PRESENTACIÓN

Legalizar el aborto equivale a reconocer el fracaso de las políticas públicas para la maternidad vulnerable

Los ejes del debate

Una de las características del actual debate sobre el aborto libre es la dificultad para identificar cuáles son las cuestiones en juego y qué finalidad buscan quienes lo proponen. Estas confusiones obedecen, en parte, a los cambios que ha sufrido el debate durante los últimos 40 años.

Mientras que en los años 70 el principal argumento a favor del aborto fue el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, desde comienzos de los años 80 la expansión de la ecografía permitió el acceso a la vida intrauterina y la humanidad del niño por nacer se hizo visible. Eso puso en evidencia que estábamos ante un nuevo ser humano que nos exigía respeto y cuidado, de modo que la necesidad de garantizar su derecho a la vida modificó los ejes del debate. Si ya nos encontramos ante un ser humano, no podemos admitir que se le quite la vida sin quebrar las bases mismas de la convivencia social.

A mediados de los años 90, se puso en marcha otro cambio. En lugar de fundar la pretensión de legalizar el aborto a partir de la decisión de la mujer, se comienzan a esgrimir las cifras de abortos inseguros a los que deben recurrir las mujeres, especialmente pobres, cuando esta práctica está prohibida. En consecuencia, ahora se propone legalizar el aborto para salvar la vida de la mujer, que se vería obligada a recurrir a abortos en condiciones muy riesgosas para su salud, cuando en realidad debería poder abortar en centros de salud. Así, se afirma que nos encontramos ante la disputa entre el derecho a la vida de dos personas: el de la madre y el de su hijo por nacer. De esta manera, quienes propugnan la legalización del aborto ya no necesariamente niegan que el ser humano exista en el seno materno (en la mayoría de los casos les resulta indiferente definir el punto), pero sostienen que su derecho a la vida debe ceder ante el riesgo de vida que significa todo aborto ilegal.

El proyecto de ley de aborto libre e irrestricto

En este marco nos proponemos analizar el proyecto de ley presentado el 5 de marzo de 2018 por 71 diputados (Expte. 230-D-2018), que postula la completa legalización del aborto hasta la semana 14 y, luego de ese plazo, por amplias causales que involucran toda situación que pueda afectar la salud física, psíquica y social de la madre, la violación o las malformaciones fetales graves. Lo dicho se desprende de los artículos 1 y 3 del proyecto:

Artículo 1°: En ejercicio del derecho humano a la salud, toda mujer tiene derecho a decidir voluntariamente la interrupción de su embarazo durante las primeras catorce semanas del proceso gestacional.

Artículo 3º: Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo primero, y más allá del plazo establecido, toda mujer tiene derecho a interrumpir su embarazo en los siguientes casos:

1. Si el embarazo fuera producto de una violación, con el sólo requerimiento y la declaración jurada de la persona ante el profesional de salud interviniente

2. Si estuviera en riesgo la vida o la salud física, psíquica o social de la mujer, considerada en los términos de salud integral como derecho humano.

3. Si existieren malformaciones fetales graves.

Al respecto, una lectura del proyecto permite advertir una ambigüedad que dificulta el debate. Por un lado, se señala que la legalización del aborto quiere evitar que las mujeres pobres tengan que recurrir a abortos clandestinos e inseguros, lo que las coloca en riesgo de vida. Incluso se considera que sostener la punibilidad del aborto sería una forma de violencia contra la mujer y una violación de su derecho a la vida. Pero, el proyecto al mismo tiempo propone una legalización completa y sin causales del aborto, lo que excede los casos de embarazos vulnerables. Es decir, de aprobarse la ley cualquier mujer podría abortar sin expresión de causa. Ello se asemeja más al debate propio de los años 70 en torno al derecho a decidir sobre su propio cuerpo.

Parte del problema se plantea porque se propone el aborto libre casi durante todo el embarazo a partir de una manipulación estadística deliberadamente confusa. Por ejemplo, las cifras oficiales para el año 2016 señalan que se produjeron 43 muertes maternas por aborto en el año en la Argentina, lo que significa un 17,55% del total de muertes maternas (245). Pero al mismo tiempo en los medios se suelen mencionar los supuestos 500.000 abortos por año, de modo que el oyente desprevenido parece inducido a pensar que mueren el 17,55% de las 500.000 mujeres que deciden abortar, cuando en realidad murieron 43 mujeres en un año. Esta confusión no minimiza el problema de la mortalidad materna, pero impide una discusión de fondo sobre dos problemas diferentes.

Dos cuestiones en juego

Por eso, es necesario distinguir dos cuestiones que están en juego al momento de considerar el proyecto de ley aborto libre:

1) Maternidad vulnerable y mortalidad materna: En relación a este tema, nos planteamos las siguientes preguntas: ¿Cuántos son los abortos? ¿Cuántas son las muertes maternas? ¿Cuáles son las causas de las muertes maternas? ¿Qué lleva a las mujeres a considerar abortar? ¿Se pueden evitar las muertes maternas? ¿Es el aborto una solución?

Constatamos que existe un problema grave de muertes maternas, que podemos y debemos encarar y solucionar. Las muertes maternas se pueden evitar. Pero el aborto libre no ataca las causas que llevan a la madre vulnerable a considerar el aborto y la colocan en el riesgo de vida. Ninguna mujer quiere abortar. Hay problemas estructurales detrás de la maternidad vulnerable que no se solucionan a partir del aborto, y que son invisibilizados cuando se liberaliza el aborto. Existen estrategias de fondo para prevenir las muertes maternas y los abortos y salvar tanto la vida de la madre como de su hijo.

2) La legalización completa del aborto sin expresión de causa prácticamente durante todo el embarazo. En tanto el proyecto no se limita únicamente a los casos de embarazos vulnerables, sino que propone el aborto libre e irrestricto, sin expresar causa hasta la semana 14 y con amplitud de causales hasta el fin del embarazo, también surgen algunos interrogantes: ¿Cómo se compatibiliza el aborto libre con el resto del ordenamiento jurídico que protege el derecho a la vida desde la concepción? ¿Qué consecuencias tiene el aborto libre? ¿Qué sucede con las personas con discapacidad? ¿Qué lugar ocupa el médico y su conciencia en este debate?

Ciertamente ambos temas están vinculados y hay planteos y argumentos que son comunes. Pero creemos que es necesaria esta distinción pues son dos cuestiones que responden a situaciones y problemas distintos y que merecen consideración separada.

Objetivo y estructura del informe

En este informe nos proponemos, luego de presentar sintéticamente los alcances del proyecto de ley de aborto libre (1), abordar la cuestión de la maternidad vulnerable y la mortalidad materna (2) a fin de demostrar que el aborto no es una solución a tal situación, y es posible evitar las muertes maternas y atacar las causas de la vulnerabilidad. Propondremos lineamientos para las políticas públicas para la maternidad vulnerable (3). En el último capítulo, analizaremos los alcances del aborto libre y sus proyecciones sobre el resto del ordenamiento y la sociedad (4), a fin de demostrar que permitir que se elimine la vida de una persona inocente supone un quiebre en las bases mismas de la convivencia, con hondas consecuencias sociales, culturales y políticas.

Marzo de 2018

Dirección: María Inés Franck y Jorge Nicolás Lafferriere

Equipo: María Belén Abbondanza, María Bernardita Berti García, Milagros Berti García, Sofía Bertrán, Luis María Calandria, Carolina Chmielak, Juan Manuel Clérico, Selva Contardi, Juan Bautista Eleta, Andrea G. Jofré, Patricio López, Fernando Nasazzi, Luis Olaguibe, Leonardo Pucheta, Ignacio Segón, Ludmila Viar, Elisabet Vidal, Natalia Yachelini, Laura Belén Yachelini, Alejandro Williams, Daniela B. Zabaleta.

El Centro de Bioética, Persona y Familia es una institución de la Fundación Latina de Cultura.

RESUMEN EJECUTIVO

i. El proyecto de ley de aborto libre

El 5 de marzo de 2018 se presentó en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley (expte. 230-D-2018) de 13 artículos que propone la legalización del aborto según los siguientes lineamientos:

• Aborto libre hasta la semana 14
• Aborto por causales más allá de la semana 14
• Plazo perentorio y no judicialización
• Cobertura por el sistema de salud
• Consentimiento de la mujer
• Regulación del caso de madres adolescentes y personas con capacidad restringida

II. Maternidad vulnerable y mortalidad materna

1. Aborto libre y tasas de mortalidad materna: La experiencia internacional demuestra que la legalización del aborto no soluciona el problema de la mortalidad materna. En tal sentido, el proyecto de ley no contiene ninguna propuesta concreta de políticas públicas a favor de la maternidad. Se limita a la legalización completa del aborto hasta la semana 14, y aún luego de ese plazo en tres causales descriptas con particular amplitud.
2. Estadísticas de aborto en Argentina: se afirma que en la Argentina se practican alrededor de 500.000 abortos al año. Esta cifra es desproporcionada e inconsistente con las estadísticas vitales de nuestro país y con lo que sucede en países con aborto legal de similares características demográficas.
3. Las razones que llevan a las mujeres en situación de vulnerabilidad a considerar un aborto: según un estudio chileno entre mujeres que pensaron realizar un aborto, el 44,4% alegó como motivo la coerción sufrida de parte de los padres o la pareja con o sin la presencia de violencia intrafamiliar; el 22,8%, factores asociados a expectativas de vida incluyendo continuar estudios, proyecto de vida, situación socioeconómica y temor a ser madres solteras; el 20,4%, ocultar el embarazo por temor a la reacción de la pareja o de los padres; el 2,1% por abuso sexual, y el 1,9% por abandono de la pareja. Entre las que presentaban embarazos vulnerables y requerían ayuda, aunque no manifestaron buscar un aborto, el 36,9% fue por necesidad de apoyo psicológico o emocional; el 20,1% por situación de abandono con pérdida de hogar; el 12,9% para ocultar embarazo por temor a la reacción de la pareja o de los padres; el 9,4% por posibilidad de dar en adopción; el 7,9% por abandono de la pareja; el 3,7% por coerción o violencia intrafamilar y el 1,8% por abuso sexual.

Estas estadísticas dejan a las claras que la principal causa que lleva a considerar el aborto es la presión, tanto la directa, como la tácita o indirecta. Es en este terreno que tiene que plantearse la respuesta estatal, abordando la problemática del embarazo de mujeres que, por diversos factores, se encuentran en especial situación de vulnerabilidad y en riesgo de aborto, ya que la reducción de esos indicadores contribuye como lógica consecuencia, a una notable disminución de la morbilidad de esta población.

4. Aborto y riesgos para la vida y la salud de la madre: actualmente el artículo 86 del Código Penal dispone que el aborto no es punible: “1º Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios”. Señala el artículo 3 del proyecto de ley que será legal el aborto más allá del plazo de la semana 14, “si estuviera en riesgo la vida o la salud física, psíquica o social de la mujer, considerada en los términos de salud integral como derecho humano”. Así, por la amplitud de la reforma, en los hechos se legaliza el aborto en todo momento del embarazo a sola petición de la madre, en virtud de la combinación entre la posibilidad de invocar la causal “social” o “psíquica” y la eliminación de la condición que “este peligro no pueda ser evitado por otros medios”. El proyecto promueve el aborto como política pública para situaciones de carácter social, como la pobreza, sin incluir ningún tipo de medida concreta de solución a los problemas de fondo que pueden haber llevado a la persona a considerar el drama del aborto.

5. Aborto libre y embarazo adolescente: el proyecto no propone ninguna medida para prevenir el embarazo adolescente. Se limita a legalizar el aborto libre para las adolescentes desde los 13 años, sin necesidad de intervención de sus padres. Incluso antes de los 13 años la preocupación está centrada en que la niña aborte con la mera asistencia de personas que pueden no ser sus padres. En otro orden, a pesar de que se invoca el Código Civil y Comercial en este punto, se realiza una interpretación sesgada del mismo para excluir a los padres, al negar al aborto su carácter de procedimiento invasivo y con riesgo para la salud materna.

6. Aborto y embarazo proveniente de violación: el proyecto propone la legalización del aborto incluso más allá del plazo de la semana 14 si el embarazo fuera producto de una violación, bastando el requerimiento de la persona y una declaración jurada. Al respecto, también en este punto el proyecto omite medidas para resolver situaciones de sometimiento y abuso que pueden padecer las mujeres que recurren al aborto y tampoco se preocupa de la adopción de medidas orientadas a perseguir penalmente a los responsables de la violación.

7. Las Condiciones Obstétricas y Neonatales Esenciales: En Argentina, sólo el 38% de las Maternidades cumplen con todas las Condiciones Obstétricas y Neonatales Esenciales (CONE). Las CONE constituyen recursos humanos, físicos y económicos que indispensablemente deben estar presentes en todos los centros de cuidados obstétricos para garantizar la mayor seguridad en la atención materno-infantil al momento del parto. Las CONE incluyen las siguientes condiciones: quirúrgica y procedimientos obstétricos; anestésica; transfusión de sangre segura; tratamientos médicos; asistencia neonatal inmediata; evaluación del riesgo materno y neonatal; transporte oportuno al nivel de referencia. Schiavone explica: “Muchas muertes podrían evitarse, mas aun seguramente muchos abortos no se realizarían, si las embarazadas tomaran contacto con el sistema de salud en tiempo y forma, acorde a normas y realizando los controles pertinentes, siendo responsabilidad del Estado su resolución”.

8. El marco normativo de las políticas públicas para la maternidad vulnerable: tanto la Constitución Nacional (art. 75 inciso 23) como los Tratados Internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional señalan una obligación de implementar políticas de promoción de la madre y su hijo por nacer para responder al problema de la mortalidad materna. La opción por el aborto libre significaría, de hecho, la renuncia a cumplir acabadamente con esa cláusula constitucional.

9. Las muertes maternas se pueden evitar: La respuesta al problema de la mortalidad materna consiste en mejorar el tratamiento de complicaciones obstétricas, los cuidados y controles prenatales y un acompañamiento sanitario, social, económico y psicológico de la mujer y su hijo por nacer, a fin de garantizarle a ambos el máximo nivel de salud. Antes que la legalización del aborto, hay que explorar otros caminos que buscan atender a los graves problemas de salud materna que existen.

III. Hacia una política pública para la maternidad vulnerable

1. Propuesta de lineamientos para una política pública integral para la maternidad vulnerable: La compleja situación de la maternidad vulnerable exige un esfuerzo interdisciplinario acompañado de políticas públicas que apoyen la maternidad en sus diferentes etapas. Por ello, proponemos medidas de los lineamientos de una política pública integral para la maternidad vulnerable a partir de diez ejes:

1) Sistema integrado de prestaciones

2) Prioridad de atención de la madre vulnerable

3) Especial atención a la embarazada adolescente

4) Detección temprana y orientación

5) Diagnóstico, Orientación y Derivación

6) Seguimiento y citación para control

7) Inversión en infraestructura e insumos

8) Capacitación e intervención interdisciplinaria

9) Coordinación y articulación de la red de prestadores

10) Elaboración de información confiable

2. Derechos humanos de la mujer embarazada y las niñas y niños por nacer: Desde el año 2010, en el Congreso Nacional cada dos años un grupo de diputados presenta un proyecto de ley que tiene como objetivo garantizar la protección integral de los derechos humanos de la mujer embarazada y de las niñas y los niños por nacer. En 2018 el proyecto se presentó bajo el nro. 324/2018; se trata de un conjunto de medidas articuladas para dar respuesta a la maternidad vulnerable.

3. Programa Mis primeros 1000 días: La Provincia de San Juan aprobó en 2017 el Programa Mis primeros 1000 días, pues ese plazo es fundamental para la nutrición, estimulación y cuidados de salud de los niños, desde su concepción. El programa tiene como fin “acompañar el crecimiento de todos los niños, promoviendo la expresión de su pleno potencial y por consiguiente el desarrollo de la sociedad en su conjunto. Es una estrategia de escala provincial que articula un conjunto de intervenciones desde una mirada de intersectorialidad. El objetivo es prevenir los problemas de salud que hoy afectan a las madres y sus hijos, que influyen en su pleno crecimiento y desempeño futuro, priorizando el rol protagónico que debemos asumir como sociedad siendo la base protectora de nuestras embarazadas y niños.

IV. La legalización del aborto libre: alcances y proyecciones

1. El aborto libre quiebra las bases de la convivencia: La propuesta de legalizar el aborto como un derecho, sin expresión de causa, introduce en la convivencia un dinamismo de exclusión y descarte de seres humanos, que violenta el derecho a la vida junto a muchos otros. El aborto libre conduce a un incremento de las presiones sobre la mujer que quiere llevar adelante el embarazo. El aborto libre también ha sido utilizado en otros países para discriminar y seleccionar el sexo de los hijos, eliminando sistemáticamente a las mujeres. En definitiva, el aborto libre genera condiciones jurídicas que favorecen una concepción tecnocrática de la sociedad en la que las personas son valoradas sólo por su eficiencia y utilidad.
2. Aborto libre y eliminación sistemática de personas con discapacidad: El aborto libre, en alianza con estudios genéticos cada vez más precisos, tempranos, seguros y accesibles, genera las condiciones jurídicas para la sistemática eliminación prenatal de personas con discapacidad. La experiencia internacional demuestra que en los países con aborto libre se descarta alrededor del 90% de los casos detectados de discapacidad, como Síndrome de Down. El aborto por discapacidad fetal es, además, contrario a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con jerarquía constitucional. Si bien la ley no obliga a abortar a la persona con discapacidad, su eliminación sistemática se produce por la presión sobre el médico, quien se ve obligado a recomendar estudios prenatales o incluso el mismo aborto por temor a sufrir acciones por mala praxis, y por presión hacia los padres, desde un sistema de salud que pretende cobrar mayores primas por la cobertura de discapacidades que hubieran podido ser eliminadas prenatalmente.
3. La arbitrariedad del límite de la semana 14: La fijación del plazo de 14 semanas para poner el límite a la posibilidad de solicitar el aborto libre resulta arbitraria y desconoce la constatación científica de que la existencia del ser humano comienza en la concepción.
4. Aborto, derecho a la vida y ordenamiento jurídico argentino: No existe ningún documento internacional ni tratado vinculante para la Argentina que expresamente establezca un pretendido derecho al aborto. El ordenamiento jurídico nacional posee una sólida tradición de reconocimiento de la personalidad jurídica del ser humano desde la concepción, ratificada recientemente por el Código Civil y Comercial (cfr. arts. 19 y 57). La legalización del aborto vulnera el derecho a la vida y significa un quiebre en la coherencia del sistema punitivo del Código Penal, de tal modo que la vida humana como bien jurídico queda relegada en su protección ante bienes como la propiedad o la seguridad.
5. Aborto y objeción de conciencia: mientras que las primeras versiones del proyecto de ley de aborto libre y legal incluían el derecho a la objeción de conciencia por parte de los profesionales de la salud, el texto presentado en 2018 ya no lo incluye. Esta omisión constituye una grave amenaza a la libertad de pensamiento, conciencia y religión de muchos profesionales de la salud. Se trata de derechos reconocidos por los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, con jerarquía constitucional. Además, ignora las mismas recomendaciones del fallo “FAL” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Negar la objeción de conciencia contradice los códigos de ética médica vigentes en nuestro país.
6. Otra perspectiva penal para el aborto: En el año 2012 se presentó en la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de ley 8512-D-2012 que propone una reforma del Código Penal (CP) a fin de incorporar nuevas figuras de protección de la madre vulnerable y el niño por nacer.

El proyecto propone la legalización del aborto incluso más allá del plazo de la semana 14 si el embarazo es producto de una violación, bastando el requerimiento de la persona y una declaración jurada. Al respecto, también en este punto el proyecto omite medidas para resolver situaciones de sometimiento y abuso que pueden padecer las mujeres que recurren al aborto y tampoco se preocupa de la adopción de medidas orientadas a perseguir penalmente a los responsables de la violación.

Es sabido que la mayor parte de los abusos sexuales, sobre todo a menores de edad, ocurren en los ámbitos intra-familiares o muy cercanos[1], donde la frecuencia de la agresión es el factor determinante en la generación de un embarazo (sin la repetición sistemática del abuso, las posibilidades de que resulte un embarazo no superan el 15%). En ese sentido, la facilidad en el recurso al aborto sin necesidad de denunciar penalmente al agresor, permite una invisibilización y continuación de la violencia sexual.

Esto nos permite concluir que, si lo que se buscar es proteger a las mujeres víctimas o potenciales víctimas de abusos, la posibilidad de abortar libremente en estos casos constituye, paradójicamente, un factor más en la espiral de sometimiento y abuso que se pretende cortar. Una política pública que apunte a detener estos delitos deberá enfocarse en una prevención integral e inteligente de las causas que los originan y en la mayor eficacia de la aplicación de las medidas penales correspondientes, así como en el acompañamiento integral de quienes son víctimas.

Al encarar solamente las consecuencias de los actos de violencia, se está renunciando a la posibilidad de solucionar de raíz el problema, además de cercenar una vida humana inocente.

[1] Cf. Fondo de las Naciones Unidas para la infancia; “Abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes: Una guía para tomar acciones y proteger sus derechos”. 2016

Fecha: 09/03/18

Firmantes: García Larraburu, Silvina Marcela; Fuentes, Marcelo Jorge

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados…

Artículo 1º: Modifícase el artículo 81 de la ley 26.206, el que quedará redactado de la siguiente manera:

ARTÍCULO 81.- Las autoridades jurisdiccionales adoptarán las medidas necesarias para garantizar el acceso y la permanencia en la escuela de las alumnas en estado de gravidez, así como la continuidad de sus estudios luego de la maternidad, evitando cualquier forma de discriminación que las afecte, en concordancia con el artículo 17 de la Ley N° 26.061. Las escuelas contarán con salas de lactancia y guardería maternal para niños de 45 días a 2 años de edad.

En caso de necesidad, las autoridades jurisdiccionales podrán incluir a las alumnas madres en condición de pre y posparto en la modalidad de educación domiciliaria y hospitalaria.

Artículo 2º: Comuníquese al Poder Ejecutivo. Silvina M. García Larraburu.- Marcelo J. Fuentes.-

FUNDAMENTOS

Señora Presidente:

El objeto del presente proyecto de ley es la creación de salas guarderías maternales en las escuelas secundarias, con el fin de que las estudiantes jóvenes madres que concurren y cursan sus estudios secundarios, tanto en colegios públicos como privados, puedan dejar a sus hijos desde los 45 días hasta los 2 años de edad al cuidado de maestras jardineras o docentes especializadas en estas guarderías.

La Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en su artículo 29, incorporada a nuestra Constitución Nacional a través de la ley 23.849, reconoce el derecho del niño a la educación y específicamente en su inciso e) establece el deber de adoptar  medidas que fomenten la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar.

El artículo 15 de la ley 26.061 establece que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la educación pública y gratuita, atendiendo a su desarrollo integral, imponiendo en su artículo 17 la

prohibición de discriminar por estado de embarazo, maternidad o paternidad, y fijando el deber a los organismos del Estado de desarrollar un sistema que permita la continuidad y la finalización de los estudios de las niñas, niños y adolescentes.

Teniendo en cuenta las estadísticas oficiales en base a la cantidad de nacidos vivos registrados según edad de la madre, y advirtiendo que el 15% de esa cifra proviene de nacimientos cuyas madres son niñas y adolescentes                                  entre             13             y             19             años (http://www.deis.gov.ar/Publicaciones/Archivos/Serie5Nro54.pdf) y a fin de alentar la continuidad en el estudio de las alumnas que son madre, se propone la apertura de guarderías en establecimientos educativos de nivel secundario, que albergarán a niños de entre 45 días y dos años de edad. A tal fin el Estado Nacional y las provincias en su caso, designarán a las docentes de Nivel Inicial para que se desempeñen en las guarderías.

Algunas Provincias de la República Argentina como Río Negro, Salta, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires han incursionado en proyectos similares y han obtenido mucho éxito, logrando disminuir la deserción escolar.

Por último, debo mencionar que durante mi mandato como Diputada Nacional he presentado esta iniciativa ante ese cuerpo bajo el Expediente N° 4350-D-2013.

Es por ello, que solicito a mis pares el acompañamiento en este proyecto de ley.

Silvina M. García Larraburu.- Marcelo J. Fuentes.-

Expediente S-423/18

Autores: García Larraburu, Silvina Marcela; Fuentes, Marcelo Jorge; Catalán Magni, Julio César

Fecha: 09/03/18

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,..

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°.- Objeto. La presente ley tiene por objeto proteger, garantizar integralmente y hacer operativos los derechos de las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle.

Artículo 2º.- Ámbito de Aplicación. Con fundamento en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de Derechos Humanos de jerarquía constitucional, las disposiciones de la presente ley son de orden público y de aplicación obligatoria en todo el territorio de la República Argentina. Se invita a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a sancionar, para el ámbito de sus exclusivas competencias, las normas correspondientes, que de ningún modo podrán limitar o restringir los derechos consagrados en ésta.

Artículo 3º.- Programas. El Poder Ejecutivo, para el cumplimiento del objeto de la presente ley, por medio de la Autoridad de Aplicación que determine, elaborará e implementará de manera articulada con otros organismos nacionales, las autoridades de aplicación de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los programas de política pública de alcance nacional enunciados en el capítulo IV.

Artículo 4°.- Definiciones. A los fines de la presente ley:

1. Personas en situación de calle son las personas solas o los grupos familiares, sin distinción de ninguna clase, sea por su condición social, género, edad, origen étnico, nacionalidad, situación migratoria, religión, estado de salud o cualquier otra, que habiten en la calle o en espacios públicos en forma transitoria o permanente, utilicen o no servicios socio-asistenciales o de alojamiento nocturno, públicos o privados.

1. Personas en riesgo a la situación de calle son las personas solas o los grupos familiares, sin distinción de ninguna clase, sea por su condición social, género, edad, origen étnico, nacionalidad, situación migratoria, religión, estado de salud o cualquier otra, que estén en alguna de las siguientes situaciones:

1. Que residan en establecimientos públicos o privados (médicos, asistenciales, penitenciarios u otros) de los cuales deban egresar por cualquier causa en un plazo determinado y no dispongan de una vivienda para el momento del egreso.

1. Que estén próximos a notificarse o notificados de una resolución administrativa o sentencia judicial firme de desalojo y no tengan recursos para procurarse una vivienda.
2. Que habiten en asentamientos precarios o transitorios sin acceso a servicios públicos esenciales o en condiciones de hacinamiento que afecten su integridad psicofísica.

CAPÍTULO II. DERECHOS Y GARANTÍAS DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE Y EN RIESGO A LA SITUACIÓN DE CALLE

Artículo 5º.- La situación de calle y el riesgo a la situación de calle son estados de vulnerabilidad social extrema que implican una grave restricción para el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución Nacional y los tratados internacionales de Derechos Humanos de jerarquía constitucional.

Los derechos y garantías enunciados en este capítulo son complementarios de aquellos, y su reconocimiento expreso tiene por objeto el restablecimiento de las condiciones de su ejercicio.

Artículo 6º.- Derecho a la dignidad personal e integridad física. Las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle tienen derecho a ser respetadas en su dignidad personal y en su integridad física.

El Estado debe realizar acciones positivas tendientes a evitar y eliminar toda discriminación o estigmatización hacia las personas en situación de calle o en riesgo a la situación de calle, estableciendo a la vez condiciones que permitan el ejercicio de su autodeterminación y el libre desarrollo de la personalidad y de la subjetividad.

Artículo 7º.- Derecho a la identidad personal. Las personas en situación de calle o en riesgo a la situación de calle tienen derecho a la identidad personal, que supone la individualización en la sociedad mediante un nombre propio, una personalidad jurídica y una nacionalidad.

El Estado debe realizar acciones positivas para la tramitación gratuita de todos los documentos necesarios para acreditar la identidad personal: partida de nacimiento, documento nacional de identidad, pasaporte y las claves únicas de inscripción laboral y tributaria, para el ejercicio efectivo todos los derechos y obligaciones, públicos o privados, reconocidos en la Constitución Nacional.

Artículo 8º.- Derecho al acceso y al uso de los servicios, de la infraestructura y de los espacios públicos. Las personas en situación de calle o en riesgo a la situación de calle tienen derecho al acceso y uso de los servicios, de la infraestructura y de los espacios públicos.

El Estado debe abstenerse de cualquier acción coercitiva dirigida a impedir o hacer cesar dicho acceso y uso.

Artículo 9º.- Derecho al acceso pleno a los servicios socio- asistenciales, de salud y de apoyo para la obtención de un trabajo digno. Las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle tienen derecho al acceso pleno a:

1. Los servicios socio-asistenciales y de salud prestados por instituciones públicas o privadas con convenio con el Estado.

1. Los servicios de apoyo para el acceso a un trabajo digno, ya sea en relación de dependencia o de manera autónoma, en forma personal o asociada.

Artículo 10.- Derecho al acceso una vivienda digna. Las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle tienen derecho al acceso efectivo a una vivienda digna de carácter permanente.

El Estado debe elaborar e implementar políticas públicas de vivienda, de carácter federal, inclusivas e integrales, y los planes para la construcción de viviendas deben contemplar una cuota o proporción destinada a dar solución a las situaciones comprendidas en la presente ley.

CAPÍTULO III. DEBERES DEL ESTADO

Artículo 11.- El Estado debe garantizar a las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle:

1. La promoción y orientación de una cultura y educación basadas en el respeto y solidaridad entre todos los sectores sociales para transformar la manera en que tradicionalmente han sido tratadas, mediante la superación de prejuicios, estereotipos o actitudes discriminatorias y la creación de nuevos acercamientos, estrategias y soluciones en los que todos los sectores sociales asuman responsabilidades para lograr la integración social de este sector de la población.
2. El desarrollo y la promoción de acciones positivas tendientes a evitar y erradicar todo acto de discriminación o de violencia física.
3. La orientación de las políticas públicas tanto hacia la promoción de la igualdad y la integración social, con respeto de la diversidad humana, como a la formación y el fortalecimiento.
4. La planificación, implementación y evaluación de políticas públicas en materia de salud, educación, vivienda, acceso a la justicia, trabajo, esparcimiento y cultura, elaboradas y coordinadas intersectorial y transversalmente entre los distintos organismos que tengan competencias en la materia.
5. La remoción de los obstáculos que impiden la plena garantía y protección de sus derechos, así como el acceso igualitario a las oportunidades de desarrollo personal y comunitario. Esto implica la obligación de implementar procedimientos que faciliten el acceso a los servicios públicos sin documento de identidad si no fuese indispensable, la tramitación gratuita de todos los documentos que acrediten la identidad y la creación de una Referencia Administrativa Postal, mediante el otorgamiento de una casilla de correo en la sucursal del Correo Argentino más próxima al lugar donde habiten.
6. La acción conjunta, democrática y participativa en la planificación, implementación y evaluación continua de las políticas públicas con organizaciones sociales integradas o no por personas en situación de calle o en riesgo a la situación de calle y con profesionales que tengan conocimiento sobre la problemática.
7. El acceso prioritario a los programas y tratamientos para los consumos problemáticos, la salud mental y las discapacidades, de acuerdo a las particularidades del sujeto que solicita el servicio.
8. La promoción de su organización política y su participación en la planificación, implementación y evaluación de las políticas públicas que los comprenden.
9. La promoción, publicidad y difusión de toda información útil, veraz y oportuna relativa a los derechos y garantías y programas de política pública, de modo que les llegue efectivamente.
10. La creación de una red nacional de centros de integración social, de atención permanente y continua, que presten servicios socio- asistenciales básicos de alojamiento alimentación, higiene y cuidados de la salud y además desarrollen actividades de formación y ocupación adaptadas a los conocimientos y necesidades de los destinatarios. Se procurará la adaptación de los actuales establecimientos de alojamiento nocturno (paradores, hogares, refugios, entre otros) a las modalidades enunciadas.
11. La capacitación y formación interdisciplinaria de los trabajadores dedicados a llevar a cabo las políticas públicas, incluyendo en dicha formación períodos prolongados de práctica en organizaciones sociales que trabajan de manera directa con este sector de la población.
12. La realización de un relevamiento anual, de alcance nacional, con la participación de profesionales y organizaciones sociales, algunas integradas por personas en situación de calle, dedicadas a esta problemática, que suministre información para el diseño e implementación de políticas públicas.
13. Todos los programas existentes en la materia deben ser mantenidos o integrados a los programas que se resulten de la aplicación de esta ley. En ningún caso puede disminuirse o eliminarse el alcance de los programas existentes o de los que vayan a crearse. 
14. La integración al presupuesto anual de partidas destinadas a la política pública o programas dirigidos a las personas en situación de calle o en riesgo a la situación de calle.

CAPÍTULO IV.- PROGRAMAS DE POLÍTICA PÚBLICA

Artículo 12.- Relevamiento. La Autoridad de Aplicación, en el plazo de ciento ochenta días a partir de la publicación de la presente ley y luego anualmente, organizará y realizará un relevamiento nacional de las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle, en forma coordinada y conjunta con otros organismos nacionales y locales competentes en la materia.

El relevamiento tendrá por objeto obtener la información necesaria que permita la realización de un diagnóstico para la implementación de las políticas públicas de alcance nacional para este sector de la población, considerando sus diferentes subgrupos.

En el diseño y la realización del relevamiento deben participar especialistas en esta problemática y organizaciones sociales, preferentemente aquellas integradas por personas en situación de calle o personas en riesgo a la situación de calle.

Artículo 13.- Documentación. La Autoridad de Aplicación, en forma coordinada y conjunta con los organismos nacionales y locales competentes, en el marco del primer relevamiento y luego en forma permanente, organizará un sistema administrativo para el otorgamiento gratuito de todos los documentos necesarios para acreditar la identidad en el ejercicio de derechos públicos y privados.

Artículo 14.- Referencia Administrativa Postal. La Autoridad de Aplicación, en forma coordinada y conjunta con los organismos nacionales y locales competentes, en el marco del relevamiento y luego en forma permanente, otorgará a las personas en situación de calle o en riesgo a la situación de calle una Referencia Administrativa Postal, que consistirá en una casilla de correo gratuita abierta en la sucursal del Correo Argentino de su elección, a fin de que puedan recibir correspondencia y así tener un mejor acceso a los servicios socio-asistenciales o administrativos de toda clase.

Artículo 15.- Centros de Integración Social. La Autoridad de Aplicación, en forma coordinada y conjunta con los organismos nacionales y locales competentes creará una red nacional de Centros de Integración Social, con las siguientes características:

1.- Estarán dedicados a personas adultas solas, según su género, o a grupos familiares. En el caso de grupos familiares con niños, niñas o adolescentes se dispondrá un área institucional específica para el cumplimiento de sus derechos.

2.- Serán de acceso voluntario e irrestricto, con una prestación continua y permanente, veinticuatro horas por día, todos los días del año

3.- Promoverán la integración social respetando las características propias de las personas y de los grupos familiares, articulando acciones con instituciones públicas y organizaciones sociales dedicadas a esta problemática.

4.- Proveerán tanto prestaciones básicas de alojamiento, alimentación, higiene y cuidados primarios de la salud, como espacios terapéuticos, talleres y actividades de formación, capacitación y ocupación laboral, adaptados a los conocimientos e intereses de los destinatarios.

5.- Tendrán una metodología de trabajo interdisciplinaria y colectiva con el fin de desarrollar y contemplar instrumentos que permitan: a) realizar un acompañamiento y seguimiento de los destinatarios; b) definir participativamente con los interesados las mejores formas de intervención; c) evaluar conjuntamente los resultados de las acciones en el corto, mediano y largo plazo.

6.- Serán administrados por trabajadores idóneos en la problemática de situación de calle, en articulación con organizaciones sociales dedicadas a la problemática y con la participación de las personas en situación de calle.

Se procurará la adaptación de los actuales establecimientos de alojamiento nocturno (paradores, hogares, refugios u otros) a las modalidades enunciadas.

Artículo 16.- Sistema Nacional de Atención Telefónica. Se creará un sistema de atención telefónica, de alcance nacional y de carácter gratuito y servicio permanente, organizado por la Autoridad de Aplicación en forma coordinada y conjunta con las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios, para la intervención inmediata de los organismos competentes en la atención de las situaciones comprendidas en esta ley.

Artículo 17.- Sistema Nacional de Atención Móvil. Se creará un sistema de móviles, de alcance nacional y servicio permanente, organizado por la Autoridad de Aplicación en forma coordinada y conjunta con las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y  los municipios, en articulación con el servicio de atención telefónica, para la intervención inmediata y personal en las situaciones comprendidas en esta ley.

Artículo 18.- Informe anual. La Autoridad de Aplicación publicará un informe anual que permita una evaluación de las políticas públicas, dando cuenta de las acciones realizadas y los resultados obtenidos.

Artículo 19.- Presupuesto. El Presupuesto General para la Administración Nacional tendrá una partida anual específica para la elaboración y desarrollo de los programas previstos por la presente ley.

Artículo 20.- Comuníquese el Poder Ejecutivo.

Silvina M. García Larraburu.- Marcelo J. fuentes.- Julio C. Catalán Magni.-

FUNDAMENTOS

Señora Presidente:

La existencia de personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle constituye un problema social que se da principalmente, pero no de forma exclusiva, en las grandes ciudades.

Estas situaciones, asociadas en lo inmediato con la falta de vivienda, responden a múltiples causas y presentan diferentes realidades: económicas, laborales, migratorias, vinculares, familiares, de salud, institucionales, entre otras.

La vulnerabilidad social extrema de este sector de la población y la heterogeneidad de sus componentes – familias, varones y mujeres solas, mujeres con hijos, niños, niñas y adolescentes, ancianos, etc.-, requiere de políticas públicas específicas que permitan primero satisfacer las necesidades más inmediatas para alcanzar a largo plazo la real superación del problema.

Las políticas públicas de nuestro país frente a esta problemática son aún incipientes, y actualmente se caracterizan por la ausencia de un sistema de alcance nacional que reconozca e integre a las personas que atraviesan estas situaciones como sujetos de derechos.

Durante la década de 1990, el modelo económico neoliberal significó el avance de la lógica del mercado en todos los ámbitos de la sociedad, el retroceso de los derechos políticos y sociales y la indiferencia hacia lo público: se trató de un modelo que promovía el consumo individual mientras el Estado se reducía, recortando la inversión y privatizando los servicios públicos.

Con la crisis de fines de 2001 quedaron en evidencia las consecuencias más graves de este modelo: los índices de pobreza – y de la cantidad de personas en situación de calle – superaron todos los niveles históricos, debido al impacto del desempleo masivo y el desmantelamiento de la estructura productiva y de servicios del Estado. Así, amplios sectores de la sociedad se lanzaron a las calles para reclamar por sus derechos y, por medio de manifestaciones y diversas acciones colectivas, se recuperó el espacio público con toda su significación.

A partir del 2003, con la asunción del nuevo gobierno nacional, se desarrolla una sostenida política de recuperación del Estado y de la inversión pública, de promoción del mercado interno y del empleo, y  de restitución y ampliación de derechos, con logros significativos. Sin embargo, persisten situaciones de extrema vulnerabilidad social, entre ellas la situación de calle, que parece haberse naturalizado para los sectores sociales que se vieron beneficiados por las políticas públicas señaladas.

En la actualidad, Argentina no cuenta con una medida censal ni de relevamiento de datos públicos específica de alcance nacional o local que permita dar cuenta de la magnitud del problema de la situación de calle y el riesgo a la situación de calle. Es posible tener un acercamiento por informes de los medios de comunicación y de organizaciones de la sociedad civil, relativos a algunos de los centros urbanos más importantes del país.

Así, puede mencionarse por ejemplo que en la Ciudad de Buenos Aires la organización social Médicos del Mundo, en su informe 2011- 2012,  señaló  que  la  población  en  ambas  situaciones  alcanza  las

16.353 personas (1.100 más que en 2010) de los cuales el 80% sufre de problemas de acceso a los servicios públicos de salud porteños^[1]. En la ciudad de Córdoba, un relevamiento de la Defensoría del Pueblo provincial detectó 391 personas en la calle en 2012, cuando en 2011 había 351 viviendo en plazas, bajo los puentes o en galerías céntricas. Asimismo, de las 148 personas entrevistadas, el 68% había quedado en la calle en los últimos cinco años^[2]. En la ciudad de Rosario en el
 año 2011, según el Programa de Asistencia e Intervención Directa, 120 personas, mayores de 18 años, vivían en la calle^[3]. En Mar del Plata, según datos del relevamiento efectuado por la Subsecretaría de Políticas Sociales en mayo de 2012 se entrevistaron 91 personas que vivían en la calle^[4]. A partir de lo señalado, cabe concluir que en nuestro país son miles las personas que viven en la calle y, según denuncias de organizaciones sociales, como Proyecto 7 –Gente en situación de calle-, sólo en la Ciudad de Buenos Aires, más de un centenar muere cada año por causas vinculadas a la situación de calle.

En consecuencia, es necesario que la agenda social y las políticas de ampliación de ciudadanía prioricen la transformación de estas situaciones de extrema vulnerabilidad, principalmente mediante el reconocimiento de dichas personas como sujetos de derechos. Este reconocimiento significa visibilizar y hacer operativos derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional y en los tratados y convenciones internacionales sobre Derechos Humanos que la integran, en virtud de lo dispuesto por el art. 75, inciso 22.

Las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle tienen los mismos derechos que el resto de la población, pero las condiciones en que viven restringen seriamente su ejercicio regular. El acceso a los bienes y servicios que significa el ejercicio efectivo de los derechos sólo se logrará con acciones positivas de parte del Estado que superen perspectivas paternalistas, asistencialistas o incluso autoritarias.

Desde esta concepción, al momento de elaborar e implementar políticas públicas se debe contemplar la especificidad de la problemática.

En primer lugar, es preciso entender que el espacio público de las ciudades cobra otro sentido para las personas en situación de calle, en tanto que es el lugar donde desarrollan su experiencia vital. Sin embargo, es importante tener siempre presente que esto no responde a elecciones personales, sino que la vida en las calles es el resultado de una situación forzada por la ausencia de políticas públicas preventivas.

Luego, para lograr la recuperación tanto física como psíquica de las personas es necesaria la creación e implementación de dispositivos y espacios dedicados a objetivos a largo plazo, tales como: el
 fortalecimiento personal, la incorporación social al empleo, al alojamiento y el desarrollo de las relaciones sociales.

Asimismo, el Estado debe trabajar en la prevención de la situación de calle, atendiendo a las personas y grupos familiares en riesgo. El diseño y desarrollo de las políticas públicas debe ser integral y con la participación voluntaria y activa de las personas concernidas, principalmente colectiva, a través de sus propias organizaciones.

Al Congreso Nacional le corresponde legislar sobre el reconocimiento de estos derechos y la determinación de las bases de las políticas públicas de alcance nacional, en cumplimiento de los derechos consagrados por los tratados de Derechos Humanos de jerarquía constitucional y en virtud del artículo 75 inciso 19 de la Constitución Nacional, lo faculta expresamente para proveer lo conducente al desarrollo humano y al progreso económico con justicia social.

Para la formulación del presente proyecto de ley, en cuanto al enunciado de los derechos de las personas, las obligaciones del Estado y la determinación de las bases de los programas nacionales para la integración social, se han tomado en cuenta como antecedentes normativos de nuestro país la ley 3.706 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (sancionada en 2010 y reglamentada en 2013), la ley 13.956 de la provincia de Buenos Aires (sancionada en 2009 y reglamentada en 2011) y el proyecto de ley 0241-D-2012 de la Diputada nacional Liliana Parada, que no tuvo tratamiento. Se ha prestado atención preferente al documento “Política nacional para la inclusión social de la población en situación de calle” del Gobierno Federal de Brasil, publicado en el año 2008, elaboración de un grupo de trabajo interministerial con la participación de representantes de la población en situación de calle y a la ley 130 de Puerto Rico, de 2007 que crea “Concilio Multisectorial de Apoyo a la Población sin Hogar”, reconoce los derechos de esta población y establece la política pública a cargo del Estado. Han sido examinados también los contenidos de la Carta Mundial de Derecho a la Ciudad, del Foro Mundial Urbano Barcelona – Quito de Octubre 2004, que establece el Derecho a la Ciudad, conjunto de derechos en que se basa el ejercicio pleno de la ciudadanía y que define a la ciudad como ámbito para realización de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, y, en el mismo sentido, la publicación de la Subsecretaría de Promoción de Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, del año 2011^[5]. Y se consideraron las experiencias de los censos, relevamientos y enunciación de políticas públicas de Brasil, Chile, Venezuela y de las ciudades de México DF y Montevideo.
 

El proyecto de ley que presentamos, en el primer capítulo, enuncia su objeto: la protección, garantía integral y operatividad de los derechos de las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle.

Se establece expresamente que sus disposiciones son de orden público y de aplicación obligatoria en todo nacional, mientras que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pueden sancionar en su propio ámbito las normas correspondientes, sin que limiten o restrinjan los derechos que aquí se reconocen.

Con el objeto de desarrollar una política pública integral, coherente y de alcance nacional, se encomienda al Poder Ejecutivo que de manera articulada con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, elabore e implemente los programas enunciados en el capítulo IV. A tales efectos, en dicho capítulo se prevé que el Presupuesto Nacional tenga una partida presupuestaria específica.

Este capítulo termina con la definición de los sujetos de la ley, siguiendo en lo fundamental los términos utilizados en la ley 3.706 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en diversos trabajos de investigación y en los programas de políticas públicas sobre esta materia.

Así, se entiende por personas en situación de calle a las personas solas o los grupos familiares que están en la calle como aquellos que utilizan la red de alojamientos nocturnos públicos o privados (paradores, hogares, alberges, entre otras). Mientras que en riesgo de situación de calle están aquellas personas o grupos familiares que residan en establecimientos públicos o privados (médicos, asistenciales, penitenciarios u otros) de los cuales deban egresar por cualquier causa en un plazo determinado y no dispongan de una vivienda para el momento del egreso; que estén próximos a notificarse o notificados de una resolución administrativa o sentencia judicial firme de desalojo y no tengan recursos para procurarse una vivienda o que habiten en asentamientos precarios o transitorios sin acceso a servicios públicos esenciales o en condiciones de hacinamiento que afecten su integridad psicofísica. De este modo, se consideran problemas habitacionales que, si no son tratados oportunamente, acrecentarán el problema de la situación de calle a corto plazo.

En el segundo capítulo se enuncian los derechos y garantías de las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle.

La situación de calle es considerada la forma más extrema y más visible de vulnerabilidad social: las personas en esta situación son ignoradas o son el último eslabón en la cadena de asistencia y se ven gravemente restringidos en sus derechos fundamentales cuyo ejercicio debe ser restituido por la acción del Estado. Por lo tanto, desde una perspectiva multidimensional del problema, se reconocen derechos y garantías fundamentales como la dignidad e identidad personal, el uso de los servicios, de la infraestructura y de los espacios públicos; el acceso pleno a los servicios socio-asistenciales, de salud y de apoyo para la obtención de un trabajo y a una vivienda digna.

En el tercer capítulo se enumeran los deberes del Estado respecto de este sector de la población: para garantizar el respeto, la protección y la promoción de sus derechos fundamentales, debe procurarse la restitución de su ejercicio y la igualdad de condiciones para el acceso a bienes públicos como la educación, salud, trabajo, vivienda, ocio y seguridad. En este sentido, el Estado debe realizar acciones positivas tendientes a la remoción de los obstáculos que impiden el acceso igualitario a las oportunidades de desarrollo personal y comunitario.

Así para el cumplimiento de estas obligaciones, hacia el logro de los objetivos enunciados, en el capítulo cuarto se enumeran las bases de una serie de programas nacionales, destacándose como prioritarios la realización de relevamientos de alcance nacional que den información cierta para la elaboración y evaluación de las políticas específicas, la constitución de una referencia administrativa postal, procedimientos para facilitar la documentación personal y, de fundamental importancia, la creación de centros de integración social y la puesta en marcha de un sistema de atención telefónica y mediante móviles para el abordaje inmediato de estas situaciones.

Estos programas federales serán articulados entre la Nación y las autoridades locales para encarar de forma integral en todo el territorio nacional aspectos de la problemática como la alimentación, la salud, la educación, el trabajo, el acceso a la justicia y a la vivienda, para la recuperación de los proyectos de vida de las personas que están en estas situaciones.

El ejercicio efectivo de los derechos será en definitiva lo que determine la integración social.

Por las razones expuestas, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.

Silvina M. García Larraburu.- Marcelo J. fuentes.- Julio C. Catalán Magni.-

^[1]https://tiempo.infonews.com/2012/12/13/sociedad-92707-denuncian-mas-de-mil-nuevos-casos- de-personas-en-situacion-de-calle.php.

^[2]2 https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/crecio-114-gente-que-vive-calle.

^[3]https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/9-29097-2011-06-13.html

^[4]https://www.diarioelatlantico.com/diario/2012/06/04/42969-en-mar-del-plata-90-de-personas-en- situacion-de-calle-son-hombres.html

^[5]https://www.mininterior.gov.ar/prensa/Publicaciones/asuntosMunicipales/derecho%20a%20la%20ci

udad.pdf

Expediente Diputados 0539-D-2018

FIRMANTES

BIANCHI, IVANA MARIA   ; VALLONE, ANDRES ALBERTO

Fecha: 08/03/2018

El Senado y Cámara de Diputados…

GARANTIZAR LA PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER EN EDAD REPRODUCTIVA, EMBARAZADA Y DE LOS NIÑOS POR NACER

CAPÍTULO I

PRINCIPIOS Y DERECHOS FUNDAMENTALES

ARTÍCULO 1°: Garantícese la protección integral de los derechos humanos de las mujeres en edad reproductiva, embarazadas y de los niños por nacer, como así también los consagradas en el artículo 75, inc.23 de nuestra Constitución Nacional, en todo el territorio argentino.

ARTÍCULO 2º: A los efectos de esta ley, entiéndase como niño por nacer; a todo ser humano desde el momento de la concepción en el seno materno o de la fertilización del óvulo hasta su nacimiento. El niño por nacer tiene derechos que deben ser ejercidos, aunque el mismo por su condición no pueda reclamarlos o manifestarlo.

ARTÍCULO 3º: El niño por nacer tiene derecho a la vida y a no ser privado de ella, a la integridad física y psicológica, y al respeto de su vida en igualdad de condiciones.

ARTÍCULO 4º: Garantícese al niño por nacer el ejercicio pleno de todos sus derechos, reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño y en todos los tratados Internacionales con rango constitucional.

ARTÍCULO 5º: El niño por nacer tiene derecho a no ser sometido a ningún tipo de procedimiento o técnica que afecte su integridad de persona.

CAPÍTULO II

SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS FUNDAMANTALES DE LAS MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA, EMBARAZADA Y DE LOS NIÑOS POR NACER

ARTÍCULO 6º: Creación. El Estado Nacional deberá implementar un Sistema de Asistencia Médica , Social , Psíquica y Económica destinado a la protección integral de los derechos fundamentales de la mujer y el niño por nacer , en coordinación con todos los organismo que diseñan políticas públicas al respecto, sean de gestión estatal o privada, dentro del ámbito nacional o provincial.

ARTÍCULO 7º: Gabinetes de Prevención y Asistencia. Crease dentro del Sistema Sanitario Argentino de índole público o privado Gabinetes de Prevención y Asistencia (GPA) destinado a la mujer en edad reproductiva, embarazada y al niño por nacer, bajo estrictas normas de clasificación de riesgo por nivel de complejidad para que la estrategia sea sustentable en el tiempo, cuya finalidad será de contención, asesoramiento y acompañamiento de las mimas.

ARTÍCULO 8°: Conformación. Los Gabinetes de Prevención y Asistencia (GPA) destinados a la mujer en edad reproductiva, embarazada y al niño por nacer estarán integrados por profesionales médicos especialistas en ginecología obstetricia, neonatología y psiquiatría; psicólogos, medicina familiar y comunitaria y asistentes sociales.

ARTÍCULO 9°: Prestaciones. Los Gabinetes de Prevención y Asistencia deben cubrir los siguientes aspectos elementales:

–          De Promoción: herramientas educativas prácticas en materia de género, biología, embriología, psicología de la gestación, anticoncepción.

–          De Prevención: formular los programas integrales de la comunidad, mediante instituciones, ONG, etc. Con el fin de lograr implementar el asesoramiento y la inmediatez en la entrega de distintos recursos para planificación familiar.

–          De Asistencia: brindar atención 24 Hs, con enfoque interdisciplinario y transversal.

–          De Contención: mediante trabajo individual y colectivo, con apertura a la comunidad y el permanente acompañamiento familiar.

–          De Inclusión: el embarazo debe ser siempre entendido como una situación fisiológica y no un estado de enfermedad, es por ello que incluir a las embarazadas en programas laborales orientados a distintas actividades participativas, colectivas, cognitivo conductuales permitirá ampliar el escenario de contención.

ARTÍCULO 10°: A fin de dar cumplimiento con lo establecido en el art.7 de la Ley 25.673 (Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable), se deberá ampliar la dispensa gratuita de anticonceptivos de carácter reversible, no abortivos y transitorio a todas las farmacias del territorio nacional, convirtiendo a las mismas en centros de distribución. El Estado nacional en coordinación con las provincias será el encargado de proveer dichos insumos a las antes mencionadas.

CAPÍTULO III

OBSERVATORIO NACIONAL DE LA MUJER EN EDAD REPRODUCTIVA, DE MORTALIDAD MATERNA Y DEL NIÑO POR NACER

ARTÍCULO 11°: Crease el Observatorio Nacional de la Mujer en edad reproductiva, de Mortalidad Materna y del Niño por Nacer.

ARTÍCULO 12°: Concepto. Entiéndase como Observatorio Nacional de la Mujer en edad reproductiva, de Mortalidad Materna y del Niño por Nacer, como un instrumento de la sociedad civil para la interlocución del Estado y los gobiernos locales, con el objetivo de incidir en la mejora de sus servicios y utilización de recursos a través de la transparencia.

ARTÍCULO 13°: Serán objetivos del mismo:

1. Realizar un diagnóstico de la problemática a observar, en las distintas jurisdicciones del país.
2. Conformar grupos de trabajo con tareas específicas destinados a :

–          Definir el funcionamiento y operación del Observatorio.

–          Definir indicadores.

–          Definir estrategias de monitoreo y evaluación de políticas públicas.

–          Difundir resultados y recabar información (publicaciones, informes oficiales, entrevistas).

3. Interlocución continúa con los grupos de trabajo.

ARTÍCULO 14°: Composicion. El Observatorio Nacional de la Mujer en edad reproductiva, de Mortalidad Materna y del Niño por Nacer estará conformado por un equipo multidisciplinario integrado por profesionales de las siguientes áreas; medicina, enfermería, psicología, embriología, biología, especialistas en bioética y abogados, sin perjuicio de sumar nuevos especialistas si así se requiera. La dirección del Observatorio estará integrada por los especialistas que conforman el equipo multidisciplinario.

CAPÍTULO IV

COMITÉ NACIONAL DE BIOETICA EN EL SISTEMA DE SALUD PÚBLICO Y PRIVADO

ARTÍCULO 15°: Objeto. Creación de los Comités Nacionales de Bioética dentro del Sistema de Salud de la República Argentina.

ARTÍCULO 16°: A los fines de la presente ley entiéndase por Comité Nacional de Bioética en el Sistema de Salud público y privado a los grupos interdisciplinarios que se ocupan de la docencia , investigación y consultas asociadas con los dilemas éticos que surgen de la práctica de la medicina hospitalaria.

ARTÍCULO 17°: Ámbito de Aplicación. Los Comités Nacionales de Bioética dentro del Sistema de Salud de la República Argentina desarrollaran su actividad dentro de cada institución de carácter público o privado destinado a la salud.

ARTICULO 18°: Integracion. Cada Comité será autónomo en cuanto a la designación de sus autoridades y reglamento, las cuales deberán ser elegidas anualmente. El número de miembros será entre 15 a 20 personas que podrán ser grupos de profesionales y no profesionales, relacionados al ámbito de: la

salud, el derecho, la bioética, las ciencias sociales, la psicología y por representantes de los distintos cultos religiosos registrados en el Registro Nacional de Culto. Las funciones de los mismos será “Ad Honorem”.

ARTÍCULO 19º: Funciones. El Comité deberá:

–          Realizar el estudio y la evaluación de las acciones aplicadas en todos los casos de muerte hospitalaria, muerte materna y perinatal que ocurran en la unidad, determinando los factores causantes o concurrentes, así como la previsibilidad y evitabilidad.

–          Determinar la naturaleza de los factores previsibles, codificándolos con criterios uniformes.

–          Propiciar y fomentar la educación del médico general y del especialista, así como de todo el personal involucrado en la atención de los casos obstétricos y pediátricos o neonatales, con el propósito de elevar su nivel profesional y técnico.

–          Mejorar la calidad de la atención de las diferentes especialidades que ofrece el hospital, y en particular la obstétrica y perinatal.

–          Revisar sistemáticamente los certificados de defunción valorando la calidad de su contenido según los principios científicos, técnicos, éticos que aseguren el anonimato de las partes involucradas.

–          Realizar mensualmente un análisis y evaluación de los resultados y dar a conocer las tasas y causas de defunción, la problemática detectada con más frecuencia y demás datos que se consideren relevantes, así como las alternativas de solución propuestas para disminuir la mortalidad en el hospital o en los servicios, que serán utilizados como elementos estadísticos, técnico-medico, epidemiológicos y de enseñanza, con manejo confidencial por los miembros del Comité.

ARTICULO 20°: Limitaciones. En ningún caso los Comités pueden actuar como tribunal, ni aplicar sanciones en relación a los temas abordados. Sus informes son de carácter no vinculante, a excepción de los casos que así lo requieran. Su actuación es meramente confidencial.

CAPITULO V

De la Mujer Embarazada

ARTÍCULO 21 °: Asignación Universal por Hijo por Nacer. La mujer durante todo el curso del embarazo percibirá la Asignación Universal por Hijo por Nacer, que consistirá en una prestación monetaria no retributiva de carácter mensual, cuyo monto será determinado por el Poder Ejecutivo , acreditando previamente; que la misma no estuviere empleada, emancipada o percibiendo alguna de las prestaciones o asignaciones previstas en la normativa vigente.

ARTÍCULO 22°: Transporte. Establécese el Boleto Gratuito en el transporte público de pasajeros dentro de todo el territorio nacional, a todas las mujeres embarazadas durante todo el periodo gestacional y el primer año posterior al nacimiento de su hijo/a. Cuya implementación , será determinada por la Autoridad Competente.

ARTÍCULO 23°: Delitos contra la Integridad Sexual. Cuando el embarazo sea resultado de la comisión de un delito a la integridad sexual de la mujer, esta tendrá derecho a la asistencia integral, física, psicológica y social prestada únicamente por profesionales especializados en la temática y con la intervención del Comité Nacional de Bioética en el Sistema de Salud Público y Privado

ARTÍCULO 24°: Adopción. Cuando de la comisión de un delito contra la integridad sexual de la mujer, esta resultare embarazada y decidiera otorgarlo en adopción se proveerán las medidas necesarias para proteger a la mujer y el niño por nacer, favoreciendo su adopción o guarda.

A tales fines se incorporara a la ley 25.854 el artículo 16 bis, que quedara redactado de la siguiente manera:

“A excepción de lo prescripto en el artículo precedente, se deberá tomar en consideración los elementos particulares del caso, cuando existiere un peligro que vulnere el interés superior del niño”.

ARTICULO 25°:Autorícese al Poder Ejecutivo Nacional a realizar las modificaciones presupuestarias pertinentes en el Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos a fin de dar cumplimiento a la presente ley.

CAPITULO VI

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

ARTÍCULO 26º: Ratifíquese la declaración del día 25 de marzo de cada año como “DÍA DEL NIÑO POR NACER”, establecido mediante Decreto Nº 1406/98. Anualmente, para dicha fecha el Ministerio de Educación coordinará con los ministerios del área de todas las provincias la realización de distintas actividades bajo el lema “TODOS UNIDOS POR LA VIDA DE LOS NIÑOS POR NACER”. En tal sentido, deberá incluirse en la currícula de todos los niveles la enseñanza la protección del derecho a la vida desde la concepción, la que deberá impartirse durante la semana en la que quede comprendido el día 25 de marzo.

ARTICULO 27°: La presente ley entrará en vigencia el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial y deberá ser reglamentada en lo pertinente en un plazo máximo de NOVENTA (90) días contados a partir de su sanción.

ARTICULO 28°: La Autoridad de Aplicación será determinada por el Poder Ejecutivo Nacional a los efectos de garantizar los objetivos previstos en esta ley.

ARTICULO 29°:Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

La reforma constitucional del año 1994 jerarquizó la protección integral de la madre durante el estado de gravidez, así como la de su hijo o hija, al establecer en el artículo 75, inc. 23: “Corresponde al Congreso: Dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia. …”. También la “Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre”, con jerarquía constitucional, en su artículo 7° establece lo siguiente: “Toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así como todo niño, tienen derecho a protección, cuidado y ayuda especiales.”

El estado de gravidez en la mujer implica una etapa de la vida natural y fisiológica que no supone patología. No obstante, pueden suscitarse trastornos emocionales, durante el embarazo y en el puerperio inmediato, que podrían perjudicar el normal nacimiento y crecimiento del niño o niña, como así también la salud integral de la madre.

Por lo que creo que es fundamental que en nuestro país se trate esta temática dentro de un contexto general entre los distintos estamentos que participan.

Para poder comprender la importancia de prevenir las Muertes Maternas en nuestro país debemos comenzar por definir la misma. Se entiende por Muerte Materna; la muerte de una mujer durante el embarazo o dentro de los 42 días de su terminación, independientemente de la duración y ubicación del embarazo, por cualquier causa relacionada o agravada por el mismo o su tratamiento, pero no por causas accidentales o incidentales.

Las complicaciones durante el embarazo y el parto son una de las principales causas de muerte y discapacidad en las mujeres en edad de procrear en los países en desarrollo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó que en 2016 hubo 830 mujeres que murieron por día en el mundo por complicaciones relacionadas con el embarazo o el parto, ósea que según la organización Mundial de la salud hay 9.960 mujeres y 9960 niños no nacidos que mueren al año en el mundo, cifra que dista mucho de la supuestas 500.000 muertes maternas anuales dentro del Territorio de la República Argentina.

La Estrategia mundial presentada por la OMS para la salud de la mujer, el niño y el adolescente, estableció el ambicioso objetivo de poner fin a las muertes maternas prevenibles para el año 2030. Muchos países así lo han entendido y actúan en consecuencia, ya que la mortalidad y el la morbilidad grave relacionada con el embarazo y el parto son cada vez más raros, gracias a una excelente educación sexual y programas de procreación responsable. La mortalidad materna sigue siendo un indicador crucial de la idoneidad de la asistencia de los servicios de salud en la materia.

También se instó a los distintos países a realizar campañas para el uso consciente de la anticoncepción segura y responsable, ya que de este modo se evitan los embarazos involuntarios, como los abortos en riesgo previniendo la muerte de madres y niños.

Por lo que estoy convencida, que es mejor desarrollar un gran plan Nacional de anticoncepción segura y responsable mediante campañas, y distribución equitativa para los sectores más vulnerables por lo que proponemos incluir a las farmacias de todo el territorio nacional, en el dispendio gratuito de anticonceptivos de carácter reversible, no abortivos y transitorio, tal como lo establece el artículo 7 de la Ley 25.673 (Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable)

La OMS, después de la publicación en 2016 del documento sobre recomendaciones de prácticas seleccionadas para el uso de anticonceptivos, brinda indicaciones sobre cómo usar métodos anticonceptivos de manera segura y efectiva, ha anunciado que se debe trabajar para promover la planificación familiar, produciendo pautas basadas en evidencia, seguridad y provisión de métodos anticonceptivos, desarrollando estándares de calidad y la precalificación de productos anticonceptivos y ayudando a los países a introducir, adaptar e implementar estas herramientas para cumplir.

Sr. Presidente: La planificación familiar le permite a las personas alcanzar el número deseado de niños y a la mujer decidir los posibles embarazos o no para su vida. Lo llamativo es que 214 millones de mujeres en edad reproductiva en países en desarrollo desean evitar el embarazo, pero no están usando un método anticonceptivo no solo para no quedar embarazadas y de esta manera evitar el aborto en sus vidas , si no tampoco para no padecer enfermedades de trasmisión sexual.

La capacidad de una mujer de elegir si y cuándo quedar embarazada tiene un impacto directo en su salud y bienestar.

Un tema que también debemos prestar atención son las infecciones de trasmisión sexual (ITS) que se han convertido en una de las principales preocupaciones de los sanitaristas argentinos debido a su imparable incremento. En los últimos años, nuestro país ha registrado un aumento significativo en los casos detectados, siendo los jóvenes los que se encuentran en mayor riesgo ya que tienen relaciones sexuales sin medida de protección.

El mayor aumento se ha detectado en las infecciones producidas por SIFILIS y el HPV. Este es un dato preocupante porque, además de ser enfermedades como tal, guardan especial relación con la trasmisión y padecimiento de otras enfermedades.

En un país sin estadísticas confiables y veraces como el nuestro, hace que el problema en cuanto a la temática se agudice, por lo que en el presente proyecto proponemos la creación de un Observatorio Nacional de la Mujer en Edad Reproductiva de Mortalidad Materna y el Niño por Nacer. Que se implementará como una estrategia al monitoreo y seguimiento.

Entre las líneas de acción del Plan de Reducción acelerada de la Morbilidad y Mortalidad Materno y Neonatal, se propone el trabajo junto con la comunidad para llegar a las poblaciones excluidas, cuidados obstétricos y neonatales al alcance de todos, transformar los establecimientos de salud para un mayor sostén educativo y de orientación , garantizar el acceso y uso racional de medicamentos anticonceptivos , innovar la infraestructura y tecnología al servicio de la salud y la evaluación periódica para monitorear los avances y la toma de decisiones.

Otra medida que proponemos es la creación de los Comité Nacional de Bioética en el Sistema Público y Privado. En la actualidad, los estados presentan regulaciones específicas nacionales y locales para garantizar el derecho a la salud, los derechos de los pacientes y normas para el mejor desarrollo de las prestaciones. El grave problema son los países en desarrollo por carecer de legislación suficiente, la Bioética será la herramienta principal ante las realidades que convergen en principios clásicos y universales como son: “respeto a la vida, respeto a la salud y la justicia “.

Señor Presidente:

Argentina prácticamente carece de Legislaciones Nacionales referidas a Bioética, solo se cuenta con principios generales o normativas por debajo de la Ley.

La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO, preconiza la creación de comités independientes, multidisciplinarios y pluralistas en el ámbito local, nacional, regional o institucional. Como organismo internacional actuará de plataforma, con la implementación de distintos instrumentos normativos adoptados y de ayuda a sus Estados Miembros para la creación Comités de Bioética.

Ahora Señor presidente me quiero expresar en relación al niño por nacer.

El 25 de Marzo es el Día de los Derechos del Niño por Nacer, es un día muy especial, una fecha dedicada para reflexionar acerca de la importancia que tiene la vida previa al nacimiento.

El 10 de diciembre de 1948, luego de la trágica experiencia de la II Guerra Mundial, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó y proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A medida que se fue profundizando en estos derechos inalienables, universales e innatos al hombre, surgió la necesidad de brindar al niño una protección especial y la misma Asamblea General adoptó el 20 de Noviembre de 1989 la Convención sobre los Derechos del Niño.

En este tiempo, donde el creciente poder de la ciencia se vuelve muchas veces contra el mismo hombre y donde una categoría de niños ven avasallados sus derechos más fundamentales, se hace necesaria la proclamación de los derechos de las personas por nacer, los niños más indefensos.

El reconocimiento de la persona por nacer no es nuevo en nuestra tradición jurídica. En efecto, desde la sanción del Código Civil, nuestro país ha reconocido que comienza la existencia de la persona desde su concepción (art. 63 y 70). En ese mismo momento, comienzan los deberes y derechos de los padres, según establece el art. 264 sobre patria potestad. Y, para disipar toda duda, el código aclara que persona de existencia visible es todo ente que presente signos característicos de humanidad, sin distinción de cualidades o accidentes (art. 51).

Esta indiscutida tradición jurídica ha encontrado en este último tiempo ratificación en la Constitución Nacional y en diversos tratados internacionales con jerarquía constitucional. En primer lugar, la misma Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 7° define que los “Estados partes reconocen que todo niño tiene derecho intrínseco a la vida” y agrega que “estos Estados garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño”. Por su parte, el artículo 24 dispone que “Los Estados asumen el deber de adoptar medidas apropiadas para asegurar atención sanitaria prenatal y postnatal apropiada a las madres” y el preámbulo afirma que “el niño, por su falta de madurez física y mental necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento”.

Esta Convención, que de por sí tutela al niño por nacer, ha sido ratificada por la ley 23849. En esta ley, la República Argentina declara que se entiende por niño “todo ser Humano desde el momento de la concepción y hasta los 18 años de edad” (conforme ley 23849 con relación al art. 1° de la Convención sobre los Derechos del Niño).

Según lo dispuesto por el Pacto de San José de Costa Rica (Convención Americana sobre Derechos Humanos), todo ser humano es persona (art. 1.2), y comienza su existencia “a partir del momento de la Concepción” (Art. 4.1). Por su parte, la Constitución Nacional en su artículo 75 inciso 23, dispone como facultad al Congreso Nacional el dictado de “un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación del desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia”.

Entre todos los derechos, el derecho a la vida es el primero, fuente y origen de los demás derechos humanos. Numerosos son los instrumentos internacionales que reconocen y garantizan este derecho, y cabe citar: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que consagra el derecho a la vida, inherente a la persona humana (art. 6°) y que “nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente”.(art. 6°).

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre dispone que “todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona” (art. 1°)

La Declaración Universal de los Derechos Humanos dice en su art. 3° “todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.

Por su parte, la ciencia confirmo la plena personalidad del niño por nacer. En este sentido, el Dr. Jerome Lejeune (Doctor en Medicina y en Ciencias por la Universidad de la Sorbonne; fundador de la patología cromosómica humana; Premio Kennedy 1962; Profesor de Genética Fundamental) ha dicho: “Cada uno de nosotros tiene un comienzo muy preciso, el momento de la concepción”.

En este marco el Poder Ejecutivo Nacional instituyo el día 25 de marzo como Día nacional del Niño por nacer con decreto N° 1406 del 7 de diciembre de 1998.

Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente proyecto.

Expte. 444-D-2018

FIRMANTES:

WISKY, SERGIO JAVIER; LIPOVETZKY, DANIEL ANDRES; BANFI, KARINA; BAZZE, MIGUEL ANGEL; WECHSLER, MARCELO GERMAN; IGLESIAS, FERNANDO ADOLFO; GAYOL, YANINA CELESTE; ACERENZA, SAMANTA MARIA CELESTE

Fecha: 07/03/18

El Senado y Cámara de Diputados…

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN ARGENTINA, REUNIDOS EN CONGRESO, SANCIONAN CON FUERZA DE LEY…

Artículo 1°.- El objeto de la presente ley es establecer el procedimiento para la interrupción legal del embarazo, en los casos enunciados en el artículo 86 del Código Penal, que se realicen en la República Argentina.

Artículo 2º.- Los agentes del servicio público de salud, las obras sociales enmarcadas en las leyes 23660 y 23661, las entidades de medicina prepaga y todos aquellos que brinden servicios médicos asistenciales a sus afiliados, independientemente de la figura jurídica que posean y de cual sea su objeto principal, están obligados a brindar la cobertura integral de las prácticas médicas necesarias para la interrupción del embarazo legal.

Artículo 3º.- Las disposiciones de la presente ley son de orden público y de aplicación en todo el territorio de la República Argentina. Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a sancionar para el ámbito de sus exclusivas competencias las normas correspondientes, que de ninguna manera podrán limitar o restringir los derechos consagrados en esta ley.

Artículo 4º.- En todas las interrupciones legales del embarazo se debe dar cumplimiento con los siguientes principios:

Todas las actitudes y prácticas de los profesionales de la salud deben estar destinadas a que, en base a la información veraz, adecuada y completa que se le brinde, la mujer o representante legal pueda tomar la mejor decisión posible. Es deber de los profesionales de la salud proveer la información necesaria para que pueda entender el proceso que está viviendo y formular todas las preguntas que crea necesarias.

No deben interponerse obstáculos médico-burocráticos o judiciales para acceder a la prestación de una interrupción legal del embarazo, ya que ponen en riesgo la salud de quien requiere la práctica.

La interrupción debe ser practicada por el equipo de salud sin intervenciones adicionales innecesarias, sean médicas, administrativas o judiciales.

Es derecho de la mujer que toda persona que participe en la elaboración o manipulación de la documentación clínica guarde la debida reserva.

Los servicios donde se lleven a cabo procedimientos de interrupción legal del embarazo deben respetar la privacidad de las mujeres durante todo el proceso. Asimismo, se debe garantizar la privacidad de la información solicitada a la mujer

A las mujeres que soliciten o requieran que se les realice una interrupción legal del embarazo se les debe garantizar una atención ágil e inmediata. Las instituciones en las cuales se practique deberán prestar toda la colaboración necesaria para que el proceso de atención integral sea brindado lo más pronto posible.

Los profesionales de la salud y las autoridades tienen la obligación de suministrar toda la información disponible de forma dinámica y a lo largo de todo el proceso de atención, incluso si no hay una solicitud explícita.

Artículo 5º.- La interrupción legal del embarazo debe ser realizado con el consentimiento de la mujer o representante legal, según sea el caso, previa obtención de su consentimiento informado por escrito, en los términos de lo establecido por la ley 26.529. Se deberá efectuar una declaración jurada donde se indique el inciso del artículo 86 del Código Penal por el cual se realiza el procedimiento.

Conforme lo dispuesto por el artículo 26 del Código Civil y Comercial, los representantes legales, o los que sean nombrados especialmente para el caso – en los términos de lo dispuesto por la ley 25.673 y su decreto reglamentario, y la ley 26.061 y su reglamentación-, deberán participar en conjunto con la niña o adolescente en la toma de decisiones. Se deberá respetar su derecho a ser escuchadas y a que su opinión sea tenida en cuenta.

Sin perjuicio de la representación legal, se recomienda fomentar que las adolescentes cuenten con la compañía y el apoyo de una persona de su confianza durante el proceso.

Si existiera una negativa injustificada de sus padres, tutores o encargados de acompañar la decisión de la niña o adolescente se procederá́ a dar intervención a la Asesoría Tutelar correspondiente, la cual deberá dirimir el conflicto en un plazo no mayor a cinco días.

En las situaciones en las que la mujer con derecho a acceder a una interrupción legal del embarazo tenga discapacidad psicosocial o mental, es fundamental que el equipo de salud la acompañe durante todo el proceso de atención fortaleciendo su autonomía.

Artículo 6º.- En la primera consulta médica realizada por una mujer respecto a la interrupción legal del embarazo, el médico dispondrá para el mismo día o para el inmediato siguiente, la consulta con un equipo interdisciplinario. El equipo interdisciplinario, deberá informar a la mujer de lo establecido en esta ley, de las características de la interrupción del embarazo y de los riesgos inherentes a esta práctica. Asimismo, informará sobre las alternativas, incluyendo los programas disponibles de apoyo social y económico, así como respecto a la posibilidad de dar su hijo en adopción. El equipo interdisciplinario deberá garantizar que la mujer disponga de toda la información para la toma de una decisión consciente y responsable.

A partir de la reunión con el equipo interdisciplinario, la mujer dispondrá de un período de reflexión mínimo de dos días, transcurrido el cual, si la mujer ratificara su voluntad de interrumpir su embarazo ante el médico tratante, se coordinará en un plazo no mayor a cinco días, que, en atención a la evidencia científica disponible, se oriente a la disminución de riesgos y daños.

Artículo 7º.- La interrupción legal del embarazo siempre debe ser realizada por un médico diplomado o bajo su supervisión.

Sin perjuicio de lo anterior, todo establecimiento debe contar con un equipo de salud a fin de dar cumplimiento con la asistencia integral de la mujer. Debe estar integrado por médicos, psicólogos, trabajadores sociales y enfermeros. La ausencia de personal en el equipo de salud no implica la imposibilidad de realizar la interrupción del embarazo legal.

La implementación de mecanismos administrativos y/o la realización de la interconsulta no pueden implicar demoras innecesarias en la realización de la interrupción legal del embarazo.

Artículo 8º.- Se considera una infracción por parte de los profesionales de la salud, el incumplimiento de sus obligaciones en el ejercicio de su profesión cuando, de forma injustificada, realicen maniobras dilatorias durante el proceso, suministren información falsa o cuando prevalezca en ellos una negativa injustificada a practicar el aborto.

Artículo 9º.- Todo profesional de la salud tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia con respecto a la práctica del aborto no punible, siempre y cuando no se traduzca en la dilación, retardo o impedimento para el acceso a esta práctica médica.

En caso de que un profesional de la salud desee ejercer su derecho a la objeción de conciencia, deberá́ notificar su voluntad por escrito a las autoridades del establecimiento de salud en el que se desempeñe.

Los profesionales objetores, aunque hayan notificado previamente su voluntad, están obligados a cumplir con el deber de informar a la mujer sobre su derecho a acceder a una interrupción legal del embarazo si constatan alguna de las causales que lo justifican.

La objeción de conciencia es siempre individual y no institucional.

Artículo 10º.- Posterior a una intervención, en todos los casos se le debe ofrecer a la mujer consejería en anticoncepción y cuidados posteriores luego del procedimiento.

El objetivo de la consejería en anticoncepción es brindar a las mujeres la información necesaria para que puedan elegir libremente, si lo desean, un método anticonceptivo entre las opciones posibles, sin coerción o presión alguna.

Artículo 11º.- La autoridad de aplicación será la que determine el Poder Ejecutivo Nacional.

Artículo 12º.- La Autoridad de Aplicación deberá implementar y proponer medidas positivas y articuladas con la jurisdicción nacional, provincial y municipal, incluyendo la concreción de acuerdos que aseguren:

Desarrollar un protocolo técnico hospitalario para la concreta atención de los abortos no punibles. Las normas técnicas deberán ser del más alto nivel, debiendo actualizarse a fin de alcanzar dicho fin.

La capacitación de recursos humanos, tendientes al cumplimiento de las disposiciones de la presente ley.

La existencia del sistema de información estadística que se establezca, para contribuir a la formulación e implementación de políticas públicas de educación sexual.

La Implementación de políticas de difusión de derechos. Se deberán asegurar medidas para llevar a cabo campañas de educación sexual y difusión del derecho a la interrupción legal del embarazo.

Artículo 13.- Los actos u omisiones que impliquen transgresión a esta ley y a las reglamentaciones que se dicten en consecuencia, serán considerados faltas administrativas, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad civil o penal en que pudieran estar incursos los infractores.

Los infractores a los que se refiere el párrafo anterior serán sancionados por la autoridad sanitaria competente, de acuerdo con la gravedad y/o reincidencia de la infracción con:

1. a) Multa graduable entre 10 y 100 salarios mínimo, vital y móvil;
2. b) Inhabilitación en el ejercicio profesional de un mes a cinco años;
3. c) Clausura total o parcial, temporaria o definitiva del consultorio, clínica, instituto, sanatorio, laboratorio o cualquier otro local o establecimiento donde actuaren las personas que hayan cometido la infracción.

Las sanciones establecidas en los incisos precedentes podrán aplicarse independientemente o conjuntamente en función de las circunstancias previstas en la primera parte de este artículo. En caso de reincidencia, se podrá incrementar hasta el décuplo la sanción aplicada.

Artículo 14.- A los efectos de esta Ley se consideran reincidentes a quienes, habiendo sido sancionados, incurran en una nueva infracción dentro del término de cuatro (4) años contados desde la fecha en que haya quedado firme la sanción anterior, cualquiera fuese la autoridad sanitaria que la impusiera.

Artículo 15.- El monto recaudado en concepto de multas por la autoridad de aplicación ingresa a la cuenta especial del Fondo de Fortalecimiento Nacional de la Salud, dentro de la cual se contabilizará por separado y deberá utilizarse exclusivamente en erogaciones que propendan al logro de los fines indicados en la presente ley.

El producto de las multas que apliquen las autoridades sanitarias provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ingresará de acuerdo con lo que al respecto se disponga en cada jurisdicción, debiéndose aplicar con la finalidad indicada en el párrafo anterior.

Artículo 16.- Las infracciones a esta ley serán sancionadas por la autoridad sanitaria competente previo sumario, con audiencia de prueba y defensa a los imputados, según procedimiento administrativo correspondiente. La constancia del acta labrada en forma, al tiempo de verificarse la infracción, y en cuanto no sea enervada por otros elementos de juicio, podrá ser considerada como plena prueba de la responsabilidad de los imputados.

Artículo 17.- La falta de pago de las multas aplicadas hace exigible su cobro por ejecución fiscal, constituyendo suficiente título ejecutivo el testimonio autenticado de la resolución condenatoria firme.

Artículo 18.- En cada provincia y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los procedimientos se ajustarán a lo que al respecto resuelvan las autoridades competentes de cada jurisdicción, de modo concordante con las disposiciones de este título.

Artículo 19.- Las autoridades sanitarias a las que corresponda actuar de acuerdo con lo dispuesto en esta ley están facultadas para verificar su cumplimiento y el de sus disposiciones reglamentarias mediante inspecciones y/o pedidos de informes según estime pertinente. A tales fines, sus funcionarios autorizados tendrán acceso a cualquier lugar previsto en la presente ley y podrán proceder a la intervención o secuestro de elementos probatorios de su inobservancia.

Artículo 20.- El Poder Ejecutivo reglamentará las disposiciones de la presente ley dentro de los sesenta días de su promulgación.

Artículo 21.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS

Señor Presidente.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “F., A. L. s/medida autosatisfactiva”, de marzo de 2012, exhortó a las autoridades nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a implementar y hacer operativos, mediante normas del más alto nivel, en los términos sentados en la sentencia, protocolos hospitalarios para la concreta atención de los abortos no punibles y para la asistencia integral de toda víctima de violencia sexual.

No obstante, a seis (6) años del fallo de la Corte, sólo nueve (9) de las veinticuatro (24) jurisdicciones poseen protocolos propios de atención de abortos no punibles, es decir, más de la mitad de las jurisdicciones del país aún no cuenta con una normativa que asegure de modo efectivo el ejercicio de un derecho que las mujeres tienen desde 1921.

Es por ello que, el presente proyecto incorpora la regulación de la interrupción legal del embarazo, teniendo en cuenta esencialmente el punto de vista sanitario. En estos casos sólo es necesario el consentimiento informado de la mujer garantizando, de este modo, la práctica de la interrupción a todas las mujeres ampliamente y sin judicializaciones, ni autorizaciones que se traducen en una interferencia estatal indebida sobre la vida privada.

El derecho al acceso a una interrupción legal del embarazo y una mejor distribución de los recursos concretos para su pleno ejercicio, constituyen aún demandas a ser atendidas y que deben ser consideradas en toda magnitud y para todos los sectores por igual.

El presente proyecto tiene por fin permitir que los servicios de salud se organicen para garantizar la disponibilidad de la prestación médica de interrupción legal de embarazo sin que sus propias cosmovisiones interfieran con los derechos de las pacientes, y en definitiva brindar así una atención sanitaria integral. Pues, hemos observando la desafortunada asiduidad con que las Instituciones sanitarias niegan o dilatan la prestación médica bajo excusas diferentes incurriendo en la responsabilidad específica las autoridades de las instituciones en los términos del art. 40 de la ley 17.132.

Asimismo, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación tiene como fuente normativa preexistente y de superior jerarquía a la Constitución, y los tratados de derechos humanos ratificados por nuestro país, que contienen los estándares mínimos que deben respetar todas las normas del ordenamiento jurídico interno. Por ello, toda interpretación normativa debe realizarse atendiendo a los principios pro homine, de progresividad y no regresividad, autonomía e igualdad, entre otros (arts. 1 y 2 CCCN). Cuando se interpretan normas relacionadas con el ejercicio de derechos humanos, siempre debe preferirse la interpretación y/o aplicación de la norma que conceda un alcance más amplio a los derechos para el mayor número de personas.

Más allá de que éstas son las normas que por rigurosa técnica jurídica son de estricta aplicación al caso, basándose en paradigmas no-discriminatorios, las mismas constituyen los mejores instrumentos para que las personas implicadas, mujeres, niñas, adolescentes, personas con capacidades diferentes no vean cercenados sus derechos humanos personalísimos, el derecho a su propio cuerpo, a su autonomía y libertad y a su salud integral.

Por último, el presente proyecto pretende garantizar derechos sexuales y reproductivos de las personas, pues la subordinación legal a la Constitución y a las normas de derechos humanos, se traduce en la aplicación entre otros y fundamentalmente en los siguientes criterios interpretativos: interés superior y autonomía progresiva de mujeres, niñas, niños y adolescentes, presunción de la capacidad de todas las personas en todas las circunstancias, pro persona, pro niños, niñas y adolescentes, e igualdad y no discriminación.

La muerte a consecuencia de interrupciones de embarazos mal practicadas, sólo pueden sufrirla las mujeres por su propia condición biológica para la reproducción, es por ello que esta ley constituye un acto de equidad y justicia reproductiva, en tanto debemos garantizar una política pública sanitaria integral. De allí, la necesidad de dar un debate serio y profundo, despojado de valoraciones personales, resulta imperioso en esta etapa de la Argentina.

El debate sobre el derecho al acceso a la práctica sanitaria segura de interrupción del embarazo constituye un paso más en el camino hacia la democratización de nuestra sociedad y la resolución de injusticias reproductivas. El Estado debe garantizar un acceso real y equitativo al derecho a la salud para todas las mujeres sin permitir que se generen diferencias según el nivel socioeconómico, de etnia, valores culturales y religiosos, ni edad.

De la mano de otras leyes vigentes, como las que aprobaron los programas de salud sexual y reproductiva, educación sexual integral, matrimonio igualitario, fertilización asistida, y de la implementación de políticas de salud reproductiva podemos avanzar mucho en la construcción de una sociedad más justa, igualitaria, respetuosa de los derechos de la mujer.

Asimismo, hemos presentado a la Cámara de Diputados un proyecto de ley con el fin de modificar el Código Penal y ampliar las causales de interrupciones legales del embarazo –aborto no punible-. En este sentido, consideramos que el tratamiento de la ampliación de derechos no debe obstaculizar los fines perseguidos por el presente proyecto de ley, que busca efectivizar los derechos presentes y futuros respecto a la interrupción legal del embarazo.

De lo que se trata es de debatir qué democracia queremos, porque por omitir un debate sobre la legislación que permita interrumpir embarazos, se refuerzan inequidades e injusticias sociales. Presentamos este proyecto de ley con la esperanza de que el Honorable Congreso de la Nación nos acompañe en esta iniciativa y contribuya una vez más a la ampliación de derechos en la Argentina.

Por lo expuesto, es que solicito a mis pares que acompañen la aprobación del presente proyectó de ley.

Expediente Diputados 443-D-2018

FIRMANTES:

WISKY, SERGIO JAVIER; LIPOVETZKY, DANIEL ANDRES; GAYOL, YANINA CELESTE; BAZZE, MIGUEL ANGEL; WECHSLER, MARCELO GERMAN; BANFI, KARINA; IGLESIAS, FERNANDO ADOLFO; ACERENZA, SAMANTA MARIA CELESTE

Fecha: 07/03/18

El Senado y Cámara de Diputados…

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN ARGENTINA, REUNIDOS EN CONGRESO, SANCIONAN CON FUERZA DE LEY…

Artículo 1.- Modificase el Articulo 86 del Código Penal, que quedara redactado de la siguiente manera:

“Artículo 86. – Incurrirán en las penas establecidas en el artículo anterior y sufrirán, además, inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena, los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a causarlo.

El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible:

1º Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios.

2º Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la salud física, mental, emocional o social de la madre, entendiendo que el peligro no exige la configuración de un daño, sino su posible ocurrencia.

3º Si el embarazo proviene de una violación.

4º Si el embarazo proviene de un atentado al pudor cometido sobre una mujer con capacidad restringida. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto.

5º Si existieren malformaciones fetales graves, incompatibles con la vida extrauterina.

6º Si la mujer o representante legal solicitan la interrupción voluntaria del embarazo dentro de las 14 semanas de gestación.

Para ninguno de los casos indicados precedentemente, se requerirá orden judicial para llevar a cabo la intervención.”

Artículo 2.- Deróguese el Articulo 88 del Código Penal.

Artículo 3.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

Nuestro Código Penal siempre conservó una diferenciación entre el homicidio y el aborto; mientras para el primero prevé una pena de 8 a 25 años, en el segundo caso la pena es de 1 a 4 años.

Sin embargo, esta distinción que se encuentra presente en la actualidad no ha sido cuestionada respecto a afectar tratados internacionales con jerarquía Constitucional en los cuales la Nación es parte, como por ejemplo La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; entre otros.

En este orden de ideas partimos de la premisa que el sistema legal argentino guarda dos estatus jurídicos distintos para la persona y para el nasciturus.

Esta diferenciación jurídica encuentra un punto de quiebre en el artículo 86 del Código Penal. Como es sabido, en este artículo se prevé que si se encuentra en riesgo la vida, la salud o si el embarazo fue fruto de una violación o atentado al pudor de una mujer con capacidades cognitivas disminuidas, el aborto realizado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer no será punible.

En consecuencia, es fácil advertir, más allá de la longitud de tiempo de la pena, que el ordenamiento jurídico argentino realiza una clara distinción entre aborto y homicidio, máxime con las excepciones que contempla en materia de aborto. Asimismo, todos estamos de acuerdo que la presente regulación en la materia no viola la Constitución Nacional ni los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional.

Para el Código Penal, el aborto no es homicidio. Debe prevalecer en este debate siempre la razón y la causa de los derechos de la mujer.

El presente proyecto busca en primer lugar traer luz a la redacción actual del artículo 86 del Código Penal; luz que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su carácter de último interprete del ordenamiento jurídico nos ha brindado de forma tanto directa como indirecta respecto a las excepciones al aborto no punible que tenemos en la actualidad; luz que los Organismos Internacionales en el marco de los observaciones periódicas realizadas a nuestro país en virtud de los pactos y compromisos que la Nación asumió nos ha brindado.

En este sentido el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el marco del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en marzo de 2010, expresa su preocupación por la legislación restrictiva del aborto contenida en el artículo 86 del Código Penal, así como por la inconsistente interpretación por parte de los tribunales de las causales de no punibilidad contenidas en dicho artículo. En este sentido sostiene que: “[e]l Estado Parte debe modificar su legislación de forma que la misma ayude efectivamente a las mujeres a evitar embarazos no deseados y que éstas no tengan que recurrir a abortos clandestinos que podrían poner en peligro sus vidas. El Estado debe igualmente adoptar medidas para la capacitación de jueces y personal de salud sobre el alcance del artículo 86 del Código Penal”.

Es por ello que destacamos la necesidad y urgencia en el deber como legisladores de modificar la redacción actual de las excepciones previstas a fin de evitar incertidumbre interpretativa.

Bajo esta realidad, la separación de las excepciones en distintos incisos facilita su comprensión, distinguiendo a la vida de la salud de la madre y distinguiendo el embarazo producto de una violación del embarazo fruto de un atentado al pudor cometido sobre una mujer con capacidades cognitivas disminuidas.

El riesgo en la vida de la mujer no es algo que se preste a confusión y a diversas interpretaciones. Sin embargo, la salud de la mujer es un concepto que he preferido desarrollarlo para evitar problemas en su aplicación.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en Nueva York el 22 de julio de 1946, en su Carta Constitucional o Carta Magna firmada por 61 Estados, definió a la salud en su preámbulo como “(…) un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de enfermedad o dolencia, al que tiene derecho toda persona sin distinción de raza, credo…”. Asimismo la OMS destaca que el concepto de peligro en materia de salud “no exige la configuración de un daño, sino su posible ocurrencia”.

Respecto a la distinción entre el embarazo producto de una violación de aquel fruto de un atentado al pudor cometido sobre una mujer con capacidades cognitivas disminuidas, si bien en la actualidad dicha cuestión ha sido abordada por la CSJN en el fallo “F., A. L. s/medida autosatisfactiva”, considero que es conveniente distinguir ambos supuestos en distintos incisos, para que el propio texto de la norma quede lo debidamente claro.

En segundo lugar, buscamos avanzar en la legislación actual, agregando dos supuestos nuevos. La posibilidad del aborto si existieren malformaciones fetales graves, incompatibles con la vida extrauterina y la opción de abortar voluntariamente dentro de las primeras 14 semanas de gestación.

El primer supuesto incorporado es para aquellos fetos que padecen una patología incompatible con la vida cuando presenta gravísimas malformaciones, irreversibles e incurables, que producirán su muerte intraútero o a las pocas horas de nacer. Lamentablemente en la mayoría de estos casos se trata de anencefalia, una malformación que se da en uno de cada mil embarazos donde, en los primeros días de gestación, se produce un desarrollo mínimo o la ausencia total del cerebro y la falta de los huesos del cráneo. Atento a la frecuencia en que ocurren estos lamentables acontecimientos, es procedente que en estos casos quede de forma expresa en el Código Penal la no punibilidad de dichas intervenciones.

Respecto al sexto inciso agregado en este proyecto de ley cabe realizar algunas consideraciones previas.

Mucho se ha hablado respecto del compromiso asumido por nuestro país respecto a Tratados Internacionales con jerarquía Constitucional que contradiríamos en caso de permitir el aborto voluntario. Sin embargo, son los propios organismos internacionales los que nos indican -en reiteradas oportunidades- que nos encontramos al margen de los Tratados Internacionales, debido a nuestra legislación actual y la pobre interpretación restrictiva que se realizan sobre derechos consagrados.

Corresponde recordar las consideraciones realizadas por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas esbozadas anteriormente. Asimismo, el Comité del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales indicó en la Observación Nº 22 del 8 de marzo de 2016 que: “(…) la falta de servicios de atención obstétrica de emergencia o negación del aborto a menudo conducen a la mortalidad y morbilidad materna, que a su vez constituye una violación del derecho a la vida o la seguridad, y en ciertas circunstancias, puede equivaler a tortura o tratos crueles, inhumanos o degradante”.

La mujer toma generalmente la decisión después de una amplia reflexión, tanto racional como afectiva. No es una resolución a la ligera; conoce que están involucrados diversos valores que debe ponderar. En esta forma, dicha determinación involucra su intimidad como ser humano y a diversos derechos fundamentales suyos como son la dignidad, la libertad de decisión, la igualdad de género, el derecho a no ser discriminada y la protección a la salud, tanto física como psíquica.

La mujer que aborta en la clandestinidad —porque el aborto es todavía ilegal— conoce además que está exponiendo su vida, su salud, su libertad y, con frecuencia, sufre alteraciones o trastornos psicológicos más fuertes que cuando lo realiza bajo la protección de la ley, y sabe que cuenta con servicios médicos y sanitarios adecuados. Es decir, cuando está protegida por un aborto seguro.

El Estado tiene la obligación de dar una respuesta a estas mujeres, no puede mirar para otro lado. El aborto no es una salida rápida, sino la última herramienta cuando ya fallaron ciertos valladares, como una educación sexual adecuada, una contención social integral, entre otros. Por este motivo también proponemos derogar el artículo 88 del Código Penal el cual prevé una pena para la mujer que aborta.

En tercer lugar, destacamos la introducción dentro del artículo 86 de la no necesidad de requerir orden judicial para llevar adelante la intervención médica con el fin de abortar. Si bien la Constitución Nacional en su artículo 19 es clara en cuanto a que “[n]ingún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”, lo cierto es que en la práctica esto no es una verdad de Perogrullo. En la actualidad muchos médicos acusan objeción de conciencia por miedo de que caiga sobre ellos una condena penal, al no tener una autorización judicial escrita a fin de practicar el aborto. Este miedo no es infundado, toda vez que los Fiscales en varias oportunidades han iniciado acciones por este tipo de intervenciones.

Esta cuestión ha generado gran debate dentro de la jurisprudencia argentina. Nuevamente la CSJN en el fallo “F., A. L. s/medida autosatisfactiva”, de marzo de 2012, por unanimidad, estableció́ que quien se encuentre en las condiciones descriptas en el art. 86 del Código Penal “(…) no puede ni debe ser obligada a solicitar una autorización judicial para interrumpir su embarazo, toda vez que la ley no lo manda, como tampoco puede ni debe ser privada del derecho que le asiste a la interrupción del mismo ya que ello, lejos de estar prohibido, está permitido y no resulta punible” (CSJN, 2012: considerando 21).

Asimismo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo citado anteriormente, estableció que, “no deben existir obstáculos médicos–burocráticos o judiciales, para acceder a la mencionada prestación y que pongan en riesgo la salud o la propia vida de quien la reclama”, por lo que, el incumplimiento de este derecho implica una ilegalidad de la que sería responsable tanto el Estado Nacional, como los Estados Provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Es por ello que consideramos la importancia de incluir de forma expresa la no necesidad de requerir orden judicial dentro del artículo 86 del Código Penal.

Por último, más allá del análisis técnico jurídico que hemos realizado hasta aquí, hay un debate social que debemos dar.

El aborto es uno de los temas que han ocupado un lugar en la agenda social durante muchos años, sin que hubiera un correlato en su debate parlamentario.

De la mano de esta ausencia, hay una realidad que transcurre a espaldas de la ley. Miles de mujeres interrumpen sus embarazos todos los años en la clandestinidad y sin ningún tipo de parámetro de calidad en cuanto a la atención médica. Según un informe de la ONG Amnistía Internacional basado en los datos elaborados en 2005 por las demógrafas Edith Pantelides y Silvia Mario, a pedido del Ministerio de Salud de la Nación, 450 mil mujeres abortan cada año.

De acuerdo con el anuario del Ministerio de Salud de la Nación, en 2016 (último dato oficial disponible) murieron 245 mujeres embarazadas por distintas causas. De este total, el 17,6% (43 defunciones) fueron muertes por un “embarazo terminado en aborto” y esto ubica al aborto como la principal causa individual de la mortalidad materna en nuestro país. Si se mira la serie de datos, el porcentaje de muertes por abortos registradas (es decir, las que llegan al sistema de salud) cayó con respecto a 2015 (18,5%), pero aumentó en base a 2014 (14,8%).

Estas defunciones sin duda tienen una relación directa con la precariedad de las prácticas a las que son sometidas las personas de menores recursos, que no tienen la capacidad económica de acceder a una atención de calidad –aunque clandestina- y deben interrumpir sus embarazos con la ayuda de personal sin calificación y en entornos que no reúnen las mínimas condiciones.

Desde el sistema sanitario tenemos la obligación de dar respuesta a algo que está sucediendo aquí y ahora. Debemos hacerlo con la concepción ética de la atención médica, que parte de la prevención, luego busca la remediación y más tarde la reparación.

Frente a una persona con un problema de salud concreto, el médico tiene la obligación de afrontar ese problema. No debe detenerse a juzgar los motivos que llevaron a la persona doliente a esa circunstancia. Ante el problema, sólo cabe la acción.

Por lo expuesto, es que solicito a mis pares que acompañen la aprobación del presente proyectó de ley.

Expediente Diputados 0459-D-2018

FIRMANTE:

BIANCHI, IVANA MARIA

Fecha: 07/03/2018

El Senado y Cámara de Diputados…

SERVICIO DE ASISTENCIA E INFORMACIÓN A MUJERES EN ESTADO DE GRAVIDEZ CON DIAGNÓSTICO DE ANOMALÍAS EN EL PERÍODO PRENATAL

Artículo 1°.- La presente ley tiene por objeto establecer el servicio de asistencia e información a las mujeres en estado de gravidez con diagnóstico de anomalías en el período prenatal.

Artículo 2°: – Entiéndase por anomalía en el período prenatal cualquier anomalía en la salud del niño o la niña por nacer, identificada a través de pruebas genéticas prenatales o procedimientos de rastreo prenatal.

Artículo 3°.- Prestaciones básicas deberán brindar como mínimo lo siguiente:

1. a) Asegurar que las madres reciban información médica y actualizada.
2. b) Mejorar los datos disponibles mediante la incorporación de la información obtenida directamente a través de las pruebas prenatales dentro de los programas estatales de vigilancia de los defectos congénitos y de condiciones diagnosticadas en el período prenatal ya existente.
3. c) Aumentar el número de derivaciones de las mujeres en estado de gravidez hacia profesionales que ofrezcan servicios de asistencia e información a madres con diagnóstico de anomalías en el período prenatal.
4. d) Proporcionar redes de apoyo a través de un Programa de Contención, Asistencia e Información a la madre, su familia y a todos los profesionales de la salud.

Artículo 4°: Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a la presente ley con la adecuación correspondiente para el ámbito de sus respectivas jurisdicciones.

Artículo 5° Autorícese al Poder Ejecutivo Nacional a realizar asignaciones presupuestarias pertinentes en el presupuesto general de gastos y cálculos de recursos a fin de dar cumplimiento a la ley.

Artículo 6°: Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional

El 5 de marzo de 2018 se presentó en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley (expte. 230-D-2018) de 13 artículos que propone la legalización del aborto según los siguientes lineamientos:

• Aborto libre hasta la semana 14: “Toda mujer tiene derecho a decidir voluntariamente la interrupción de su embarazo durante las primeras catorce semanas del proceso gestacional” (art. 1). Paralelamente, se derogan los artículos 85 inciso 2, 86 y 88 del Código Penal que reprimen el aborto con consentimiento de la mujer (arts. 11 y 12).
• Causales de aborto más allá de la semana 14: Más allá del plazo de la semana 14, se legaliza el aborto como “derecho” en los siguientes casos: “1. Si el embarazo fuera producto de una violación, con el sólo requerimiento y la declaración jurada de la persona ante el profesional de salud interviniente.  2. Si estuviera en riesgo la vida o la salud física, psíquica o social de la mujer, considerada en los términos de salud integral como derecho humano. 3. Si existieren malformaciones fetales graves”.
• Plazo perentorio y no judicialización: Según el artículo 2, el acceso al aborto se debe dar en un plazo máximo de 5 días. Además, el artículo 7 dispone que el aborto se realice sin autorización judicial previa.
• Cobertura por el sistema de salud: Por el artículo 5 se establece la inclusión del aborto entre las prestaciones que deben ser cubiertas en forma integral por todas las instituciones del sistema de salud. El artículo 6 obliga a las autoridades de los establecimientos de salud a garantizar estas prácticas, bajo pena de responsabilidad.
• Consentimiento: Para la realización del aborto se requiere el consentimiento informado de la mujer expresado por escrito (art. 4). Por el artículo 10 también se incluye en esta ley a las personas que hayan modificado su identidad de género.
• Madres adolescentes: En el caso de personas adolescentes, si es menor a 13 años, se requiere su consentimiento y la asistencia de al menos uno de sus progenitores, o a falta de ellos, de alguna persona según un listado muy amplio que en última instancia incluye a los allegados. De 13 a 16 años, se presume que la adolescente puede consentir por sí el aborto. Desde los 16 se afirma que tiene plena capacidad para consentir el aborto igual que cualquier mujer mayor de edad(art. 8).
• Personas con capacidad restringida: el artículo 9 contempla cómo proceder en caso de personas con capacidad restringida e incapaces.