1. Introducción

El 15 de enero de 2021 se publicó en el Boletín Oficial la ley 27610 de legalización del aborto en Argentina junto con el decreto 14-2021 del Poder Ejecutivo que promulga esa ley, al mismo tiempo que veta la palabra “integral” en los artículos 4 y 16. También se publicó la ley 27611 de atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia. La ley de aborto, conforme lo dispuesto por el art. 5 del Código Civil y Comercial, entra en vigencia después del octavo día de su publicación, es decir, el 24 de enero de 2021.

2. La ley de aborto

En anteriores boletines hemos analizado la ley de aborto aprobada, que legaliza el aborto a simple demanda hasta la semana 14 de embarazo inclusive y, luego de esa semana, en dos causales (violación o riesgo para la vida o la salud de la madre). Para ello, se modifica el Código Penal, incorporando también nuevas figuras como la que sanciona al funcionario o personal de salud que dilatare injustificadamente, negare u obstaculizare la realización de un aborto. El texto impulsa el aborto de las personas menores de edad sin la necesaria intervención de sus padres y recorta la información que se brinda a la madre. El aborto queda incluido en el Programa Médico Obligatorio y todo el sistema de salud debe cubrirlo. Además, regula deficientemente la objeción de conciencia individual e institucional y obliga a capacitar al personal de instituciones educativas y de salud en temas de perspectiva de género.

Entre las numerosas críticas que merece la ley, que es injusta e inconstitucional, enfatizamos que se trata de una clara violación del derecho a la vida de la persona por nacer, que son discriminadas según sean deseadas o no deseadas, se afecta la libertad de conciencia, de pensamiento, de religión y de asociación, se vulnera la libertad de ejercicio profesional, se traicionan los fines de la medicina, se violentan los derechos y deberes de los padres sobre sus hijos, se afecta el sistema federal de gobierno y, en última instancia, se instala un mecanismo legal de eliminación de personas humanas.

3. El veto de la palabra “integral”

El decreto 14/2021 en su artículo 1º “observa la palabra “integral” a continuación de la palabra “salud” en el inciso b) del artículo 4° y en el artículo 16, en el inciso 2) del artículo 86 del Código Penal que sustituye, del Proyecto de Ley registrado bajo el N° 27.610”. La observación un mecanismo constitucional que otorga al Poder Ejecutivo la posibilidad de vetar total o parcialmente el contenido de una ley. La norma entra en vigencia, pero sin las palabras que han sido “observadas”.

El veto de la palabra “integral” se vincula con los abortos que se realicen pasadas las 14 semanas de embarazo. A continuación, podemos ver el texto original y, resaltada, la palabra que ha sido eliminada en la versión final vigente de la ley:

“Art. 4º — Interrupción voluntaria del embarazo. Las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar tienen derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo hasta la semana catorce (14) inclusive, del proceso gestacional.

Fuera del plazo dispuesto en el párrafo anterior, la persona gestante tiene derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo solo en las siguientes situaciones:

a) Si el embarazo fuere resultado de una violación, con el requerimiento y la declaración jurada pertinente de la persona gestante, ante el personal de salud interviniente.

En los casos de niñas menores de trece (13) años de edad, la declaración jurada no será requerida.

b) Si estuviere en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante”.

“Art. 16 —  Sustitución del artículo 86 del Código Penal. Sustitúyese el artículo 86 del Código Penal de la Nación, por el siguiente:

Artículo 86.- No es delito el aborto realizado con consentimiento de la persona gestante hasta la semana catore (14) inclusive del proceso gestacional.

Fuera del plazo establecido en el párrafo anterior, no será punible el aborto practicado con el consentimiento de la persona gestante:

1. Si el embarazo fuere producto de una violación. En este caso, se debe garantizar la práctica con el requerimiento y la declaración jurada de la persona gestante ante el o la profesional o personal de salud interviniente.

En los casos de niñas menores de trece (13) años de edad, la declaración jurada no será requerida.

2. Si estuviera en riesgo la vida o la salud integral de la persona gestante.” 

Conforme lo establece la Constitución Nacional, el veto parcial del Poder Ejecutivo debe ser informado al Congreso Nacional, que tiene la potestad de insistir en el texto original de conformidad con lo dispuesto por los arts. 80 y 83 de la Constitución Nacional y lo normado por la ley 26122. El resto del articulado se encuentra vigente porque, según el Poder Ejecutivo, el veto parcial no altera el espíritu ni la unidad del texto sancionado.

4. Los fundamentos del veto a la palabra “integral”

El análisis del Decreto 14-2021 permite advertir una multiplicidad de razones que llevaron a vetar la palabra “integral” como calificativo de “salud” en las causales de abortos no punibles luego de la semana 14 de embarazo (arts. 4 y 16 Ley 27610).

a) El debate en el Senado:

El primer motivo que se invoca en el Decreto 14-2021 para el veto parcial está vinculado con el debate de la ley en el Senado y los compromisos políticos que tomó el oficialismo, sobre todo por el pedido del senador Weretilneck. En efecto, el primer considerando del Decreto 14-2021 dispone: “Que la Presidenta de la Banca de la Mujer del SENADO DE LA NACIÓN, en el marco de la sesión especial del 29 de diciembre de 2020, realizó una consideración respecto a la palabra “integral” en el artículo 4°, inciso b) y en el artículo 16, en el inciso 2 del artículo 86 del Código Penal que sustituye, y el PODER EJECUTIVO NACIONAL entiende conveniente observar la palabra “integral” que califica a la salud en las normas indicadas precedentemente”.

Cuando analizamos la versión taquigráfica de la sesión del Senado del 29-12-2020, la senadora Durango, Presidenta de la Banca de la Mujer, sostuvo: “Voy a hacer una observación parcial en el artículo 4°, inciso b) y en el artículo 16, respecto del inciso 2) del artículo 86, de la palabra “integral”. En el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo nacional se incorpora una pequeña modificación del texto del artículo 86 vigente que establece, en sus incisos 1) y 2), las causales de no punibilidad del aborto para adecuarlos en su redacción de 1921 a los estándares normativos y jurisprudenciales. Con este fin, se incluyó la palabra “integral” luego de “salud”. Pero dadas las inquietudes que ha generado esa actualización propuesta en la redacción del inciso 2) del artículo 86, así como la correspondiente redacción del inciso b) del artículo 4° del proyecto, hemos promovido, en consulta con el Poder Ejecutivo nacional, que al momento de la promulgación se observe, parcialmente, el proyecto de ley –en caso de ser sancionado–, a fin de dar claridad al objetivo de la propuesta: mantener las causales de la ILE vigente desde 1921 para que sigan como hasta hoy, y para ello vetar parcialmente la palabra “integral” en el inciso 2) del artículo 86 y en el inciso b) del artículo 4°. Este es un compromiso que asumimos”.

Las inquietudes a las que se refiere la senadora Durango y el Decreto 14-2021 eran las que había expresado el senador Alberto Weretilneck en la reunión conjunta de comisiones de Banca de la Mujer, Salud y Justicia del día 17 de diciembre de 2020 y que reiteró en el debate en el plenario del Senado el día 29 de diciembre. Al respecto, es bien sabido que el oficialismo no contaba inicialmente con los votos para aprobar la iniciativa en el Senado y estaba realizando negociaciones con los llamados “indecisos”. Por eso lo que planteaba Weretilneck era recogido por el oficialismo para asegurarse ese voto en favor de la ley.

En efecto, durante el debate en el plenario, el 29 de diciembre, el senador Weretilneck afirmó: “Que tiene que haber seguridad jurídica también para quienes lleven adelante las interrupciones, para quienes vayan a aplicar esta ley. Que ningún médico puede ver amenazada ni su libertad ni su carrera ni su matrícula. Tenemos que generar una ley que deje esta tranquilidad y que la podamos aplicar. Por esto ha sido mi posición en la comisión y por esto ha sido lo que hemos transmitido en estos días…. Como hoy anunció la miembro informante y como anunció hoy, también, la senadora Durango, algunos de esos temas, varios, han sido aceptados en la modificación. Esencialmente, el término de “salud integral”, que creo que para la ley abría una puerta inmensa, e íbamos a terminar con la inaplicabilidad de esta ley. Todos sabemos lo que significa el concepto de salud integral por la OMS, que es no necesariamente una enfermedad; que la OMS define la salud integral como una cuestión física, psíquica y social. Por lo tanto, esto nos iba a generar, a lo largo del embarazo, una innumerable cantidad de situaciones todas judicializables. Y estoy absolutamente convencido de que iba a transformar a prácticamente la totalidad de los planteles de salud del país en objetores de conciencia. Entonces, creo que la posibilidad del veto del concepto de salud integral aleja todas estas circunstancias y permite tener una ley viable”.

Previamente, en el debate de las comisiones del 17 de diciembre de 2020 el mismo Wereltineck había dicho: “Creo que hay un punto que es, sumamente, determinante para esto: el inciso b), del artículo 4°. El artículo 4° dice, claramente, que la interrupción del embarazo se puede dar hasta la semana catorce, inclusive. Fuera del plazo dispuesto en el párrafo anterior, una persona gestante tiene derecho a decidir y a acceder a la interrupción de su embarazo solo en las siguientes situaciones: en el caso de las violaciones y, en el del inciso b), que dice: “Si estuviere en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante”. Esto significa que en los casos de violación y de peligro de la vida no hay plazos y que en el caso de la salud integral, tampoco.El problema que tenemos es que en el año 21 se hablaba de salud y se hablaba de la salud como una sola cosa que tenía que ver con la vida. En 2006, la OMS redefinió el concepto de salud y empezó a aplicar el de “salud integral”. Y la salud integral es una cosa muy superior a la salud. La salud integral se compone de las causales psíquica, social y física. La OMS toma, dentro de la salud integral, a la causal social; es decir que la pobreza, la inestabilidad laboral y la imposibilidad de contar con una vivienda son factores de salud integral. Por lo tanto, yo podría interpretar que el no tener un lugar donde vivir en el curso de un embarazo o la pérdida un trabajo en el curso de un embarazo podría ser un motivo de salud integral. Lo mismo digo respecto de una causal psíquica –nadie de nosotras y nosotros está exento de tener un problema psíquico– a lo largo de un embarazo. En consecuencia, un problema psíquico en cualquiera de los meses del embarazo podría ser una causal para la interrupción. Entonces, me parece que ese inciso de este artículo es sumamente amplio y nos llevará a que esta ley termine, indefectiblemente, en todos los tribunales del país y en la Corte Suprema; pero, además, llevará –si esto queda así– a que todos los planteles médicos de todo el país se transformen en objetores de conciencia, pues nadie va a querer arriesgarse a que una mujer que esté cursando un embarazo de seis, siete u ocho meses, por una situación de pobreza extrema, con todo el derecho, llegue a un hospital y plantee la posibilidad de interrumpir el embarazo”.

La relevancia de lo expresado por Weretilneck se aprecia por lo dicho por un senador del bloque oficialista, el Sr. Parrilli, quien sostuvo en la citada reunión de comisión del 17 de diciembre de 2020: “Simplemente, me parece que son muy atendibles todos los temas que ha planteado el senador Alberto Weretilneck… Me parece que es muy loable que en el recinto dejemos planteadas estas inquietudes que el senador expresa. Más allá de que esté o no expresado en el texto, sí debe estar claro el espíritu de la ley, que no es para nada menoscabar el derecho de nadie ni generar ninguna situación de violencia en ninguna persona. Me parece que lo que plantea el senador Weretilneck, por lo menos lo que yo entiendo, es posible que lo dejemos sentado, que lo deje sentado en el recinto cuando se trate como el espíritu de los legisladores”.

Complementariamente, hay que señalar que en el debate en el plenario del 29-12-2020 la senadora Tapia también se refirió al tema y dijo que el proyecto “permite y reconoce como derecho el aborto más allá de la semana 14, sin límite de edad gestacional; por lo que podría hacerse la práctica en gestaciones tardías durante los nueve meses. Debemos recordar que luego del quinto mes el feto es viable fuera del útero. Esto se establece en el segundo párrafo del artículo 4°, al no requerirse denuncia en caso de violación y bajo la amplia y ambigua causal de salud integral, que es definida por la OMS como un estado de perfecto bienestar físico, mental y social y no solo la ausencia de enfermedad. Yo me pregunto: ¿quién de nosotros posee tal estado? Ninguno. Por lo tanto, en cualquier circunstancia se podría solicitar un aborto de acuerdo con esa causal”.

Cabe resaltar, que en la misma reunión de comisiones del 17-12-2020, el Dr. Fernando Toller, expositor invitado, se refirió al tema afirmando: “¿Qué es salud integral? Es un estado de perfecta armonía; una onda de nirvana tipo OMS, Organización Mundial de la Salud. ¿Qué significa esto? Que según el informe que sacó la provincia de Buenos Aires de los abortos que hizo entre enero y junio de este año, 5.700, el 97 por ciento fueron por una difusa salud. Les digo una cosa: el caso “F.A.L.” no habla nunca de la causal salud, en ningún momento. El caso “F.A.L”., que está justificando este 97 por ciento de abortos, no habla en ningún momento de salud. Lo pueden ir a ver. Por lo tanto, está muy lejos lo que dice el Código Penal argentino desde hace cien años y que se repite mucho. Porque dice que es salud y vida, que tiene que verlo un médico diplomado –por lo tanto, es salud física– y no puede ser evitado por otros medios”.

Todos estos elementos son decisivos para interpretar el alcance de la nueva causal “salud” para la no punibilidad del aborto pasada la semana 14.

b) Mantener las causales ya vigentes en el Código Penal desde 1921

Sentada las consideraciones de los senadores que llevaron al veto, el Decreto 14-2021 señala un segundo argumento para observar la palabra “integral”: “Que esta observación tiene como objeto dar claridad al texto del proyecto en su parte pertinente, es decir, mantener las causales de interrupción legal del embarazo tal cual han estado vigentes desde 1921 para que sigan rigiendo del mismo modo a partir de la promulgación de la presente ley, en el marco de los estándares normativos y jurisprudenciales actuales”.

Nuevamente aquí aparece reforzada la idea de que incorporar la expresión “integral” suponía una situación “no clara”. Y esa falta de claridad tiene que ver con lo que habían debatido los senadores y más concretamente, con el pedido del Senador Weretilneck.

c) La autosuficiencia del concepto de “salud”

Finalmente, el decreto 14-2021 completa la fundamentación del veto afirmando:

 “Que, de conformidad con los estándares de la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (Constitución de la Organización Mundial de la Salud) y la normativa internacional y local vigente (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo Facultativo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Ley N° 26.657, entre otras), la salud no requiere calificativos para ser comprendida en su concepto.

Que, en ese sentido, el agregado de la palabra “integral” no ha aportado claridad en el debate del proyecto de ley en el Congreso.

Que la “salud” como concepto es autosuficiente por lo que, a los fines de guardar consistencia normativa y de asegurar que la atención de la salud se realice de acuerdo con los compromisos nacionales e internacionales asumidos para la protección de ese derecho, se propicia eliminar la palabra “integral” por medio de su observación parcial por parte del PODER EJECUTIVO NACIONAL en el inciso b) del artículo 4° y en el artículo 16, en el inciso 2 del artículo 86 del Código Penal que sustituye”.

Vemos aquí que la cuestión de la falta de claridad del término integral se mezcla con la remisión al concepto de salud de la OMS. En realidad, el punto central era otro y el decreto aquí parece querer insistir en el concepto amplio de salud que era motivo de problemas en el debate en Senado.

5. Una reflexión provisoria sobre el veto

La eliminación de la palabra “integral” como calificativo de la salud para justificar los abortos pasadas la semana 14 es un pequeño retoque en una ley que es gravemente injusta e inconstitucional. Estamos ante un serio problema de hondas repercusiones culturales, por las proyecciones que tiene que la ley haya decidido legitimar la eliminación de personas humanas.

En cuanto al alcance del veto que aquí hemos analizado podemos concluir, provisoriamente:

• Es indudable que el veto tiene como origen el debate en el Senado y lo expresado por el Senador Weretilneck, recogido por la senadora Durango como presidenta de la Comisión Banca de la Mujer que era la cabecera de las comisiones que tuvieron intervención previa.
• El Senador Weretilneck apuntó a limitar los alcances de un derecho a la salud entendido en forma tan amplia que legitimara el aborto a simple demanda luego de la semana 14.
• Tal limitación supondrá considerar únicamente como incluidos en la situación de no punibilidad del nuevo art. 86 del Código Penal los casos en que esté en juego una situación de grave peligro para la salud física y en que sea imposible procurar salvar las dos vidas en razón de no haber medios terapéuticos alternativos (suponiendo que esos casos aun puedan existir en la medicina moderna).
• El problema que recoge el decreto 14-2021 es el de la falta de claridad que significaba la palabra “integral”. Así, deben interpretarse en ese sentido las otras consideraciones que hace el decreto sobre la intención de mantener el sentido de las causales ya vigentes y sobre la remisión a los criterios sobre lo que se considera salud.
• Igualmente, la interpretación de la causal “salud” deberá realizarse en función de criterios sistemáticos, tomando en cuenta el principio de razonabilidad y proporcionalidad con otras reglas del sistema, como son las propias normas que señalan la protección del derecho a la vida desde la concepción. Así, sería irrazonable que se pretenda abortar por motivos de disfunción social o psicológica.
• Por otra parte, debe tenerse en cuenta que es el Poder Ejecutivo, que redactó el proyecto de ley y lo envió al Congreso, quien ahora decide quitar la palabra que figuraba inicialmente ante la constatación en el Senado de los problemas que suscita, recortando así los alcances del propio texto, en uso de sus atribuciones constitucionales.
• Los principales perjudicados por una duda interpretativa serán, además de las personas por nacer que eventualmente sean abortadas, los profesionales de la salud, incluso los no objetores, que seguirán enfrentando situaciones en que no sabrán a qué atener su conducta.

Por supuesto, igualmente seguiremos considerando como injusto todo aborto directamente realizado para eliminar la vida del por nacer. Este tema requiere una reflexión sobre las sutilezas de la distinción entre aborto directo e indirecto y sobre los efectos de las acciones humanas. Así, vale aclarar que hay que considerar como no injusta una intervención terapéutica sobre la madre cuando sea para salvar su vida, no haya otra posibilidad y la pérdida de la vida por nacer sea como efecto secundario no querido. Esos casos son hoy, con los avances biotecnológicos, realmente excepcionales.

Publicada la ley, queda ahora trabajar por su derogación y para limitar sus daños, en la convicción que se trata de una norma injusta e inconstitucional. En su lugar, es preciso atender a las causas de fondo que llevan a las madres a considerar el aborto y procurar siempre salvar las dos vidas.

Cuando se estudia un proyecto de ley hay que detenerse en los detalles del articulado, pues muchas veces allí se esconden definiciones políticas decisivas. En el caso del proyecto que Uds. tienen que tratar, quisiera detenerme en la expresión que figura actualmente en el art. 86 del Código Penal y que establece que no es punible el aborto si el peligro para la vida o la salud de la madre “no puede ser evitado por otros medios”. Esta última frase es eliminada en la nueva formulación del art. 86 propuesta. Aun más, la redacción elimina todo vestigio de procurar un balance entre las dos vidas.

En efecto, una lectura atenta del proyecto, comparándolo con leyes de otros países, permite ver una cuidada redacción que se ocupa de excluir cualquier recaudo orientado a ofrecer alternativas a la trágica decisión de eliminar una vida. Porque, es bueno reconocerlo a esta altura, casi nadie niega que estamos ante la vida de dos seres.

El proyecto argentino retacea información que se brinda a la madre para que sólo pueda decidir el aborto y prohíbe, bajo amenaza de sanción, que se le brinde información “inadecuada” (art. 5.e) o que el personal de salud haga consideraciones “personales” o “axiológicas” (art 5.d). En cambio, la ley uruguaya de 2012 no solo precisa que el aborto se debe realizar en el marco de una consulta médica, algo que no establece el proyecto en estudio, sino que se ocupa de aclarar que “el equipo interdisciplinario, actuando conjuntamente, deberá informar a la mujer … sobre las alternativas al aborto provocado incluyendo los programas disponibles de apoyo social y económico, así como respecto a la posibilidad de dar su hijo en adopción” (art. 3 Ley 19897/2012). Más clara es la ley italiana 194 de 1978 que en su art. 5 señala que si el aborto está motivado en condiciones económicas, sociales o familiares, el médico debe examinar con la madre y eventualmente con el padre si ella lo consiente, las posibles soluciones al problema propuesto, y ayudarla a remover la causa que la lleva al aborto, a hacer valer sus derechos laborales y maternales, y promover toda intervención oportuna para sostener a la mujer y ofrecerle toda la ayuda necesaria durante el embarazo  y después del parto.

El proyecto argentino de aborto no ofrece apoyo psicológico o social a la madre, algo que garantiza la ley uruguaya (art. 3).

El proyecto argentino no se preocupa por prevenir las habituales presiones que enfrentan las madres para abortar. En cambio, el art. 4 de la ley uruguaya señala como deber de los profesionales de la salud el de garantizar “que el proceso de decisión de la mujer permanezca exento de presiones de terceros, sea para continuar o interrumpir el embarazo”.

El proyecto que aprobó Diputados se apura a realizar el aborto en apremiantes 10 días corridos y no contempla un plazo mínimo de reflexión para la madre, que sí aparece en España (al menos tres días, art. 14 Ley 2/2010) o en Uruguay (cinco días, art. 3 ley 18987).

El proyecto en debate aquí no se preocupa siquiera de los niños en embarazos ya avanzados. En Italia la ley dispone que cuando existe la posibilidad de vida autónoma del feto, el médico que interviene en el aborto tiene el deber de adoptar todas las medidas idóneas para salvaguardar la vida del feto (art. 7 ley 194).

Por supuesto, tanto el proyecto, como las leyes citadas de otros países, merecen ser criticadas por legitimar la eliminación de una vida humana, algo que siempre es injusto. Pero el proyecto que aquí está en discusión se esfuerza en eliminar todo vestigio de la idea de considerar al aborto como último recurso.

Volvamos a la frase “no puede ser evitado por otros medios”. Esta frase revela la búsqueda de coherencia (que no siempre se verifica, lamentablemente) del ordenamiento jurídico a partir del reconocimiento de la dignidad y derechos fundamentales de toda persona humana desde la concepción. En este punto, como profesor de derecho civil, quisiera detenerme en las distinciones que algunos hacen entre ser humano y persona humana. Ello es un resabio de posturas que entendían que el término “persona” era un recurso técnico del legislador para poder determinar un plexo de derechos y obligaciones para ciertos seres humanos. En todo caso, hoy no cabe duda de que todo ser humano es persona y que no hay seres humanos que no sean personas humanas. El término “persona” no es un mero artificio a merced de las decisiones políticas de turno. De hecho, el Código Civil y Comercial de 2014, siguiendo al proyecto de 1998, eliminó la definición de persona que traía el viejo código de Vélez, pues se presupone que todo ser humano es persona. En esta línea, se advierte la coherencia entre los Tratados y el mismo art. 75 inciso 23 de la Constitución y el Código Civil y Comercial cuando reconoce que la existencia de la persona comienza con la concepción (art. 19). En los fundamentos del nuevo Código Civil y Comercial se reconoce esta coherencia cuando se afirma que el texto “…innova profundamente al receptar la constitucionalización del derecho privado, y establece una comunidad de principios entre la Constitución, el derecho público y el derecho privado, ampliamente reclamada por la mayoría de la doctrina jurídica argentina”.

Legalizar el aborto quiebra esa comunidad de principios, que requiere tanto la tutela de la persona en los aspectos civiles, que están relacionados con la personalidad, los derechos sucesorios, los alimentos, el reconocimiento filiatorio, etc., como en los aspectos penales, que están vinculados con la necesidad de garantizar la protección de los bienes jurídicos fundamentales y que solo se detiene ante situaciones extremas, como el caso del doble efecto donde el aborto se produce como efecto indirecto no querido.

Finalmente, en distintas intervenciones se esgrimió que el aborto estaría permitido por aplicación de la sentencia “Artavia Murillo” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH, 28 de noviembre de 2012). Se trata de un argumento jurídicamente inconsistente. Artavia Murillo no es un cheque en blanco. Es un fallo contra Costa Rica que no se refiere al aborto, sino a la prohibición completa de la fecundación in vitro. No pueden extrapolarse las consideraciones de ese caso a un problema mucho más complejo como el aborto.  Entre muchos argumentos, como que el contexto de Costa Rica es distinto al de Argentina, es decisivo leer el texto de la misma sentencia en que la Corte IDH expresamente afirma: “en razón del carácter subsidiario del Sistema Interamericano, la Corte no es competente para resolver controversias que no fueron tenidas en cuenta por la Sala Constitucional para sustentar la sentencia que declaró inconstitucional el Decreto Ejecutivo No. 24029-S” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Artavia Murillo y otros c. Costa Rica”, 28-11-2012, considerando 135). Como todo órgano judicial, la deliberación de la Corte estuvo circunscripta a los hechos concretos del caso y a las pruebas relacionadas con esos hechos. Un tribunal no tiene las capacidades deliberativas ni las atribuciones que son propias de un parlamento. En concreto, Artavia nunca se refirió al aborto y no cambió nada de la protección legal que surge de la Convención Americana de DDHH en este punto.

Esperamos que los legisladores honren la tradición jurídica argentina de amplia protección del derecho a la vida desde la concepción y decidan el rechazo de este o cualquier otro proyecto de ley de legalización o despenalización del aborto y, en su lugar, adopten las medidas para aprobar el régimen de seguridad social especial para la madre y el niño que establece el art. 75 inc. 23 de la Constitución Nacional.

Informe de Jorge Nicolás Lafferriere

Quisiera utilizar este tiempo de exposición -que agradezco-, para manifestar algunas de las reflexiones que la lectura del dictamen con media sanción y, en general, esta reedición bianual del debate sobre la legalización del aborto me han generado.

1.- La primeria reflexión es sobre algo obvio, pero que en el fragor de argumentaciones complejas (y no tan complejas) corre el riesgo de pasarse por alto. Si se observa con atención, se puede ver que el texto de la media sanción no tiene en miras la protección de la salud de la mujer o la opción de rechazar la consecuencia de una violación o un abuso. Por lo menos hasta la semana 14 nada de eso tiene la menor importancia. Porque hasta la semana 14 no estamos hablando ni de la salud de la mujer, ni de ninguna otra causal o posible conflicto de derechos de igual jerarquía. Hasta la semana 14 se trata de la pura y simple voluntad de abortar. Así que, si han estado escuchando intervenciones que se dirigen a hacerles tomar conciencia del derecho de la mujer a la salud o a una vida sin violencias, sepan que, hasta la semana 14, eso no tiene nada que ver con la media sanción que tienen ustedes delante.

La media sanción se trata de la legalización del aborto libre y a voluntad, sin necesidad de ninguna causal. Porque, para los casos más dramáticos, el Código Penal, nos guste o no, estableció la no punibilidad. Es decir que lo que este proyecto agrega a lo que ya tenemos, es el aborto libre, que no está permitido en nuestro derecho porque se sabe que un aborto siempre atenta contra la vida de la persona en sus primeras etapas de desarrollo, y porque esa vida está protegida constitucionalmente.

2.- Otro punto que subsiste es el de los médicos. La media sanción contempla la objeción de conciencia, a su manera, débilmente. Pero no es en este punto en el que me quiero detener, sino en la particular situación en la que se coloca a los médicos que NO sean objetores de conciencia ni quieran serlo, pero sí quisieran tener el margen para que primen criterios científicos y médicos en las decisiones que adopte o las prácticas que lleve a cabo. Al médico no objetor de conciencia que decida no hacer un aborto porque cree que no es la mejor decisión desde un punto de vista sanitario, es a ése a quien se amenaza en la media sanción con cárcel, multas, inhabilitaciones, con la aplicación de la ley 26485 de violencia contra la mujer. Es decir, el médico se convierte en el mero ejecutor de un deseo de la mujer, si es que no quiere ser perseguido o quedarse sin trabajo en el mejor de los casos.

El objetor, objeta y se hace a un costado. El no objetor, que tenga cuidado. Porque las disposiciones absolutamente irracionales que dispone la media sanción, dan lugar a una medicina políticamente correcta, pero no necesariamente de calidad. Yo preferiría hacerme atender por un médico que me diga que, por un criterio médico, no es conveniente hacer lo que yo le pido, antes que por uno que tiene miedo a las consecuencias de no hacer lo que yo quiero y no se guía por el criterio médico. Porque allí también peligra la salud de la mujer, y su vida misma, como ha ocurrido muchas veces en la Argentina y en el mundo.

3.- Y vamos al tercer punto, sobre el encarnizamiento de la media sanción aprobada en Diputados con la vida por nacer. No conozco ninguna legislación sobre aborto que se ensañe tanto con esta vida. Parecería que lo que se buscara fuera, a toda costa, deshacerse de ella, con bronca, sin importar la razón, agrediendo a quienes se animen a objetarlo de alguna manera, asustando y adoctrinando al resto de la población, retaceando información a la madre, imponiendo plazos perentorios, incorporando artículos de textura abierta que fácilmente amplían el aborto a voluntad a todo el embarazo.

Se han dicho muchos argumentos jurídicos, médicos, sociológicos, estadísticos y de todo tipo, tanto en 2018 como ahora. Pero la verdad es que todos sabemos que, desde el primer momento de la concepción, estamos frente a una vida humana. No es cuestión de ideología, ni de religión, ni de derechos: es una cuestión científica y de realidad. Y lo más desconcertante es que todos lo sabemos. Lo sé yo, como todas las personas que hablaron hoy, en un sentido u otro, y como cada uno de los legisladores y políticos, sobre todo si son mujeres. Que no queramos aceptar esa vida, que nos parezca que nos va a complicar la existencia, que nos sintamos aterrorizados por las responsabilidades que implica o por la falta de medios o de compañía o de oportunidad para hacernos cargo, todo eso puede ser, y es legítimo que le pase a una mujer, sobre todo en situación de vulnerabilidad por las razones que fueran. Pero nada de eso nos permite decir con verdad que no hay una vida humana ya moviéndose en su interior.

Por eso, creo que a la hora de votar, la existencia de esa vida debe ponerse en la balanza con todo su peso real, así como el hecho de que, si esta ley se aprobara, se estaría legalizando la posibilidad de su eliminación, hasta la semana 14 de forma totalmente arbitraria. Todo lo demás puede acompañarse, compensarse, incluso sanarse, con la cercanía y la solidaridad de la comunidad y del Estado. La pérdida de la vida, no. Eso es lo que se nos dijo al comenzar esta cuarentena, cuando todo el país fue paralizado por completo: el cuidado de la vida bien vale la paralización de un país. Que no se pueda decir que el Congreso de la Nación Argentina consagró la discriminación entre vidas humanas que vale la pena dejar nacer y cuidar, y otras que no la valen y que por eso son descartadas.

En todas las provincias se ha manifestado el pueblo contra la legalización del aborto. A través de las encuestas, en la calle, en las redes sociales, en todos los medios posibles. Porque la mayoría de los argentinos intuitivamente siempre nos hemos puesto del lado de la vida más vulnerable, más indefensa: sabemos que es una realidad que queremos cuidar. Somos conscientes de que hay muchos problemas y desafíos sociales, que golpean particularmente a muchas mujeres. Pero sabemos con certeza que no es cortando por el hilo de la vida del más débil como vamos a resolverlos.

Buenos días. Agradezco la invitación a exponer ante las comisiones parlamentarias que tratan el proyecto de legalización del aborto presentado por el Poder Ejecutivo. Mi intervención parte de un presupuesto y presentará tres críticas sustantivas al proyecto. La primera la denomino los cuatro momentos en que comienza la vida; la segunda es que el proyecto impone el aborto; la tercera se relaciona con el aborto sistemático de personas con discapacidad.

El presupuesto es la inconstitucionalidad de la ley por la afectación del derecho a la vida de la persona por nacer y en tal sentido me remito a la declaración formulada por Decanos de Facultades de Derecho y constitucionalistas en estas audiencias.

Vamos a la primera crítica. De aprobarse estas leyes, habrá en nuestro sistema legal cuatro momentos en que “comienza” la vida humana. La concepción, que es el momento tradicional que figura en muchas normas y en el bloque de constitucionalidad; la semana 12, que es el momento en que comienzan a pagar la asignación por embarazo; la semana 14, que es el plazo en que el aborto será legal sin causales; y el nacimiento, que es el plazo en que el aborto será legal por causales, causales que, por otra parte, son de una inusitada amplitud. No se trata solo de un problema de coherencia normativa, sino que todo ello configura una inadmisible discriminación legal entre niños: algunos tienen derecho a la vida, a recibir alimentos, a recibir ayudas sociales, a ser reconocidos, a su identidad, a recibir atención médica, a heredar, mientras que otros serán descartados por ser “no deseados”.

La segunda crítica es que el proyecto de ley impone el aborto. Más allá de las declamaciones sobre la libertad, la imposición se da por una doble vía de presiones hacia las madres y hacia el profesional de la salud. Hacia las madres, sobre todo, porque en las primeras y decisivas semanas del embarazo, el Estado lo único que les ofrece es el aborto. El proyecto de ley ignora que detrás de la mayoría de las madres que piensan en el aborto hay situaciones de vulnerabilidad que condicionan su libertad. No se atienden a las problemáticas de fondo que la llevan a considerar el aborto y que se vinculan con violencias, presiones, pobreza y otras circunstancias. El desdibujado proyecto de los 1000 días retacea la ayuda económica a la madre más vulnerable y recién en la semana 12 del embarazo se le comenzará a pagar una asignación, lo que, por otra parte, es una nueva discriminación ya que la ley de asignaciones familiares en su art. 9 le reconoce esa ayuda a la madre que está en relación de dependencia desde el momento mismo de la concepción.

La primacía que se otorga al aborto queda patente cuando se advierte que el art. 5.e del proyecto obliga al personal de salud y a las autoridades a suministrar información sobre el aborto “incluso si no hay una solicitud explícita”. En el proyecto de los 1000 días no se establece una obligación así. Es decir, hay obligación de informar sobre el aborto, y sólo lo vinculado con el aborto. Pero la madre también verá recortada su libertad por las presiones que el proyecto impone al profesional de la salud cuando lo amenaza con sanciones si afirma algo que contradiga la voluntad de abortar. En efecto, el proyecto en su artículo 14 propone crear un nuevo delito que amenaza a los profesionales de la salud con pena de prisión de tres meses a un año para quien dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare a practicar un aborto (art. 14). No he encontrado una norma similar en el derecho comparado. Además, el art. 5.d. del proyecto de aborto dispone que “las decisiones de la paciente no deben ser sometidas a juicios derivados de consideraciones personales, religiosas o axiológicas por parte del personal de salud, debiendo prevalecer su libre y autónoma voluntad” (art. 5.d) y también se dice que el derecho a la información de la madre “incluye el de no recibir información inadecuada en relación con la solicitada” (art. 5.c). ¿Quién determinará qué es lo adecuado o lo inadecuado? ¿Cuándo una consideración médica es “axiológica” o “personal”? Cualquier información que provea el personal de salud que pueda ser interpretada como contrariando la voluntad de abortar, y que en condiciones normales formaría parte del consentimiento informado, a tenor del art. 5 del proyecto podría ser considerada una forma de violencia contra la mujer en los términos de la ley 26485. Adviertan que todas estas presiones están dirigidas hacia los profesionales de la salud que no son objetores de conciencia. Para los objetores, también hay amenazas en el art. 10, sumadas al hecho de que la forma en que la objeción está regulada es completamente restrictiva y violatoria de la libertad de conciencia. Será casi imposible, entonces, que un profesional de la salud pueda ofrecer información completa cuando enfrenta tan serias amenazas y cuando la ley hace una tipificación tan vaga y amplia de las conductas que van a ser sancionadas. ¿Qué libertad tendrá un profesional de la salud que ejerce en medio de tantas amenazas?

La tercera crítica se refiere a las implicaciones que el aborto así legalizado tiene, en los hechos, para con las personas con discapacidad. Es cierto que el proyecto de 2020 eliminó la causal “malformaciones fetales graves” como legitimadora del aborto luego de la semana 14. Pero el problema está latente y subsiste porque en esas primeras 14 semanas de embarazo se realizan estudios de tamizaje y diagnóstico prenatal. En torno a este tema desarrollé mi tesis doctoral y pude constatar que en países con aborto legalizado las personas con discapacidad son eliminadas en un 90% de los casos detectados. Aunque en apariencia la ley es neutra, la discriminación ocurre en los hechos por la combinación que se da entre la disponibilidad de estudios prenatales cada vez más accesibles, rápidos, no invasivos y precisos y el aborto legal hasta la semana 14. Este aborto de personas con discapacidad ocurre por una doble presión: hacia los médicos, que ofrecen los estudios prenatales de forma sistemática y rutinaria a toda embarazada antes de la semana 14 para atajarse ante cualquier posible acción por daños y perjuicios por la pérdida de la chance de abortar a tiempo al hijo con discapacidad; hacia los padres, por el sistema de salud u otros actores que los impulsan a abortar a sus hijos para evitar cargar con los costos del nacimiento de una persona con discapacidad. El aborto sistemático de personas con discapacidad será una consecuencia lamentable e ineludible de la sanción de esta ley.

A quienes tienen la enorme responsabilidad de legislar les pido que no incorporen en nuestro ordenamiento jurídico un quiebre del derecho a la vida y de su necesaria protección penal y, en cambio, adopten medidas concretas para atender al problema urgente de la maternidad vulnerable. Muchas gracias.

Por Jorge Nicolás Lafferriere