidad, practicar deportes o participar en política. El problema es que con ese criterio, podría matarse también a los no nacidos hasta el momento del parto, y aún a los nacidos, hasta que puedan desarrollar las actividades propias de los adultos. En este sentido el bioeticista australiano Peter Singer, que propugna este argumento, propone que se autorice la muerte de los nacidos al menos hasta los siete años, edad en la que pueden manifestar plenamente su racionalidad ya desarrollada. Y esta es la única conclusión realmente coherente con las premisas de estos promotores del aborto libre.

6.- Por otra parte, también se propugna la existencia de un derecho a elegir (o a decidir) o derecho de autonomía de la madre, que se sobrepondría – vaya a saber por cuales razones – al derecho a la vida del no nacido, y autorizaría la muerte intencional del niño por nacer. El problema es que razonablemente no puede existir ese derecho, toda vez que la mera elección o decisión, sin tener en cuenta su objeto o finalidad, puede efectuarse con el fin de ofender a otro, privarlo de su salario, lastimarlo física y espiritualmente, o finalmente, matarlo. Y a todo eso es claro que no se tiene derecho. En rigor, la autonomía sólo tiene sentido y se justifica cuando se trata de optar por diferentes formas de realización de los bienes humanos, es decir, cuando se opta por distintas formas de ejercer la solidaridad, el conocimiento, la experiencia estética o el trabajo, pero no para decidir matar a un no nacido, con el argumento de que su madre tiene más derechos que él.

7.- También es necesario considerar que varios de los defensores de la legitimidad del aborto aceptan limitarlo temporalmente, como realizable sólo hasta los doce días, las doce semanas o hasta que nazca la criatura. Pero resulta que, y se trata de una verdad de Perogrullo, la vida comienza cuando comienza el proceso vital, es decir, cuando el espermatozoide fecunda al óvulo y no un tiempo, cualquiera que este sea, después de este inicio. Ya en ese momento se está en presencia de un organismo vivo de la especie homo sapiens y no existe ningún evento posterior apto para cambiar su naturaleza esencial. Los accidentes que se enumeran para postergar el inicio de la vida: la posible gemelación, la implantación o la aparición de la actividad neuronal perceptible, no tienen capacidad alguna para cambiar la índole del sujeto que se desarrolla, que es exactamente el mismo quien, si no se lo mata, será un sujeto adulto en la plenitud de sus capacidades.

8.- Asimismo cabe preguntarse antes de continuar: ¿tiene sentido debatir en la Argentina la despenalización del aborto? Y la pregunta es pertinente, ya que nuestro País tiene establecido en su Constitución Nacional (por la incorporación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos a partir de 1994) que “persona es todo ser humano” (Art. 1) y que “toda persona tiene derecho a que se respete su vida” y finalmente que “este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción” (Art. 4). En otras palabras, en la Constitución Argentina se encuentra claramente zanjado el debate, y por lo tanto de lo que se trata es de aplicarla pura y simplemente, sin recurrir a argumentos falaciosos, cifras manifiestamente infladas o recursos retóricos sin fundamento riguroso.

9.- Por todo ello, los integrantes y colaboradores de CONIN sostienen – y lo proponen a sus compatriotas – que en ocasión de este debate acerca de la penalización (o no) del aborto inducido, de lo que se trata humana y racionalmente es de optar por la defensa de la vida, contra las opciones-elecciones por la muerte; de hacer un llamado a las responsabilidades humanas asumidas y cumplidas, contra la búsqueda de soluciones facilistas e insolidarias; de proponer una concepción ética orientada al bien humano de la vida, que se ordene a la promoción de lo mejor que hay en el hombre, contra las visiones egoístas y degradantes de la actividad humana; de optar por la ayuda, el cuidado, el respeto y el compromiso, contra la exclusiva búsqueda del provecho propio a costa del bien de los demás; de optar, en definitiva, por la dignidad intrínseca del ser humano, contra las pretensiones de su cosificación y manipulación irrestricta. Si se opta de este modo, se verá que, en realidad, hay muy poco que debatir; se trata de reconocer y aplicar los sabios preceptos de la Constitución Argentina y de asumir una actitud irrenunciablemente responsable y solidaria con la vida de los demás, tengan éstos sus primeros segundos o cien años de existencia en el mundo.

Fundación Cooperadora para la Nutrición Infantil (CONIN)

Expte. 1082-D-2018 (encabezado por Mendoza)

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Expediente Diputados 1082-D-2018

Fecha: 16/03/2018

INTERRUPCION VOLUNTARIA DEL EMBARAZO -IVE-. REGIMEN. MODIFICACIONES AL CODIGO PENAL.

FIRMANTES:

MENDOZA, MAYRA SOLEDAD; BRITEZ, MARIA CRISTINA; HUSS, JUAN MANUEL; MASIN, MARIA LUCILA; ESTEVEZ, GABRIELA BEATRIZ; ALONSO, LAURA V.; VOLNOVICH, LUANA; PIETRAGALLA CORTI, HORACIO; CASTAGNETO, CARLOS DANIEL; RODRIGUEZ, MATIAS DAVID; DE PEDRO, EDUARDO ENRIQUE; RAVERTA, MARIA FERNANDA; KICILLOF, AXEL; MARTINEZ, NORMAN DARIO; GRANA, ADRIAN EDUARDO; MACHA, MONICA.

El Senado y Cámara de Diputados…

INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO

ARTÍCULO 1°- OBJETO. La presente ley tiene por objeto garantizar el acceso de las mujeres a la práctica médica de interrupción voluntaria del embarazo (IVE).

ARTÍCULO 2°- DESPENALIZACIÓN. Se derogan los artículos 85, inc.2; 86 y 88 del Código Penal.

ARTÍCULO 3°- DERECHO A LA SALUD INTEGRAL. En el ejercicio de su derecho a la salud integral, toda mujer puede solicitar la atención sanitaria necesaria para interrumpir voluntariamente su embarazo en cualquiera de las siguientes circunstancias:

  1. a) antes de las catorce semanas de gestación;
  2. b) ante la existencia de peligro para la vida o la salud de la persona gestante;
  3. c) si el embarazo es producto de una violación; y,
  4. d) si se ha diagnosticado médicamente la inviabilidad de vida extrauterina;

En los casos de los incisos b), c) y d) del presente artículo no se establece límite de plazo.

ARTÍCULO 4°- DERECHOS ESENCIALES. Son derechos esenciales de las/os pacientes, sujetos de la presente ley, los siguientes:

  1. a) Asistencia. La/el paciente tiene derecho a ser asistido por los/as profesionales de la salud, sin menoscabo y distinción alguna, producto de sus creencias religiosas, sexo, orientación sexual, identidad de género y/o su expresión, antecedentes o situación penales o cualquier otra condición. El profesional actuante sólo podrá eximirse del deber de asistencia, cuando se hubiere hecho cargo efectivamente de la/del paciente otro/a profesional competente;
  2. b) Trato digno y respetuoso. La/el paciente tiene derecho a que los equipos de salud intervinientes, le otorguen un trato digno, respetando sus convicciones personales y morales, erradicando prácticas que perpetúen el ejercicio de violencia contra las mujeres y garantizando que no se reproduzcan conductas de maltrato o humillación, ni revictimización. En ninguna situación es aceptable que las/los profesionales de salud no administren medicamentos para el control del dolor o realicen u omitan cualquier práctica como forma de maltrato a la/el paciente;
  3. c) Intimidad. Toda actividad médico – asistencial tendiente a obtener y transmitir información y documentación clínica de la/del paciente debe garantizar la construcción y preservación de un ambiente de confianza entre el personal de salud y las personas que solicitan la atención, y observar el estricto respeto por su intimidad, pudor, dignidad humana y autonomía de la voluntad, así como el debido resguardo de la confidencialidad; solo se compartirá información o se incluirá a su familia o su acompañante con su expreso permiso. Asimismo debe resguardarse la atención médico – asistencial de injerencias ilegítimas por parte de terceros, incluido el Poder Judicial o Ministerios Públicos;
  4. d) Confidencialidad. Los equipos de salud deben reforzar durante la consulta que la confidencialidad está garantizada, y que lo hablado entre médico y paciente es mantenido bajo secreto médico. La/el paciente tiene derecho a que toda persona que participe en la elaboración o manipulación de la documentación clínica, o bien tenga acceso al contenido de la misma, guarde la debida reserva, salvo expresa disposición en contrario emanada de autoridad judicial competente o autorización del propio paciente; los datos obtenidos durante la atención de la/del paciente solo pueden ser revelados en casos excepcionales de justa causa, categoría en la cual no se encuadran los abortos provocados;
  5. e) Autonomía de la voluntad. Los equipos de salud deben acompañar y respetar a la/el paciente en sus decisiones respecto de su embarazo, la necesidad de tratamiento y el plan a seguir, el retorno de la ovulación y su futura salud sexual y reproductiva. Las decisiones de la/del paciente no deben ser sometidas a juicios derivados de consideraciones personales, religiosas o axiológicas por parte de los agentes de salud, debiendo prevalecer su libre y autónoma voluntad. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a intervenir en los términos de las Leyes 26.061, 25.673 y su decreto reglamentario y del Código Civil y Comercial a los fines de la toma de decisión sobre terapias o procedimientos que involucren su vida o salud. Las personas con discapacidad tienen derecho a la toma de sus propias decisiones y a que se respete su propia voluntad sobre los procedimientos que involucren su vida o salud, en los términos de la ley 26.378 y del Código Civil y Comercial;
  6. f) Información Sanitaria. Los equipos de salud deben mantener una escucha atenta a las inquietudes de las/os pacientes para expresar libremente sus necesidades, puntos de vista, dudas y preguntas. La/el paciente tiene derecho a recibir la información sanitaria necesaria; y,
  7. g) Calidad. Los equipos de salud deben garantizar que la interrupción del embarazo sea brindada bajo los mismos parámetros que otros componentes del servicio de salud, es decir, respetando los estándares de calidad, accesibilidad, competencia técnica, rango de opciones disponibles e información científica actualizada.

ARTÍCULO 5°- EJERCICIO PROFESIONAL. La interrupción voluntaria del embarazo se encuentra alcanzada por las prescripciones de la ley 17.132.

ARTÍCULO 6°- PROCEDIMIENTOS. La interrupción voluntaria del embarazo es garantizada debiendo seguir los procedimientos pautados en el “Protocolo Para la Atención Integral de Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo” elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación en el año 2015.

ARTÍCULO 7°- ACCESO AL DERECHO. Para acceder al derecho consagrado en el artículo 3° de la presente Ley, no se requiere autorización judicial o administrativa, ni realizar denuncia policial o judicial para los casos en los cuales el embarazo es producto de la comisión de un delito contra la integridad sexual.

ARTÍCULO 8°- CONSENTIMIENTO INFORMADO. Previamente a la realización de la interrupción voluntaria del embarazo conforme al artículo 3° de la presente ley, el/la profesional de salud debe contar con el consentimiento informado de la/del paciente, brindado conforme a los arts. 26, 32 y 59 del Código Civil y Comercial de la Nación, la ley 26.529 y a la presente ley.

ARTÍCULO 9°- COBERTURA. El sector público de salud, las obras sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661, la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación, las entidades de medicina prepaga y las entidades que brinden atención al personal de las universidades, así como también todos aquellos agentes que brinden servicios médico-asistenciales a sus afiliados independientemente de la figura jurídica que posean, incorporarán como prestaciones obligatorias y a brindar a sus afiliados o beneficiarios, la cobertura integral e interdisciplinaria de la interrupción voluntaria del embarazo prevista en el artículo 3° de la presente ley. Quedan incluidos en el Programa Médico Obligatorio (PMO) estas prestaciones, así como las de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo.

ARTÍCULO 10- RESPONSABILIDAD. Las maniobras dilatorias, el suministro de información falsa y todo acto que conlleve a la reticencia para llevar a cabo la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo, previsto en el artículo 3° de la presente Ley, por parte de los profesionales de la salud y las autoridades de las instituciones o agentes de cobertura de salud, constituyen actos sujetos a la responsabilidad administrativa, civil y/o penal correspondiente.

ARTÍCULO 11- CREACIÓN DE CONSEJERÍAS. Créase las CONSEJERÍAS PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS EN SITUACIONES DE EMBARAZOS NO PLANIFICADOS, las que funcionarán en los centros de atención primaria de la salud y hospitales públicos, con el objetivo de reducir la morbimortalidad de mujeres gestantes por abortos inseguros y de prevenir la repitencia de embarazos no planificados.

ARTÍCULO 12- DEFINICIÓN. A los efectos de la presente ley, se entiende por consejería al dispositivo de salud encargado de brindar un espacio de escucha, contención y asesoramiento a la mujer en situación de embarazo no planificado, basado en información legal, públicamente accesible y científicamente respaldada, orientada a la prevención de riesgos y daños por la práctica de abortos inseguros y al cuidado de la salud integral de la mujer.

ARTÍCULO 13- INTEGRACIÓN. Cada consejería está integrada por al menos dos profesionales de la salud, quienes desempeñan la función de consejeros/as.

ARTÍCULO 14- FUNCIONES. Las Consejerías tienen a su cargo las siguientes funciones:

  1. a) brindar acompañamiento en el cuidado de la salud de la mujer;
  2. b) informar a la paciente sobre los controles médicos requeridos durante el embarazo y los efectores de salud donde se prestan, en función de la decisión de la paciente;
  3. c) informar a la paciente sobre las tecnologías apropiadas, accesibles y validadas científicamente según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para la reducción de riesgos y daños causados por abortos inseguros;
  4. d) promover la difusión de los métodos anticonceptivos y la forma de acceso a los mismos;
  5. e) promover la eliminación de todas las barreras administrativas y fácticas que impidan el acceso efectivo de las mujeres a los servicios de atención integral de la salud sexual y reproductiva en función de las decisiones que tome cada paciente;
  6. f) implementar campañas de información pública sobre los servicios de atención integral de la salud sexual y reproductiva que incluyan la concreta atención de los abortos no punibles;
  7. g) implementar campañas de sensibilización y prevención para la reducción de riesgos y daños provocados por abortos en condiciones inseguras, en articulación con otros organismos del Estado y organizaciones de la sociedad civil, favoreciendo su conformación en redes comunitarias; y,
  8. h) crear un comité interdisciplinario de profesionales para asistir a las mujeres que por su propia voluntad lo requieran.

ARTÍCULO 15- Comunicase al Poder Ejecutivo Nacional.-

 

FUNDAMENTOS

 

Señor presidente:

El presente proyecto de ley reproduce el espíritu del expediente 4763-D-2016 de mi autoría. Con este proyecto se pretende saldar una histórica deuda de nuestro país, legislando para un efectivo ejercicio del derecho a la salud para las mujeres, adolescentes, niñas y varones con capacidad de gestar (ley 26.743 de Identidad de Género). Hemos avanzado profundamente en el reconocimiento de derechos sociales y civiles, incluido el derecho a la salud, pero las tasas de mortalidad y morbilidad materna por abortos inseguros siguen siendo alarmantes e incumpliendo los compromisos asumidos por el propio Estado argentino.

La inseguridad de los abortos no proviene de la práctica en sí, sino de las condiciones que la ilegalidad genera tanto para su realización como para la atención post aborto, aun cuando se trate de interrupciones espontáneas o legales de la gestación.

En efecto, el presente proyecto atiende las consecuencias de la ilegalidad que se extienden más allá de los casos concretos que estén penalizados, reconociendo que, como en el caso de “Belén” en Tucumán, el derecho a la salud de las mujeres es vulnerado sistemáticamente por parte de quienes debieran velar por su protección, aún ante casos de abortos espontáneos.

El proyecto intenta dar cuenta y dar respuesta a lo que ocurre todos los días en las guardias de los hospitales. Mujeres con abortos espontáneos, con interrupciones voluntarias de la gestación en proceso o incompletas, producto de decisiones sobre embarazos no deseados que la ley penaliza, o gestaciones que pueden ser interrumpidas legalmente pero encuentran obstáculos o dilaciones por parte de los equipos de salud. En todos los casos, el proyecto entiende y protege el derecho a la salud de las/os pacientes. A su vez, amplía las causales para acceder a una interrupción legal del embarazo, porque la ilegalidad vulnera la salud y pone en peligro la vida de las mujeres.

Conforme la información publicada en el “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo” publicado por el Ministerio de Salud de la Nación en el año 2015 (el Protocolo):

“Se considera que en la Argentina se realizan entre 370 y 522 mil interrupciones de embarazos por año (Mario y Pantelides, 2009). Estas cifras son estimativas ya que, por tratarse de una práctica clandestina, no se dispone de datos precisos. La única información disponible al respecto es el número de hospitalizaciones producidas en los establecimientos públicos por complicaciones relacionadas con abortos. No obstante, este dato no distingue entre abortos espontáneos y provocados, por lo que representa solo una fracción de los que ocurren anualmente. Según datos de estadísticas hospitalarias del Ministerio de Salud de la Nación sobre el sistema público de salud, en 2011 se registraron 47.879 egresos hospitalarios por aborto en el país, de los cuales el 19% correspondió a mujeres menores de 20 años…”

Es decir, decenas de miles de personas se atienden por abortos en hospitales, entre interrupciones espontáneas y provocadas, otras tantas mujeres no concurren por miedo, muchas mueren, y por lo tanto es necesario legislar para que puedan ejercer sus derechos esenciales como pacientes si queremos garantizar su derecho a la salud, y a la vida.

El índice de mortalidad materna es insoslayable para considerar y evaluar la situación de la salud sexual de las mujeres y todas las personas gestantes y de su acceso a servicios de salud de calidad. Y resulta que si tomamos la evolución de la mortalidad materna en los últimos años, el aborto es la principal causa.

Tomando el año 2014, el 15% de las muertes maternas fue por aborto y ese porcentaje sólo es superado por las muertes producidas por “Trastornos hipertensivos, edema y proteinuria en el embarazo, parto y puerperio” que alcanzan un 19%. Es decir que en 2014 el aborto fue la segunda causa de muertes maternas. Y el 55% de las muertes por embarazo terminado en aborto correspondió a mujeres de 15 a 29 años, entre ellas cinco de adolescentes de 15 a 19 años (DEIS, 2015).

Lo más dramático es que son muertes evitables, prevenibles. Como continúa la cita del Protocolo:

“… En un contexto que muestra una elevada proporción de partos ocurridos en instituciones de salud (99%) y de partos atendidos por profesionales capacitados (98%) (DEIS, 2013), la Argentina tiene el potencial necesario para disminuir considerablemente la tasa de mortalidad materna y las amplias brechas que existen en la materia. Sin embargo, las inequidades en el acceso a servicios, en la disponibilidad de recursos humanos y físicos adecuados y en la calidad de la atención sanitaria, impactan de diferente forma sobre las razones de la mortalidad materna y generan un riesgo desproporcionado para las mujeres que viven en las jurisdicciones más pobres del país.”.

En este marco, se propone que este Congreso establezca las condiciones y medidas necesarias para garantizar el derecho a la salud de este grupo poblacional que ve vulnerado sus derechos humanos.

El presente proyecto garantiza el ejercicio del derecho a la salud de manera integral para toda persona gestante que hubiera decidido la interrupción voluntaria de su embarazo, así como en todos los casos de abortos, sean estos espontáneos o no.

Se establecen los derechos que tienen las mujeres y también los varones trans con capacidad de gestar en virtud de la ley de Identidad de género, ley 26.743, que se encuentran en las situaciones descriptas anteriormente.

Los derechos que se enumeran se integran a los derechos establecidos en la normativa vigente, tanto nacional como internacional, así como en las recomendaciones de los organismos de seguimiento de los instrumentos internacionales y la jurisprudencia de tribunales nacionales e internacionales.

Algunos de los derechos esenciales que se establecen en la presente Ley son:

“Asistencia”. La/el paciente tiene derecho a ser asistido por los/as profesionales de la salud, sin menoscabo y distinción alguna, producto de sus creencias religiosas, sexo, orientación sexual, identidad de género y/o su expresión, antecedentes o situación penales o cualquier otra condición.

Queremos resaltar que se deja establecido que la/el paciente no puede dejar de ser asistido por su situación ante la ley. Toda paciente que llegue a una institución sanitaria deberá ser atendida sin importar si está cursando un aborto legal o no legal.

Asimismo, se deja constancia que el profesional actuante sólo puede eximirse de actuar si otro profesional se hace cargo del/ la paciente; de esta manera los profesionales objetores de conciencia podrán ejercer su derecho, pero siempre teniendo como límite el derecho que le asiste al paciente. En tal sentido, no es admisible la objeción de conciencia de manera institucional.

En cuanto al derecho a recibir un “trato digno”, derecho que le asiste a todo paciente, se especifican situaciones que deben ser atendidas para los casos que regula este proyecto. Es importante que la/el paciente que abortó reciba los medicamentos que se prescriben para calmar el dolor así como evitar que compartan habitaciones con pacientes embarazadas o puérperas. De esta manera, se enuncia el derecho al trato digno y se marcan acciones que no lo representarían. Se hace mención a dichas actuaciones, ya que muchas mujeres que han sido pacientes en centros de salud por abortos no punibles o abortos espontáneos, no son tratadas dignamente a través de la omisión en la prescripción de medicamentos o bien las tratan de castigar psicológicamente. También se utiliza como método de persuasión en los momentos previos a la realización de un aborto no punible. Además, en este derecho se menciona que no se debe re-victimizar a la mujer que acude a la institución luego de haber sido víctima de un delito contra la integridad sexual y que producto de ese delito ha quedado embarazada.

Se define el derecho a la intimidad. Las instituciones de salud y los médicos, enfermeros y el personal que interactúa con las/los sujetos de este proyecto, deben crear y preservar un ambiente de confianza. Siempre deben observar el estricto respeto por la intimidad y pudor del/la paciente. Se establece que se compartirá información o se incluirá a su familia o su acompañante con su expreso permiso. Siempre se debe resguardar la atención médico – asistencial de injerencias ilegítimas por parte de terceros, incluido el Poder Judicial o Ministerios Públicos.

En el caso “L.M.R.”, el Comité de Derechos Humanos concluyó que el Estado argentino además de violar el derecho de la joven a no ser sometida a tratos crueles, inhumanos o degradantes, violó también su derecho a la intimidad. En su dictamen, el Comité sostuvo que la “ilegítima injerencia del Estado, a través del poder judicial, en una cuestión que debía resolverse entre la paciente y su médico podría ser considerado una violación del derecho a la intimidad de aquella -artículo 17 del PIDCP.”

El derecho a la confidencialidad, debe ser resaltado por parte de los equipos de salud, quienes deben recordarle al/la paciente durante la consulta que la confidencialidad está garantizada, y lo que hablen paciente-médico será mantenido bajo secreto profesional. Los datos obtenidos durante la atención de la/del paciente solo pueden ser revelados en casos excepcionales de justa causa, categoría en la cual no se encuadran los abortos provocados. La historia clínica y toda la información contenida en ella también están protegidas por el secreto profesional.

Autonomía de la voluntad. Los equipos de salud deben acompañar y respetar a la/el paciente en sus decisiones respecto de su embarazo. Estas decisiones no deben ser sometidas a juicios derivados de consideraciones personales, religiosas o axiológicas por parte de los agentes de salud, debiendo prevalecer su libre y autónoma voluntad. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a intervenir en los términos de las Leyes 26.061, 25.673 y su decreto reglamentario y del Código Civil y Comercial a los fines de la toma de decisión sobre terapias o procedimientos que involucren su vida o salud. Las personas con discapacidad tienen derecho a la toma de sus propias decisiones y a que se respete su propia voluntad sobre los procedimientos que involucren su vida o salud, en los términos de la ley 26.378 y del Código Civil y Comercial.

Derecho a recibir información. Los equipos de salud deben mantener una escucha atenta a las inquietudes de las/os pacientes para expresar libremente sus necesidades, puntos de vista, dudas y preguntas. La/el paciente tiene derecho a recibir la información sanitaria necesaria; y a no recibir información inconducente en relación con la solicitada. Los médicos deben respetar la autonomía de la voluntad de las/los pacientes, sin tratar de disuadirlos a través de información no requerida por las mismos.

Según la Organización Mundial de la Salud, la información mínima que la mujer debe recibir incluye, qué se hará durante el procedimiento y después de este; qué es probable que sienta (por ejemplo, espasmos de tipo menstrual, dolor y sangrado); cuánto puede durar el proceso; qué tipo de manejo del dolor se le ofrecerá; los riesgos y las complicaciones asociadas con el método de aborto; cuando podrá retomar su actividad normal, incluidas las relaciones sexuales; y la atención de seguimiento .

Como toda práctica médica, los equipos de salud deben garantizar que la interrupción del embarazo sea brindada respetando los estándares de calidad, accesibilidad, competencia técnica, rango de opciones disponibles e información científica actualizada.

En este tipo de derechos, lo que se busca es que la/el paciente se encuentren en libertad de elegir que es lo mejor sobre sus cuerpos, y no debe conculcarse su derecho de libertad sobre su cuerpo.

El presente proyecto establece la interrupción voluntaria del embarazo en las circunstancias mencionadas en el artículo 3º:

  1. a) antes de las catorce semanas de gestación;
  2. b) ante la existencia de peligro para la vida o la salud de la persona gestante;
  3. c) si el embarazo es producto de una violación; y,
  4. d) si se ha diagnosticado médicamente la inviabilidad de vida extrauterina;

En los casos de los incisos b), c) y d) del presente artículo no se establece límite de plazo.

En ningún caso será requisito para acceder al derecho consagrado en el artículo 3° contar con autorización judicial o administrativa; ni realizar denuncia policial o judicial para los casos en los cuales el embarazo es producto de la comisión de un delito contra la integridad sexual.

Se establece la cobertura integral e interdisciplinaria, su inclusión en el Programa Médico Obligatorio (PMO), así como los diagnósticos, medicamentos y terapias de apoyo.

En cuanto al procedimiento, se establece la obligatoriedad de contar con el consentimiento informado antes de la realización del aborto, brindado conforme a los arts. 26, 32 y 59 del Código Civil y Comercial, la ley 26.529 y a la presente ley, artículo 5° inciso e), f) y g). Es decir, recibiendo la información necesaria por parte de los agentes de salud y respetando la autonomía de la voluntad del/la paciente.

Se derogan los artículos correspondientes del Código Penal y se establece que las maniobras dilatorias, el suministro de información falsa y todo acto que conlleve a la reticencia para llevar a cabo la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo por parte de los profesionales de la salud y las autoridades de las instituciones o agentes de cobertura de salud, constituyen actos sujetos a la responsabilidad administrativa, civil y/o penal correspondiente.

El Estado argentino ha asumido compromisos internacionales, como los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la iniciativa de carácter global surgida en 2000 a raíz de la Declaración del Milenio, que establece un conjunto de metas cuantificables a alcanzarse en 2015 (ONU, 2000). En relación con la salud de las mujeres, para 2015 se proponía mejorar la salud materna; reducir la mortalidad materna en tres cuartas partes teniendo en cuenta los indicadores de 1990, lo cual hubiera implicado alcanzar en el año 2015 una TMM de 1,3 ‰, y lograr el acceso universal a la salud reproductiva. Señalemos que en 2014 (DEIS 2015), la tasa de mortalidad materna fue de 3,7‰.

Esas metas seguirán siendo inalcanzables, sin perjuicio de los importantes avances conseguidos, si no se legaliza y garantiza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo de forma segura. Esas metas son importantes porque están en juego los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y varones que pueden gestar como parte de los derechos humanos consagrados en la Constitución Nacional y en los instrumentos internacionales que la integran, en particular la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer; así como la Convención Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y las recomendaciones de sus respectivos Comités Ejecutivos.

En este sentido, en su última observación general del 2 mayo del 2016, el Comité del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, expresó que:

“(28) La prevención de embarazos no deseados y abortos inseguros obliga a los Estado a adoptar medidas legales y políticas para garantizar que todos los individuos tengan acceso a anticonceptivos seguros y eficaces y a educación sexual integral, incluyendo a los adolescentes; a liberalizar las leyes de aborto restrictivas; garantizar a las mujeres y las niñas a servicios de aborto seguro y atención de calidad post-aborto, incluso mediante la formación de profesionales de la salud, y de respetar el derecho de las mujeres a tomar decisiones autónomas sobre su salud reproductiva”, por lo que establece entre sus obligaciones básicas: “(e) Tomar medidas para prevenir abortos no seguros y para proporcionar atención post aborto y asesoramiento a quienes lo necesiten.”.

Y establece entre las siguientes obligaciones generales de los Estados parte, para eliminar la discriminación contra las personas o grupos y garantizar su igualdad de derecho a la salud sexual y reproductiva:

“(34) derogar o reformar leyes o políticas que anulan o reducen la capacidad de ciertos individuos o grupos para realizar su derecho a la salud sexual y reproductiva. Existe una amplia gama de leyes, políticas y prácticas que atentan contra la autonomía y derecho a la igualdad y la no discriminación en el pleno disfrute del derecho a la salud sexual y reproductiva, por ejemplo, penalización del aborto o leyes restrictivas del aborto…“.

A su vez, y con anterioridad, como recuerda el CELS en su documento de aportes a los debates legislativos vinculados a la salud y a los derechos sexuales y reproductivos, ya el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en su Declaración sobre salud y derechos sexuales y reproductivos con ocasión de la revisión del Programa de Acción adoptado en la Conferencia Mundial sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo, Egipto, 1994), más allá de 2014, Quincuagésimo séptimo período de sesiones, celebrado entre el 10 y 28 de febrero de 2014 , señaló que el aborto inseguro es una causa principal de mortalidad y morbilidad materna. Como tal, los Estados partes deben legalizar el aborto, al menos en los casos de violación, incesto, amenazas a la vida y/o la salud de la madre, o malformación fetal grave, así como proporcionar a las mujeres acceso a servicios de atención post-aborto de calidad, en especial en los casos de complicaciones derivadas de abortos inseguros. Los Estados Partes deberían también eliminar las medidas punitivas para las mujeres que se practican abortos y organizar más servicios de salud para que el ejercicio de la objeción de conciencia no impida el acceso efectivo a servicios de salud reproductiva, incluido el aborto y la atención post-aborto.”.

Estos son sólo algunos antecedentes de instancias internacionales vinculantes para el Estado argentino que no hacen más que ratificar lo que todas y todos conocemos sobre la situación de los derechos sexuales y reproductivos, los abortos inseguros, las desigualdades e inequidades que se generan entre las distintas regiones del país y poderes adquisitivos a la hora de decidir un aborto; y sobre todo, las modificaciones legislativas necesarias para que demos cumplimiento con esos instrumentos que recogen los derechos de las mujeres y todas las personas que no se embarazan para abortar, pero cuando deciden que necesitan hacerlo son maltratadas, criminalizadas e incluso, se mueren.

Por su parte, el proyecto legisla la creación de Consejerías para la reducción de riesgos y daños de situaciones de embarazo no planificados con el fin de proteger el derecho a la salud y vida de las mujeres gestantes, estableciendo los derechos de la/el paciente y la forma de integración de las mismas.

Por todo lo expuesto, solicitamos el acompañamiento y posterior aprobación del presente proyecto de Ley.-

¿Podemos pensar otra perspectiva penal para el aborto?

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En el año 2012 se presentó en la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de ley 8512-D-2012. Si bien perdió estado parlamentario, sus disposiciones resultan interesantes para conocer una propuesta distinta de reforma del Código Penal (CP).

El proyecto propone modificar los artículos referidos al aborto del CP, en el siguiente sentido:

  • Se modifica el art. 85 de tal manera que:
    • Se aumenta la pena para el aborto hecho “sin consentimiento de la mujer”.
    • Se crea una figura especial agravada, si el aborto fuere realizado en razón de la presencia de malformaciones en el concebido o por su sexo.
    • Además, en todos los casos de aborto, ya sea con o sin consentimiento de la mujer, se eleva a 20 años el máximo de la pena si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer.
    • Se incorpora como un agravante de la pena, si el hecho fuere cometido por una persona que realizare abortos como una actividad habitual y/o lucrativa.
  • Se incorpora un art. 85 bis que apunta a sancionar al que fuerza a una mujer a abortar: “El que forzare a la mujer a abortar mediando engaño, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad, de poder, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción, será reprimido con reclusión o prisión de cuatro (4) a ocho (8) años.”
  • Se reforma el art. 86, para precisar mejor la redacción del supuesto en que el aborto es indirecto por riesgo de la vida de la madre. Así se dispone: “No incurrirá en delito el médico diplomado que interviniendo para salvar la vida de la madre provocare de manera indirecta la muerte de la persona por nacer, si su intervención se ha hecho con el fin de evitar un peligro grave para la vida de la madre que no podía ser evitado por otros medios”.
  • Se modifica el art. 88 referido a la pena que corresponde a la mujer, bajando la pena máxima prevista (de uno a tres años) para la mujer que causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare.
  • Se incorpora un párrafo en el art. 88 que dispone: “En los casos en que el embarazo proviniere de un delito contra la integridad sexual previsto en el art. 119 del Código Penal, debidamente acreditado en juicio, se podrá imponer a la mujer que causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare la suspensión condicional de la pena prevista en los artículos 26 y siguientes del Código Penal”.

El proyecto señala en sus fundamentos que han pasado 90 años desde la sanción el 30 de septiembre de 1921 del Código Penal y por tal motivo busca adecuar el texto a los progresos que han hecho las ciencias biológicas y médicas en torno a la salud fetal y materno-infantil en general, teniendo en cuenta que se han modificado diversas circunstancias socio-culturales y en 1994 se ha reformado la Constitución Nacional incorporando con rango constitucional los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

En síntesis, en los fundamentos se resumen los objetivos del proyecto:

  • “Brindar un mayor resguardo para la vida de la madre, estableciendo que en el caso de aborto seguido de muerte de la mujer previsto en el art. 85 del Código Penal no haya distinción entre las penas según haya o no consentimiento, unificando la pena agravada en 15 años de prisión”.
  • “Sancionar nuevas formas de discriminación prenatal, estableciendo una agravante en caso de aborto de niño con malformaciones o por sexo del bebé a incorporar como nuevo inciso del art. 85”.
  • “Desarticular el surgimiento de una industria clandestina en torno a la muerte, incorporando una agravante en caso que la persona realizare abortos como una actividad habitual y/o lucrativa en el mismo art. 85”.
  • “Resguardar la libertad de la mujer incorporando como agravante, a través de un nuevo artículo (85 bis), el hecho de que alguien forzare a una mujer a abortar”.
  • “Brindar protección completa al derecho a la vida de los concebidos, reformulando el artículo 86”.
  • “Contemplar las especiales circunstancias que operan en la mujer que ha sufrido una violación, incorporando en el art. 88 una figura atenuada para la mujer que abortare si el embarazo hubiera o hubiese provenido de una violación. Igualmente se disminuye el monto máximo de la pena para la mujer en todos los otros supuestos”.

 

¿Existe un derecho a la objeción de conciencia ante el aborto?

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Mientras que las primeras versiones del proyecto de ley de aborto libre y legal incluían el derecho a la objeción de conciencia por parte de los profesionales de la salud, el texto presentado en 2018 ya no lo incluye. Esta omisión constituye una grave amenaza a la libertad de pensamiento, conciencia y religión de muchos profesionales de la salud. Se trata de derechos reconocidos por los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, con jerarquía constitucional. Además, ignora las mismas recomendaciones del fallo “FAL” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Negar la objeción de conciencia contradice los códigos de ética médica vigentes en nuestro país.

La objeción de conciencia es el derecho a eximirse, total o parcialmente, del cumplimiento de una disposición legal, debido a que la misma violenta la conciencia religiosa o moral de una persona. Se diferencia de la desobediencia civil por cuanto no se cuestiona la ley en sí, objetivamente, sino la obligatoriedad de determinado aspecto en determinadas circunstancias para un individuo específico.

Se trata de un verdadero derecho, explícitamente reconocido en numerosos textos legales del más alto nivel jurídico, como parte de la libertad de religión y pensamiento. Así, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en su Resolución 46, de 1987 expresa que: “la objeción de conciencia (…) debe ser considerada como un ejercicio legítimo del derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”. En 1993, el Comité de Derechos Humanos declaró legítima esa interpretación en su Observación General Nº 22, cuando afirma que si bien “en el Pacto no se menciona explícitamente el derecho a la objeción de conciencia (…) el Comité cree que ese derecho puede derivarse del artículo 18, en la medida en que la obligación de utilizar la fuerza mortífera puede entrar en grave conflicto con la libertad de conciencia y el derecho a manifestar y expresar creencias religiosas u otras creencias”.

En Argentina, son varios los textos legales que lo reconocen explícitamente. Así, la Ley 25673 de Salud sexual y procreación responsable (art. 10); el Decreto 1282/2003 (art. 10); la Ley 26130 de contracepción quirúrgica (art. 6); la Ley 26.150 del Programa Nacional de educación sexual integra (art. 5). El mismo fallo FAL sobre abortos no punibles (Corta Suprema de Justicia de la Nación, 2012) expresa que “deberá disponerse un adecuado sistema que permita al personal sanitario ejercer su derecho a la objeción de conciencia” (considerando 29).

En relación con el proyecto bajo análisis, específicamente, la falta de alusión a la objeción de conciencia implica un cercenamiento del ejercicio de la labor del equipo de salud, primero por cuanto supone violentar las convicciones de equipos enteros y de instituciones con una clara postura respecto de la defensa de la vida y los derechos de todas las personas desde el momento de la fecundación. En segundo lugar, porque podría representar presiones con repercusiones en el libre ejercicio de la profesión y a nivel de desarrollo y promoción profesional.

Si bien asistimos a la difusión de una mentalidad que considera que el médico debe limitarse a cumplir lo que pide el paciente, en lo que se ha llamado “medicina de consumo”, la realidad es que los profesionales de la salud, por sus conocimientos y capacitación, tienen un lugar decisivo en la atención de la madre y su hijo. De hecho, el mismo Código Penal en su artículo 86 inciso 1, considera no punible el caso en que el riesgo para la vida de la madre “no puede ser evitado por otros medios”. Ello reconoce la importancia decisiva de la intervención de salud, recordando que prácticamente todo embarazo trae consigo algún cambio en la salud de la madre, basta pensar en los habituales cambios de presión o la propensión a diabetes adquirida, por ejemplo.

En tal sentido, la Corte Suprema en el fallo “FAL”, más allá de las críticas que merece, estableció que “lo que previó el legislador es que, si concurren las circunstancias que permiten la interrupción del embarazo, es la embarazada que solicita la práctica, junto con el profesional de la salud, quien debe decidir llevarla a cabo (…)”. En esa línea, la CSJN refirió en el considerando 25 de FAL a las condiciones médicas necesarias para llevar a cabo de manera rápida, accesible y segura la terminación del embarazo. Por otro lado, si bien oportunamente cuestionamos los alcances de los exhortos de la CSJN en el citado fallo, en el considerando 29 se establece una limitación que quizás haya pasado inadvertida. En efecto se establece que para el acceso a la práctica abortiva deberán eliminarse “requisitos que no estén médicamente indicados”. La indicación médica, en el fallo pareciera constituir un límite que no pareciera tener acogida en el proyecto de ley en discusión. Similar limitación aparece en el considerando 29, donde el tribunal aclaró apoyándose en la Organización Mundial de la Salud que no sería necesario “satisfacer cualquier otro requisito que no sea médicamente necesario” [El subrayado nos pertenece].

En el considerando 20 del fallo citado se recuerda en relación con el proceder de los profesionales de la salud, el principio de reserva consagrado en el artículo 19 de la Constitución Nacional, del cual surge que “ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”. Cabe recordar muy brevemente parte de la nutrida normativa que existe en torno al ejercicio de la medicina, la que colisiona con las pretensiones del protocolo bajo análisis. Del artículo 2° de la Ley 17.132 surge que el objeto del ejercicio de las profesiones del arte de curar es el de lograr “la recuperación, conservación y preservación de la salud de las personas”, lo que debe procurarse respetando también los derechos de tales agentes.

Tal como lo hemos destacado en otra oportunidad, vale explicitar a uno de los más importantes principios rectores en materia de ejercicio de la medicina, el principio de libertad en el ejercicio profesional, el que cuenta con muy diversas manifestaciones[1]:

  • Derecho a ejercer la profesión en forma libre y sin presiones de naturaleza moral, técnica o económica;
  • Derecho a ser considerado en igualdad de oportunidades para su desarrollo profesional;
  • Derecho a abstenerse de garantizar resultado en la atención médica;
  • Derecho a abandonar o transferir la atención médica del paciente;
  • Derecho a la objeción de conciencia.

Otro aspecto destacable como parte esencial del principio de libertad en el ejercicio de la medicina e íntimamente ligado a la objeción de conciencia es la libertad de opinión, la que encuentra justificación normativa del más alto nivel (artículo 75, inc. 22 de la Constitución Nacional).  Todo lo manifestado anteriormente se desprende de una premisa subyacente que no puede ser soslayada: los médicos también poseen el derecho a que se respeten sus Derechos Humanos, consagrados en instrumentos con la máxima jerarquía en nuestro país.

En similar orden de ideas, deben tomarse en consideración las normas deontológicas que rigen el ejercicio del arte del curar, las que favorecen la resolución de los conflictos éticos que se presentan de modo congruente con el sistema internacional de derechos humanos, el que se apoya en consideraciones de orden ético anteriores a la legislación proyectada.

El Código de Ética de la Asociación Médica Argentina[2], por ejemplo, establece en el artículo 48 que “el Equipo de Salud debe disponer de libertad en el ejercicio profesional y de las condiciones técnicas que le permitan actuar con independencia y garantía de calidad. Ninguna circunstancia que no se base en un estricto criterio científico podrá poner limitaciones al ejercicio de la libertad profesional”.

A su vez, los artículos 70 y 219 consignan en línea con lo dicho que “los miembros del Equipo de Salud tienen el derecho de ejercer la libre elección de sus pacientes (…)” y que “(…) deben defender su derecho a prescribir libremente”. El último artículo establece también que dichos agentes están obligados al uso racional de los medios de diagnóstico y tratamiento, evitando indicaciones desmesuradas o inútiles.

El aborto podría llegar a constituir, en ciertos casos, una medida clínicamente tolerada desde el punto de vista técnico-médico, recomendada en situaciones específicas determinadas por el equipo médico interviniente (el problema del aborto indirecto). Ahora bien, es cuanto menos discutible atribuir incluso naturaleza de acto médico al aborto realizado no sólo en violación en la normativa vigente, sino en situaciones en las que el leal saber y entender médico no lo convalida.

El proyecto de ley criticado exige una conducta determinada a los médicos y a los demás profesionales de la salud que intervinieran, lo que contraría la normativa deontológica en vigor y el principio de reserva, rasgo fundamental de nuestro sistema jurídico.

Entendemos que es necesario replantear el tema a la luz de todos los bienes en juego, defendiendo la dignidad, la libertad y los derechos humanos de los profesionales de la salud, y recordando también los intereses de las mujeres y las personas por nacer, los que -tal como hemos venido sosteniendo- son especialmente vulnerables. Confiamos en que la sociedad en su conjunto tome en consideración tales bienes y ello se exprese en reglamentaciones y prácticas más humanas y equilibradas.

 

[1] Oscar Ernesto Garay (Dir), Responsabilidad profesional de los médicos. Ética, bioética y jurídica: civil y penal. La Ley (2014) Tomo I, P. 78 y ss.

[2] A modo de ejemplo se sugiere repasar los artículos 19, 20, 23, 24 y 25, de los que surge el respeto a los DDHH como rasgos propios de la profesión médica.

¿Por qué se fija la semana 14 como límite al aborto?

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La fijación del plazo de 14 semanas para poner el límite a la posibilidad de solicitar el aborto libre resulta arbitraria y desconoce claros argumentos que reconocen que la existencia del ser humano comienza en el mismo momento de la fecundación.

Recae en el legislador determinar, en este caso a través de una norma de derecho penal, el momento a partir del cual la vida de una persona humana constituye un bien jurídico tutelado y como tal, digno de una protección jurídica especial. Tal calificación es, de hecho, la justificación de asignar consecuencias punitivas a la conducta que atenta contra aquella.

En primer lugar, vale decir que no es propio del derecho penal definir el estatus de la persona por nacer, pues ello se encuentra reconocido, entre otras normas de alcance local y nacional, en el artículo 19 del CCyCN y en la normativa convencional de jerarquía constitucional.

En este apartado, nos referiremos brevemente a la falta de justificación científica del hito planteado por el proyecto bajo análisis en la semana 14 y se hará una breve alusión a las razones de orden biológico que fundan la posición de protección irrestricta de la vida humana desde el momento mismo de la unión de los gametos femenino y masculino.

¿Por qué la “semana 14”?

La iniciativa bajo estudio aumenta aún más el límite de edad gestacional previsto en sus antecedentes como momento hasta el cual se pretende liberalizar el aborto. Mientras que hasta 2014 el proyecto planteaba el aborto libre hasta la semana 12, desde la versión 2016 del proyecto se propone que sea hasta la semana 14 del proceso gestacional que cualquier mujer pueda acceder a la práctica abortiva sin expresión de causa.

Analizado el proyecto en cuestión vemos que no ofrece ninguna justificación de dicho plazo. Es más, en los mismos fundamentos, sus autores reconocen que

En su articulo 1 al colocar el plazo de la catorceava semana este proyecto no pretende definir el comienzo de una vida ni justificar moralmente las interrupciones del embarazo. Delimita legalmente un área protectora de los bienes jurídicos en cuestión, dentro de plazos razonables para una gestación que no fue planificada y/o deseada.

Sin embargo, tanto la biología del desarrollo, como la embriología, la fisiología, la anatomía y la biología molecular, celular, la genética y la inmunología, confirman que a partir de la unión del óvulo con el espermatozoide se da inicio a una serie de eventos concatenados que rápidamente y sin interrupción dan lugar a las primeras divisiones celulares y a la formación –pocas horas después- de los ejes de desarrollo embrionario. La fecundación marca el punto en que surge un nuevo organismo vivo.

En la tercera semana (días 14-15) se produce el fenómeno de la “gastrulación” y se configura la “línea o estría primitiva[1] y así, el esqueleto axial del embrión, el eje central del cuerpo, el que está integrado por el cráneo, la columna vertebral, las costillas y el esternón[2][3]. La línea primitiva no representa sino un punto en un proceso ordenado secuencialmente e irreversible que se inicia desde el momento en que se formó el cigoto (embrión unicelular). Inmediatamente después se conforma la “lámina neural”, a partir de la cual se forma el tubo neural, el encéfalo y la médula espinal[4] y así, se constata la formación (morfogénesis) del sistema nervioso central[5].

En la semana 5, por ejemplo, comienzan a formarse los pies y las manos. En la semana 8 aparecen los primeros huesos largos (osificación). En la semana 12 ya se encuentra formada la pared definitiva del cuerpo.

En la semana 14 (cursado más de un tercio del proceso máximo de gestación posible) el feto se encuentra formado, mide 12 centímetros aproximadamente, tiene todos los órganos formados, los pliegues de la mano, los riñones se encuentran funcionales, la placenta se encuentra organizada y con tecnología diagnóstica por imagen incluida en el PMO pueden constatarse los primeros gestos en su rostro.

Es decir, no se advierte referencia alguna a un salto sustancial acaecido en la semana 14, vale decir, a tres meses y medio de la concepción de la persona por nacer. Entonces, si no es de orden biológico, ¿cuál es la fundamentación del proyecto?

¿Una fundamentación eugenésica?

A medida que avanza la tecnología diagnóstica se afianza una tendencia favorable a las técnicas de diagnóstico prenatal, sobre la que nos hemos referido anteriormente.

Se afirma que “el primer trimestre del embarazo nos ofrece el mejor momento para someter a la población embarazada general a pruebas de tamizaje para aneuploidías, síndrome hipertensivo del embarazo y restricción de crecimiento intrauterino. La mezcla ente anamnesis obstétrica, ultrasonido entre 11-13+6 semanas (medición de la translucencia nucal, presencia del hueso nasal y ángulo facial y medición Doppler de ductus venoso, regurgitación tricuspídea e índices de pulsatilidad en las arterias uterinas más otros marcadores) y su combinación con la medición de marcadores bioquímicos plasmáticos maternos (PAPP-A, hCG-B libre, y otros)”[6].

Las biopsias de corion (análisis de vellosidades coriónicas), por ejemplo, que consiste en la obtención de muestras de la placenta para su análisis, son estudios con alto nivel de precisión que comienzan a realizarse en la semana 11-12 y hasta la 13, y los resultados pueden obtenerse en un plazo de 48 horas a 1 semana, por lo que para la semana 14 debería contarse con aquellos. Similar es el escenario de los estudios de ADN fetal en sangre materna, los que comienzan a realizarse en la semana 10 y cuyos resultados demoran 10 días hábiles, por lo que hasta la semana 14 habría tiempo suficiente para realizar una biopsia y confirmar el diagnóstico.

Las malformaciones congénitas y/o enfermedades genéticas más habituales (cardiovasculares, renales, digestivas, neurológicas, óseas, respiratorias, por ejemplo) pueden ser diagnosticadas antes de la semana 7 de gestación y los defectos del tubo neural (espina bífida, por ejemplo) hasta la semana 14[7].

En base a lo expuesto, la alusión a la semana 14 pareciera estar asociada a la posibilidad de contar con resultados de exámenes diagnósticos prenatales, lo que no hace más que resaltar una motivación no explicitada en el proyecto de ley comentado: la posibilidad de dar fin a un embarazo con fundamento en la presencia de alguna patología congénita. Con más claridad, la posibilidad de abortar a personas enfermas o con discapacidad, a la que nos hemos referido ampliamente con anterioridad.

La finalidad eugenésica señalada no luce extraña en el contexto del proyecto de ley comentado, el que prevé como una de las tres causales de no punibilidad luego de la semana 14 –vale decir, en cualquier momento durante el embarazo– la presencia de malformaciones fetales graves.

“(…) Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo primero, y más allá del plazo establecido, toda mujer tiene derecho a interrumpir su embarazo en los siguientes casos: (…) 3. Si existieren malformaciones fetales graves”.

Ya hemos destacado otras experiencias comparadas que dan cuenta de una injusta y grave finalidad de eliminación de personas con determinadas patologías, como el caso de Islandia, en el que se aduce eufemísticamente a la “desaparición del síndrome de Down”. Lo desaparecido, en rigor de verdad, son las personas con síndrome de Down.

Considerando la “oportunidad diagnóstica” hasta la semana 14, la apertura eugenésica de la norma preocupa por su evidente carácter discriminatorio. Téngase presente que la medición de la translucencia nucal determinada ecográficamente es en la actualidad un estudio de rigor para la detección del síndrome de Down y se realiza entre las semanas 11 y 14 de gestación.

En el presente apartado atendimos a la arbitraria referencia a la semana 14, pero la crítica vale de igual modo para toda posición que pretenda reducir la tutela de los derechos de la persona por nacer con fundamento en el mero transcurso del tiempo.  En base a las consideraciones expuestas, no se advierte justificación biológica para la asignar consecuencias diversas a la terminación de embarazos en la semana 14.

[1] Asim Kurjak, Frank A. Chervenak, Ecografia En Obstetricia Y Ginecologia. Ed. Médica Panamericana, p. 146. Disponible en línea en: https://books.google.com.ar/books?id=ukephvVeHYgC&pg=PA146&dq=estr%C3%ADa+primitiva&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwjT4NPEtdDZAhXuYN8KHaOWB80Q6AEIKzAB#v=onepage&q=estr%C3%ADa%20primitiva&f=false [Último acceso el 03/03/18].

[2] Ver: https://bibliotecas.unr.edu.ar/muestra/medica_panamericana/9788498354973.pdf

[3] Enrique Pedernera Astegiano, Carmen Méndez. Embriología en la clínica. Ed. Médica Panamericana. P. 249. Disponible en línea en: https://books.google.com.ar/books?id=C8QbIVaZiFcC&pg=PA249&dq=estr%C3%ADa+primitiva&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwjT4NPEtdDZAhXuYN8KHaOWB80Q6AEIPjAE#v=onepage&q=estr%C3%ADa%20primitiva&f=false. [Último acceso el 03/03/18].

[4] Nigel Palastanga, Derek Field, Roger Soames. Anatomía y movimiento humano. estructura y funcionamiento. P. 32. Disponible en línea en https://books.google.com.ar/books?id=a5iSQyjVBPkC&pg=PA32&dq=estr%C3%ADa+primitiva&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwjT4NPEtdDZAhXuYN8KHaOWB80Q6AEIMTAC#v=onepage&q=estr%C3%ADa%20primitiva&f=false- [Último acceso el 03/03/18].

[5] Bayona Rodríguez, Francy, Desarrollo embrionario del sistema nervioso central y órganos de los sentidos: revisión. Universitas Odontológica [en linea] 2012, 31 (Enero-Junio) : [Fecha de consulta: 3 de marzo de 2018] Disponible en:<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=231224425013> ISSN 0120-4319.

[6] Víctor Dezerega, Waldo Sepúlveda y Carlos Schnapp S., Screening en el primer trimestre de la gestación. Disponible en línea en: https://www.clinicalascondes.com/area-academica/pdf/MED_19_3/03SCREENING.pdf [Último acceso el 03/03/18].

[7] PILOTO MOREJON, Manuel; SANABRIA CHOCONTA, María I.  y  MENENDEZ GARCIA, Reinaldo. Diagnóstico prenatal y atención de las malformaciones congénitas y otras enfermedades genéticas. Rev Cubana Obstet Ginecol [online]. 2001, vol.27, n.3 [citado  2018-03-03], pp. 233-240. Disponible en: <https://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0138-600X2001000300011&lng=es&nrm=iso>. ISSN 1561-3062.

¿Qué dice el derecho argentino sobre el inicio de la vida?

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No existe ningún documento internacional ni tratado vinculante para Argentina que expresamente establezca un pretendido derecho al aborto. El ordenamiento jurídico nacional posee una sólida tradición de reconocimiento de la personalidad jurídica del ser humano desde la concepción, ratificada recientemente por el Código Civil y Comercial. La legalización del aborto violenta el derecho a la vida y significa un quiebre en la coherencia del sistema punitivo del Código Penal, de tal modo que la vida humana como bien jurídico queda relegada en su protección ante bienes como la propiedad o la seguridad.

a) Se sostiene la existencia de un “derecho al aborto”, cuyo titular sería la mujer, dado que la Argentina habría ratificado documentos internacionales que la obligarían a despenalizarlo, al menos en determinadas circunstancias (los “abortos no punibles”).

En los fundamentos del proyecto de ley se afirma que

“los expertos del Comité del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) indicaron en la Observación Nº 22 –en relación al art. 12 del Pacto DESC sobre derecho a la salud- dado a conocer el 8 de Marzo de 2016- que “el pleno disfrute del derecho a la salud sexual y reproductiva sigue siendo un objetivo lejano para millones de personas, especialmente para las mujeres y las niñas, en todo el mundo”, señalaron que “…la falta de servicios de atención obstétrica de emergencia o negación del aborto a menudo conducen a la mortalidad y morbilidad materna, que a su vez constituye una violación del derecho a la vida o la seguridad, y en ciertas circunstancias, puede equivaler a tortura o tratos crueles, inhumanos o degradante”.

Las pretensiones de considerar al aborto como parte del derecho a la vida de la mujer se vinculan también con la creación de un supuesto “derecho al aborto” que formaría parte de los derechos sexuales y reproductivos. Sobre todo, se pretende hacer surgir este supuesto derecho al aborto de lo que se denomina “soft law”, en este caso, las interpretaciones que los organismos de las Naciones Unidas y vinculados realizan sobre las convenciones internacionales y que se utilizan políticamente como mecanismos de presión para modificar la legislación nacional, cuando en realidad se trata de recomendaciones que emanan, en casi todos los casos, de organismos que no son representativos.

Ninguno de los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional según el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional y ninguno de los demás Tratados Internacionales suscriptos por la Argentina establecen algún derecho al aborto. Vale recordar que las conferencias de El Cairo de 1994 sobre Población y Desarrollo o de Beijing de 1995 sobre la Mujer no se refieren al aborto como un “derecho reproductivo”.

En el plano jurisprudencial, puede mencionarse que tampoco el Tribunal Europeo de Derechos Humanos consagra un pretendido “derecho al aborto”. En efecto, en el caso de “A, B y C contra Irlanda” (2009), al tratar las restricciones al aborto y evaluar si interfieren con la vida privada de una persona tutelada por el art. 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos la Corte explica que los Estados deben tener un margen de apreciación al decidir cuándo comienza la vida y que el art. 8 no confiere un “derecho” al aborto: “el art. 8 no puede… ser interpretado como confiriendo un derecho al aborto”.

El 29 de mayo de 2013 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, CIDH) dictó una resolución en respuesta a un pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos formulado el 27 de mayo de 2013 en torno a la situación de una madre embarazada que sufría una grave enfermedad y cuya hija por nacer padecía anencefalia. Es el caso conocido como “BC” y estaba involucrado el país El Salvador. Allí la Corte IDH trató un pedido de aborto y resolvió haciendo lugar a una “inducción de parto” tomando en cuenta que no estaba en juego “la destrucción del feto”. Por tanto, tampoco en tal caso la Corte IDH se refirió a un “derecho al aborto” en el sistema interamericano, sino que se preocupó de aclarar que no había “destrucción del feto”.

No existe ningún instrumento internacional que obligue a nuestro país y que consagre tal pretendido “derecho al aborto”, sino más bien al contrario: los instrumentos internacionales han podido ser ratificados por la Argentina, entre otras razones porque no han colisionado con normas de su Derecho interno. En cuanto han podido colisionar, la Argentina, como Estado soberano, ha hecho una reserva o declaración interpretativa aclarando la situación dada, como en el caso de la Convención sobre los Derechos del Niño en cuanto al momento en que se considera comienza la niñez.

En otras palabras, cuando la Argentina ha sido admitida a formar parte del sistema de tratados internacionales sobre derechos humanos, ya condenaba y penalizaba la práctica del aborto, y ello no fue de ninguna manera obstáculo para el ingreso de la Argentina en esos Tratados. Por lo tanto, la Argentina no puede ser obligada, en virtud de los mismos, a algo que no se consideró problemático cuando fueron ratificados.

Por eso, podemos decir que la Argentina no está obligada, según sus compromisos internacionales, a despenalizar el aborto, porque la Argentina ha ratificado y ha sido admitida a formar parte de esos instrumentos precisamente porque su legislación no es obstáculo para ello.

Y, si algunos organismos internacionales han “recomendado” a la Argentina la regulación de la práctica de los abortos en determinadas circunstancias, lo han hecho yendo más allá de lo que los Tratados establecen.

b) El ordenamiento jurídico argentino tiene una tradición sólida de reconocimiento de la personalidad jurídica del ser humano desde la concepción. La etapa prenatal de la vida humana está contemplada en el art. 75, inc. 23 de la Constitución Nacional cuando establece que será facultad del Congreso Nacional dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo, “desde el embarazo hasta la finalización de la lactancia”. En los Tratados Internacionales que el art. 75, inc. 22 incorpora a la Constitución tenemos expresos reconocimientos de la personalidad jurídica de todo ser humano desde su concepción. Por ley 23849, al ratificar la Convención de los Derechos del Niño, la República Argentina declara que entiende por niño “todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los dieciocho años de edad”. Entre otras, podemos mencionar las siguientes leyes que se refieren a la persona por nacer: Ley 24.901 (1997), que establece el sistema de prestaciones para las personas con discapacidad desde el momento de la concepción (art. 14); el art. 9º de la Ley 24.714 (1996) de Asignaciones Familiares que regula la asignación prenatal “desde el momento de la concepción hasta el nacimiento del hijo”.

El Código Civil y Comercial de la Nación, aprobado por Ley 26.994 (BO 8-10-2014), dispone en el artículo 19: “Comienzo de la existencia. La existencia de la persona humana comienza con la concepción”. Este artículo fue motivo de grandes debates y la redacción final ratificó la tradición jurídica nacional de protección de la vida humana desde la concepción. Algunos alegan que la persona por nacer no sería plenamente persona pues el artículo 21 dispone: “Artículo 21.- Nacimiento con vida. Los derechos y obligaciones del concebido o implantado en la mujer quedan irrevocablemente adquiridos si nace con vida. Si no nace con vida, se considera que la persona nunca existió. El nacimiento con vida se presume”. Al respecto, estas disposiciones no deben entenderse como negatorias de la personalidad del concebido, pues su origen se vincula con evitar fraudes sucesorios. De allí que los derechos a los que hace referencia la norma sean los derechos de contenido patrimonial. Así, por ejemplo, si a tenor del artículo 665 una madre hubiera percibido alimentos por un hijo por nacer que finalmente nació muerto, el padre no podría alegar que ese hijo “nunca existió” y reclamar la devolución de tales sumas.

Otros artículos del Código Civil y Comercial que ratifican la plena personalidad del concebido con el 24 que se refiere a la capacidad de ejercicio de las personas por nacer; el 101, que reconoce a los padres como representantes de sus hijos por nacer; el art. 574 que permite el reconocimiento de un hijo por nacer; el artículo 592 sobre impugnación preventiva de la filiación presumida por la ley; el artículo 2279, sobre las personas que pueden ser herederas; el artículo 57 que prohíbe toda “práctica destinada a producir una alteración genética del embrión que se transmita a su descendencia”.

c) Aborto y protección penal de la vida: La legalización del aborto significa un quiebre en la coherencia del sistema punitivo del Código Penal, de tal modo que la vida como bien jurídico queda relegada en su protección ante bienes como la propiedad o la seguridad.

Las normas del Código Penal poseen una coherencia que se vincula con la proporcionalidad entre los distintos bienes jurídicos y las sanciones que se aplican a los que cometen. Existe un orden valorativo en el Código Penal que responde a la importancia que, desde la política criminal, se reconoce a cada uno de los bienes jurídicos.

Así, la vida humana ocupa el lugar más importante en esa política criminal, como lo demuestra el hecho de ser el primer bien jurídico protegido en la Parte Especial del Código Penal.

En este sentido, la legalización del aborto introduce un profundo quiebre en esta lógica. El mensaje de política criminal que se envía es el siguiente: la vida humana por nacer no tiene valor jurídicamente protegido. La vida humana se convierte en un bien disponible en función de decisiones y necesidades de los adultos.

Además, nos encontraríamos ante el paradójico hecho de que delitos que afectan a bienes jurídicos menos importantes que la vida reciben una protección penal mayor. Así, el robo de ganado (abigeato) tiene penas que van de 2 a 6 años (art. 167 ter) o bien de 4 a 10 años (167 quater). En otra figura penal, una “mujer que finja preñez o parto para dar a su supuesto hijo derechos que no le correspondan” recibiría una pena de prisión de 2 a 6 años (art. 139.1). Y la pena se agrava luego a 3 a 10 años si hay intermediación o abuso de autoridad para cometer ese delito. Por su parte, en el art. 255 se sanciona al que adultere objetos destinados a servir como prueba ante una autoridad competente con prisión de un mes a cuatro años.

Las decisiones del legislador tienen una proyección social que se traduce en un mensaje de valoración de ciertos bienes jurídicos. La legalización del aborto significa el más radical menosprecio al valor jurídico de la vida humana y una simbólica y dramática alteración de escalas sociales que son de enorme significación para la vida de las personas y la sociedad.

¿Por qué el aborto libre lleva la eliminación sistemática de personas con discapacidad?

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El aborto libre, en alianza con estudios genéticos cada vez más precisos, tempranos, seguros y accesibles, genera las condiciones jurídicas para la sistemática eliminación prenatal de personas con discapacidad. La experiencia internacional demuestra que en los países con aborto libre se descarta alrededor del 90% de los casos detectados de discapacidad, como Síndrome de Down. El aborto por malformaciones fetales es contrario a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Si bien la ley no obliga a abortar a las personas con discapacidad, su eliminación sistemática se produce por la presión sobre el médico, quien se ve obligado a recomendar estudios prenatales o incluso el mismo aborto por temor a sufrir acciones por mala praxis, y por presión hacia los padres, desde un sistema de salud que pretende cobrar mayores primas por la cobertura de discapacidades que pudieron ser eliminadas prenatalmente.

a) El aborto por discapacidad: en el contexto de los países que han despenalizado o legalizado el aborto, la correlación entre diagnóstico prenatal y eliminación del concebido con alguna malformación se presenta como un hecho comúnmente aceptado. Ello es gravemente discriminatorio y ofensivo hacia la dignidad de las personas discapacitadas.

En un artículo que recoge una amplia encuesta realizada en 18 países de Europa entre 2002 y 2004, referida a 1.300.000 nacimientos, se consigna que se detectaron prenatalmente 68% de los casos de Síndrome de Down, de los cuales 88% terminaron eliminados por aborto y 88% de los casos de defectos del tubo neural, de los cuales el 88% fueron abortados[1]. Según explican en un trabajo Melissa Hill y otros[2], la tasa del 90% de abortos luego de diagnóstico prenatal de Síndrome de Down ha sido señalada en Gran Bretaña[3], Australia[4], China[5] y los Países Bajos[6].

En un estudio publicado por investigadores de la Universidad de Connecticut que comparaba las tasas de nacimientos de niños con Síndrome de Down entre los años 1989 y 2001, se constató que el incremento en estudios prenatales guarda correlación con una significativa reducción en el número de nacimientos con Síndrome de Down, especialmente en las mujeres mayores a 35 años[7]. También influye la recomendación que realizan los consejos profesionales en el sentido de ofrecer necesariamente los estudios de tamizaje prenatal a todas las mujeres embarazadas mayores de 35 años[8].

Un estudio de revisión sistemática de información publicada entre 1995 y 2011 sostiene que la tasa de aborto luego del diagnóstico de Síndrome de Down en Estados Unidos se ubica entre el 61% y el 93%, con variaciones según edad materna, raza y edad gestacional[9]. Un estudio anterior, ubicaba esa tasa en 92%[10]. Otro estudio publicado en 2013 sobre tendencias en Europa en materia de aborto y detección de trisomías 21, 18 y 13 señala que la prevalencia de estas trisomías se ha incrementado por el aumento de la edad de embarazo materno, pero por el incremento en el uso del tamizaje prenatal y el aborto posterior, la prevalencia de nacidos vivos se ha mantenido constante[11].

b) Los mecanismos jurídicos que generan la presión para abortar: El proyecto de ley de aborto libre no obliga a las mujeres a abortar a los hijos con discapacidad. Sin embargo, la autorización legal del aborto sin expresión de causa hasta la semana 14, y, luego de ese plazo, por malformaciones fetales graves, genera las condiciones jurídicas que impulsan sutiles pero poderosas formas de presión sobre los médicos y los padres para que procedan a la eliminación sistemática de las personas con discapacidad.

Ello se produce por la difusión los estudios prenatales que en la mayoría de los casos se realizan con la finalidad terapéutica de buscar el bien del niño concebido, auténtico paciente en el seno materno. Sin embargo, en algunos casos, estos estudios permiten determinar las probabilidades de defectos congénitos en el bebé en sus primeras semanas de desarrollo. Estos estudios probabilísticos, combinados con la posibilidad de abortar libremente hasta la semana 12 o 14, generan una nueva problemática: la presión sobre el médico para recomendar el aborto ante el mero riesgo de un error diagnóstico y la consiguiente “pérdida de la chance de abortar”[12].

En efecto, una lógica perversa se genera a partir de la alianza entre aborto y estudios prenatales. La madre y, en algunos casos el padre, se ven presionados por diversos factores para conocer la situación de salud de su hijo y, si el resultado del estudio es adverso, se ven tentados (o presionados) para abortarlo. Por su parte, el médico que no recomienda el estudio genético oportunamente también se ve presionado por la amenaza de un juicio de “mala praxis” conocido como “wrongful birth” (nacimiento equivocado). En este juicio de wrongful birth se le reprocha al médico –de manera injusta-, que al no haber recomendado el estudio genético, o bien al haber errado en el diagnóstico, los padres perdieron la chance de abortar al niño, que ahora ha nacido con malformaciones. El dramático caso “Perruche” en Francia es el ejemplo más lamentable de esta mentalidad contraria a la dignidad y el valor de cada vida.

La presión también lleva al médico a recomendar los estudios meramente probabilísticos, que por cierto no brindan un diagnóstico seguro, y en algunas ocasiones los padres terminan decidiendo un aborto por las meras probabilidades de que nazca un niño con malformaciones. El médico prefiere en tal caso recomendar el estudio prenatal y el aborto y evitar cualquier riesgo de demanda. Los padres se ven presionados a abortar por estas meras probabilidades. Todos terminan optando contra la vida del niño por nacer, sobre la base de meras presunciones que pueden ser erróneas.

Por estas razones, la legalización del aborto constituye un mecanismo radical de discriminación contra los niños por nacer, que no puede ser aceptado por el legislador.

c) El aborto por malformaciones es contrario a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: Muchos países han despenalizado el aborto en caso de malformaciones fetales graves. Se trata de una causal que supone la realización de un diagnóstico prenatal, que permite comprobar la presencia de una discapacidad en la persona por nacer. Con tal resultado, esos países permiten el aborto, en algunos casos incluso hasta el momento mismo del nacimiento.

Esa práctica resulta contraria a la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad (en adelante, CDPD), adoptada por Naciones Unidas en 2006. En efecto, la CDPD establece:

  • “ 3… d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas“.
  • En el artículo 4 inciso 1, “los Estados Partes se comprometen a:… b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad“.
  • El artículo 5 inciso 2 dispone: “Los Estados Partes prohibirán toda discriminación por motivos de discapacidad y garantizarán a todas las personas con discapacidad protección legal igual y efectiva contra la discriminación por cualquier motivo“.
  • El artículo 8 establece un deber de “Toma de conciencia”, y dispone: “ Los Estados Partes se comprometen a adoptar medidas inmediatas, efectivas y pertinentes para: a) Sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome mayor conciencia respecto de las personas con discapacidad y fomentar el respeto de los derechos y la dignidad de estas personas; b) Luchar contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas respecto de las personas con discapacidad, incluidos los que se basan en el género o la edad, en todos los ámbitos de la vida; c) Promover la toma de conciencia respecto de las capacidades y aportaciones de las personas con discapacidad“.
  • Por su parte, el artículo 10 se refiere al “derecho a la vida” y lo significativo de su redacción es que establece como criterio para la protección de la vida la “igualdad”: “Los Estados Partes reafirman el derecho inherente a la vida de todos los seres humanos y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo de ese derecho por las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás“.

A la luz de estas disposiciones, el aborto por anomalías del niño es, además del ejercicio abierto de la discriminación, un quiebre en la protección del derecho a la vida de las personas con discapacidad “en igualdad de condiciones con las demás” (art. 10 CDPD).

Por tal razón, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad señaló a España lo siguiente: “El Comité recomienda al Estado parte que suprima la distinción hecha en la Ley Nº 2/2010 en cuanto al plazo dentro del cual la ley permite que se interrumpa un embarazo por motivos de discapacidad exclusivamente” (Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 19 de octubre de 2011, CRPD/C/ESP/CO/1). Lo mismo recomendó a Hungría (22 de octubre de 2012, CRPD/C/HUN/CO/1) y a Austria (30 de septiembre de 2013, CRPD/C/AUT/CO/1). Como claramente entiende el Comité de la CDPD, no es conforme a la Convención hacer distinciones según se tenga o no capacidad al momento de realizar un aborto.

Si bien la protección de la vida humana debe realizarse en todos los casos, el aborto por malformaciones fetales constituye una forma radical de discriminación que consiste en la eliminación del concebido, quien es clasificado peyorativamente de acuerdo con una diferencia (de la cual no es responsable) para con el resto de los niños por nacer. Cuando aceptamos estas formas de discriminación, la convivencia social queda regida por las reglas de una lucha en la que los poderosos pueden eliminar a los débiles a su voluntad. Estamos llamados a ser inclusivos con toda vida humana, pero en especial con aquella que se presenta como más vulnerable y necesitada.

Aprobar una ley de aborto por malformaciones resulta contradictorio con la propia legislación del Congreso. En efecto, la ley 25.630 (B.O. 23/8/2002) tiene por objeto, “la prevención de las anemias y las malformaciones del tubo neural, tales como la anencefalia y la espina bífida” (artículo 1). A tal fin, se dispone el enriquecimiento de la harina de trigo destinada al consumo que se comercializa en el mercado nacional, la que “será adicionada con hierro, ácido fólico, tiamina, riboflavina y niacina” en las proporciones que se indican en el mismo artículo 3. La norma exceptúa los productos dietéticos (artículo 4) y dispone que se incorporen leyendas con indicación de las proporciones de los nutrientes a que se refiere la ley en los envases de productos elaborados con harina de trigo adicionada (cfr. artículo 5).

[1] BOYD, P, DEVIGAN C, KHOSHNOOD B, LOANE M, GARNE E, DOLK H, and the EUROCAT working group, “Survey of prenatal screening policies in Europe for structural malformations and chromosome anomalies, and their impact on detection and termination rates for neural tube defects and Down’s syndrome”, BJOG, 2008; 115; p. 689-696.

[2] Melissa Hill et al., «Has noninvasive prenatal testing impacted termination of pregnancy and live birth rates of infants with Down syndrome?», Prenatal Diagnosis 37, n.o 13 (2017): 1281-90, doi:10.1002/pd.5182.

[3] Morris JK, Alberman E. Trends in Down’s syndrome live births and antenatal diagnoses in England and Wales from 1989 to 2008: Analysis of data from the National Down Syndrome Cytogenetic Register. BMJ. 2009;339:b3794 (citado por Hill et al.)

[4] Collins VR, Muggli EE, Riley M, Palma S, Halliday JL. Is Down syndrome a disappearing birth defect? J Pediatr. 2008;152:20, 24.e21-24 (citado por Hill et al.).

Maxwell S, Bower C, O’Leary P. Impact of prenatal screening and diagnostic testing on trends in Down syndrome births and terminations in Western Australia 1980 to 2013. Prenat Diagn. 2015;35:1324-1330. (citado por Hill et al.)

[5] Deng C, Yi L, Mu Y, et al. Recent trends in the birth prevalence of Down syndrome in China: Impact of prenatal diagnosis and subsequent terminations. Prenat Diagn. 2015;35:311-318 (citado por Hill et al.).

[6] Verweij EJ, Oepkes D, de Boer MA. Changing attitudes towards termination of pregnancy for trisomy 21 with non-invasive prenatal trisomy testing: A population-based study in Dutch pregnant women. Prenat Diagn. 2013;33:397-399 (citado por Hill et al.).

[7] MORRIS, BRUCE, EGAN, JAMES, FANG, YU MING V., CAMPBELL, WINSTON, “The relationship between utilization of prenatal care and Down syndrome live births”, en The Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine, April 2007, n. 20-4, p. 307-311.

[8] AMERICAN COLLEGE OF OBSTETRICIANS AND GYNECOLOGISTS (ACOG), “Prenatal Diagnosis of fetal chromosomal abnormalities. Clinical Management guidelines for Obstetrician-Gynecologists”, cit., p. 4: “Women with singleton pregnancies who will be age 35 years or older at delivery should be offered prenatal diagnosis”.

[9]   Jaime L. Natoli et al., «Prenatal diagnosis of Down syndrome: A systematic review of termination rates (1995-2011)», Prenatal Diagnosis 32, n.o 2 (2012): 142-53, doi:10.1002/pd.2910.

[10] Mansfield C, Hopfer S, Marteau TM. Termination rates after prenatal diagnosis of Down syndrome, spina bida, anencephaly, and Turner and Klinefelter syndromes: a systematic literature review. European Concerted Action: DADA (Decision-making After the Diagnosis of a fetal Abnormality). Prenat Diagn 1999;19(9):808–12.

[11] Maria Loane et al., «Twenty-year trends in the prevalence of Down syndrome and other trisomies in Europe: Impact of maternal age and prenatal screening», European Journal of Human Genetics 21, n.o 1 (2013): 27-33, doi:10.1038/ejhg.2012.94.

[12] Consultar, por ejemplo, la Sentencia Nº 325 del Tribunal Superior de Justicia de Palma de Mallorca (29 de abril de 2010), en el que se discute la responsabilidad de un médico que no detectó a tiempo la Trisomía 21 y una cardiopatía congénita en un niño por nacer, razón por la cual el niño nació y la madre habría perdido la oportunidad de practicarse un aborto.

¿Por qué el aborto libre quiebra las bases de la convivencia?

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La propuesta de legalizar el aborto como un derecho hasta la semana 14, sin expresión de causa, introduce en la convivencia un dinamismo de exclusión y descarte de seres humanos, que violenta el derecho a la vida. El aborto libre conduce a un incremento de las presiones sobre la mujer que quiere llevar adelante el embarazo. El aborto libre también ha sido utilizado en otros países para discriminar y seleccionar el sexo de los hijos, eliminando sistemáticamente a las mujeres. En definitiva, el aborto libre hasta la semana 14 genera condiciones jurídicas que favorecen una concepción tecnocrática de la sociedad en la que las personas son valoradas por su eficiencia y utilidad.

a) La organización funcional y tecnocrática de la sociedad y las presiones para abortar: En las relaciones humanas encontramos muchas formas de vulnerabilidad y conflictos. Ahora bien, toda relación presupone que hay algunos principios y límites comunes y compartidos fundamentales, sobre los que se asienta la convivencia. El primero y más básico es el del respeto a la vida y el no matar. Ahora bien, cuando una sociedad legaliza al aborto libre hasta la semana 14 introduce un profundo cambio en las bases de la convivencia. Se quiebra un límite: la vida pierde su valor absoluto. Y cuando la vida se convierte en algo disponible, que se puede quitar en ciertas etapas o por ciertas causales, se generan las condiciones jurídicas que colocan a los vulnerables a merced de la decisión de los más poderosos.

Cuando el descarte de vidas se convierte en un derecho, en una posibilidad más dentro del menú de actitudes hacia los demás, las presiones se incrementan sobre personas que reposaban sobre el presupuesto de esa inviolabilidad. Aumentan las presiones sobre la madre embarazada vulnerable en su trabajo o en su familia, pues el infranqueable límite de la inviolabilidad de la vida ya no existe. Así, quienes encontraban en la protección de la vida un límite para no verse forzados a hacer cosas que no querían, ya no cuentan más con esa barrera y deben tener mayor valentía para afrontar las consecuencias de seguir adelante con un embarazo que socialmente (o laboralmente) es desalentado.

El profesor Richard Stith graficaba esta situación así: “Tu opción, tu problema”. El aborto libre amplía el menú de opciones y oportunidades para evitar que una vida no deseada venga al mundo. Y esa ponderación de lo “no deseado” no sólo la hará la madre. Todos ahora podrían incorporar esa opción de “abortar a tiempo” como una salida posible ante situaciones en que la vida no es bienvenida. Y si ello ocurre antes de nacer, ¿por qué no va a ocurrir luego del nacimiento, o en la vejez, o en las enfermedades muy costosas, o en las depresiones profundas, o en la discapacidad?

Un 64 % de las mujeres que practicaron un aborto afirmaron sentirse presionadas a optar por esa resolución según un estudio de Rue, Coleman, Rue y Reardon, publicado en el “Medical Science Monitor” en 2004. El dato estadístico nos refleja que lo que se nos presenta c

El programa “Mis primeros 1000 días” en San Juan

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La Provincia de San Juan ha aprobado en 2017 el Programa Mis primeros 1000 días: https://www.mildias.sanjuan.gob.ar/

Según explican en la página web, “todos los niños son sensibles a la nutrición, estimulación y cuidados de salud, que reciben fundamentalmente en sus primeros 1000 días de vida, comenzando desde el momento de la concepción. Esta ventana crítica representa a su vez una oportunidad y un trascendente desafío para integrar y hacer más efectivas las políticas de salud con el propósito de mejorar el capital humano de nuestra sociedad”.

El Programa tiene como fin “acompañar el crecimiento de todos los niños, promoviendo la expresión de su pleno potencial y por consiguiente el desarrollo de la sociedad en su conjunto”. Es una estrategia de escala provincial que articula un conjunto de intervenciones desde una mirada de intersectorialidad. El objetivo es prevenir los problemas de salud que hoy afectan a las madres y sus hijos, que influyen en su pleno crecimiento y desempeño futuro, priorizando el rol protagónico que debemos asumir como sociedad siendo la base protectora de nuestras embarazadas y niños.

La iniciativa consta de cuatro instancias:

  • Durante el embarazo, que comprende desde su detección hasta el parto
  • Desde el nacimiento hasta los 6 meses de vida con foco en la lactancia materna
  • Se inicia a los 6 meses con la incorporación de las primeras papillas hasta el primer año
  • Hasta los 2 años de edad predomina la alimentación complementaria

Todas estas instancias persiguen abordar el potencial de crecimiento y desarrollo de los niños en su salud integral, combinando la estimulación apropiada y la promoción de hábitos saludables.

Según sus promotores, el programa tiene como beneficios:

  • Promover el crecimiento y desarrollo integral del niño/ niña en sus condiciones físicas, emocionales, cognitivas, sociales y culturales.
  • Generaciones futuras saludables con mayores posibilidades de elecciones de vida.
  • Igualdad de oportunidades considerada como justicia social, que permita las mismas posibilidades de acceder al bienestar social y al pleno ejercicio de sus derechos.
  • Igualdad de oportunidades que permitan una mejor calidad de vida.

Mis primeros 1000 Días en San Juan se realiza por profesionales y técnicos, que otorgarán diversas herramientas para facilitar el cumplimiento de los objetivos.

Destinatarias:

La iniciativa Mis Primeros Mil días en San Juan, en su primera etapa, está dirigida a todas las embarazadas, sin cobertura social y en cualquier etapa de su gestación.

Deben tener al día los controles médicos y nutricionales, además de tener completa la Libreta Sanitaria. Con la orden del médico y la libreta sanitaria se podrá retirar el kit una vez por mes en las Farmacias o lugares de entrega. Los controles médicos y nutricionales se los podrá realizar en su centro de salud más cercano a su domicilio.

Lineamientos de una política pública para la maternidad vulnerable

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La compleja situación de la maternidad vulnerable exige un esfuerzo interdisciplinario acompañado de políticas públicas que apoyen la maternidad en sus diferentes etapas. Por ello, proponemos medidas de acción concretas dirigidas a la atención y acompañamiento a la mujer embarazada que tenga dificultades en su gestación, por razón de edad, violencia, situación económica, social, familiar, laboral o por cualquier otro motivo que puedan derivar en un supuesto de especial vulnerabilidad. La propuesta que formulamos constituye un protocolo de atención para la maternidad vulnerable, que puede ser implementado en las distintas jurisdicciones conforme a su propio sistema de salud y niveles de atención.

En particular, dichas acciones tienen por objeto lograr una reducción de la mortalidad materna e infantil neonatal y postneonatal, a través de:

  1. Prevenir y minimizar factores de riesgos biológicos, psíquicos y socio-económicos que pudieren afectar a la mujer ante una situación de embarazo.
  2. Reducción de la tasa de aborto.
  3. Generar adecuadas condiciones prenatales y post parto en las madres y padres, que favorezcan el desarrollo integral del niño.

A continuación, proponemos algunos lineamientos a tener en cuenta para la elaboración de políticas públicas para la maternidad vulnerable:

1) Sistema integrado de prestaciones: nuestro país, tanto en el nivel nacional, como provincial y municipal, ya implementa muchas políticas públicas de cuidado de la maternidad vulnerable. Podemos pensar, en el campo del derecho de familia, que el niño durante el embarazo ya puede recibir “alimentos” (art. 665 CCC). Un aspecto decisivo es la creación de un sistema integrado de prestaciones, que facilite la difusión y el acceso a medidas como:

  1. a) La asignación familiar prenatal prevista en el artículo 9 de la ley 24.714
  2. b) La asignación Universal por Embarazo prevista en el artículo 14 quater de la ley 24.714.
  3. c) La pensión por fallecimiento en los términos de la ley 24.241 de Jubilaciones y Pensiones.
  4. d) La cobertura en obras sociales y medicinas prepagas en los términos de la ley 23.660 y 24.754.
  5. e) La licencia por fallecimiento de hijo, en los términos del inciso c del artículo 158 de la ley 20.744 y del artículo 24 de la ley 22.248.
  6. f) La licencia por maternidad en los términos del artículo 177 de la ley 20.744 y del artículo 113 de la ley 22.248.
  7. h) Los descansos diarios por lactancia previstos en el artículo 179 de la ley 20.744.
  8. i) Las contingencias en el ámbito laboral que sufriere la madre y su hijo en los términos de la ley 24.557.
  9. j) Las prestaciones por discapacidad previstas en el artículo 14 de la ley 24.901.
  10. k) La asistencia sanitaria prenatal y neonatal.

2) Prioridad de atención de la madre vulnerable: en los distintos niveles de atención, se deben garantizar los derechos de la madre vulnerable, en particular los reconocidos por la ley 25629 y los efectores deben asumir las siguientes obligaciones:

  • promover la atención programada de la madre y el niño, asignando turnos preferentes a mujeres en situación de vulnerabilidad.
  • responder al motivo de consulta con criterio de integralidad y oportunidad para recibir la atención;
  • asegurar a la mujer un ámbito de confiabilidad (confianza en los profesionales, centros de salud y/o institución), confidencialidad (acorde al secreto médico) y privacidad, informando de las excepciones cuando por razones de minoridad, la responsabilidad deba ser compartida con sus padres o representantes.
  • brindar la información completa, veraz y oportuna -en forma verbal y/o escrita- en un lenguaje comprensible para la paciente y su familia y/o acompañante.
  • procurar la participación del hombre como pareja y padre, informándolo sobre las necesidades, cuidados y riesgos del embarazo, el parto y el puerperio, de modo de alentarlo a ayudar a la mujer.
  • proporcionar información integral a la mujer sobre los recursos y prestaciones sociales que hacen a su derecho, como así también sobre todos los canales de atención públicos y privados a los que puede acceder para llevar a buen término su embarazo.
  • obtener el consentimiento de la mujer para poder aportar datos de carácter personal a otros organismos, con el exclusivo objetivo de poder abordar su problemática y poder atender sus necesidades concretas en forma integral.
  • seguir los casos atendidos y derivarlos oportunamente a los canales de ayudas existentes que sean necesarias.
  • procurar un abordaje que tome en cuenta el contexto de vida: escuela, trabajo, tiempo libre, inserción social, y comunitaria.
  • asegurar el seguimiento y apoyo integral a la madre y al niño durante el puerperio.
  • brindar un plan de alimentación y nutrición adecuado.

3) Especial atención a la embarazada adolescente: educación para la maternidad, apoyo psicológico, a través de la asistencia y acompañamiento por parte del centro educativo al que concurra la mujer embarazada.

4) Detección temprana y orientación: la prevención de la mortalidad materna comienza por el contacto de la madre vulnerable con el sistema de salud en la etapa más temprana posible de su embarazo. Ese contacto permite poner en marcha los mecanismos de acción para atender a las causas de fondo que generan la vulnerabilidad y que pueden ser personales, familiares, económicas, sociales, culturales, políticas o de otra índole.

El primer contacto de la mujer con el servicio de salud o con otros servicios sociales, resulta de fundamental importancia para detectar posibles factores de riesgo que coloquen a la paciente en situación de vulnerabilidad.

A esos efectos, el profesional debe dedicar el tiempo necesario para escuchar a la paciente e involucrarse activamente, manteniendo una posición respetuosa y flexible, que le permita identificar la presencia de circunstancias biológicas, psicológicas o sociales en la mujer o en su entorno, que señalen una probable condición de vulnerabilidad. Todos los trabajadores de los servicios de salud deben ser conscientes de que el apoyo y la consejería adecuada es también una habilidad que salva vidas.

Respetando las preferencias de la mujer, se procurará identificar una persona de su confianza para que sea referente complementario en el proceso de acompañamiento en la situación de vulnerabilidad.

5) Diagnóstico, Orientación y Derivación: Luego del examen físico completo a cargo del médico, en caso que el contacto se halla generado en el ámbito de la salud, el profesional deberá efectuar un cuidadoso diagnóstico de situación, a fin de poder orientar a la mujer con toda la información disponible. En caso de estimarse necesario, deberá ponerse particular cuidado en tomar las medidas convenientes para evitar que ponga en riesgo su vida e integridad física.

En caso de tratarse niñas o adolescentes, se deberá asegurar la asistencia y acompañamiento de la paciente, preservando la confidencialidad y el interés superior de la joven.

En todos los casos se deberá contar con el consentimiento previo e informado, conforme a la ley 26.529 de derechos del paciente.

En primera instancia, se procurará su abordaje inmediato e integral a través del equipo interdisciplinario del centro de salud (clínico, ginecólogo, obstetra), por psicólogos y trabajadores sociales, asignando turnos preferentes, e incluso mediante un acompañamiento personal, si las circunstancias y urgencia del caso así lo requirieran. Sin perjuicio de lo expuesto, se deberá remitir un informe detallado del caso a la C.P.I.N.F. para su debido seguimiento.

Ahora bien, si el nivel de complejidad o la naturaleza del factor de riesgo detectado, determinaran la necesidad de la derivación del caso a otros especialistas o centros de atención, o aconsejasen acudir a la asistencia de actores ajenos al sistema de salud provincial, se deberá dar inmediata intervención a la Coordinación, brindando un informe pormenorizado del caso.

Frente a casos en que se sospeche de la existencia de violación o amenaza a la integridad física de la mujer y se entienda que ésta no se cuenta con un entorno adecuado para su contención, o cuando se detecten supuestos de violencia intrafamiliar, habrá que dar intervención al órgano competente, debiendo adoptarse todas las medidas de urgencia para proteger a la mujer y al niño por nacer.

6) Seguimiento y citación para control: Las pacientes en situación de vulnerabilidad deberán ser registradas de manera tal que, de no concurrir nuevamente al control, sean citadas por el médico de cabecera. En segunda instancia, se implementará la citación a través de la Coordinación

7) Inversión en infraestructura e insumos: un aspecto esencial de las políticas públicas para la maternidad vulnerable es la inversión en infraestructura e insumos. En tal sentido, debe avanzarse en un plan estratégico que contemple:

  • Garantizar maternidades seguras con consultorio apto para la atención de casos de alto riesgo.
  • El cumplimiento y monitoreo de las Condiciones Obstétricas y Neonatales Esenciales en todas las maternidad.
  • Adecuada cobertura y calidad de las prestaciones materno-infantiles, de la mujer y la adolescente, a través del Servicio de Obstetricia y de la capacitación en contenidos específicos para su atención y posterior seguimiento de los casos alcanzados.
  • Debida cobertura y calidad de las prestaciones orientadas al recién nacido, mediante el Servicio de Neonatología y de su seguimiento a través de los Consultorios de Alto Riesgo.
  • Fortalecimiento de las Áreas de Apoyo (Farmacia, Laboratorio, etc.) y su articulación con los Servicios de Obstetricia, Neonatología, Ginecología, guardias y otros efectores de la red.
  • Adecuado funcionamiento de los servicios de emergencia, de los consultorios externos y del área ambulatoria en conjunto.
  • Habilitación de Centros de lactancia materna.
  • Generación de vínculos adecuados con los responsables de las áreas competentes de los Ministerios de Desarrollo Social y de Educación, de la Secretaría de la Niñez y Adolescencia, de la Dirección de Atención a Grupos de Situación de Vulnerabilidad dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos, y demás organismos públicos y privados, que permitan planificar en forma sinérgica estrategias de acción conjunta.

8) Capacitación e intervención interdisciplinaria: las acciones para la atención de la maternidad vulnerable no deben reducirse a lo puramente sanitario. Es necesaria la intervención de equipos interdisciplinarios, especialmente capacitados y dotados de recursos suficientes, para que el abordaje sea integral.

9) Coordinación y articulación de la red de prestadores: la coordinación de estas políticas públicas debe tener la responsabilidad primaria de conformar y articular una red de atención integral e interdisciplinaria, integrada por profesionales médicos en las especialidades de ginecología y obstetricia, neonatología y psiquiatría; por psicólogos y trabajadores sociales, aun cuando no compartan el mismo espacio físico, garantizando en dicho caso la oportuna derivación a especialistas, centros de mayor complejidad u otros prestadores ajenos a los servicios de salud.

La coordinación supone el desafío del trabajo en red entre los distintos niveles (nacional, provincial y municipal) y entre los distintos actos del sistema de salud (público, obras sociales y medicina prepaga).

La coordinación también debe asegurar el monitoreo y evaluación de los servicios de la red, debiendo implementar los ajustes necesarios para su mejora continua.

Asimismo, deberá propiciar el trabajo intersectorial de los diferentes centros de asistencia de salud con los sistemas de Desarrollo Social, Derechos Humanos y de Educación tanto de la Nación como de la Provincia, ONGs, etc., promoviendo el funcionamiento en red de los distintos actores de la comunidad, teniendo como eje las necesidades concretas de niños, embarazadas, mujeres y adolescentes.

La Coordinación deberá también organizar sistemas de seguimiento para los casos de riesgo que aseguren la citación de los pacientes.

Estará a cargo de las Coordinación ofrecer capacitación específica y continua al equipo de trabajo y demás efectores de la red a su cargo, en especial en materia de atención y consejería a mujeres en situación de vulnerabilidad. Asimismo, deberán elaborar de campañas de difusión y tareas de promoción de las actividades del servicio en la comunidad.

10) Elaboración de información confiable: La Coordinación deberá diseñar los instrumentos e indicadores en este orden, los cuales, entre otros, deberán incluir datos relativos a:

  • La cantidad de mujeres atendidas y acompañadas en su proceso de embarazo y maternidad.
  • La edad y demás condiciones de las mujeres asistidas.
  • La evolución del estado de salud de las mujeres atendidas.
  • La tasa de mortalidad materno-infantil entre las personas incluidas en este Protocolo.
  • La tasa de mujeres asistidas que llevó a término su embarazo.
  • Los principales factores de riesgo que atentan contra el bienestar de la mujer embarazada.
  • El estado de satisfacción de las mujeres con la asistencia recibida.

 

¿Cómo se pueden evitar muertes maternas?

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La respuesta al problema de la mortalidad materna consiste en mejorar el tratamiento de complicaciones obstétricas, los cuidados y controles prenatales y un acompañamiento sanitario, social, económico y psicológico de la mujer y su hijo por nacer, a fin de garantizarle a ambos el máximo nivel de salud. Por ello, antes que la legalización del aborto, hay que explorar otros caminos que buscan atender a los problemas de salud materna más graves.

Así, podemos mencionar un estudio publicado en el boletín de la Organización Mundial de la Salud que estudió 97095 mujeres en América Latina y se focalizó en 2964 casos (34 por 1000) que presentaron un mayor riesgo de morir asociado a alguno de los siguientes factores: “ingreso en la unidad de cuidados intensivos, histerectomía, transfusión de sangre, complicación cardiaca o renal, y eclampsia. Tener más de 35 años, carecer de pareja, ser primípara o acumular un mínimo de tres partos anteriores y haber sido sometida a cesárea en el embarazo precedente fueron factores asociados independientemente a morbilidad materna grave. Se observó que estaban relacionados también positivamente con lo siguiente: un peso bajo o muy bajo al nacer, mortinatalidad, mortalidad neonatal precoz, ingreso en la UCI neonatal, estancia prolongada de la madre en el hospital tras el parto, y cesárea”. A estos casos, se los llama “cuasi eventos maternos” (maternal near miss), pues estuvieron cerca de sufrir la muerte por complicaciones del embarazo o el parto. En la conclusión del estudio se señala que “las intervenciones encaminadas a reducir la mortalidad materna y perinatal deberían focalizarse en las mujeres de esas categorías de riesgo”[1].

El Dr. Koch señaló que si Argentina quiere alcanzar la meta del Milenio en lo que concierne a mortalidad materna, debe incrementar la cobertura de atención prenatal, la atención obstétrica de urgencia y la atención profesional del parto; esta última logró 83,7% de cobertura de los nacidos vivos el año 2009, dejando aún un porcentaje importante de pacientes con alto riesgo obstétrico sin acceso a la atención especializada en hospitales, que contrasta con la cobertura de 99,9% observada actualmente en Chile.

En un artículo publicado en New England Journal of Medicine (NEWJ 364;21, p. 1990-1993) por Anne Paxton (Columbia University) y Tessa Wardlaw (UNICEF) sobre los avances en mortalidad materna en el mundo y sus causas bajo el título “¿Estamos haciendo progresos en mortalidad materna?” (Are we making progress in maternal mortality?), se afirma: “Globalmente, la principal causa de muerte (responsable del 35% de todas las muertes maternas según la Organización Mundial de la Salud) es la hemorragia, que ocurre usualmente luego del parto. Pero la hemorragia no ocurre sólo en países con alta mortalidad materna: en 2000, fue la segunda más frecuente complicación vinculada con el embarazo entre las mujeres de Estados Unidos”. La segunda causa de mortalidad materna son los desórdenes por hipertensión. Allí se concluye que “un factor común clave en las tendencias de mortalidad materna, tanto globalmente como en los Estados Unidos, es el acceso a buenos cuidados obstétricos”.

En Argentina, el 99,7% de los partos se producen en un establecimiento de salud y son atendidos por un médico o una partera, según los datos de las Estadísticas vitales 2015 del Ministerio de Salud[2]https://mail.google.com/mail/u/0/ – m_-7221303893848141805__ftn2. Sin embargo, el 10% de los partos que se atienden en el Sistema Público de Salud llegan sin ningún control prenatal previo y el 17% se ha hecho entre 1 y 4 controles, siendo que el número recomendado es 5[3]. Este punto es decisivo para prevenir la mortalidad materna, pues tales controles permiten detectar los embarazos de riesgo. En la Resolución 1087/2010 del Ministerio de Salud se reconoce como una debilidad que incide en la mortalidad materna: “Desarticulación de los Programas Materno Infantiles provinciales: se generan mecanismos paralelos, se superponen acciones y se desaprovechan los mecanismos regulares del sistema de salud. Esto debilita la óptima llegada de los programas a los diferentes niveles de atención. Los sistemas de información provinciales presentan dificultades (en la carga, circulación, evaluación y análisis) que obstaculizan la correcta utilización de los datos”[4].

La importancia de los controles de embarazo tempranos está explicada por la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia: “La primera visita debe efectuarse tempranamente, en lo posible durante el primer trimestre de la gestación. Esto permite la ejecución oportuna de las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud que constituyen la razón fundamental del control. Además, torna factible la identificación temprana de los embarazos de alto riesgo, aumentando por lo tanto la posibilidad de planificar eficazmente el manejo de cada caso en cuanto a las características de la atención obstétrica que debe recibir”[5].

Por supuesto, también en este punto incide la grave desigualdad que sufre nuestro país: “La mayoría de las mujeres que mueren por causas maternas son las que se encuentran en una mayor citación de vulnerabilidad socio-económica. La mortalidad materna es consecuencia del desequilibrio en la distribución de los riesgos de enfermar y morir relacionados con la capacidad reproductiva de las mujeres”[6].

Si una mujer cursa un embarazo de riesgo y no concurre a ningún control, al momento del parto puede suceder que concurra a una maternidad “no segura” y por tanto no provista de las condiciones obstétricas esenciales que hemos explicado. Allí, ante las complicaciones del parto, el riesgo de muerte crece notablemente. Imaginemos que la maternidad no tiene sangre para darle a la madre que sufre una hemorragia. Una vez ocurrido el parto, su traslado de urgencia se complica además porque está el recién nacido y son dos pacientes los que deben ir en la ambulancia (que por otra parte puede no estar disponible). Justamente, el problema se ubica en los lugares más pobres, donde las maternidades no cuentan con las CONE. “Cuando se analizan las instituciones que cumplen con todas las Condiciones Obstétricas y Neonatales Esenciales (CONE) según el número de partos al año, sólo el 7,6% de las maternidades de menos de 100 partos/ año cumplen las mencionadas condiciones; el 40,2% de las Maternidades de 100 a 1.000 partos/año; el 95,5% de las de 1.000 a 2.000 partos/año y por encima de 2.000 partos/ año cumplen todas las condiciones” (Res. 1087/2010).

Esta falta de controles prenatales también incide en la morbi-mortalidad infantil, pues un embarazo de riesgo puede estar vinculado con las condiciones del bebé, y si al momento del parto no se cuenta con instalaciones neonatales de cuidados intensivos y otros servicios, los riesgos son mayores para el recién nacido.

Así, al mejorar los controles prenatales oportunos, la detección de un embarazo de riesgo permite poner en funcionamiento todos los servicios y prestaciones con los que cuenta el sistema para la atención de la madre y el niño. En este sentido, Argentina cuenta con una gran capacidad neonatal instalada, al punto que en la Res. 1087/2010 se afirma: “en la Argentina hay una cantidad excesiva de unidades de terapias intensivas neonatales, situación que provoca resultados ineficientes”. Argentina cuenta con 300 unidades de terapia intensiva neonatales, mientras que en el Reino Unido hay 155 (datos de 2010, Resolución 1087/2010). De allí que sea decisivo el tema del control prenatal: “Las acciones de referencia y derivación antenatal de embarazadas de alto riesgo, a las maternidades en las que se puede atender la complejidad de las gestantes y el neonato, también impactan en la disminución de la morbilidad y mortalidad neonatal y materna. Estas acciones se aplican no sólo a la derivación oportuna antes del parto sino también en el logro de la detención farmacológica del trabajo de parto prematuro para permitir maduración fetal en un porcentaje aceptable de casos (15%), lo que tiene efectos favorables sobre la morbilidad y la mortalidad neonatal” (Res. 1087/2010).

En síntesis, se advierte que existen medidas bien concretas que pueden ayudar a alcanzar las metas propuestas de mortalidad materna e infantil, desde una perspectiva sanitaria inclusiva y que sea haga responsable del drama de la maternidad vulnerable.

[1] Souza, João Paulo et al, “Maternal near miss and maternal death in the World Health Organization’s 2005 global survey on maternal and perinatal health”, Bull World Health Organ 2010;88:113–119 | doi:10.2471/BLT.08.057828.

[2] DEIS, Estadísticas Vitales 2015, Serie 5, Nro. 59, Cuadro 20, p. 63.

[3] Sub-Secretaría de Salud Comunitaria, Ministerio de Salud de la Nación, “Maternidad e infancia: Salud Comunitaria”, presentación disponible en https://www.msal.gob.ar/images/stories/cofesa/2008/acta-03-08/anexo-10-03-08.pdf

[4]Ministerio de Salud, Resolución 1087/2010, “Plan Operativo para la Reducción de la Mortalidad Materno Infantil, de la Mujer y de los Adolescentes”, 22/6/2010.

[5] Dirección Nacional de Maternidad e Infancia, “Recomendaciones para la Práctica del Control preconcepcional, prenatal y puerperal”, edición 2013, p. 28, disponible en https://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000158cnt-g02.control-prenatal.pdf

[6] Ministerio de Salud, Resolución 1087/2010, “Plan Operativo para la Reducción de la Mortalidad Materno Infantil, de la Mujer y de los Adolescentes”, 22/6/2010.

 

¿Qué dispone el derecho argentino sobre políticas públicas de seguridad social materno-infantil?

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Avanzar en estas políticas de promoción de la madre y su hijo por nacer para responder al problema de la mortalidad materna es un mandato constitucional del artículo 75 inciso 23, que establece como atribución del Congreso: “Artículo 75 inc. 23: Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad. Dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia”.

En los Tratados Internacionales encontramos diversas disposiciones que se refieren a la Seguridad Social Materno Infantil y que son concordantes con este mandato constitucional. La Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 22 reconoce el “derecho a la seguridad social” y en el artículo 25 inciso 2 de dicha Declaración se trata específicamente la promoción de la madre y el niño: “Artículo 25. 2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social”. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 12 establece que “entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños”. Significativa importancia tiene la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la mujer que dedica varios artículos a la promoción de la seguridad social de la mujer embarazada y su hijo:

“Artículo 11: 2. A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los Estados Partes tomarán medidas adecuadas para:

  1. Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de embarazo o licencia de maternidad y la discriminación en los despidos sobre la base de estado civil;
  2. Implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con prestaciones sociales comparables sin pérdida del empleo previo, la antigüedad o beneficios sociales;
  3. Alentar el suministro de los servicios sociales de apoyo necesarios para permitir que los padres combinen las obligaciones para con la familia con las responsabilidades del trabajo y la participación en la vida pública, especialmente mediante el fomento de la creación y desarrollo de una red de servicios destinados al cuidado de los niños;
  4. Prestar protección especial a la mujer durante el embarazo en los tipos de trabajos que se haya probado puedan resultar perjudiciales para ella”.

A su turno, el artículo 12 inc. 2 dispone que “sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los Estados Partes garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia”.

Finalmente, el artículo 13 establece que “los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en otras esferas de la vida económica y social a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los mismos derechos, en particular: 1. El derecho a prestaciones familiares…”.

Igualmente, el artículo 26 de la Convención sobre los Derechos del Niño se refiere al derecho a la seguridad social.

Por su parte, el “Código Iberoamericano de la Seguridad Social”, aprobado por la V Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno (Bariloche, Argentina, 1995), nos brinda un elenco de las prestaciones fundamentales que configuran el sistema de seguridad social, entre las que incluye la asistencia sanitaria “prenatal” (conforme artículo 40.b.I).

Esta enumeración permite advertir que el mandato constitucional del artículo 75 inc. 23 encuentra una precisa confirmación en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que cuentan con jerarquía constitucional.

¿Qué son las condiciones obstétricas y neonatales esenciales?

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En Argentina, sólo el 38% de las Maternidades cumplen con todas las Condiciones Obstétricas y Neonatales Esenciales (CONE) según informó el Dr. Miguel Ángel Schiavone en una conferencia sobre el tema[1]. Las CONE constituyen recursos humanos, físicos y económicos que indispensablemente deben estar presentes en todos  los centros de Obstétricos para garantizar la mayor seguridad en la atención materno-infantil al momento del parto. Las CONE incluyen las siguientes condiciones: quirúrgica y procedimientos obstétricos; Anestésica; Transfusión de sangre segura; Tratamientos médicos; Asistencia neonatal inmediata; Evaluación del riesgo materno y neonatal; Transporte oportuno al nivel de referencia. Schiavone también se refirió a la vinculación entre mortalidad materna y aborto: “Muchas muertes podrían evitarse, mas aun seguramente muchos abortos no se realizarían, si las embarazadas tomaran contacto con el sistema de salud en tiempo y forma, acorde a normas y realizando los controles pertinentes, siendo responsabilidad del Estado su resolución”.

Por lo tanto, si se busca la disminución de la mortalidad materna, no es a través de la legalización del aborto que se logrará: se requiere buscar otros factores que incidan realmente en la ratio. En otras palabras, no es la legalización del aborto la solución (y hemos visto que tampoco constituye un predictor eficiente de la baja en la tasa de mortalidad materna), sino un acompañamiento sanitario, social, económico y psicológico de la mujer y su hijo por nacer, a fin de garantizarle a ambos el máximo nivel de salud. El cumplimiento de las CONE es una forma bien concreta de bajar tanto la mortalidad materna como la neonatal. Por otra parte, la despenalización del aborto no necesariamente incide en una baja del aborto, sino que por el contrario se extiende esta conducta y persisten los riesgos para la salud materna que se afirma querer prevenir. La solución no es tampoco la ampliación de las causales de excepción de aborto no punible, ya que ello equivaldría a legitimar la ejecución de las personas por nacer que fueran engendradas bajo ciertas circunstancias o con ciertas características de su desarrollo. No hay ningún Tratado Internacional que haga excepciones y que establezca que algunas personas tienen derecho a vivir y otras no lo tienen.

[1] Ver al respecto nuestro artículo “Maternidades inseguras y mortalidad materna”, https://centrodebioetica.org/2011/10/maternidades-inseguras-y-mortalidad-materna/

¿Qué dispone el proyecto de ley de aborto sobre embarazo adolescente?

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El proyecto no propone ninguna medida para prevenir el embarazo adolescente. Se limita a legalizar el aborto libre para las adolescentes desde los 13 años, sin necesidad de intervención de sus padres. Incluso antes de los 13 años la preocupación está centrada en que la niña aborte, pero nada se dice sobre el autor de la violación. A pesar de que se invoca el Código Civil y Comercial en este punto, se realiza una interpretación sesgada del mismo para excluir a los padres, al negar al aborto su carácter de procedimiento invasivo y con riesgo para la salud materna.

El embarazo adolescente continúa siendo un problema de importancia en nuestro país. La adolescencia es una de esas situaciones de vulnerabilidad que requieren una aproximación integral y particularmente delicada, porque se trata de una etapa decisiva en la conformación de la personalidad y en su proyección a futuro. Al respecto, el proyecto de ley no propone ninguna medida de política pública concreta para prevenir el embarazo adolescente, ni para educar a los jóvenes sobre el respeto de sí mismos, el cuidado de su cuerpo, las dimensiones de la sexualidad y el amor, la comunión de vida a la que están llamados.

Las únicas disposiciones del proyecto referidas a los adolescentes se limitan a legalizar el aborto libre desde los 13 años, sin necesidad de intervención de sus padres. Incluso antes de los 13 años la preocupación está centrada en que la niña aborte, incluso con la asistencia de una persona que no son sus padres. El aborto vuelve a representar aquí el fracaso de las políticas públicas de atención y prevención del embarazo adolescente.

El art. 8 del Proyecto contempla los supuestos en los que el aborto debe practicarse sobre personas menores de edad, conforme se trate de: 1.- Menores de 13 años ; 2.- Adolescentes entre 13 y 16 años ; 3.- Adolescentes mayores de 16 años.

En el primer caso, además del consentimiento informado de la menor, el Proyecto requiere la asistencia de al menos uno de sus progenitores o representantes legales[1]. En cambio, cuando se trata de una adolescente de entre 13 y 16 años, se establece que debe presumirse la aptitud y madurez suficiente de la menor para decidir la práctica, y si es una adolescente mayor de aquella edad, directamente debe reconocérsele su plena capacidad.

Por consiguiente, el Proyecto prevé que siempre se requerirá el consentimiento de la menor de edad que quiera abortar sin importar la edad que tenga. Pero mientras que las menores de 13 años requieren la asistencia de alguna de las personas que se indican a los efectos de poder acceder a su realización, las adolescentes de entre 13 y 16 años, en principio, no necesitan contar con la asistencia de nadie más ya que se presume que tienen capacidad para prestar consentimiento válido en la realización de la práctica del aborto. De similar manera, las adolescentes mayores a los 16 años de edad pueden decidir la realización de un aborto, pero, a diferencia del supuesto anterior, aquí el Proyecto directamente estipula que tales personas tienen plena capacidad para abortar, al igual que cualquier mujer mayor de edad.

Según se lee en los fundamentos del Proyecto, lo normado en este artículo 8 encuentra su razón de ser en el artículo 26 del Código Civil y Comercial. Pero, una lectura atenta de esta disposición demuestra a las claras que sus directrices no fueron observadas.

En efecto, el art. 26 CCyC prevé como regla general que “La persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes” (cfr. 1º párrafo). No obstante, el artículo 8 del Proyecto establece que sólo en el caso de que el aborto sea practicado en una menor de hasta 13 años de edad, ella debe ser asistida por al menos uno de sus representantes legales. Además, dicho artículo remite a tres normas (art. 4 del decreto reglamentario del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable; art. 7 del decreto 415/2006 reglamentario de la ley 26061; y art. 59 del CCC). Combinando estas normas obtenemos el siguiente listado de posibles personas que podrían prestar asistencia a la menor en su decisión de abortar: adulto de referencia, adulto responsable; personas vinculadas a los niños, niñas y adolescentes, a través de líneas de parentesco por consanguinidad o por afinidad, miembros de la familia ampliada, miembros de la comunidad que representen para la niña, niño o adolescente vínculos significativos y afectivos en su historia personal como así también en su desarrollo, asistencia y protección; el representante legal, el apoyo, el cónyuge, el conviviente, el pariente o el allegado.

Por consiguiente, no sólo el artículo 8 contraviene el artículo 26 del CCyC cuando establece que será la menor quien en definitiva preste su consentimiento en la realización de la práctica –y no sus representantes legales–, sino que además faculta a personas que no tienen la representación legal de la menor a que la “asistan” en una decisión tan trascendental como es la de abortar. Así las cosas, y de convertirse en ley este Proyecto, se necesitará contar con el consentimiento de los representantes legales de los menores de 13 años de edad para vacunarlos, realizarles estudios médicos, extraerles sangre, colocarles un yeso o realizarles una sutura. Inclusive, se necesitará del consentimiento del representante legal para prescribirle anticonceptivos. Pero si una mujer de la misma edad desea practicarse un aborto, en virtud de este Proyecto, su vecina puede perfectamente “asistirla” en la práctica sin necesidad de que el representante o los representantes consientan la misma.

Pero más grave aún que la circunstancia apuntada en cuanto a la inobservancia del artículo 26 del CCyC es que la primera parte del artículo 8 olvida lo normado por el recientemente reformado artículo 119 del Código Penal, en cuanto establece que “Será reprimido con reclusión o prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años el que abusare sexualmente de una persona cuando ésta fuera menor de trece (13) años”, agravándose la pena de seis a quince años si “hubiere acceso carnal”. ¿No sería conveniente, por lo tanto, conocer si ese embarazo no es producto de un abuso sexual, especialmente en atención a la corta edad de la niña que quiere interrumpir un embarazo?

En lo que respecta a las adolescentes de entre 13 y 16 años, dijimos que el Proyecto presume su capacidad para decidir el aborto. Al respecto, en los fundamentos se explica que el artículo 26 del CCyC utiliza términos claves “tales como invasivos, riesgo grave para la vida o la salud (…)” los cuales “son interdependientes y deben coexistir en forma coetánea, o sea, invasividad y riesgo grave para la salud y/o para la vida”. Por ello, según los legisladores “las prácticas sanitarias que requieren acompañamiento para la decisión en el período entre los 13 y 16 años son aquellas en las que existe evidencia científica que muestra una probabilidad considerable (alta) de riesgo o de que se generen secuelas físicas para el niño, niña adolescente y no solo en aquellas que tales consecuencias pudieran existir”. Por ello, razonan que, no siendo el aborto una de estas prácticas, es correcto presumir la capacidad de ejercicio de las mujeres de entre 13 y 16 años que deseen acceder a un aborto tal como se hace en el Proyecto, sin necesidad de asistencia de su padres.

No coincidimos con la apreciación expuesta por los legisladores dado que:

1) La redacción del artículo 26 del CCyC dista de ser la que dicen los redactores del Proyecto. Los párrafos 4º y 5º del artículo 26 del CCyC disponen que: “Se presume que el adolescente entre trece y dieciséis años tiene aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos, ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física. Si se trata de tratamientos invasivos que comprometen su estado de salud o está en riesgo la integridad o la vida, el adolescente debe prestar su consentimiento con la asistencia de sus progenitores; el conflicto entre ambos se resuelve teniendo en cuenta su interés superior, sobre la base de la opinión médica respecto a las consecuencias de la realización o no del acto médico”.

De lo expuesto se colige que los adolescentes pueden decidir por sí solos cuando se trate de tratamientos no invasivos y que no comprometen su estado de salud o que no provoquen un riesgo grave en su vida o integridad física. En cambio, y con toda lógica, el artículo 26 del CCyC establece que los menores no pueden decidir por sí solos cuando el tratamiento es invasivo y compromete su estado de salud. Pero además agrega que tampoco puede decidir por sí solos cuando “está en riesgo la integridad o vida”. He aquí el quid de la cuestión. En este párrafo 5º, el artículo no se refiere a un “riesgo grave en su vida o integridad física” como sí lo hace en el párrafo anterior, sino que simplemente menciona la palabra “riesgo” sin calificar su intensidad y a “la integridad y la vida” sin atribuírsela a una persona en particular. En consecuencia, bien puede interpretarse que simplemente cuando haya un riesgo, cualquiera fuera, para la integridad o vida de cualquier persona, el menor no puede decidir por sí sólo sino que requiere la asistencia de sus progenitores. Pero, acaso, ¿esto no es lo que sucede cuando se quiere interrumpir un embarazo? Entendemos que la respuesta afirmativa se impone.

2) El aborto es un tratamiento invasivo, especialmente si se realiza a través de una intervención quirúrgica.

3) El aborto tiene altas probabilidades de comprometer el estado de salud de quien se somete a él, principalmente si se toma en cuenta un concepto amplio de salud tal como lo hace el Proyecto.

En línea con lo expuesto, se expresó una de las redactores del Código Civil y Comercial, Aida Kemelmajer de Carlucci, quien, en un artículo publicado en 2015, explicó que la interrupción del embarazo se rige por lo normado en el párrafo 5º y en la última parte del artículo 26 del CCyC, por lo que antes de los 16 años los adolescentes necesitan el asentimiento de uno de sus representantes legales para acceder a la práctica y si por alguna razón fundada el adolescente se niega a que se le informe la situación al progenitor, el Ministerio Púbico Fiscal debe necesariamente intervenir de conformidad con lo normado por el art. 103 del CCyC[2].

Finalmente, y en lo que hace a los adolescentes mayores de 16 años, si bien es cierto que el artículo 26 del CCyC prevé que “A partir de los dieciséis años el adolescente es considerado como un adulto para las decisiones atenientes a su propio cuerpo”, en virtud de lo hasta aquí expuesto, estamos convencidos que el aborto no es una decisión sobre el propio cuerpo sino una que involucra a un “otro”; a un ser humano que se desarrolla y gesta dentro del cuerpo materno. De allí que no pueda excluirse a los padres. Ello sin perjuicio de que es necesario buscar otras políticas para atender a esta vulnerabilidad, en tanto el aborto no es solución.

[1] En ausencia de ellos, se prevé que la asistencia sea otorgada por las personas indicadas en el artículo 4 del decreto reglamentario del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, el art. 7 del Decreto 415/2006 reglamentario de la ley 26.061 y el artículo 59 del Código Civil y Comercial de la Nación

[2] KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída – HERRERA, Marisa – LAMM, Eleonora – FERNÁNDEZ, Silvia E, El principio de autonomía progresiva en el Código Civil y Comercial. Algunas reglas para su

Aplicación, cita online: AP/DOC/939/2015

¿Qué dispone el proyecto de aborto para los casos de riesgos para la vida de la madre?

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Actualmente el artículo 86 del Código Penal dispone que el aborto no es punible: “1º Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios”. Señala el artículo 3 del proyecto de ley que será legal el aborto más allá del plazo de la semana 14, “si estuviera en riesgo la vida o la salud física, psíquica o social de la mujer, considerada en los términos de salud integral como derecho humano”. Así, por la amplitud de la reforma, en los hechos se legaliza el aborto en todo momento del embarazo a sola petición de la madre, en virtud de la combinación entre la posibilidad de invocar la causal “social” o “psíquica” y la eliminación de la condición de que “este peligro no pueda ser evitado por otros medios”. El proyecto promueve el aborto como política pública para situaciones de carácter social, como la pobreza, sin incluir ningún tipo de medida concreta de solución a los problemas de fondo que pueden haber llevado a la persona a considerar el drama del aborto.

Estudios científicos han establecido que el índice de muerte materna vinculado al aborto (también el denominado “aborto seguro”) es 2,95 veces más elevado que el de embarazos que llegan al parto[1]. Asimismo, en las usuarias de la RU-486 parecería ser más probable la aparición de muertes sépticas debido a que el mecanismo de acción de esta droga favorece las infecciones por gérmenes especialmente peligrosos[2]. También se asocia al aborto provocado (curetaje) con un riesgo aumentado de pérdida del hijo[3], de placenta previa y parto prematuro con posible aborto espontáneo en el siguiente embarazo[4].

En el plano de la salud psíquica, se ha observado en mujeres que se han practicado abortos la presencia de una serie de síntomas asociados con el estrés postraumático[5]. Los efectos psicomédicos y psicopatológicos de este trastorno no se han valorado adecuadamente hasta el momento, principalmente porque las mujeres que han abortado no suelen ser propicias a querer hablar de ello. Sin embargo, en la actualidad la sociedad científica ha comenzado a admitir la existencia de secuelas específicas luego de la práctica de abortos voluntarios. Entre algunos síntomas se suelen enumerar los siguientes[6]: síntomas depresivos y de ansiedad relacionados con el aborto realizado; sentimientos de culpa y pérdida de autoestima; pesadillas frecuentes relacionadas con el hecho; evitación y/o rechazo de estímulos o situaciones que recuerden el aborto; empeoramiento de los síntomas en las fechas en que tuvo lugar el aborto o en que el niño debería haber nacido (reacciones de aniversario); alteraciones conductuales relacionadas con emociones provocadas por el aborto.

[1] Investigación realizada en el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo para el Bienestar y la Salud de Finlandia (Am J Ob Gyn. 2004, 190:422-427).

[2] Investigación realizada por el Dr. R. Miech de la Brown Medical School de Rode Island, EEUU (Ann Pharmacother. 2005) y por el equipo del Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, EEUU (N Engl J Med. 2005 Dec 1;353(22):2352-60).

[3] Investigación llevada a cabo por el  Shangai Institute of Planned Parenthood Research, China (Int J Epidemiol. 2003, 32:449-54).

[4] Investigación llevada a cabo en el Fred Hutchinson Cancer Research Center, Division of Public Health Sciences, Seattle, WA, EEUU (Int J Gynaecol Obstet. 2003, 81:191- 8), y en la Universidad de Medicina de New Yersey OR 1,7 (95% IC 1,0-2,9) (Am J Obstet Gynecol. 1997, 177:1071-1078).

[5] Cf. American Psychiaric Association; Manuel de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales; 5 edición

[6] Cf. Gómez Lavín, C. – Zapata García, R.; “Categorización diagnóstica del síndrome postaborto”; Actas Esp Psiquiatr 2005; 33(4): 267-272

¿Qué razones llevan a una mujer vulnerable a considerar un aborto?

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La mortalidad materno-infantil es uno de los problemas sociales y de salud pública más importantes para el Estado. La disminución de los indicadores de mortalidad requiere de un proceso continuo e integral de atención a la mujer en general, pero sobre todo de la mujer en edad reproductiva, durante el embarazo, el parto y posterior acompañamiento en la responsabilidad de cuidar al recién nacido.

Por lo tanto, el embarazo vulnerable motiva que la mujer requiera un acompañamiento especial. Ahora bien, es llamativo que en el proyecto de ley presentado sobre legalización del aborto no se propongan acciones tendientes a resolver integralmente tal problemática, sino que se avoque únicamente a legalizar la práctica del aborto.

En relación a ello, queremos traer a colación trabajos que proponen soluciones positivas para poner término a esta situación de vulnerabilidad[1]. En particular, nos referimos a un estudio conducido por Elard Koch y cuyos primeros resultados fueron expuestos a la comunidad internacional en Naciones Unidas en Nueva York[2], y que muestra que la mayoría de las mujeres embarazadas en situaciones de vulnerabilidad que reciben ayuda efectiva y acompañamiento integral, cambian su decisión de abortar. Esto proporciona nueva evidencia para sostener que tanto los programas de prevención del aborto, como aquellos que apoyan a la mujer embarazada con algún riesgo de abortar, son efectivos cuando se enfocan en resolver la situación de vulnerabilidad que lleva a considerar el aborto. Tratándose de un estudio pionero en Chile, único en su tipo y con una muestra considerable (n = 3.134 mujeres) de embarazos no planificados o no intencionados en mujeres chilenas con riesgo de aborto, resulta pertinente exponer algunos de sus resultados más relevantes.[3]

En dicha cohorte se identificaron dos grandes grupos: uno de alto riesgo, en el que se ubicaron la mujeres que manifestaban explícitamente su decisión de terminar con el embarazo, con un total de 486; por el otro lado, el grupo de riesgo leve a moderado, las que no manifestaban verbalmente su intención de abortar, en este caso 2.648.

Cabe resaltar que en el grupo de mujeres con riesgo alto de aborto, el motivo de consulta del 44,4% fue la coerción para abortar por parte de los padres o la pareja con o sin la presencia de violencia intrafamiliar; en el 22,8% fue por factores asociados a expectativas de vida incluyendo continuar estudios, proyecto de vida, situación socioeconómica y temor a ser madres solteras; en el 20,4% ocultar el embarazo por temor a la reacción de la pareja o de los padres; en el 2,1% por abuso sexual y en el 1,9% por abandono de la pareja.

En el supuesto de mujeres con riesgo leve a moderado, el 36,9% fue por necesidad de apoyo psicológico o emocional; el 20,1% situación de abandono con pérdida de hogar; el 12,9% ocultar embarazo por temor a la reacción de la pareja o de los padres; el 9,4% por posibilidad de dar en adopción; el 7,9% por abandono de la pareja; el 3,7% por coerción o violencia intrafamiliar y el 1,8% por abuso sexual.

En la cohorte de riesgo leve a moderado de aborto, es decir, aquellas mujeres que no declaran explícitamente alguna intención de abortar, y que corresponden al 84,5% de la muestra total, 2.648 mujeres ingresaron al programa de apoyo y recibieron acompañamiento.

Respecto de las que recibieron acompañamiento, 2.275 mujeres (84%) llegaron hasta el término del embarazo con un niño nacido vivo (110 del total de estos niños fueron dados en adopción),118 (4,5%) se presume que terminaron en un aborto de cualquier tipo, sea espontáneo o inducido, 3 (0,1%) terminaron en un nacimiento pre-término con muerte fetal y 252 (9,5%) mujeres abandonaron el programa antes de las semana 20 de gestación, por lo que se desconoció si hubo o no un desenlace de nacido vivo, adopción, aborto, muerte fetal u otra razón.

En la cohorte de alto riesgo (es decir, aquellas mujeres que declararon su intención de abortar, 15,5% de la muestra total), de las 486 embarazadas que ingresaron al programa de apoyo y acompañamiento, 337 mujeres (69,3%) llegaron hasta el término del embarazo (8 niños fueron dados en adopción), 69 (14,2%) se presume que tuvieron un desenlace abortivo de cualquier tipo, una mujer (0,2%) tuvo un embarazo pre-término con muerte fetal y 79 (16,2%) mujeres tuvieron un desenlace desconocido por el grupo de investigación. 

A partir de estos datos (Koch, comunicación personal) ha sido posible diferenciar un grupo de alto riesgo para aborto provocado que representó poco más de un 15% de los embarazos en situación de vulnerabilidad. Las situaciones de vulnerabilidad prevalentes en este grupo de alto riesgo fueron coerción, violencia, ocultamiento del embarazo por temor y expectativas de vida interrumpida. En este grupo, un programa de apoyo que abordó el problema raíz, fue exitoso en alrededor de un 70%. Considerando sólo a las que permanecen en el programa y no lo abandonan por sobre la semana 20 de gestación (n = 407 mujeres), la tasa de éxito en prevenir el aborto es de 83,41%.[4]

En dicho contexto, resulta particularmente necesario abordar la problemática del embarazo de mujeres que, por diversos factores, se encuentran en especial situación de vulnerabilidad y en riesgo de aborto, ya que la reducción de esos indicadores contribuye como lógica consecuencia, a una notable disminución de la morbilidad de esta población.

Al respecto, son diversas las circunstancias a las que puede enfrentarse la mujer en ocasión de un embarazo, tales como la minoridad o adolescencia, la falta de una relación familiar estable, situaciones de violencia de género o intrafamiliar, inestabilidad laboral o carencia de recursos económicos mínimos, sumado a la ausencia de información suficiente.

Conscientes de esta situación, corresponde al Estado ofrecer a las mujeres que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad como las descriptas, las herramientas necesarias para resolver o minimizar las dificultades que pueden encontrar durante el embarazo y durante los primeros años de vida del niño.

En efecto, es el Estado el responsable de velar por el ejercicio pleno de los derechos humanos de sus ciudadanos, y muy especialmente ante situaciones de especial fragilidad, en las que está en juego la dignidad de cada persona y su derecho a la vida.

El acceso a servicios apropiados para la protección de la vida, la dignidad y la salud integral de las personas, es un derecho de todo ciudadano y una obligación del gobierno, reconocida en normas de consenso internacional, entre las que cabe recordar por ejemplo, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del hombre (1948), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1996), de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica, 1969), entre otros, todos los cuales revisten jerarquía constitucional por imperio del artículo 75, inc. 22, de la Constitución de la Nación Argentina.

En efecto, la detección temprana y la atención integral e interdisciplinaria de situaciones de vulnerabilidad en las que se puede encontrar una mujer frente a un embarazo, y un probable riesgo de aborto, constituyen medidas estratégicas que permitirán alcanzar, en convergencia con el esfuerzo y participación de todos los actores sociales, una reducción significativa y rápida de la mortalidad infantil, de los adolescentes, materna y de las mujeres en general, así como una atención más completa de las necesidades que afrontan las mujeres que se encuentran en la situación descripta.

En consecuencia, resulta necesario implementar un plan de acción integral y coordinado entre todos los actores de los diferentes niveles de atención del sistema de salud relacionados con la atención materno-infantil, de los adolescentes y de la mujer.

[1] “Embarazo vulnerable: realidad y propuestas”, elaborado en conjunto por Idea País y Comunidad y Justicia, dirigido por Cristóbal Ruiz-Tagle Coloma, disponible en www.comunidadyjusticia.cl/attachments/article/328/Embarazo vulnerable.pdf

[2] Cfr. KOCH, E., (2013) “Impact Of Reproductive Laws On Maternal Mortality: Recent Scientific Evidence From Natural Experiments On Diferent Populations. lecture at the Life & Family event in the United Nations”. Disponible en la World Wide Web: https://www.alliancedefendingfreedom.org/MDGs

[3] Cfr. “Embarazo vulnerable…”, op. cit.

[4] “Embarazo vulnerable…”, op. cit., p. 6.

¿Qué dicen las estadísticas sobre aborto en Argentina?

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Se afirma que en la Argentina se practican alrededor de 500.000 abortos al año. Esta cifra es desproporcionada e inconsistente con las estadísticas vitales de nuestro país y con lo que sucede en países con aborto legal de similares características demográficas.

Para los promotores del proyecto de ley, la legalización del aborto libre no haría más que blanquear una práctica que se produciría ya de hecho de manera muy extendida en nuestro país.

Sin embargo, la cifra de 500.000 abortos llama la atención al sentido común, sensación que es corroborada por las investigaciones científicas más serias. En efecto, es sabido que países con una cantidad semejante a la nuestra de nacimientos anuales (770.040 en 2015[1]), y con la legalización total del aborto, registran no más de 220.000 abortos al año[2]. Resulta contradictorio a simple vista que la Argentina, con el aborto tipificado como delito y las dificultades de registración que esta prohibición legal encierra, duplique y en algunos casos triplique la cantidad de abortos de países sin esos obstáculos.

Silvia Mario y Edith Pantelides fueron quienes publicaron el estudio que da origen al número de 500.000 abortos[3]. Utilizaron dos métodos. El primero está basado en egresos hospitalarios, partiendo de dos posibles cifras (65.735 o 54.701[4]), correspondientes al año 2000[5]. Al mismo tiempo, en base a entrevistas a 30 “informantes clave” elaboraron un coeficiente multiplicador para saber “la frecuencia con que se utilizan los métodos para practicar abortos en la actualidad y de las complicaciones asociadas a cada método, los tipos de proveedores y el método preferido por cada uno de ellos, proporción de abortos complicados que requieren internación y que recurren al hospital público. Se les solicitó, además, que discriminaran en su respuesta la conducta de mujeres de estratos socioeconómicos pobres y no pobres”.

Promediando el multiplicador de las mujeres no pobres (9,1), con el de las pobres (2,7), asignaron al multiplicador el valor de 6,8. Multiplicando esa cifra por la primera opción (65.735 egresos) obtuvieron un total de 446.998 abortos por año, mientras que, para la segunda alternativa (54.701) fueron 371.965 abortos.

La crítica que se realiza a este método es que está basado en una estimación puramente subjetiva a partir de 30 personas y tiene una aproximación sesgada a la realidad de lo que sucede. Estima un alto número de mujeres “ricas” que no concurren a los hospitales por aborto (9,1) y ello eleva notablemente el resultado del total de abortos. Ahora bien, si el problema es la legalización, tal multiplicador nos estaría señalando que lo que se busca es legalizar el aborto de las mujeres ricas, que es el que no se visibiliza en los egresos hospitalarios por aborto.

Un segundo método utilizado por Mario y Pantelides es el residual, que estima cuántos hijos podría tener una mujer fértil a lo largo de su vida y se aplican reducciones a esa tasa global de fecundidad para los casos en que no tiene relaciones sexuales, en los que aborta, en los que usa anticoncepción o en aquellos en que es infértil luego del parto. Las investigadoras obtienen un coeficiente de aborto inducido de 0,602. Y a partir de ese dato, calculan el promedio de abortos que tendría una mujer de una cohorte hipotética al término de su vida fértil (entre 15 y 49 años), llegando así a la tasa global de aborto de 2,13 o 2,29. Esta tasa corresponde al promedio de abortos que tendría una mujer de una cohorte hipotética al término de su vida fértil. Ello conduce a una tasa general de aborto de 60,8 o 65,4 cada 1000 mujeres de 15 a 49 años. Por ello, aplicando el número de mujeres en edad fértil, se concluye presumiendo que el número de abortos inducidos anuales sería entre 485.974 y 522.216[6].

Una apreciación crítica de este estudio permite advertir que los únicos datos oficiales y objetivos son los referidos a la cantidad de egresos hospitalarios por abortos tal como surgen de las estadísticas del Ministerio de Salud (entre 54.701 y 65.735 en el año 2000). De allí a sostener que hay 500.000 abortos al año hay una elaboración teórica frágil. Además, el número obtenido para la Argentina (entre 371.000 y 522.000) es muy elevado si consideramos que en promedio en Argentina nacen 700.000 personas. Si dividimos el número de presuntos abortos por el número de nacidos vivos, obtenemos que la razón de aborto sería del 65% de los nacidos vivos. Esta cifra casi duplica la razón de aborto que informaba la OMS en la época en que se publicó el estudio de Mario y Pantelides y que se ubicaba en el orden del 35%[7]. Y en el mismo informe se estimaba que la tasa de los denominados “abortos inseguros” era 39 cada 100 nacidos vivos para Sudamérica.

En cuanto al método residual, las mismas autoras reconocen que el valor de la tasa de fertilidad potencial (TF 15,3) influye en el resultado y que es sólo una aproximación y admiten que “las estimaciones del número de abortos obtenidas mediante el método residual podrían estar sobreestimadas”[8].

Elard Koch, Director de MELISA Institute, sostiene que la cifra de 500.000 abortos es biológicamente ilógica. Para este investigador, utilizando un modelo predictor basado en una ecuación lineal relacionada a la Tasa Global de Fecundidad, los abortos inducidos se estiman en un máximo de 68.978 al año en Argentina.

En síntesis, podemos afirmar que la cifra de 500.000 abortos está sobreestimada y faltan datos serios y confiables sobre la cantidad de abortos que se realizan en Argentina, de modo que no puede esgrimirse dicha cifra como principal motivación para una decisión en la que están en juego valores tan decisivos.

[1] Cf. Dirección de Estadísticas e Información de Salud; “Estadísticas vitales. Información básica. Año 2015”; Serie 5, Nº 59.

[2] Inglaterra, por ejemplo, con 696.271 nacimientos en el año 2016, registró ese mismo año 190.406 abortos. Francia, a su vez, con 784.325 nacimientos en 2016, contabilizó 211.900 ese mismo año.

[3] Mario, Silvia, Pantelides, Edith, “Estimación de la magnitud del aborto inducido en la Argentina”, CEPAL, Notas de población nro. 87, CELADE, 2009, p. 95-120, en https://archivo.cepal.org/pdfs/NotasPoblacion/NP87Mario.pdf

[4] Según el informe “EGRESOS DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES POR DIAGNOSTICO – AÑO 2013” publicado por la Dirección de Estadísticas e Información de la Salud del Ministerio de Salud de la Nación, los egresos hospitalarios por aborto (considerando todos los supuestos) son 57.233 en todo el territorio argentino. Este total incluye los abortos espontáneos.

[5] En la alternativa 2 se ajusta el número porque se deducen los abortos espontáneos hospitalizados del segundo trimestre (3,41% de los nacidos vivos en establecimientos del sector público).

[6] Mario, S. y Pantelides, E., op. cit., p. 111.

[7] Según la Organización Mundial de la Salud cada año hay aproximadamente 210 millones de embarazos, de los cuales nacen 130 millones de niños, mientras que 46 millones de niños por nacer son muertos por abortos procurados (27 millones legalmente y 19 millones ilegalmente) World Health Organization, “Unsafe abortion. Global and regional estimates of the incidence of unsafe abortion and associated mortality in 2000”, Geneva, Fourth edition, 2004, p. 1.

[8] Mario, S. y Pantelides, E., op. cit., p. 112.

¿Hay relación entre aborto libre y tasas de mortalidad materna?

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La experiencia internacional demuestra que la legalización del aborto no soluciona la mortalidad materna. En tal sentido, el proyecto de ley no contiene ninguna propuesta concreta de políticas públicas a favor de la maternidad. Se limita a la legalización completa del aborto hasta la semana 14, y aún luego de ese plazo en tres causales descriptas con particular amplitud.

a) El argumento: para los que proponen la legalización del aborto, se trata de una medida que apunta a sacarlo de la clandestinidad para que disminuyan las muertes maternas por aborto, dado que ya no sería necesario para la mujer practicarse un aborto en situaciones insalubres y riesgosas para su salud.

En este sentido, debemos decir que el aborto, practicado aún en las situaciones más regulares, implica en sí mismo un riesgo para la salud y la vida de la madre. Cabe citar a la Academia Nacional de Medicina, en su declaración del 28 de julio de 1994: “También se utiliza para promover el aborto legalizado, la mayor morbimortalidad materna del aborto clandestino. Se debe puntualizar que, si bien la morbimortalidad materna es mayor en estos últimos, no es exclusivo de ellos, pues el daño es inherente al procedimiento mismo por la interrupción intempestiva y artificial del embarazo”[1].

La eliminación del aborto clandestino a través de su legalización no ha producido siempre una disminución en las tasas de mortalidad materna. Hay países que prohibían el aborto en todos los casos (Chile, Polonia, Irlanda) y que ostentaban las tasas de mortalidad materna más bajas de su continente y del mundo entero. Por otra parte, países que legalizaron el aborto en todas las circunstancias, han visto trepar sus tasas de mortalidad materna a cifras alarmantes (Sudáfrica, Turquía, etc.).

b) Irlanda y Chile: sin legalizar el aborto, las más bajas tasas de mortalidad materna. Los casos de Irlanda y Chile son contundentes. Estos dos países consideraban el aborto como un delito en todas las circunstancias (Chile reformó su legislación recién en 2017). Sin embargo, Irlanda tiene uno de los menores índices de mortalidad materna de Europa y del mundo, con una tasa de 8 muertes maternas por cada 100.000 nacimientos en 2015.

En cuanto al caso chileno, el Dr. Elard Koch, hoy Director del MELISA Institute, elaboró una investigación sobre el número de abortos que se realizan en Chile cada año y sobre la vinculación entre el aborto y la mortalidad materna. En esa investigación, demostró, a través del estudio de las estadísticas vitales en Chile durante un período que abarca 50 años (1957-2007), que la prohibición del aborto en Chile en 1989 no incrementó la mortalidad materna. Además, el aborto clandestino disminuyó en paralelo con la reducción de las muertes por aborto. El incremento de la educación de la mujer ha sido el predictor que controló esta disminución a lo largo del tiempo, ejerciendo un efecto sinérgico sobre otros factores, sobre todo con las políticas de atención prenatal y especializada en el parto. En la actualidad, Chile presenta una de las tasas más bajas de mortalidad materna de Latinoamérica, similar a la de países más desarrollados. El riesgo de morir por aborto es prácticamente nulo en ese país. La investigación de Koch demuestra así que la legalización del aborto es indiferente en la reducción de la mortalidad materna[2].

c) Evidencia empírica de que la legalización del aborto no logra disminuir las tasas de mortalidad materna. Resulta interesante, en este sentido, analizar casos de signo opuesto, que nos permitan comprobar con mayor contundencia la hipótesis de que la legalización del aborto no constituye un factor determinante en la reducción de la mortalidad materna. En Sudáfrica, país en que desde el año 1996 es legal la práctica del aborto[3], la tasa de mortalidad materna creció desde el año 2000. En ese año, la tasa fue de 230 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos[4]; en el año 2005, la tasa trepó a la cifra de 410 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos[5]. A partir de ese año comenzó a descender, pero al día de hoy sigue presentando un número elevado (recordemos que la meta del milenio 2015 para Sudáfrica era de 72.5).

En Francia[6] e Italia[7], países que legalizaron el aborto en 1979 y 1978 respectivamente, la reducción más drástica de la mortalidad materna se comprobó recién a partir del año 2000, mucho después de la legalización del aborto.

Países como El Salvador, Chile y Polonia, que prohibieron el aborto luego de haberlo permitido previamente, no vieron incrementada su mortalidad materna. En realidad, la misma se redujo. El Salvador, por ejemplo, registró en 2008 una tasa de 110 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos, y en 2015 esa cifra descendió a 54.

Polonia, con una de las legislaciones más restrictivas de Europa sobre el aborto, ostentaba en 2015 una tasa de 3 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos, la más baja de ese continente.

En cambio, Portugal, país donde rige desde 2007 el aborto libre hasta la semana 10[8], tuvo un incremento de la mortalidad materna desde 2008 (año en que la tasa era de 7 por cada 100.000 nacidos vivos) hasta 2015 (10 muertes maternas por cada 100.000 nacimientos con vida).

Todo lo dicho permite sostener que la legalización del aborto no constituye un factor determinante en el descenso de la mortalidad materna.

d) La ambigüedad de los datos oficiales sobre aborto. A su vez, es necesario saber que los datos oficiales sobre muertes maternas por aborto no permiten extraer un panorama exacto de la cuestión al presentarse de manera integrada con otras clases de aborto, incluidos los espontáneos. En efecto, del informe “Estadísticas vitales”, emitido por el Ministerio de Salud de la Nación, dentro de la categoría “embarazos terminados en aborto” se incluye no sólo los “abortos ilegales”, sino también los embarazos ectópicos, la mola hidatiforme, otros productos anormales de la concepción, el aborto espontáneo, el aborto médico, otros tipos de aborto y el intento fallido de aborto (categorías O00 a O07).

Dado que los datos oficiales en materia de mortalidad materna son ambiguos, no es posible identificar la incidencia de los “abortos ilegales” en la tasa de mortalidad materna. Se requeriría tener discriminado el indicador del Ministerio de Salud, de modo de poder evidenciar exactamente cuántos de esos casos corresponden a abortos provocados en situaciones precarias.

e) La invisibilización de las verdaderas causas de la mortalidad materna en la Argentina. Las cifras oficiales del Ministerio de Salud de la Nación hablan por sí mismas: en el año 2016, el 55,1% de las muertes maternas se debieron a causas obstétricas directas, el 27,3% a causas obstétricas indirectas y el 17,2 % a complicaciones por aborto (en ese porcentaje no está discriminada la prevalencia del aborto provocado)[9].

Al poner el acento sólo en la legalización del aborto para reducir la tasa de mortalidad materna se está dejando la resolución de las verdaderas causas del problema.

[1] https://www.acamedbai.org.ar/declaraciones/25.php

[2] Koch E, Thorp J, Bravo M, Gatica S, Romero CX, Aguilera H, Ahlers I (2012),  “Women’s Education Level, Maternal Health Facilities, Abortion Legislation and Maternal Deaths: A Natural Experiment in Chile from 1957 to 2007”, PLOS ONE 7(5) (doi:10.1371/journal.pone.0036613).

[3] Cfr. Ley 92, de 1996.

[4] https://www.reliefweb.int/library/documents/2003/who-saf-22oct.pdf (Último acceso: 25-11-2010).

[5] Según Organización Mundial de la Salud; “Estadísticas sanitarias mundiales 2010”.

[6] En Francia rige la ley N º 79-1204, de 1979.

[7] En Italia rige la ley 194 del año 1978.

[8] Cf. Ley 16/2007 de 17 de abril de Exclusão da ilicitude nos casos de interrupção voluntária da gravidez

[9] Cf. Ministerio de Salud; DEIS. Serie 5 Nº 59.